Está probado que el lehendakari y su partido han faltado a la palabra dada. La famosa consulta se anunció condicionada a dos exigencias democráticas previas: la ausencia de violencia y el acuerdo político sobre el que se solicitaría la aprobación o ratificación del electorado vasco. Presionado por sus socios o por sus propios cálculos y obsesiones, el lehendakari ha prescindido absolutamente de estos mínimos democráticos y se ha pasado por el arco del triunfo sus propios compromisos, que figuraban en el acuerdo de coalición del tripartito y en el discurso de investidura en los siguientes términos: «Es, por tanto, una legislatura para el diálogo y la negociación. Una legislatura para el acuerdo. Y, también, una legislatura para decidir. ( ) Para llevar a cabo este compromiso, el Gobierno vasco solicitará al Parlamento vasco autorización para que, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones, se realice una consulta popular a la sociedad vasca que ratifique el acuerdo político alcanzado (acuerdo de coalición PNV-EA-IU 2005)». En términos casi idénticos se pronunció solemnemente el lehendakari en su discurso de investidura en junio de 2005: «A este respecto, deseo manifestar formalmente en esta Cámara mi compromiso como lehendakari de que si alcanzamos un acuerdo para la normalización política y la convivencia, solicitaré autorización al Parlamento vasco para que, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones, se realice una consulta popular a la sociedad vasca que ratifique el acuerdo político alcanzado».
¿Qué ha llevado al lehendakari a este incumplimiento? ¿Cuáles son las razones últimas y ocultas que explican este zapatazo al tablero de la política vasca que ha hecho saltar por los aires nada menos que al líder de su partido? Más allá de las explicaciones oficiales y de la retórica argumental esgrimida por el lehendakari y sus seguidores, presumo que hay un verdadero juego de intereses personales y partidistas en esta iniciativa. De entrada, el lehendakari quiere recuperar el protagonismo que no ha tenido en el proceso de paz. Conviene recordar que este arrinconamiento del lehendakari lo establecieron ETA y Batasuna y que, por el contrario, el PSE-EE y el Gobierno de España le han tenido siempre como interlocutor necesario a lo largo de estos años. Pero ha llevado mal su ausencia del núcleo del proceso y en cuanto éste ha sido aniquilado por ETA, ha saltado a la arena con inusitada precipitación y sobre todo con enorme desacierto.
Su propuesta ha caído en un campo minado por las bombas de ETA y la represión policial, judicial y política al entramado de la banda. Es una iniciativa, por ello, inoportuna, pero además inútil y equivocada. Se dice, «no podemos esperar a que ETA abandone la violencia, ETA no puede marcar la agenda de la política vasca. Tenemos que tomar la iniciativa». De acuerdo. Pero ¿qué iniciativa? ¿La que pretende hacer inútil la violencia de ETA a cambio de asumir la defensa y negociación política de sus objetivos? Igual que en Lizarra. ¿No habría sido más razonable, después de lo visto y vivido en este frustrado proceso, decir a ETA que, mientras no abandone la violencia, los nacionalistas renuncian a defender sus postulados? ¿No es hora ya de decir alto y claro desde las formaciones nacionalistas que sólo cuando callen las armas para siempre será el momento de debatir y negociar el marco político que reclaman? Esa iniciativa sí ayudaría -en mi opinión- a la paz. La del lehendakari le puede perjudicar gravemente porque puede acabar siendo utilizada por el victimismo etarra como argumento retroalimentador de su violencia.
En segundo lugar, el lehendakari ha resuelto el duelo personal con Imaz imponiéndose como candidato del PNV en las próximas elecciones. Para nadie es un secreto que la gravedad de las diferencias políticas entre ambos ha llevado a muchos a reclamar otro liderazgo institucional y era relativamente frecuente oír el deseo de que Ibarretxe agotara su mandato con esta legislatura. Con su iniciativa del 28 de septiembre, el lehendakari ha marcado la agenda de la política vasca para el próximo año y ha establecido -ordeno y mando- quién la va a protagonizar. De paso ha abortado de raíz cualquier especulación sobre su retirada, colocándose como candidato obligado de unas elecciones diseñadas en sus contenidos y desenlace con un año de antelación.
Junto a ése, el otro gran objetivo de su plan es presentarse a esas elecciones adelantadas al otoño de 2008, como Cristo entre dos ladrones: ETA, que no cesa en la violencia, y el Gobierno de España, que no le permite llevar a cabo su consulta al pueblo. Ubicado en ese cómodo espacio de las mejores intenciones, apelando a una especie de derecho prepolítico e incuestionable a que los vascos decidan por sí solos y transmitiendo a los ciudadanos una confianza sobrenatural en su fórmula taumatúrgica para resolver no sólo el terrorismo sino el mismísimo conflicto vasco, Ibarretxe pretende ganar las elecciones que perdió hace dos años, en mayo de 2005. Su propósito electoral es tan evidente como inconfesable y por eso debe ser denunciado. Ganar las elecciones y repetir el tripartito con EA e IU para seguir en el poder es el verdadero propósito de ese consejo político tan peculiar que integran Ibarretxe, Azkarraga y Madrazo, y para ello quieren pescar en los caladeros de los partidos frontera (izquierda abertzale y PSE) obligados a colocarse en los extremos del escenario por la hábil operación a la que asistimos.
Ibarretxe sabe de sobra que a ETA le importa un pito su consulta y que estamos precisamente al comienzo de una nueva etapa de terror, iniciada con el cese del alto el fuego de junio de este año, y constatada por los atentados y extorsiones que padecemos. Sabe también que previsiblemente la ofensiva terrorista se prolongará, y que transcurrirán algunos años hasta que podamos intentar de nuevo su disolución. Sabe, por último, que los planes de ETA y Batasuna no van a estallar por las contradicciones en las que quiere situarles el lehendakari con su consulta y con su reivindicación autodeterminista. Ellos ya han demostrado que tienen su propia agenda, su propia dialéctica con el Gobierno de España y que resuelven sus tensiones internas dándole unos votos favorables para hacer viable la mayoría nacionalista en el Parlamento vasco y reservando otros para sus reivindicaciones clásicas a favor de territorialidad, independencia, exigencias legales, etcétera. De manera que sabe muy bien el lehendakari que una de las condiciones que se autoimpuso para la consulta no se va a cumplir. No va a haber ausencia de violencia.
Tampoco va a haber acuerdo político previo. No lo hay en Euskadi, entre las fuerzas políticas vascas, más divididas que nunca, que ya es decir. No lo va a haber con el Gobierno de España porque no lo hay en Euskadi y porque no conozco ningún país que incluya en su ordenamiento jurídico los mecanismos de su partición. No lo puede haber sobre su viejo plan, el que fue rechazado por las Cortes porque su rechazo parlamentario lo anuló legalmente y porque fue derrotado después en las urnas en mayo de 2005. Y si lo que pretende es una negociación con el Gobierno de una especie de pacto político sobre la autodeterminación, tal cosa no cabe por esos cauces extraparlamentarios. Y, además, no tiene apoyo político para ello, porque no hay un mandato expreso, con una propuesta concreta del Parlamento vasco para esa negociación.
Pero, en fin, el lehendakari sabe todo esto y mucho más. Va a tener al país un año sumido en una especie de confusión inenarrable. En una división política y social creciente. En una inestabilidad profundamente inconveniente para la economía, para nuestra imagen exterior; paralizando grandes proyectos y decisiones que determinan el futuro. Va a ser mucho peor que un año perdido. Tenía razón Patxi López al reclamar elecciones autonómicas ya. Personalmente creo que lo mejor sería hacerlas en marzo de 2008 junto a las generales y salir con ellas de este atolladero absurdo y sectario.
(El Correo, 22/10/2007)
¿Qué ha llevado al lehendakari a este incumplimiento? ¿Cuáles son las razones últimas y ocultas que explican este zapatazo al tablero de la política vasca que ha hecho saltar por los aires nada menos que al líder de su partido? Más allá de las explicaciones oficiales y de la retórica argumental esgrimida por el lehendakari y sus seguidores, presumo que hay un verdadero juego de intereses personales y partidistas en esta iniciativa. De entrada, el lehendakari quiere recuperar el protagonismo que no ha tenido en el proceso de paz. Conviene recordar que este arrinconamiento del lehendakari lo establecieron ETA y Batasuna y que, por el contrario, el PSE-EE y el Gobierno de España le han tenido siempre como interlocutor necesario a lo largo de estos años. Pero ha llevado mal su ausencia del núcleo del proceso y en cuanto éste ha sido aniquilado por ETA, ha saltado a la arena con inusitada precipitación y sobre todo con enorme desacierto.
Su propuesta ha caído en un campo minado por las bombas de ETA y la represión policial, judicial y política al entramado de la banda. Es una iniciativa, por ello, inoportuna, pero además inútil y equivocada. Se dice, «no podemos esperar a que ETA abandone la violencia, ETA no puede marcar la agenda de la política vasca. Tenemos que tomar la iniciativa». De acuerdo. Pero ¿qué iniciativa? ¿La que pretende hacer inútil la violencia de ETA a cambio de asumir la defensa y negociación política de sus objetivos? Igual que en Lizarra. ¿No habría sido más razonable, después de lo visto y vivido en este frustrado proceso, decir a ETA que, mientras no abandone la violencia, los nacionalistas renuncian a defender sus postulados? ¿No es hora ya de decir alto y claro desde las formaciones nacionalistas que sólo cuando callen las armas para siempre será el momento de debatir y negociar el marco político que reclaman? Esa iniciativa sí ayudaría -en mi opinión- a la paz. La del lehendakari le puede perjudicar gravemente porque puede acabar siendo utilizada por el victimismo etarra como argumento retroalimentador de su violencia.
En segundo lugar, el lehendakari ha resuelto el duelo personal con Imaz imponiéndose como candidato del PNV en las próximas elecciones. Para nadie es un secreto que la gravedad de las diferencias políticas entre ambos ha llevado a muchos a reclamar otro liderazgo institucional y era relativamente frecuente oír el deseo de que Ibarretxe agotara su mandato con esta legislatura. Con su iniciativa del 28 de septiembre, el lehendakari ha marcado la agenda de la política vasca para el próximo año y ha establecido -ordeno y mando- quién la va a protagonizar. De paso ha abortado de raíz cualquier especulación sobre su retirada, colocándose como candidato obligado de unas elecciones diseñadas en sus contenidos y desenlace con un año de antelación.
Junto a ése, el otro gran objetivo de su plan es presentarse a esas elecciones adelantadas al otoño de 2008, como Cristo entre dos ladrones: ETA, que no cesa en la violencia, y el Gobierno de España, que no le permite llevar a cabo su consulta al pueblo. Ubicado en ese cómodo espacio de las mejores intenciones, apelando a una especie de derecho prepolítico e incuestionable a que los vascos decidan por sí solos y transmitiendo a los ciudadanos una confianza sobrenatural en su fórmula taumatúrgica para resolver no sólo el terrorismo sino el mismísimo conflicto vasco, Ibarretxe pretende ganar las elecciones que perdió hace dos años, en mayo de 2005. Su propósito electoral es tan evidente como inconfesable y por eso debe ser denunciado. Ganar las elecciones y repetir el tripartito con EA e IU para seguir en el poder es el verdadero propósito de ese consejo político tan peculiar que integran Ibarretxe, Azkarraga y Madrazo, y para ello quieren pescar en los caladeros de los partidos frontera (izquierda abertzale y PSE) obligados a colocarse en los extremos del escenario por la hábil operación a la que asistimos.
Ibarretxe sabe de sobra que a ETA le importa un pito su consulta y que estamos precisamente al comienzo de una nueva etapa de terror, iniciada con el cese del alto el fuego de junio de este año, y constatada por los atentados y extorsiones que padecemos. Sabe también que previsiblemente la ofensiva terrorista se prolongará, y que transcurrirán algunos años hasta que podamos intentar de nuevo su disolución. Sabe, por último, que los planes de ETA y Batasuna no van a estallar por las contradicciones en las que quiere situarles el lehendakari con su consulta y con su reivindicación autodeterminista. Ellos ya han demostrado que tienen su propia agenda, su propia dialéctica con el Gobierno de España y que resuelven sus tensiones internas dándole unos votos favorables para hacer viable la mayoría nacionalista en el Parlamento vasco y reservando otros para sus reivindicaciones clásicas a favor de territorialidad, independencia, exigencias legales, etcétera. De manera que sabe muy bien el lehendakari que una de las condiciones que se autoimpuso para la consulta no se va a cumplir. No va a haber ausencia de violencia.
Tampoco va a haber acuerdo político previo. No lo hay en Euskadi, entre las fuerzas políticas vascas, más divididas que nunca, que ya es decir. No lo va a haber con el Gobierno de España porque no lo hay en Euskadi y porque no conozco ningún país que incluya en su ordenamiento jurídico los mecanismos de su partición. No lo puede haber sobre su viejo plan, el que fue rechazado por las Cortes porque su rechazo parlamentario lo anuló legalmente y porque fue derrotado después en las urnas en mayo de 2005. Y si lo que pretende es una negociación con el Gobierno de una especie de pacto político sobre la autodeterminación, tal cosa no cabe por esos cauces extraparlamentarios. Y, además, no tiene apoyo político para ello, porque no hay un mandato expreso, con una propuesta concreta del Parlamento vasco para esa negociación.
Pero, en fin, el lehendakari sabe todo esto y mucho más. Va a tener al país un año sumido en una especie de confusión inenarrable. En una división política y social creciente. En una inestabilidad profundamente inconveniente para la economía, para nuestra imagen exterior; paralizando grandes proyectos y decisiones que determinan el futuro. Va a ser mucho peor que un año perdido. Tenía razón Patxi López al reclamar elecciones autonómicas ya. Personalmente creo que lo mejor sería hacerlas en marzo de 2008 junto a las generales y salir con ellas de este atolladero absurdo y sectario.
(El Correo, 22/10/2007)