Nuevo estatus, viejo debate.

"Si la negociación gira en torno al derecho a decidir no será fácil para los socialistas vascos encontrar un acuerdo con el nacionalismo."

La aprobación en las Juntas Generales de Gipuzkoa de una moción en la que se aboga por que el nuevo estatuto recoja el llamado 'derecho a decidir' coloca las negociaciones para la renovación del Estatuto de Gernika en un terreno muy difícil para el PSE. Andueza ya lo viene advirtiendo, pero desde el PNV se le recuerda el pacto firmado con el PSOE para la investidura de Sánchez. ¿Hay contradicciones entre las posiciones tradicionalmente defendidas por los socialistas vascos y el compromiso de legislatura que asumió el PSOE con los jeltzales? Buena pregunta. 

Los socialistas vascos nos hemos opuesto siempre al llamado derecho a la autodeterminación, que consideramos una grave quiebra del consenso autonomista, una vía a la independencia y una perturbadora fractura de la sociedad vasca. El derecho a decidir, por muy abstracta que sea su definición, pretende en el final de su desarrollo una hipotética consulta para conformar una Euskadi independiente.

La pretensión independentista está muy amortiguada, esa es la verdad. Ni siquiera Bildu la formula abiertamente, después de que la paz –¡trece extraordinarios años ya con ella!– relajara esas aspiraciones en el conjunto de la sociedad. Mucho menos el PNV, que necesita desmarcarse de su gran oponente nacionalista pero sin renunciar a una confusa soberanía, propia de su ideario sentimental nacionalista.

Por eso, lo que el PNV exigió al PSOE y así consta en el acuerdo es «aprobar tanto en Euskadi como con el Estado el autogobierno futuro empleando las potencialidades de la disposición adicional primera de la Constitución (la que reconoce los derechos históricos). «El reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad serán ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos». No hay mayor compromiso, pero tampoco menos.

Se vislumbra en esas dos frases esenciales del acuerdo una concreta apuesta del PNV por un estatuto de naturaleza confederal. No tanto por el reconocimiento nacional de Euskadi (algo perfectamente simbólico), como por la «bilateralidad» como sistema de garantías a las competencias vascas y por la «foralidad» de su autogobierno, que habrá que acordar empleando las potencialidades de los derechos históricos.

Si la negociación del nuevo estatus gira en torno al reconocimiento del derecho a decidir por exigencia de Bildu, o por deseo de la mayoría nacionalista, como se ha hecho en Gipuzkoa, no creo que sea posible el acuerdo con el PSE.

La «bilateralidad», unida al reconocimiento nacional, puede significar varias cosas. Dos de ellas, entre otras muchas, me parecen inasumibles para un Estado moderno de naturaleza federal: El establecimiento de un sistema judicial al margen del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y la capacidad para declarar «no aplicable» en la Comunidad Autónoma Vasca determinadas legislaciones, planes o disposiciones estatales, en virtud de la competencia propia. Por muy histórica que pueda ser la fórmula del «se acata, pero no se cumple», eso no cabe en un Estado digno de tal nombre.

Por otra parte, me pregunto, como lo hace la doctrina desde siempre, qué nuevas actualizaciones necesitan nuestros derechos históricos. ¿Es razonable seguir con esa oscura apelación –por muy constitucional que sea, y lo es– que nos remite a un modelo del Antiguo Régimen muy poco compatible con un Estado moderno del siglo XXI? ¿Hay alguna competencia del modelo competencial multinivel en el que vivimos o alguna relación con la Europa del siglo XXI que puedan desprenderse de aquel tracto histórico?

No será fácil para el PSE encontrar un acuerdo con el nacionalismo vasco sobre una renovación de nuestro Estatuto si los parámetros planteados van en esas direcciones. Perderemos así la ocasión de encontrarnos todos los partidos, incluido, claro está, Bildu, en una negociación para una renovación moderna de nuestro Estatuto y de nuestro autogobierno, en una concepción federal de nuestro modelo territorial, mejorando y ampliando nuestras competencias, consolidando la singularidad de nuestro modelo financiero, reconociendo en nuestra Constitución nuestros hechos diferenciales, avanzando en nuestro reconocimiento europeo y superando incluso la trágica historia de la violencia, con un relato consensuado del pasado. Somos muchos los vascos que creemos en el autogobierno, pero también queremos un Estado español moderno y federal en una Europa del mismo signo.

Una revisión de este calado exigirá una reforma constitucional previa para incorporar a ella nuestros avances federales que hoy no son posibles. La fórmula sería paralela y los vascos votaríamos en sendos y simultáneos referendos nuestro Estatuto y la reforma constitucional. Estaríamos así dando un salto gigantesco de legitimación social y política a nuestras dos leyes fundamentales y otorgando un clima de estabilidad y consenso para las próximas generaciones que no participaron en los acuerdos de la Transición. Una pena que no lo hagamos así.

Publicado en El Correo, 01/10/2024

Democracia americana.

"Lo urgente en el continente es fortalecer el Estado, asegurar el funcionamiento eficaz y respetuoso de sus instituciones y vertebrar el sistema representativo de las fuerzas políticas en el más exquisito respeto del pluralismo".

Que las democracias sufren en todo el mundo es cosa sabida. Que solo un 30% de la población del mundo se gobierne bajo estas reglas produce tristeza y preocupa constatar que la calidad de su aplicación se deteriora en todas partes.

Pero si hay un continente donde estos síntomas están produciendo sucesivos escándalos que ponen en evidencia los peores signos de la crisis democrática es en el continente americano. Empecemos por los Estados Unidos, cuna de las democracias modernas, ejemplo de checks and balances, es decir, de potentes contrapoderes al Ejecutivo y una de las sociedades más firmemente ancladas en los pilares del Estado de derecho. Los sucesos de enero de 2021, el asalto al Capitolio, como colofón de dos meses de abierto cuestionamiento al escrutinio electoral, fueron la violación más flagrante de la regla fundamental de la democracia: la alternancia y la aceptación de la derrota.

El mismo y gravísimo comportamiento se produjo después en Brasil dos años después y se está produciendo ahora mismo en Venezuela. Pero en Estados Unidos y en Brasil el sistema institucional resistió y la voluntad popular expresada en las urnas fue respetada. En Venezuela no. Allí el Gobierno ha falseado esa voluntad, la ha manipulado y se ha atribuido una victoria electoral que no se corresponde con lo que el pueblo votó. Para hacer semejante trampa necesitaba controlar todos los poderes en juego: el Comité Electoral, el Poder Judicial y, por supuesto, después la Policía y las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas.

Todo parece indicar que el régimen se endurece y se mete en la cueva de su soledad, integrando así, junto a Cuba y Nicaragua, el triángulo de una izquierda totalitaria que no deberíamos siquiera llamar izquierda. Siempre he pensado que el socialismo es libertad y que, sin ella, las aspiraciones de justicia e igualdad que lo caracterizan son coartadas totalitarias.

Pero no acaban ahí las inquietudes democráticas. Muchas sociedades latinoamericanas viven fenómenos populistas que lesionan sus democracias. Estamos hablando de regímenes electorales y de presidencias de Gobierno obtenidas en plenitud democrática, cumpliendo todas las reglas, que, sin embargo abusan de su poder y/o lesionan la separación de poderes.

La política represiva contra la violencia en El Salvador está resultando eficaz en primera instancia (más dudosa en el largo plazo) y se comprende así el apoyo electoral recibido, pero eso no nos impide destacar el enorme retroceso moral que impone una vulneración tan flagrante de los principios jurídicos procesales que el mundo había conquistado en el último siglo. Es muy preocupante que la delicada línea que separa seguridad de libertad esté siendo arrasada por la primera y que derechos humanos fundamentales estén siendo pisoteados por el Estado.

Puede parecer más democrático decir que la justicia emana del pueblo y que por eso a los jueces debe elegirlos la ciudadanía, pero es un principio populista como la copa de un pino.

La principal virtud de la justicia es la independencia, es decir, no estar sometida a ninguna presión y aplicar la ley con objetividad y justicia. Trasladar la elección de los jueces al juego partidario, a través de las listas de candidatos que serán sometidas a la ciudadanía, es meter a los jueces en un engranaje de intereses espurios y poner con ello a todo el sistema judicial en el escaparate de la dependencia política.

Es otro populismo, pero no menos censurable, aquel que se apropia de la libertad y la niega a los demás. ”¡¡¡La libertad, carajo¡¡¡”, como si esa condición de dignidad humana y democracia solo la garanticen desde una derecha iliberal e individualista, que olvida las dimensiones corresponsables a su ejercicio. Se trata de un nuevo autoritarismo que concibe la libertad como una facultad ilimitada, ajena a la existencia del otro, que desprecia los vínculos con la colectividad y que se afirma sobre la competitividad y la autosuficiencia.

Es verdad que estas tentaciones autoritarias también nos afectan. Basta ver a algunos líderes de la ultraderecha europea y observar las peligrosas tendencias antimigratorias que están imponiendo algunos partidos que han alcanzado el poder en países tan importantes como Italia, Hungría, Países Bajos, Croacia ,Finlandia ,Eslovaquia y me temo que pronto en Austria.

Pero en América Latina hay otras circunstancias que colocan el debate democrático en el centro del debate político. Dos de ellas merecen especial mención. La primera es el narcotráfico y sus poderosas bandas. La extensión hacia el sur del continente de sus organizaciones criminales acentúa las enormes dificultades de los Estados para enfrentarse a su mortífera ley: ”O plata o plomo”. La experiencia nos demuestra que el narco es como una termita destructora de las instituciones y del orden democrático. Su metástasis, ataca, junto a la corrupción, al núcleo de la legitimidad democrática: la confianza en las instituciones y en los partidos que la vertebran.

La otra, es la debilidad macroeconómica de la mayoría de los Estados latinoamericanos. La capacidad del Estado para enfrentar retos estructurales de esas sociedades (formalidad laboral, interconectividad digital, baja productividad, etcétera, condiciones todas ellas de crecimiento y redistribución) es muy débil porque su ingreso fiscal es muy bajo. Unas clases medias, nacidas en la primera década de este siglo, reclaman mejores servicios públicos en justicia, seguridad, sanidad y educación y al no recibirlos, su confianza en la democracia se resquebraja. Hay, por ello, un problema serio de eficacia de los Gobiernos democráticos, que deben legitimarse en función del éxito en la gestión de estos elementos básicos.

América Latina tiene razón en pedir a la comunidad internacional una solución distinta al problema del narcotráfico. Pero mientras llega, lo urgente es fortalecer el Estado, asegurar el funcionamiento eficaz y respetuoso de sus instituciones y vertebrar el sistema representativo de sus fuerzas políticas, en el más exquisito respeto del pluralismo político y de las libertades democráticas.

Publicado en El País, edición América. 19/09/2024

El congreso del PSOE.

Más allá de las cuestiones orgánicas, el congreso que el PSOE celebrará entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre debería servir para que su militancia pueda reflexionar y debatir sobre aspectos fundamentales del proyecto que representan estas siglas históricas. Uno de ellos, quizás el más importante en estos momentos, es el que se refiere a la estrategia política para construir el país, puesto que estamos gobernando, y a las relaciones con otras fuerzas. Desde la moción de censura y la vuelta al Gobierno en 2018, el PSOE lidera la izquierda política del país y pilota una coalición con los partidos a nuestra izquierda y con los nacionalistas abiertamente enfrentada a la derecha. Esta estrategia profundiza día a día la grieta abierta en la sociedad española entre los dos bloques políticos hasta el punto de que ya parecen irreconciliables. Todos los temas de nuestra actualidad política son utilizados para polarizar a los dos bloques.

España parece condenada a reproducir la virulencia política de tiempos trágicos de nuestro pasado. Resulta quimérico pensar en la gobernanza común de grandes temas de Estado. Sería demasiado fácil, y en parte injusto, atribuir toda la responsabilidad de este bloquismo creciente al PP y a la perturbadora presencia de la extrema derecha y del populismo en nuestro horizonte político. Muchos de nuestros discursos y de nuestras reacciones políticas alimentan esta dialéctica porque nos interesa tácticamente ubicar al PP en ese polo y condenarlo a una mayoría imposible con sus extremos. Es más, en determinadas esferas de la izquierda política española se defiende esta estrategia como la clave del futuro político del país. «Hemos sacado al PSOE del pacto constitucional, hemos superado la España de la Transición y es la hora de construir la República confederal en España», se dice abiertamente en esos círculos. A su vez, los nacionalistas insisten en «aprovechar» este tiempo para avanzar en sus respectivos proyectos (Otegi dixit).

Debo reconocer que esta estrategia fue importante para superar el riesgo del 'sorpasso' de Podemos en su día, y nos ha servido para alcanzar el poder en la moción de censura y en las sucesivas coaliciones de gobierno posteriores. Pero, al mismo tiempo, se han producido importantes limitaciones a nuestro proyecto. Hemos perdido el poder en muchas comunidades autónomas porque los pactos nacionalistas (los catalanes, principalmente) tienen costes electorales. La coalición con Podemos-Sumar ha tenido luces y sombras evidentes, y nos ha situado sociológicamente en un espacio más a la izquierda que limita nuestro crecimiento electoral en el centro. Y, por último, nuestro proyecto de país parece encaminado a ser construido sin contar con la otra mitad de nuestros conciudadanos.

Puede decirse, en consecuencia, que hemos perdido nuestra vocación de mayoría; es decir, aquella que busca ser el partido representativo de una mayoría social en todos los territorios y en todos los espacios del centro-izquierda. El partido que más se parece a España, decíamos en su día, no hace tanto, en tiempos de Zapatero. Ahora, parece que nos encaminamos a liderar y consolidar una coalición tan compleja y contradictoria como la actual en vez de buscar la mayoría electoral sobre el PP, disputando un espacio sociológico más centrado que en parte y en muchos territorios hemos perdido.

Quizás me deje llevar por la nostalgia de un tiempo pasado. Otros me dirán que estamos construyendo otra España, la llamada España plurinacional, y que tenemos que hacerla con estas fuerzas que forman la actual coalición. Pero me llena de dudas construir ese futuro con quienes no quieren compartirlo, y hacerlo frente y contra casi todas las comunidades autónomas españolas pasando por encima del partido mayoritario de España. Es más, me inquieta hacerlo bordeando o vulnerando nuestra Constitución.

Entiendo y aprecio los pasos dados en la superación del conflicto catalán. Siempre he creído inteligente y conveniente integrar nuestros nacionalismos en la gobernanza española. Pero el nuestro es un proyecto federal pactado y no una confusa y desigual confederación. Creo que el PSOE debe perfilar un liderazgo más nítido en la actual coalición y debe hacerlo recuperando las señas de un partido con vocación de mayoría. Eso implica, entre otras cosas, recuperar un sincero discurso de renovar los pactos de Estado fundamentales en la construcción del país. Pienso en las políticas migratorias, en la política exterior, en la Defensa, en Europa y, desde luego, en la política territorial y autonómica a través de una reforma pactada de nuestra Constitución que habilite los pactos financieros y de autogobierno pendientes. Puede ser que el PP se niegue a todo, pero eso le condenará a la minoría.

Publicado en El correo. 6-Septiembre-2024.