5 de febrero de 2006

Toda la verdad sobre el Estatut

Casi nadie conoce a fondo el Estatut. Es normal. Leerse casi doscientos treinta artículos de un farragoso texto legal es un suplicio de muy pocos. Pero admitida la mayor, acéptese en consecuencia la imposibilidad de tener una opinión formada, teniendo en cuenta además que la controversia jurídica sobre muchos de los artículos exige conocer jurisprudencia constitucional y Derecho administrativo en considerables proporciones. Sin embargo, es mi trabajo y eso me permite tener una opinión. Es, desde luego, una opinión subjetiva, pero también lo es fundada, es decir, estudiada y razonada, y creo mi deber contársela a ustedes, ahora que las negociaciones han terminado y nos disponemos a formalizar su tramitación parlamentaria. Lo haré, contestando a algunas preguntas esenciales que nos ayudarán a clarificar tan enrevesado asunto.

¿Por qué se plantea esta reforma?

Desde hace ya varios años la mayoría de los partidos catalanes vienen planteando en sus programas electorales la necesidad de abordar la reforma del Estatut. Existe en Cataluña un amplio sentimiento de agravio autonómico y sobre todo de maltrato económico que se acentúa en los últimos años del Gobierno Aznar (2000-2004). El tripartito se forma con este compromiso y el Parlament de Cataluña estuvo elaborando el proyecto de reforma desde mediados de 2004 hasta septiembre de 2005, con la participación de todos los partidos, incluido el PP, aunque no llegó a votar el texto final.

La Comunidad Valenciana había aprobado con anterioridad su propia reforma y en poco tiempo lo harán Canarias, Andalucía, Baleares, Aragón, etcétera. Las reformas autonómicas no son pues un invento de Maragall o una presión de los nacionalistas. Es una necesidad técnica y política de nuestra agenda autonómica.

¿Era constitucional el proyecto?

Varios de sus artículos vulneraban claramente la Constitución. Su preámbulo era de una inspiración nacionalista absoluta. Su articulado recogía la definición de 'nación' (incompatible con el art.2 de la Constitución); sustentaba el autogobierno en sus derechos históricos (incompatible con el fundamento constitucional del autogobierno). Había preceptos inconstitucionales en la regulación de las competencias, en las relaciones bilaterales con el Gobierno del Estado, en la acción exterior, en las relaciones con la UE, en la regulación de la Justicia autonómica y en bastantes disposiciones transitorias o adicionales. Además, proponía un modelo de relación financiera con el Estado que se parecía mucho al Concierto Económico vasco y navarro.

¿Es constitucional el texto acordado?

Creemos que sí. La negociación de estos dos meses ha ido dirigida a corregir estos excesos, que, en opinión de la mayoría de los expertos, podían eludirse con correcciones de redacción, enmiendas de supresión o adición. Conviene precisar que la técnica utilizada no ha sido la de suprimir las disposiciones, como pretendía el PP, sino adecuar los artículos del Estatut a la Constitución española y a la jurisprudencia constitucional. La base han sido las enmiendas socialistas que, presentadas el 27 de diciembre pasado, afectaban a más de cien artículos del proyecto.

¿Es solidario el modelo económico pactado?

Para empezar hay que decir que el modelo es generalizable a todas las comunidades y, de hecho, lo será cuando se acuerde así en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Estado se ha negado a un modelo de financiación semejante al Concierto Económico vasco y navarro (recaudación plena de todos los impuestos y pago de un cupo al Estado por las funciones no transferidas) porque no sería generalizable y porque destruye la Hacienda estatal. Se han pactado unas mejoras de la autonomía financiera de la comunidad (aumentando la participación en los impuestos concertados: IRPF, IVA e impuestos especiales) y se han comprometido inversiones estatales que equilibren la inversión pública del Estado a las de otras comunidades (acercándose al peso del PIB catalán en la economía española).

No hay discriminación porque todas las comunidades autónomas accederán al mismo sistema económico. No hay ruptura de solidaridad porque los mecanismos y los fondos de nivelación y de compensación quedan en manos del Estado. El acuerdo económico con Cataluña, verdadero corazón de la negociación, es bueno para Cataluña, bueno para el resto de las comunidades autónomas y razonable para el Estado, que estaba obligado a dar un nuevo paso en la reformulación financiera de nuestras autonomías.

¿Qué gana Cataluña?

Cataluña ha reformulado su Estatuto de autonomía. Ha incluido, por ejemplo, en su título I una amplia descripción de derechos, deberes y principios rectores, definiendo así un modelo de país avanzado social y políticamente, con garantías de bienestar al conjunto de su ciudadanía.

Aumenta su autogobierno al incorporar algunas nuevas competencias (inmigración, nuevas tecnologías, puertos de interés general y justicia, entre otras) y al definir las funciones del Estado y de la comunidad autónoma en cada una de las materias. También mejora su autogobierno al delimitar las potenciales invasiones del Estado en las competencias autonómicas. El nuevo Estatuto formaliza una relación bilateral de Cataluña con el Estado en el marco de las relaciones multilaterales de éste con las comunidades autónomas. Igualmente se regulan facultades autonómicas en relación con la Unión Europea y con la acción exterior. Por último, Cataluña ha mejorado su sistema de financiación, sin perjuicio del resto de comunidades, ni del interés general de España.

En resumen, el nuevo Estatuto de Cataluña es un texto jurídico muy completo, una especie de norma institucional básica que define los grandes parámetros de su autogobierno y de los principios políticos que rigen su convivencia pública.

¿Qué ha ganado España?

El acuerdo ya es en sí mismo un éxito porque la retirada del Estatut habría representado una gravísima quiebra en el delicado mundo de relaciones entre Cataluña y el conjunto de España. El encaje institucional de Cataluña se consolida para varias generaciones, sobre un modelo jurídico-político plenamente constitucional. Se discutirá si tal o cual precepto bordea o no los límites de nuestra Carta Magna, pero nadie podrá discutir que Cataluña es una comunidad autónoma española que configura su autogobierno con arreglo al Título VIII de nuestra Constitución.

El modelo de autogobierno de Cataluña es profundamente respetuoso con la identidad catalana, con sus hechos diferenciales (lengua, cultura, historia, etcétera) y con sus singularidades políticas e institucionales. Se ha aceptado el término 'nación' en el Preámbulo como una afirmación del Parlament, meramente descriptiva, con cita inmediata al artículo 2 de la Constitución, definiéndose como 'nacionalidad' en el art.1 tal como la definió el Estatuto de 1979. Es impecable. Se han delimitado los efectos singulares de los derechos históricos y, respecto al catalán, el Estatuto se ha limitado a trasponer la Ley de Normalización del Catalán de 1998, ley, por cierto, no recurrida en su día por el Gobierno del PP.

¿Es éste el modelo de autogobierno para Euskadi?

La reforma del Estatuto vasco se parecerá mucho al Estatuto catalán, aunque diferirá en aspectos esenciales. Por ejemplo la financiación. También serán diferentes el preámbulo y otros capítulos propios de nuestra historia y de nuestra singularidad. Desde el punto de vista del nivel de autogobierno, el techo definido en Cataluña está muy cerca del máximo que puede permitirse un Estado que funcione. Las próximas reformas: Andalucía, Canarias, etcétera, con variantes y singularidades propias (el Guadalquivir en Andalucía, la insularidad archipielágica en las islas) se aproximará mucho a esta descripción competencial del autogobierno. Euskadi también. Dicho quede como referencia para quienes quieran aprovechar otras mesas en la discusión de nuestro modelo de autogobierno.

¿Hay razones para la alarma sobre la unidad de España?

El Estatut es un importante avance en el autogobierno, pero no rompe nada. Consolida un modelo territorial que se diseñó y se ha desarrollado con éxito en estos veinticinco años y favorece esa gran tarea histórica que iniciamos con la Constitución de 1978 para forjar un Estado integrador de su diversidad, una España, tantas veces dividida por sus territorios o sus ideologías, que se forja y se aglutina desde su pluralidad de pueblos y de proyectos políticos

Algunos se quejan de que los nacionalismos ganan siempre, se blindan, dicen otros y nunca renuncian a sus mitos identitarios y a sus pretensiones. Quiero creer que la reforma del Estatut de Cataluña no es una concesión a los nacionalistas sino a un 90% largo de catalanes que quieren más autogobierno y mejor financiación dentro de España, sintiéndose a la vez catalanes y españoles. Sinceramente, pienso que España está blindada por su realidad histórica, política, social, económica, mediática y legal y por su incuestionable voluntad de ser y que cada día que pasa estamos haciendo más y mejor la única España posible. Estoy convencido de que la dialéctica democrática con los nacionalismos periféricos la van a ganar los ciudadanos del siglo XXI, mucho menos esencialistas y excluyentes que los del siglo pasado, mucho menos nacionalistas en suma, porque la sociedad a la que vamos será mestiza y gozará de pluralidad de identidades. Confieso que no sé cómo será España en 2050, aunque creo que no se diferenciará mucho de lo que es hoy en su modelo territorial. Tampoco sé si seguirá habiendo nacionalistas vascos y catalanes y cuál será su fuerza electoral. Lo que sí sé es cómo estaríamos si nuestra política fuera la del Aznar de 2000 a 2004 y la de Rajoy recogiendo firmas contra el Estatuto catalán. Simplemente, creo que habríamos conseguido no poder vivir juntos.

El Correo, 5/2/2006
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Foto: SANTOS CIRILO
Videos: PARLAMENTO EUROPEO.