La famosa tasa Zucman, que pretende establecer un gravamen a los más ricos, ha sustituido a la vieja tasa Tobin, que buscaba gravar los movimientos financieros y que nunca llegó a cuajar. Desgraciadamente, añado. Francia está hoy atravesada por esta propuesta que el Partido Socialista exigía como condición de gobernabilidad al breve Ejecutivo de Sébastien Lecornu. «Hundirá la economía», dicen los empresarios. «Se marcharán las grandes fortunas», amenazan los más famosos adinerados del país. Los asesores fiscales alertan sobre «la enorme preocupación» de sus clientes.
Francia, como siempre, está en el corazón de los grandes debates. Pero no es solo Francia. Alemania, con un Gobierno cristianodemócrata, en coalición con los socialistas, también debate sobre la necesidad de reformar el impuesto de sucesiones, extraordinariamente generoso con las empresas familiares al comprobar que una exención de casi el 100% a esas transmisiones, destinada a favorecer la continuidad de la actividad económica de las compañías, se utiliza cada vez más para que los herederos inviertan en el extranjero. También allí se discute ante el Tribunal Constitucional sobre las desigualdades que generaría un impuesto de sucesiones regulado por los 'lander' y sobre la tendencia a su eliminación como consecuencia de la competencia fiscal entre territorios. Como ha ocurrido en España, por cierto, que casi ha eliminado esta tasa para los familiares directos. ¿No sería justo restaurarla para altos patrimonios?
La tasa Zucman pretende gravar con el 2% las fortunas que superan los cien millones de euros, sin ninguna exoneración que la desnaturalice. Se calcula que son 1.800 las personas que disponen de un valor patrimonial superior a esa cifra en Francia. ¿Cuál es el contexto de ese debate? En los últimos treinta años la riqueza de los más opulentos ha crecido mucho más que la renta media. Esto lo han acreditado economistas universalmente reconocidos (Piketty, Stiglitz, entre otros) y lo demuestran fehacientemente las diferencias de ganancias del capital sobre las rentas del trabajo.
Un segundo dato es que la fiscalidad de los patrimonios y de los beneficios empresariales tiene tal grado de 'cláusulas de escape' y 'nichos de exoneración' que sus ingresos totales se reducen en todos los Estados. Crecen, por el contrario, las aportaciones del consumo y de la renta y bajan las de sociedades y rentas de capital en casi todo el mundo. Todo ello ocurre en un marco financiero lleno de dificultades para nuestros Estados del bienestar .
La demografía y el envejecimiento, la transición climática y el aumento en los gastos de defensa presionan al alza unos presupuestos con déficits persistentes y alta deuda pública acumulada. Los márgenes para la inversión y el gasto se estrechan, y reducir el gasto social resulta imposible en sociedades que sienten la reaparición de las desigualdades como la base sobre la que se asientan otras muchas quejas que el populismo iliberal aprovecha muy bien. Francia es el paradigma de esta descripción.
No es casual por todo ello que más del 80% de los franceses respalden esta medida del impuesto a los ricos y estoy seguro de que apoyos sociales semejantes se darían en todos los países comunitarios, desde luego también en el nuestro. El corolario de la tasa Zucman es la necesidad de su extensión al resto de Europa. Del resto del mundo, mejor no hablar en el contexto trumpiano que malvivimos. Pero tampoco es un debate nuevo, porque una tasa parecida ya existía en diez países hace una década, aunque hoy solo sean tres los que la mantienen: España, Suiza y Noruega. Brasil, que presidió el G20 en 2024, incluyó en la resolución un texto bienintencionado: «Vamos a intentar cooperar para asegurar que los individuos más ricos paguen impuestos de manera efectiva».
El debate está abierto también en Reino Unido y Alemania, y me pregunto por qué no abrirlo en los mismos términos en nuestro país, ya que el actual impuesto a las fortunas en España solo grava la parte del patrimonio que no haya sido fiscalizado por el impuesto autonómico, lo que ha provocado que muchas grandes riquezas españolas tributen en su comunidad autónoma para beneficiarse de las numerosas bonificaciones de las que goza ese impuesto en muchas de ellas. Resultado: el ingreso estatal por ese impuesto quedó reducido a una cantidad mínima en 2024.
El debate es y debe ser universal, porque es uno de esos asuntos capaces de articular la sociedad y de ofrecer esperanzas a la política noble, por encima del anecdotario frívolo que invade nuestras redes sociales. Me parece uno de esos temas que retratan las posiciones ideológicas de cada partido y de los líderes y que permite desenmascarar a los populismos que nos rodean con quejas y protestas contra el sistema, que son, a su vez, precursores de destrucción de la cohesión social y de la democracia misma.
Publicado en El Correo, 8-10-2025