La formación profesional: una reforma clave y urgente.

Todos los expertos coinciden en que una formación profesional permanente y de calidad es la base de la empleabilidad. Es ya un tópico afirmar que en la sociedad del conocimiento y en la globalización, la cualificación profesional, el factor humano de nuevo, serán claves. Desde Lisboa hasta Estocolmo, las estrategias de la Unión para hacer de Europa el continente del pleno empleo y la cohesión social depositan en el sistema educativo profesional las mayores responsabilidades y esperanzas. Es hora pues de preguntarnos cómo responde nuestro país a este reto y debatir con rigor y sin sectarismos sobre el futuro de estas políticas.

En España la formación profesional ha sido siempre la gran olvidada de las reformas educativas. Un incomprensible e injusto desprestigio social acompañó siempre a esta vía educativa y hoy además son patentes la ineficiencia, la rutina, el desorden y el fraude. Si repasamos los males del presente y las orientaciones necesarias para el futuro, el cuadro aproximado sería el siguiente:

1. Los Programas Nacionales que regulan actualmente el conjunto de la formación profesional se han quedado viejos. En España urge que un órgano institucional dirija, planifique y coordine la política de formación profesional. Un órgano del Gobierno que represente a Educación, Trabajo, Tecnología y Hacienda y que, con rango de Secretaría de Estado o similar, establezca los objetivos de la cualificación de la población activa en función de las necesidades de nuestro desarrollo económico y social. Como lo han hecho en Francia, Inglaterra o Alemania. Urge un sistema nacional de cualificaciones profesionales y un catálogo modular integrado para cada cualificación. Es impresentable que sigamos extendiendo titulaciones distintas e incompatibles según qué organismo las conceda: Los títulos de formación profesional, de la formación reglada y los certificados de profesionalidad del Ministerio de Trabajo.

Urge integrar los tres subsistemas en uno solo. Urge crear un sistema de evaluación, reconocimiento y certificación de la competencia. Crear una agencia de la calidad en las certificaciones, e incorporar la experiencia laboral y 'los aprendizajes informales' a la titulación oficial.

2. En relación con la formación profesional continua, los errores actuales y los cambios necesarios son importantes. Admitamos que es bueno que sindicatos y empresarios estén en la base del sistema. Pero la ejecución de esta política, básica para el país, necesita correcciones importantes. Porque sólo un porcentaje menor del conjunto de trabajadores accede a los cursos. No hay una adaptación suficiente ni al territorio, ni a las pymes. Porque se está haciendo formación de oferta (de los centros educativos) y no de demanda (de las necesidades de las empresas). Y porque el sistema no es transparente. Hay cobro de comisiones por aprobar los planes, centros educativos que no merecen esa homologación como tales, etcétera.

Que la Administración y la intervención del Estado estén presentes en el órgano de gestión es fundamental. Que esa formación responda de verdad a las necesidades de reciclaje de las empresas y que el Gobierno estimule fiscalmente a las empresas los gastos de formación permanente son necesidades imperiosas del sistema.

En el horizonte de la eficacia máxima del sistema deberíamos proponernos un plan individual de formación permanente para cada trabajador. Ese plan debiera ser un derecho cuyo ejercicio a lo largo de toda la vida profesional implica un conjunto de medidas políticas, económicas y laborales que lo hagan posible.

3. La formación ocupacional está desestructurada en todos los planos. No existe un observatorio del mercado laboral que oriente con su información al conjunto del sistema. La ausencia de información y coordinación entre las Comunidades Autónomas es tal que el CES ha llegado a cuestionar la unidad de mercado en el empleo por las disparatadas estadísticas de paro entre nuestras provincias y por la estanqueidad a la movilidad que existe actualmente en nuestro país.

En fin, el cuadro es caótico. No existe un instituto de las profesiones que oriente prospectivamente al conjunto del sistema. Las escuelas de formación profesional no están aprovechadas en sus inmensas potencialidades para ser el corazón del sistema formación-empleo. La formación teórica del contrato de formación no se cumple, aunque se cobren las subvenciones. Y así un largo etcétera.

Pasaron ya los tiempos en que la formación era cosa de una etapa de nuestra vida. Hoy nos formamos, trabajamos y descansamos a lo largo de toda la vida, en un proceso permanente y simultáneo. Cada trabajador español que procede de la formación profesional, al igual que los universitarios, debe actualizar sus conocimientos constantemente. Deberá añadir nuevas titulaciones, nuevas cualificaciones profesionales a su cartilla individual formativa, para aumentar su empleabilidad. En Francia discuten ahora mismo sobre si esa formación profesional permanente debe catalogarse como un derecho individual que inspire y oriente la regulación y las actuaciones públicas.

Hace falta una ley, pero una ley consensuada con las CC AA porque son parte fundamental del sistema (no se olvide que ejecutan la formación profesional reglada y la ocupacional) y con los agentes sociales, porque son ellos quienes gestionan la formación profesional continua. Hace falta una ley que pueda ser negociada y pactada con la oposición, y el PSOE ve enormes dificultades de consenso con el proyecto que conocemos. Hace falta además un esfuerzo de la comunidad educativa y de los agentes sociales. Nos va mucho en este reto.

La formación profesional: Una reforma clave y urgente.

El País, 1/10/2001