Entrevista para "La Provincia" Diario de Las Palmas.

 Ramón Jáuregui Atondo (San Sebastián, 1948) está en Canarias invitado por CEOE-Tenerife para explicar su visión sobre los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea (UE) y España en un contexto político, social y económico inestable y conflictivo. El exvicepresidente socialista del Gobierno vasco y exdiputado apoya la política de Estado de Pedro Sánchez en Cataluña pero advierte: "en algún momento habrá que decir que no a las peticiones del independentismo catalán y vasco"

Usted se ha referido a que en este momento la democracia está sufriendo en el seno de la Unión Europea ¿Es debido al auge de la ultraderecha?

En parte sí. Yo diría que la ultraderecha no es solamente un riesgo democrático, sino un serio obstáculo a la Europa del futuro. La mayoría de las expresiones de la ultraderecha europea son o euroescépticas o antieuropeas y, por tanto, incapaces de asumir que solo juntos podemos buscar soluciones conjuntas a los grandes problemas. No hay que olvidar que ocho de los 27 países de la UE están en manos de partidos antieuropeos que van en contra de los principios fundacionales de la propia UE. En este momento hay demasiada contradicción entre intereses nacionales que interpretan que el futuro está en la soberanía nacional frente a la supranacional y eso es antieuropeo en términos objetivos y es lo que va a impedir que Europa construya junta. La respuesta a los desafíos, tanto en materia energética, como en materia de defensa, de innovación o comercial no la puede hacer cada país de forma independiente y soy de los que reclama esa gran coalición europea para afrontar el futuro entre socialistas, populares, liberales y Los Verdes.

¿Y en España la democracia sufre? ¿El 'caso Koldo' está poniendo en peligro la democracia o la amnistía o la financiación singular para Cataluña pactada por el PSOE y ERC?

Creo que la corrupción siempre es un daño para la democracia, pero en el caso actual ninguna decisión política adoptada fue consecuencia de la corrupción. Para decirlo más claramente, el rescate de una línea aérea después de la pandemia no procede de una presión corrupta, sino de una decisión nacional.

Pero que a cuenta de la decisión política de rebajar el control de las compras con dinero público se conforme una presunta trama para sacar provecho de esa situación si es corrupción, ¿no?

Vamos a ver, todo lo que está siendo objeto de investigación judicial actualmente son cosas que necesitan una verdad judicial que todavía no se ha producido. Y, por tanto, no cabe hacer especulaciones sobre responsabilidades políticas en este momento. Me parecen precipitadas y oportunistas. Sinceramente, así lo veo yo. Es posible, de acuerdo, que como usted dice algunos se hayan aprovechado de una decisión política, pero esa decisión no fue corrupta. Lo que creo es que se debe investigar hasta el final y que paguen los que tengan que pagar, pero insisto en que esos hechos no tienen que ver con decisiones políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Sinceramente, lo veo yo así.

¿Y la ley de amnistía o el cupo catalán no afectan a las costuras del Estado autonómico?

El futuro de España no se puede construir solo tampoco y requiere un entendimiento institucional y político mayor. Teniendo en cuenta que la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el PP, nada se puede hacer sin contar con ese partido, no siquiera una reforma constitucional sin contar o una política territorial debe de hacerse con el PP. Por eso yo creo que el llamado concierto catalán o la bilateralidad vasca que defiende una soberanía compartida, dos reivindicaciones independentistas de Cataluña y Euskadi, suponen unos riesgos confederales que nada tienen que ver con el modelo autonómico de la Constitución de 1978. Yo defiendo que el modelo de financiación para las comunidades autónomas se acuerde con todos, no solo con ERC, y esa sería la cuadratura del círculo al pacto entre el PSOE y ERC. Para mí es imprescindible para evitar que haya una concepción confederal en el modelo financiero que el modelo pactado tiene que inscribirse en un acuerdo general de financiación entre todas las comunidades autónomas.

Entonces usted está viendo riesgos en los acuerdos de investidura y de legislatura.

En mi opinión, lo que se está haciendo con Cataluña es una política de Estado, pero eso también significa que en algún momento hay que decir que no a determinadas pretensiones y el sistema de financiación es en un momento. Tal y como se ha explicado, la financiación singular de Cataluña no puede enmarcarse en la Declaración de Granada que suscribió el PSOE en 2013 sobre un nuevo pacto territorial. Ese documento contemplaba un modelo de financiación federal sustentado en el modelo alemán y no es exactamente eso lo que supondría el concierto catalán. Esa negociación está pendiente del marco general de financiación que se pacte, porque creo sinceramente que hay que ubicar ese acuerdo de reforma de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas). Como suele decirse, el diablo está en los detalles. Mi valoración dependerá del acuerdo final, pero creo que hoy cabe decir que ese marco pactado tiene que inscribirse en un acuerdo general con las comunidades y no solo con una. Eso sería lo ideal.

Durante la conferencia que pronunció en Tenerife abogó por tres grandes acuerdos de Estado con el PP: vivienda, política y exterior y política migratoria. Este último afecta de forma directa a Canarias y no parece que se llegue a un acuerdo ¿Cómo valora la situación?

No tengo en este momento opinión fundada sobre las responsabilidades de ese desentendimiento. No puedo juzgarlo. No sé honradamente a quién atribuir más responsabilidades. Lo único que digo es que en política migratoria, tanto Europa como España, necesitan pactos de Estado. Y desgraciadamente no se están produciendo. A mí me gustaría, de entrada, que los consulados europeos atrajeran la presión migratoria de los cayucos que llegan a Canarias hacia viajes regulares. Eso sería lo ideal porque, repito los datos, en los próximos 25 años vamos a perder 50 millones de mano de obra europea, que se dice pronto, y todo ese flujo hay que ordenarlo. Lo que ha dicho el presidente Pedro Sánchez de intentar regularizar llegada de extranjeros es lo correcto. Pero es un problema europeo y la solución hay que hacerla más entre todos como europeos que como país, de lo contrario vamos a generar odio y animadversión.

Usted fue eurodiputado y sobre la base de esa experiencia le pregunto si en la reflexión que ha hecho sobre el futuro de la UE más insolidario y con menos cohesión peligra el concepto de regiones ultraperiféricas (RUP)

El concepto de región ultraperiférica no corre ningún peligro en Europa porque incluso en el Servicio de Política Exterior hay un departamento que se refiere a la problemática de las islas y además lo dirigen diplomático español que se llama Ignacio Ibáñez, así que las condiciones de ayuda de fondos europeos no tienen por qué sufrir daño. Otra cosa es que el presupuesto de la UE cuando se produzca la ampliación pueda tener distorsiones hacia países más pobres. Eso puede ocurrir, pero también cabe decir que Canarias tiene un horizonte geoeconómico extraordinariamente positivo con la conflictividad bélica en Oriente Medio y en el norte de África porque el turismo vendrá aquí y no a zonas cercanas conflictivas.

Entrevista realizada para ¨La Provincia".

Conferencia: «Desafíos de un mundo en cambio”.

Conferencia ofrecida a través de la invitación de La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-TENERIFE).

Nuevo estatus, viejo debate.

"Si la negociación gira en torno al derecho a decidir no será fácil para los socialistas vascos encontrar un acuerdo con el nacionalismo."

La aprobación en las Juntas Generales de Gipuzkoa de una moción en la que se aboga por que el nuevo estatuto recoja el llamado 'derecho a decidir' coloca las negociaciones para la renovación del Estatuto de Gernika en un terreno muy difícil para el PSE. Andueza ya lo viene advirtiendo, pero desde el PNV se le recuerda el pacto firmado con el PSOE para la investidura de Sánchez. ¿Hay contradicciones entre las posiciones tradicionalmente defendidas por los socialistas vascos y el compromiso de legislatura que asumió el PSOE con los jeltzales? Buena pregunta. 

Los socialistas vascos nos hemos opuesto siempre al llamado derecho a la autodeterminación, que consideramos una grave quiebra del consenso autonomista, una vía a la independencia y una perturbadora fractura de la sociedad vasca. El derecho a decidir, por muy abstracta que sea su definición, pretende en el final de su desarrollo una hipotética consulta para conformar una Euskadi independiente.

La pretensión independentista está muy amortiguada, esa es la verdad. Ni siquiera Bildu la formula abiertamente, después de que la paz –¡trece extraordinarios años ya con ella!– relajara esas aspiraciones en el conjunto de la sociedad. Mucho menos el PNV, que necesita desmarcarse de su gran oponente nacionalista pero sin renunciar a una confusa soberanía, propia de su ideario sentimental nacionalista.

Por eso, lo que el PNV exigió al PSOE y así consta en el acuerdo es «aprobar tanto en Euskadi como con el Estado el autogobierno futuro empleando las potencialidades de la disposición adicional primera de la Constitución (la que reconoce los derechos históricos). «El reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad serán ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos». No hay mayor compromiso, pero tampoco menos.

Se vislumbra en esas dos frases esenciales del acuerdo una concreta apuesta del PNV por un estatuto de naturaleza confederal. No tanto por el reconocimiento nacional de Euskadi (algo perfectamente simbólico), como por la «bilateralidad» como sistema de garantías a las competencias vascas y por la «foralidad» de su autogobierno, que habrá que acordar empleando las potencialidades de los derechos históricos.

Si la negociación del nuevo estatus gira en torno al reconocimiento del derecho a decidir por exigencia de Bildu, o por deseo de la mayoría nacionalista, como se ha hecho en Gipuzkoa, no creo que sea posible el acuerdo con el PSE.

La «bilateralidad», unida al reconocimiento nacional, puede significar varias cosas. Dos de ellas, entre otras muchas, me parecen inasumibles para un Estado moderno de naturaleza federal: El establecimiento de un sistema judicial al margen del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y la capacidad para declarar «no aplicable» en la Comunidad Autónoma Vasca determinadas legislaciones, planes o disposiciones estatales, en virtud de la competencia propia. Por muy histórica que pueda ser la fórmula del «se acata, pero no se cumple», eso no cabe en un Estado digno de tal nombre.

Por otra parte, me pregunto, como lo hace la doctrina desde siempre, qué nuevas actualizaciones necesitan nuestros derechos históricos. ¿Es razonable seguir con esa oscura apelación –por muy constitucional que sea, y lo es– que nos remite a un modelo del Antiguo Régimen muy poco compatible con un Estado moderno del siglo XXI? ¿Hay alguna competencia del modelo competencial multinivel en el que vivimos o alguna relación con la Europa del siglo XXI que puedan desprenderse de aquel tracto histórico?

No será fácil para el PSE encontrar un acuerdo con el nacionalismo vasco sobre una renovación de nuestro Estatuto si los parámetros planteados van en esas direcciones. Perderemos así la ocasión de encontrarnos todos los partidos, incluido, claro está, Bildu, en una negociación para una renovación moderna de nuestro Estatuto y de nuestro autogobierno, en una concepción federal de nuestro modelo territorial, mejorando y ampliando nuestras competencias, consolidando la singularidad de nuestro modelo financiero, reconociendo en nuestra Constitución nuestros hechos diferenciales, avanzando en nuestro reconocimiento europeo y superando incluso la trágica historia de la violencia, con un relato consensuado del pasado. Somos muchos los vascos que creemos en el autogobierno, pero también queremos un Estado español moderno y federal en una Europa del mismo signo.

Una revisión de este calado exigirá una reforma constitucional previa para incorporar a ella nuestros avances federales que hoy no son posibles. La fórmula sería paralela y los vascos votaríamos en sendos y simultáneos referendos nuestro Estatuto y la reforma constitucional. Estaríamos así dando un salto gigantesco de legitimación social y política a nuestras dos leyes fundamentales y otorgando un clima de estabilidad y consenso para las próximas generaciones que no participaron en los acuerdos de la Transición. Una pena que no lo hagamos así.

Publicado en El Correo, 01/10/2024