Reconozco que las teorías abolicionistas de la prostitución han perdido la batalla. Los que defienden la ignominia de ese trato humillante y alegan la explotación social que se deriva de este pacto mercantil han tenido que rendirse a la evidencia de lo que otros, con dudosa base histórica y demasiado machismo, llaman 'el oficio más viejo del mundo'. Incluso, reconozcámoslo, las políticas de regulación pública de esta actividad están cargadas de razones y de sentido común, cuando se parte del hecho incontrovertible de su existencia.
Pero una cosa es saber que esta práctica, oficio o mercado, llámenlo como quieran, existe, y otra muy diferente es que se organice como una auténtica y masiva trata de blancas ante los ojos del mundo entero. Esto es lo que va a ocurrir en Alemania a lo largo de los treinta días del Mundial de fútbol, entre el 9 de junio y el 9 de julio de este año. Doce ciudades alemanas acogerán a tres millones de espectadores venidos del mundo entero. La mayoría, hombres. Numerosas organizaciones no gubernamentales tratan de alertar a la opinión pública sobre la llegada de mujeres y jóvenes, víctimas de este inmenso mercado o víctimas directamente de un delito de comercio con seres humanos. Esas mismas organizaciones estiman que entre 30.000 y 60.000 mujeres llegarán 'importadas' de países de la Europa Central y de la Europa del Este y serán explotadas con fines sexuales. Muchas de ellas, engañadas, creyendo que son contratadas para empleos de servicios en bares y restaurantes, y siendo en realidad obligadas a prostituirse.
Esta especie de globalización del sexo amenaza con invadir la privacidad de nuestra más absoluta intimidad y convertir la prostitución en un acto normalizado de nuestra vida social, como quien compra unas botellas de licor en un hipermercado. Calles enteras dedicadas al sexo, burdeles móviles, sexo con garantías de higiene, ofertas de sexo en los periódicos, en la televisión, en todas las concentraciones masivas. ¿O es que alguien duda de que se colocarán cartelitos en los limpiaparabrisas de los coches y se repartirán panfletos en los pasos de cebra? Se podrían hacer miles de chistes, si no fuera tan trágico.
Un complejo sexual de 3.000 m2, llamado 'Eros-Center', ha sido ya construido en las proximidades del Estadio Olímpico de Berlín. Tiene 650 cabinas de 'prestaciones', incluyendo duchas y preservativos. En Colonia también han previsto lo que llaman 'performance-boxes', que contiene cabinas con cama, ducha y distribuidor de preservativos. Dortmund ha optado por el 'drive-in', un discreto y cómodo acceso en vehículo, en los alrededores del estadio.
La relación entre el fútbol y la prostitución viene de lejos. Forma parte de una cierta liturgia en muchos desplazamientos de aficionados. Es como una fórmula complementaria: fútbol, alcohol y sexo. La fórmula del elixir siempre acierta: si el equipo gana, para celebrarlo; si pierde, para consolarse. Hasta aquí nada nuevo. Pero que al mercado, esa maravillosa maquinaria de atribución de recursos y servicios, como diría un economista liberal, se incorpore la oferta de sexo en masa, casi como en una fábrica, en las proximidades de los estadios, ofreciendo a miles de aficionados pasar por 'la cabina', me parece no sólo una ofensa al buen gusto, sino una despreciable publicidad a la generalización de una conducta socialmente dudosa y en todo caso íntima y privada. A nadie se le oculta que las prostitutas lo son por necesidad y que ese pacto mercantil trasluce una explotación humana, para muchos intolerable con su conciencia. Pues bien, que estos grandes centros del sexo, con sus luces parpadeantes y sus siluetas insinuantes, acompañen masivamente a las concentraciones futbolísticas en las que, no lo olvidemos, hay de todo, es decir, familias, niños, chicas, etcétera, me parece una relación indeseable. Algo parecido a lo que ocurría no hace muchos años en la Casa de Campo de Madrid, cuando las chicas subsaharianas se paseaban provocativamente, cerca de los niños que acudían al parque de atracciones.
Con todo, eso no es lo peor. Lo peor es que, con toda seguridad, esa oferta de sexo masivo está basada en un gigantesco delito de trata de seres humanos. Lo que nadie puede olvidar, haga lo que haga con su vida y piense lo que piense sobre este tema, es que mafias organizadas internacionalmente están engañando a miles de mujeres castigadas por la vida y el azar de haber nacido en países pobres. Al igual que esos pobres subsaharianos que recorren miles de kilómetros para embarcarse en una patera, en una angustiosa apuesta entre la vida y la muerte, muchas de estas mujeres se comprometen con organizaciones mafiosas para salir de la miseria y de una vida sin futuro.
El tráfico de mujeres y jóvenes es un delito, claro está. Su persecución corresponde a los Estados y a sus servicios de seguridad. Me pregunto por qué no se evita este tráfico humano masivo. Si el tráfico fuera de armas, ¿creen ustedes que sería posible? A España vienen mujeres del Este, todos lo sabemos. Vienen de Brasil y de otros países latinoamericanos por miles. Hay cientos de proxenetas en contacto con las mafias para alimentar cientos de clubes de alterne. ¿Hacemos lo suficiente para evitar este tráfico creciente de seres humanos? Hay una estadística aterradora para acreditar lo que digo: Moldavia tiene como principal producto de exportación a sus mujeres. Son ellas su principal fuente de divisas.
La cuestión es peliaguda y difícil. Si nos colocamos en una posición tajante contra estas prácticas, indefectiblemente acabaremos adoptando medidas abolicionistas, sancionadoras incluso contra quienes compran sexo, como los que reclaman que se fotografíe a quienes entran en los clubes de prostitución. Es la consecuencia lógica para quienes conciben este tráfico como una ofensa a la dignidad humana, o para quienes vemos en él una inaceptable explotación económica de unos seres sobre otros. Pero, ya lo he dicho antes, esto parece irreal y son mayoría los que proclaman actitudes más tolerantes con esta práctica 'voluntaria' y protestan contra el intervencionismo prohibicionista de los gobiernos.
Pero los que preconizan la legalización plena y la regulación sociosanitaria de esta práctica deben reconocer, a su vez, que estas medidas estimulan el mercado de la prostitución y en consecuencia aumenta la demanda (de hombres, naturalmente) y se fuerza la oferta (de mujeres pobres) y el círculo se cierra con el aumento exponencial del delito de tráfico de seres humanos en la sociedad de la globalización y de los grandes movimientos migratorios. Todas las estadísticas y las experiencias de la regularización de la prostitución lo han evidenciado. Para muestra, un botón. En el Estado de Victoria, en Australia, se legalizó y regularizó la prostitución en 1994. Pues bien, en diez años pasaron de tener setenta burdeles registrados a cien legalizados, pero se contabilizaron cuatrocientos más no registrados. El caso que estamos comentando de Alemania es más que evidente, pero fenómenos semejantes se han producido ya en otros países en los que ha habido grandes concentraciones deportivas (fútbol y olimpiadas principalmente).
La cuestión ha sido objeto de una interesante resolución del Consejo de Europa. El pasado 12 de abril, representantes de cuarenta países de Europa y sus vecinos, aprobamos una serie de resoluciones que conviene conocer:
-Pedir a todos los países que ratifiquen la Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos
-En el marco de esa convención, los Estados deben garantizar a las víctimas asistencia, protección y un «plazo de reflexión» (normalmente de treinta días) para decidir su vuelta al país de origen.
-La creación de células multilingües de información, acogida de víctimas y tratamiento policial de esas mujeres como víctimas y no como inmigrantes ilegales.
-Comprometer a los ayuntamientos y comunidades en la lucha contra la trata de seres humanos.
-Demandar a la FIFA para que se integre en la educación cívica del mundo del fútbol contra estas prácticas y se implique en la persecución de la trata de mujeres.
-Demandar igualmente a los líderes mediáticos del fútbol especialmente a los futbolistas profesionales que denuncien la trata de mujeres para la prostitución y su relación con el mundo del fútbol.
En fin, el debate hoy no es entre la legalización de los servicios sexuales y su prohibición pura y simple. El problema de hoy es que la dicotomía autorización/prohibición está atravesado por un problema dramático: la trata de mujeres para su prostitución. Ése es el problema que ha hecho saltar alarmas y que reclama una acción urgente de los gobierno dignos. Pero, a la postre, no se equivoquen, tenemos un dilema de moral social y de ética personal para decidir si una sociedad digna debe admitir o no una práctica que genera el viejo y odioso delito de la esclavitud humana.
26 de abril de 2006
Fútbol y prostitución.
14 de abril de 2006
Tentaciones peligrosas
Hemos entrado en la última fase: el final de la violencia. Mirado desde la atalaya de treinta intensos y trágicos años, el terrorismo de ETA parece abocado a su final. El Pacto de Ajuria Enea, a finales de los ochenta, la colaboración francesa, la eficacia policial, el espíritu de Ermua, la acción judicial y el pacto por las libertades, entre otras muchas cosas, nos han conducido a la victoria de la sociedad vasca y de la democracia española. Abordamos ahora una tarea delicada, en la que las virtudes democráticas deberían ayudarnos a vencer algunas tentaciones peligrosas. Hay muchas que ya se observan: la ansiedad y la prisa exageradas por dar pasos y tomar medidas cuyo ritmo sólo el tiempo aconseja; los protagonismos y cálculos partidarios, legítimos pero mezquinos ante la grandeza de la causa, y otras muchas, que la brevedad de estas líneas no permiten comentar. Me detendré, sin embargo, en dos que me parecen nocivas.
La primera es la que parte de un falso supuesto: ETA ha sido derrotada y lo único que cabe es esperar a que renuncie definitivamente a la violencia y entregue las armas. Cuando lo haga y pida perdón tomaremos medidas para con sus problemas humanos. Sólo entonces podrán incorporarse a la democracia. Quienes piensan así, desconocen los complejos meandros de estos asuntos y su escabrosa realidad. Tan verdad es que ETA ha perdido su guerra como que podría continuarla bastantes años más. Por supuesto que ello ahondaría la derrota de su gente y de su causa, pero si podemos evitar un final largo, caótico y descontrolado, no exento de violencia, debemos intentarlo. Naturalmente, lo que hagamos para ello debe corresponder a lo que legal y legítimamente cabe en el Estado de derecho, pero sin duda hay mucho margen en la democracia para buscar la paz en el contexto creado después del "alto el fuego permanente". Por eso tiene interés recordar la inteligente, aunque pueda parecer ambigua, frase de Zapatero: "No habrá precio político por la paz, pero la política puede ayudar al fin de la violencia".
Puede haber una tentación política en quienes se arrogan la dignidad de la democracia o apelan a la memoria de las víctimas para oponerse a dialogar y acordar la definitiva renuncia a la violencia. Bajo esas apelaciones bien se puede esconder una actitud interesada en que el proceso no avance, atando de pies y manos al Gobierno en la gestión de esta delicada fase final de ETA. Veamos dos ejemplos. Un acercamiento progresivo de los presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco ayuda, y mucho, a que "el alto el fuego permanente" sea para siempre. A su vez, la relegalización de Batasuna, naturalmente asumiendo las exigencias de la Ley de Partidos, favorecerá la apuesta por la política que se intuye en el abandono de las armas. Si el primer partido de la oposición se opusiera a tales medidas, cuando sea necesario adoptarlas, por considerarlas inoportunas o precipitadas, estaría mostrando una discutible voluntad de colaboración en el proceso de paz.
De manera que esta primera tentación peligrosa debiera evitarse con algo que se llama lealtad. Los partidos democráticos, y el PP más en particular, pueden ejercer su colaboración crítica y controlar los pasos que acordemos dar en la búsqueda del final definitivo, pero lo que no sería admisible es que alimenten el discurso de la intransigencia y el inmovilismo, impidiendo de hecho una gestión proactiva y dialogada de ese final.
Hay otro riesgo más plausible. Es el que se deriva de una pretensión del nacionalismo vasco que sigue presente en nuestro paisaje político. El lehendakari, acompañando de EA y Ezker Batua en su Gobierno, siguiendo la filosofía de los inventores del Pacto de Estella, sigue empeñado en "la acumulación de fuerzas nacionalistas" para imponer un determinado estatus jurídico-político a los no nacionalistas y a España, aprovechando el final de la violencia. La precipitación y las prisas por constituir una mesa de partidos en la que se "acuerde" una solución al conflicto político vasco, que sea sometida a consulta de la ciudadanía vasca, en el filo de la paz, es una carga de profundidad a la democracia, un fraude a la pluralidad vasca y un nuevo intento tramposo de obtener beneficios políticos, esta vez por la renuncia a las armas.
Ellos saben que ETA mantiene todavía una cierta amenaza, una especie de espada de Damocles, mientras no anuncie la renuncia definitiva a la violencia y saben también que en estas circunstancias cualquier acuerdo político estaría preñado de sospechas sobre supuestas concesiones por dejar de matar. ¿Dónde queda aquí la memoria de las víctimas y la causa por la que les mataron? Si se trata de hacer concesiones políticas en el último momento, ¿por qué no las hicimos antes para evitar su muerte?
Pero no es sólo esto, es que la mesa de partidos que dialoga hasta encontrar un acuerdo mientras ETA no ha desaparecido definitivamente es una negociación bajo amenaza, democráticamente inaceptable. Se supone que sólo cuando a ETA o a sus representantes les valga la "solución" se producirá la definitiva renuncia y abandono de la violencia. A su vez, y para evitar que la legalidad española pueda objetar tal solución, se convoca una consulta previa a la ciudadanía vasca en la que la confusión ventajista de un sí a la paz legitimaría una propuesta identitaria en clave nacionalista (desde la autodeterminación a la libre adhesión).
No lo vamos a aceptar. El conflicto vasco no se arregla con más nacionalismo, sino con más democracia. Lo que queremos recuperar con la paz es la libertad para defender nuestras ideas los que no hemos podido hacerlo en 20 años largos de presión terrorista. El diálogo político vasco no es para que algunos recojan las últimas nueces del último empujón, sino para que acordemos reglas de convivencia que garanticen que los vascos votemos siempre en paz y en libertad, y mi intuición me dice que, en paz y en libertad, el gradiente nacionalista será distinto. O dicho de otro modo, crecerá la pluralidad.
Personalmente no cuestiono las mesas, ni el diálogo político. A lo que me niego es a un final predeterminado en el marco de las viejas reivindicaciones nacionalistas. Lo que reclamo es que el final del diálogo sea respetar las reglas de una convivencia plural en la que todas las opciones democráticas sean legítimas y políticamente posibles, pero en la que todos tengamos iguales derechos para defenderlas. La solución del conflicto vasco, incluso en la concepción nacionalista del conflicto, no está en que una parte del país lo configure a su imagen y semejanza, sino en que seamos capaces de vertebrar una amplia mayoría de vascos en torno a un proyecto común. Eso son soluciones y lo demás son tentaciones antidemocráticas.
La primera es la que parte de un falso supuesto: ETA ha sido derrotada y lo único que cabe es esperar a que renuncie definitivamente a la violencia y entregue las armas. Cuando lo haga y pida perdón tomaremos medidas para con sus problemas humanos. Sólo entonces podrán incorporarse a la democracia. Quienes piensan así, desconocen los complejos meandros de estos asuntos y su escabrosa realidad. Tan verdad es que ETA ha perdido su guerra como que podría continuarla bastantes años más. Por supuesto que ello ahondaría la derrota de su gente y de su causa, pero si podemos evitar un final largo, caótico y descontrolado, no exento de violencia, debemos intentarlo. Naturalmente, lo que hagamos para ello debe corresponder a lo que legal y legítimamente cabe en el Estado de derecho, pero sin duda hay mucho margen en la democracia para buscar la paz en el contexto creado después del "alto el fuego permanente". Por eso tiene interés recordar la inteligente, aunque pueda parecer ambigua, frase de Zapatero: "No habrá precio político por la paz, pero la política puede ayudar al fin de la violencia".
Puede haber una tentación política en quienes se arrogan la dignidad de la democracia o apelan a la memoria de las víctimas para oponerse a dialogar y acordar la definitiva renuncia a la violencia. Bajo esas apelaciones bien se puede esconder una actitud interesada en que el proceso no avance, atando de pies y manos al Gobierno en la gestión de esta delicada fase final de ETA. Veamos dos ejemplos. Un acercamiento progresivo de los presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco ayuda, y mucho, a que "el alto el fuego permanente" sea para siempre. A su vez, la relegalización de Batasuna, naturalmente asumiendo las exigencias de la Ley de Partidos, favorecerá la apuesta por la política que se intuye en el abandono de las armas. Si el primer partido de la oposición se opusiera a tales medidas, cuando sea necesario adoptarlas, por considerarlas inoportunas o precipitadas, estaría mostrando una discutible voluntad de colaboración en el proceso de paz.
De manera que esta primera tentación peligrosa debiera evitarse con algo que se llama lealtad. Los partidos democráticos, y el PP más en particular, pueden ejercer su colaboración crítica y controlar los pasos que acordemos dar en la búsqueda del final definitivo, pero lo que no sería admisible es que alimenten el discurso de la intransigencia y el inmovilismo, impidiendo de hecho una gestión proactiva y dialogada de ese final.
Hay otro riesgo más plausible. Es el que se deriva de una pretensión del nacionalismo vasco que sigue presente en nuestro paisaje político. El lehendakari, acompañando de EA y Ezker Batua en su Gobierno, siguiendo la filosofía de los inventores del Pacto de Estella, sigue empeñado en "la acumulación de fuerzas nacionalistas" para imponer un determinado estatus jurídico-político a los no nacionalistas y a España, aprovechando el final de la violencia. La precipitación y las prisas por constituir una mesa de partidos en la que se "acuerde" una solución al conflicto político vasco, que sea sometida a consulta de la ciudadanía vasca, en el filo de la paz, es una carga de profundidad a la democracia, un fraude a la pluralidad vasca y un nuevo intento tramposo de obtener beneficios políticos, esta vez por la renuncia a las armas.
Ellos saben que ETA mantiene todavía una cierta amenaza, una especie de espada de Damocles, mientras no anuncie la renuncia definitiva a la violencia y saben también que en estas circunstancias cualquier acuerdo político estaría preñado de sospechas sobre supuestas concesiones por dejar de matar. ¿Dónde queda aquí la memoria de las víctimas y la causa por la que les mataron? Si se trata de hacer concesiones políticas en el último momento, ¿por qué no las hicimos antes para evitar su muerte?
Pero no es sólo esto, es que la mesa de partidos que dialoga hasta encontrar un acuerdo mientras ETA no ha desaparecido definitivamente es una negociación bajo amenaza, democráticamente inaceptable. Se supone que sólo cuando a ETA o a sus representantes les valga la "solución" se producirá la definitiva renuncia y abandono de la violencia. A su vez, y para evitar que la legalidad española pueda objetar tal solución, se convoca una consulta previa a la ciudadanía vasca en la que la confusión ventajista de un sí a la paz legitimaría una propuesta identitaria en clave nacionalista (desde la autodeterminación a la libre adhesión).
No lo vamos a aceptar. El conflicto vasco no se arregla con más nacionalismo, sino con más democracia. Lo que queremos recuperar con la paz es la libertad para defender nuestras ideas los que no hemos podido hacerlo en 20 años largos de presión terrorista. El diálogo político vasco no es para que algunos recojan las últimas nueces del último empujón, sino para que acordemos reglas de convivencia que garanticen que los vascos votemos siempre en paz y en libertad, y mi intuición me dice que, en paz y en libertad, el gradiente nacionalista será distinto. O dicho de otro modo, crecerá la pluralidad.
Personalmente no cuestiono las mesas, ni el diálogo político. A lo que me niego es a un final predeterminado en el marco de las viejas reivindicaciones nacionalistas. Lo que reclamo es que el final del diálogo sea respetar las reglas de una convivencia plural en la que todas las opciones democráticas sean legítimas y políticamente posibles, pero en la que todos tengamos iguales derechos para defenderlas. La solución del conflicto vasco, incluso en la concepción nacionalista del conflicto, no está en que una parte del país lo configure a su imagen y semejanza, sino en que seamos capaces de vertebrar una amplia mayoría de vascos en torno a un proyecto común. Eso son soluciones y lo demás son tentaciones antidemocráticas.
El País.14/04/2006
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