26 de noviembre de 2015

25 de noviembre de 2015

Reino Unido y Europa: "Better together"


Cuando el premier inglés anunció su referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, pensé que se trataba de una jugada electoral de los conservadores británicos para taponar el flanco antieuropeo de su electorado, tentado de votar al UKIP, los extremistas de Nigel Farage partidarios de abandonar la Unión, y ganadores en 2014 de las elecciones europeas en la Gran Bretaña.

Me pareció una equivocada estrategia, que remite a los electores a exponer un deseo, más o menos sentimental, poco fundado en general, y casi siempre desprovisto de un análisis equilibrado de pros y contras. 

Es como "la patada adelante" del rugby, lanzas la pelota y alejas el peligro, pero seguramente perderás su dominio y volverá a tu campo. Que se lo pregunten al propio Cameron con el referéndum escoces. Lo ganó en el tiempo de descuento, pero la gestión de su resultado es políticamente inmanejable. 

Cuando Cameron inició, a la vuelta del verano de este año, sus primeros anuncios de exigencias a la Unión para preparar su referéndum del próximo año, pensé que deberíamos plantearnos muy seriamente un futuro de la Unión sin el Reino Unido. Recuerdo haber escrito en mi Twitter algo así: "Si para mantener al Reino Unido en la UE tenemos que renunciar a nuestro proyecto federal para Europa, quizás tengamos que renunciar al Reino Unido".

Hoy, cuando ya conocemos la carta de Cameron a Tusk y a todos los mandatarios de la Unión, y hemos visto concretadas sus demandas de cambios en cuatro grandes áreas de la arquitectura europea, empiezo a pensar que una delicada e importantísima negociación se abre paso inexorablemente. 
Un referéndum que tenemos que afrontar aunque no nos guste, y una negociación que tenemos que culminar con éxito, tanto el Reino Unido como la UE, porque el "sí" a Europa tiene que ganar. 

"Un referéndum que, primero, tenemos que afrontar aunque no nos guste, y una negociación que, segundo, tenemos que culminar con éxito, tanto el Reino Unido como la UE, porque el "sí" a Europa tiene que ganar en ese referéndum. De lo contrario, los males para ambos son enormes y serían irreparables."

Esta es mi conclusión de urgencia. Por mal que nos parezcan algunas cosas que quieran los ingleses. Aunque algunas de sus peticiones son claramente inaceptables, quiero creer que son base de negociación, y que seremos capaces de encontrar acuerdos que le permitan a Cameron decir a los ciudadanos: "En esta Europa, sí"; y con la ayuda inestimable de los laboristas y de los escoceses, ganar un referéndum lleno de riesgos.

Para desdramatizar el futuro, conviene recordar que no es la primera vez que un Estado miembro plantea dificultades a la hora de avanzar hacia una mayor integración. Ya ocurrió en 1992 con el rechazo de Dinamarca al Tratado de Maastricht, en 2001 con el de Irlanda al Tratado de Niza y, en mayor medida, en 2005 tras el fracaso en Francia y los Países Bajos del referéndum al proyecto de Constitución de la UE. En todos los casos, la Unión ha sido capaz de solventar las dificultades con soluciones de consenso pragmáticas.

Por otra parte, algunas de las propuestas de Cameron son asumibles. Es el caso de las demandas relativas a un mayor desarrollo de las actividades económicas y de la competitividad europea, en clara sintonía con las orientaciones económicas de la Comisión presidida por Juncker; las propuestas relativas a la participación voluntaria en las medidas adoptadas por los miembros de la zona euro; así como la posibilidad de incluir una formulación en relación al concepto de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, en sintonía con las conclusiones del Consejo de junio de 2014, que contempla distintas vías de integración para los distintos países, al permitir a los que deseen ahondar en la integración avanzar, al tiempo que respeta el deseo de los que no quieren seguir profundizando más.
Conviene recordar que no es la primera vez que un Estado miembro plantea dificultades a la hora de avanzar hacia una mayor integración. 

La negociación con el Reino Unido, supone, no obstante, un frenazo al proceso de convergencia política y económica europea. Cuando por fin se habían acelerado las reformas relativas a la gobernanza económica y a la finalización de la construcción de la Unión Económica y Monetaria, el envite británico reabre, prematuramente, el debate sobre la reforma de los Tratados y la restructuración de la arquitectura institucional. 

Y lo más grave, exige la restricción de la libre circulación de los trabajadores, una intolerable discriminación entre europeos de sus derechos sociales, y un reconocimiento expreso en los Tratados de la UE de la existencia de varias monedas, pese a que los británicos ya disfrutan de una cláusula "opt out" en este sentido. Sin duda, dos exigencias con una pesada carga simbólica, cuya aceptación daría vía libre a la consolidación de una Europa a la carta ("cherry picking").

Una vez más, el funcionalismo político -la fórmula de consenso empleada desde sus inicios para la construcción europea entre los unionistas, partidarios de la simple cooperación entre los diferentes gobiernos europeos, y los federalistas, defensores de los Estados Unidos de Europa- debe ser el faro que guíe las conversaciones de los próximos meses y la, más que probable, elaboración de un protocolo similar al que se utilizó con Dinamarca.

Solo después de dar solución a este nuevo traspié, la Unión podrá encontrar la estabilidad necesaria para hacer frente a una nueva y profunda reforma de los Tratados, y resolver la disyuntiva entre el avance hacia un proyecto federalista europeo o la consolidación de una Europa a varias velocidades. 

No en vano, la Declaración de Robert Schuman de 1950 señalaba que "Europa no se hará de golpe, ni en una obra de conjunto, se hará por medio de realizaciones concretas".


Publicado en El Huffington Post , 25/11/2015

19 de noviembre de 2015

Intervención Comisión Asuntos Constitucionales 19/11/2015

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo y por el que se deroga la Decisión del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión de 19 de abril de 1995 (95/167/CE, Euratom, CECA)

11 de noviembre de 2015

Lo que viene.

España comenzará el año próximo una legislatura difícil, incierta y quizás breve. La dimensión de los problemas que deberán abordarse es incuestionable. Empezando por el desafío catalán, que, esperemos, no haya entrado antes incluso del 20-D, en un territorio de irreversibles consecuencias. Sea cual sea el resultado electoral y sea cual sea el desenlace de la investidura del nuevo president de la Generalitat, estamos condenados a intentar una nueva solución a la pretensión independentista, conocida la voluntad política de la mayoría parlamentaria surgida de las elecciones catalanas de septiembre pasado. 

El próximo Gobierno español tendrá, seguro y en primer lugar, un problema espinoso en el terreno de asegurar la ley y evitar el desacato flagrante al orden constitucional, que se presume de la hoja de ruta pactada por los grupos soberanistas. Aquí ya nos estamos jugando mucho porque es enormemente difícil concretar las medidas que deben adoptarse en cada caso y, mucho más difícil todavía, calcular las consecuencias que producirán a medio y largo plazo en la opinión pública y en los sentimientos de las poblaciones afectadas. Pero, incluso en el supuesto de que se hayan adoptado medidas extremas respecto a las autoridades catalanas (denuncias penales, inhabilitaciones, etc.) o respecto a las instituciones (sustitución de autoridades autonómicas o suspensión competencial, etc.), la política exigirá ofrecer a la ciudadanía catalana un nuevo pacto autonómico, que reformule el estatus de Cataluña en España, con reforma constitucional incluida. Esta mano tendida a Cataluña, con la pretensión de lograr un nuevo pacto con las fuerzas mayoritarias allí, es algo que no debemos abandonar y que constituye la clave de la victoria de la mayoría no independentista. 

La reforma constitucional parece aconsejable también por otros motivos que vienen de lejos y que en esencia responden a necesidades de actualización que estos cuarenta años de cambios sustanciales en todos los órdenes, reclaman de nuestra Carta Magna. 

Desgraciadamente, hay dos peligrosas actitudes políticas ante este reto capital de nuestro próximo futuro. Por lo que parece, el PP renuncia a incluir en su programa esta propuesta, quizás porque no ven estas necesidades, quizás porque consideran imposible un nuevo acuerdo.

Pero no es menos censurable la actitud de quienes creen que la Constitución del 78 debe ser cambiada de arriba abajo, incapaces de apreciar ninguna de sus virtudes y pensando que solo con ellos llega la verdadera democracia. Este peligroso adanismo, tan presente en los nuevos partidos, nos llevará al desastre de pretender acuerdos, demoliendo los existentes, sin comprender que los consensos se alcanzan cediendo y que las constituciones son un conjunto de renuncias de todos, a cambio de un texto que permite la convivencia de todos. Lo novedoso de esta tarea ingente que es encontrar un nuevo acuerdo constitucional en la España de 2016, reformando el existente sin destruirlo, es que deberá producirse sobre un mapa político mucho más fragmentado, con una nueva generación de líderes políticos que no se conocen, en una sociedad bastante descreída de la política y muy desconfiada de los partidos políticos. A diferencia de la España de 1977, unida por la ilusión democrática y liderada por no más de una docena de líderes políticos, la España del año que viene es, además, una España de Autonomías y cualquier pacto territorial, sin duda el más difícil de la reforma pendiente, reclamará el acuerdo de los demás territorios. Y, conocida la experiencia de las reformas estatutarias de la primera década de este siglo, ¿quién nos asegura que no se levantarán banderas igualitarias contra la singularidad? Sin duda, lo que viene será difícil. No solo por el reto catalán, territorial, constitucional. España tiene asignaturas pendientes de insoslayable abordaje. El paro, por supuesto, el emprendimiento y la economía digital, la educación y la investigación, la reforma fiscal, la sostenibilidad y modernización de nuestro modelo social, la reforma de nuestro sistema de relaciones laborales, el coste eléctrico y la política energética en general.... 

Es demasiado pronto para aventurar la duración de la próxima legislatura, mucho más sabiendo que vamos a un panorama de tres o cuatro partidos acompañados por otras tres o cuatro fuerzas políticas más pequeñas, pero importantes por su representación territorial, que configuran una gran inestabilidad para la constitución del próximo Gobierno, pero no es descartable que se trate de un periodo transitorio que no agote los cuatro años. Circunstancia que también se daría si un acuerdo de reforma constitucional obligara a disolver las Cortes para la convocatoria de un referéndum de ratificación del nuevo texto.

Publicado por El correo, 11/11/2015.

3 de noviembre de 2015

Por una fiscalidad europea.

El 5 de noviembre de 2014, un grupo de periodistas reveló que entre 2002 y 2010 más de 330 multinacionales acordaron pactos secretos con Luxemburgo, los llamados tax rulings, con el objetivo de reducir su carga tributaria global. Así nació el escándalo conocido como LuxLeaks.

La dimensión del engaño ha originado una ola de indignación en el mundo. Algunas de las empresas que facturan miles de millones de euros han disfrutado de tipos impositivos efectivos inferiores al 1% sobre unos beneficios artificialmente trasladados a Luxemburgo. Entretanto, las pymes no se benefician de estos acuerdos, al tiempo que se enfrentan a una competencia desleal.

Así, Estados miembros de la Unión Europea compiten entre sí ofreciendo una variedad de medidas fiscales creativas, incluyendo los acuerdos tributarios, con la finalidad de atraer artificialmente la domiciliación de empresas a su territorio. Esta práctica priva al resto de socios europeos de una parte importante de sus ingresos fiscales, una pérdida de recaudación que podría haber sido invertida en mejorar los servicios públicos, la sanidad o la educación.

Sin embargo, ha transcurrido un año sin que haya cambiado mucho esta realidad, a pesar de los anuncios realizados. La Unión Europea está fallando a sus ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas.

De hecho, el 6 de octubre de 2015, los ministros de finanzas de la UE perdieron la oportunidad de demostrar que han aprendido las lecciones del escándalo de LuxLeaks. EL acuerdo alcanzado en el Consejo sobre la extensión del sistema de intercambio automático de información a los pactos tributarios diluye seriamente la propuesta de mínimos de la Comisión, y no pone suficiente luz sobre estos apaños secretos.

Ya es hora de que los Estados miembros pongan punto final a las maniobras de las multinacionales.

Esa situación daña gravemente los sistemas tributarios nacionales y el proyecto europeo: necesitamos urgentemente una acción fuerte y efectiva. Un verdadero mercado interior solo puede funcionar correctamente en un marco transparente, cooperativo y coordinado en lo que respecta al impuesto de sociedades. Seguir como si nada hubiera pasado no es una opción.

La Unión Europea debe asegurar que las multinacionales pagan sus impuestos donde generan los beneficios. Nosotros reclamamos reformas ambiciosas para acabar con el fraude y la elusión fiscales, cerrar los resquicios legales, sancionar de manera efectiva los paraísos fiscales, luchar contra la corrupción y el lavado de dinero, y mejorar la transparencia y la cooperación transfronteriza.

En este contexto, llamamos a los Gobiernos de la Unión Europea a apoyar la obligación de los Informes País por País que se encuentra actualmente en discusión en el marco de la directiva de derechos de los accionistas.

Esta medida obligaría a las empresas que cotizan en bolsa a hacer públicas sus actividades, así como los impuestos que pagan en cada país en que operan. Esto permitiría a las autoridades fiscales, inversores, trabajadores y ciudadanos en general, reaccionar en aquellos casos de comportamiento empresarial ilícito o inapropiado. Los bancos europeos deben cumplir ya estos requisitos, lo que no ha mermado su competitividad, como ha probado la investigación oficial de la Comisión Europea.

Un año después del escándalo de LuxLeaks, los ciudadanos europeos y las empresas responsables no pueden seguir esperando. Necesitamos una acción coordinada a escala europea. Los Informes País por País representan un arma muy importante para luchar contra el fraude y la evasión fiscales, además de un paso significativo en el establecimiento de un marco europeo de mayor transparencia fiscal.

Ya es hora de que los Estados miembros aprendan la lección de LuxLeaks, poniendo punto final a las maniobras de las multinacionales para evitar pagar impuestos, y trabajando por un sistema justo de tributación societaria. Esta es una precondición para el crecimiento económico en la Unión Europea, en beneficio de ciudadanos y empresas. Es mucho lo que nos jugamos.



Ramón Jáuregui es diputado socialista al Parlamento Europeo. Firman también este artículo Thomas Piketty, de la Paris School of Economics; Romano Prodi, expresidente de la Comisión Europea; Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo; Sergio Cofferati, eurodiputado; Elio di Rupo, ex primer ministro de Bélgica; Gianni Pittella, portavoz del grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo; Jean-Paul Fitoussi, del comité científico de Progressive Economy; Eider Gardiazabal, diputada socialista al Parlamento Europeo.




Publicado en El Pais, 3/11/2015

1 de noviembre de 2015

Entrevista para Levante 1/11/2015

Ha venido a Valencia a hablar de la economía del bien común cuando hace unos meses expresaba sus dudas sobre este modelo. ¿Porqué? 
Porque no es fácil instalar en una economía de mercado los valores de la economía del bien común.es un objetivo de reformismo social muy potente, que tenemos que instalar en la sociedad: que las empresas sean aliadas de la causa social y no enemigas. la crisis ha puesto de manifiesto un descontento con las empresas, con el sector bancario, el automovilístico, el hostelero... Se ha ido generando una desconfianza y lo tenemos que aprovechar para decirles que sus marcas están identificadas con valores,y que una reputación bien ganada da rentabilidad.

 ¿La economía del bien común es una salida airosa para todos los que de jóvenes defendieron teorías más de izquierdas? 
Me gusta pensar que tiene un componente de modelo económico alternativo, que no va contra la empresa o el mercado pero exige una intervención pública más potente y que sean más responsables. 

Aquí ya tenemos una conselleria de Economía Sostenible ¿Eso va a ayudar a recuperar ese tejido económico valenciano que se sustentaba en la pequeña y mediana empresa y que la crisis casi ha destruido? 
El nuevo gobierno valenciano se ha tomado muy enserio este tema, ayudando a las Pymes,mejorando las públicas, exigiendo más transparencia... Ha de contribuir a que empresas sostenibles tengan buenos resultados económicos y castigar a las que se porten mal. Es una respuesta inteligente y pragmática al capitalismo salvaje que ha habido en la comunitat valenciana. 

Entre una gran empresa de alimentación como Consum que es una cooperativa, y otra que es casi un negocio personal como Mercadona, ¿qué modelo prefiere? 
Mercadona ha hecho cosas interesantes en el terreno social, sobre todo en la presencia de la mujer, la maternidad, etcétera. ¿Quiere decir que es socialmente responsable? Quiere decir que ha hecho cosas interesantes pero creo que tiene mucho camino que recorrer, por ejemplo dedicando parte de sus beneficios a un reparto más justo con los empleados. la cooperativa es una empresa participada por sus empleados y el componente social lo tiene en su naturaleza. no quiere decir que sus condiciones laborales sean mejores, pero responde más a un ideal de equilibrio social. 

¿Puede acabar la economía sostenible con los más de 480.000 parados valencianos? 
No. la economía del bien común es una filosofía para que las empresas colaboren a crear hábitats laborales y medio ambientales justos. Pero el empleo lo crean las empresas, y cuantas más haya, mejor. Yo creo que España,y la comunitat valenciana en particular, tiene que hacer un esfuerzo muy grande para favorecer el emprendimiento, sobre todo en la economía digital. 

¿Vea la Ford incorporando criterios de responsabilidad social en Almussafes? 
Sí una empresa grande como Ford traslada a las Pymes que trabajan para ella esta cultura, se implantará inmediatamente. en las grandes empresas textiles o en las de alimentación se está empezando a crear eso porque hay una exigencia ciudadana de transparencia muy grande. 

Hablando de coches con un diputado europeo. ¿Qué le parece que la UE esté estudiando que los diésel puedan contaminar más? 
Peligrosamente empieza a surgir el comentario técnico de que hay un nivel de exigencia demasiado alto en las emisiones, hasta el punto de que si pretendemos eso los motores se encarecerán y el consumidor tendrá que pagar más. Que la Ue se plantee que los coches puedan emitir más co2 me parece bastante poco presentable. 

¿Le ha preguntado Pedro Sánchez por todo esto de la economía sostenible? 
Curiosamente,cuando yo era el experto en la responsabilidad social empresarial en el congreso, Pedro Sánchez era el chico al que enviaba cuando no podía asistir a las conferencias. era el diputado más experto en eso y creo que tiene una conciencia muy próxima a la economía del bien común. 

Entre los diputados que duran poco como Pablo Iglesias y los que van a retirarse allí, ¿no es normal que la gente se tome poco en serio el Parlamento Europeo? 
Es verdad y lo lamento mucho, pero en el caso de Pablo iglesias está muy justificado. incluso debería haberse ido antes para tener una campaña más tranquila.
Pero el Parlamento europeo no es sólo para gente que se retira o va de paso. Somos 750 y la mayoría somos representativos y cumplimos con nuestro papel.

Publicado en Levante, El Mercantil Valenciano 1/11/2015
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Foto: SANTOS CIRILO
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