21 de julio de 2007

El piso de nuestros padres

Qué hacen nuestros mayores para subsistir con pensiones insuficientes? Malvivir. Así, sin matices. Con frecuencia olvidamos que en España, cerca de nueve millones de hogares perciben como única o básica renta una pensión, vamos a llamarla exigua. Nuestro sistema de seguridad social es deudor de unos años con cotizaciones muy bajas y de una creciente prolongación de la esperanza de vida, lo que genera millones de hogares con pensiones muy bajas para el nivel de vida de nuestros días. Añádanse las viudas, reminiscencia de una sociedad con las mujeres trabajando en el hogar, que deja a las más de dos millones de pensionistas por viudedad con el 50% de la pensión de su cónyuge fallecido.

Es ésta una buena ocasión para llamar la atención sobre la cuantía de nuestras pensiones. Empecemos recordando que más de quinientas mil personas perciben una pensión no contributiva (porque no cotizaron en su vida laboral) de aproximadamente 400 euros. Sigamos con las pensiones mínimas, así llamadas porque son complementadas por el sistema de la seguridad social hasta un mínimo de supervivencia. Son casi un millón de jubilados con una pensión que oscila entre los 450 y los 600 euros. Casi cuatrocientos mil pensionistas por incapacidad permanente cobrando entre 450 y 900 euros. Casi setecientos cincuenta mil viudas cobrando entre 450 y 500 euros. Esto es, más de dos millones de personas con pensiones mínimas en el entorno de los 600 euros. Para terminar, el resto de los pensionistas, es decir, los que cobran su pensión en función de sus cotizaciones, sin complemento alguno. Son seis millones largos de hogares en los que la pensión media no llega a 800 euros.

Todos somos conscientes de esta situación porque nuestras familias están llenas de parientes muy cercanos que están viviendo con muchísimas dificultades y un nivel de renuncias injustas para con una vida de trabajo como la que ha soportado la generación de la posguerra española. Pero es que, además de injusta, esta vida empobrecida es impropia de quienes poseen un amplio patrimonio en su vivienda que ha sido labrado con su esfuerzo y sacrificio de ahorro a lo largo de su vida activa. En la cultura de nuestros mayores parece haberse instalado la obligación de trasladar la vivienda de los padres en herencia a los hijos como la última y generosa muestra de su responsabilidad para con ellos.

Ante esta situación, se están extendiendo dos instrumentos financieros que ayudan a estas familias a rentabilizar su patrimonio inmobiliario, es decir, su vivienda. El uno es la venta del inmueble con derecho a usufructo hasta el fallecimiento del vendedor. Es frecuente ver ya, en los anuncios de venta de viviendas, agencias especializadas en valorarlos en función de la edad del vendedor-usufructuario. Es un contrato con riesgos, demasiado aleatorio y con pérdida de valor del inmueble para el propietario, aunque lo rentabilice en sus últimos años de vida.

El otro es la hipoteca inversa. Como se sabe, la hipoteca inversa es aquella que permite hacer líquido el patrimonio inmobiliario de las personas mayores y de las afectadas por dependencia severa o gran dependencia, desde el derecho del titular a vivir en su vivienda hasta su fallecimiento, percibiendo una renta previamente establecida y permitiendo a los herederos del prestatario la recuperación de la propiedad mediante el abono al banco del préstamo realizado o recibir la cuantía restante sobre el precio de la vivienda, si esa fuera su opción.

Esta figura lleva muchos años funcionando en el mundo anglosajón; muy especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. En el primero, este producto se denomina 'Lifetime mortgage' y comenzó a utilizarse, aproximadamente en 1965. En este país el límite mínimo de edad es de 60 años. Los últimos datos facilitados por el 'Council of Mortgage Lenders' cifran en unas 30.000 las hipotecas inversas suscritas en un año. En Estados Unidos la hipoteca inversa se conoce comúnmente como 'Reverse mortgage' y comenzó a desarrollarse algo más tardíamente que en Gran Bretaña, concretamente a finales de los años 80. En el país norteamericano el límite de edad es algo mayor que en Gran Bretaña (y menor que en España), estableciéndose el límite mínimo en 62 años. Según datos gubernamentales, el pasado año se contrataron más de 40.000 hipotecas inversas.

Me sorprende que este instrumento financiero tenga todavía tan poco uso en nuestro país, a pesar de que se dan claras circunstancias para su utilización, principalmente el progresivo envejecimiento de nuestra población y, tal como se decía, el gran número de pensionistas con pensiones muy bajas. El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados una reforma de la Ley 2/1981 del Mercado Hipotecario y en una disposición adicional ha regulado la llamada hipoteca inversa.

Para empezar, conviene decir que sólo pueden acceder a ella las personas mayores de 65 años y los afectados por dependencia severa o gran dependencia. Lo que la ley pretende es establecer garantías que protejan a este tipo de personas frente a los abusos o engaños, que de todo hay, producidos en una contratación compleja y sensible como ésta. Para ello establece que estas hipotecas sólo las pueden conceder las cajas, bancos y entidades aseguradoras autorizadas a operar en España; que el Ministerio de Hacienda establecerá el régimen de transparencia y comercialización de estas hipotecas; que las entidades que hagan estos préstamos deben otorgar a los solicitantes un asesoramiento independiente y que la deuda sólo será exigible por el acreedor (no por otros) y sólo cuando fallezca el beneficiario.

Por último, la ley prevé un abaratamiento sensible de estos préstamos, estableciendo que el acreedor no puede exigir compensación alguna por la cancelación, que los documentos notariales estarán exentos de la cuota gradual y que el cálculo de los honorarios notariales y registrales se hará aplicando los aranceles correspondientes a los 'documentos sin cuantía', estando exentos del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.

La hipoteca inversa permite que los herederos del titular del préstamo puedan recuperar la vivienda en el momento del fallecimiento abonando al banco todo lo que éste haya desembolsado, y si deciden no hacerlo podrán recibir la cuantía que le restara por percibir al propietario de la vivienda, sin que el acreedor pueda exigir compensación alguna por la cancelación. En el primer caso, hay que tener en cuenta que muy probablemente la vivienda se habrá revalorizado, con lo que el propietario habrá podido disfrutar en vida de una parte (o de todos) de sus ahorros mejorando considerablemente su bienestar, pero permitiendo también dejar cierto legado a sus herederos.

¿Cuál es la relación entre la hipoteca inversa y la dependencia? Tenemos dos millones de octogenarios en España y la Ley de Dependencia ha establecido un derecho de las personas dependientes (sin autonomía personal) que se financia por copago, es decir, que junto a la pensión o servicios públicos, el dependiente aportará una parte de los servicios que mejorarán su calidad de vida. Hacer líquido el valor de la vivienda a través de las hipotecas inversas ayudará a satisfacer el incremento de rentas durante los últimos años de la vida para cada vez más personas en situaciones de dependencia severa o gran dependencia, sin perjuicio, naturalmente, de que esos derechos estén garantizados para quienes no posean dichas rentas. En definitiva, la posibilidad de disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda, debe contribuir a hacer más estable el ciclo vital y vivir el final de la vida con mayor bienestar.

El Correo, 21/07/2007

18 de julio de 2007

Hablemos de salarios

En uno de los chistes de Forges de estos últimos días, un señor que lee una noticia económica de un periódico, se dirige a dos jóvenes diciéndoles: "¡Falsos: con 23.000 euros de renta per cápita y haciéndose pasar por mileuristas!". Es una de las paradojas de nuestra realidad sociolaboral. Una renta per cápita que alcanza la media europea, pero unos salarios que pierden poder adquisitivo. "La paradoja es que el sueldo real medio baja, pero todos ganan", decía Fernández Ordóñez aludiendo a algo incuestionable como es la mejora que experimentan amas de casa y jóvenes que se incorporan al mercado laboral y pasan de ganar cero euros a mileuristas o los inmigrantes que ganan el triple que en su país, aunque unos y otros reducen el salario real medio de los españoles un 4% en los últimos diez años, según ha señalado la OCDE.

Hablemos de salarios y hablemos de paradojas. ¿O deberíamos llamarlas injusticias? Nuestra boyante economía está produciendo algunos efectos contradictorios. El primero es la creciente dualización del mercado laboral. El importantísimo crecimiento del empleo en esta última década (ocho millones de empleos nuevos desde 1994, de los cuales cuatro son mujeres) ha generado una nueva "clase laboral" integrada por los trabajadores menos cualificados en los sectores económicos que más han crecido estos años: construcción, servicios, pequeño comercio, agroalimentario, etc. Junto a los inmigrantes, ese amplio colectivo laboral, está situado en niveles salariales bajísimos, separándose crecientemente de los trabajadores del conocimiento, como llama Alvin Toffler a los licenciados y trabajadores intelectuales en general.

Se consideran bajos salarios los que no alcanzan el 60% del salario medio del país. Pues bien, hoy y aquí esa cifra son 730 euros y aproximadamente dos millones y medio de nuestros trabajadores, el 12% de nuestra población ocupada, están por debajo de ese umbral. Es por eso que hasta Forges se equivoca en su denuncia llamando mileuristas a esos jóvenes ya que muchísimos de ellos no llegan a esa cifra extraordinaria. Se calcula que el 70% de los nuevos empleos de estos últimos años, son inferiores al salario promedio. Los bajos salarios no son sólo consecuencia de la baja cualificación profesional. Van también asociados a la población laboral precaria (más del 30%) y joven (seis de cada diez jóvenes son eventuales, el doble que la media de la OCDE). La precariedad impone menores niveles salariales, menor protección social y nula capacidad de denuncia a la vulneración de los derechos laborales mínimos.

Otra gran brecha salarial se está produciendo en el abanico salarial de las empresas. Ejecutivos, directivos y consejeros de las grandes compañías han multiplicado sus salarios abriendo este abanico hasta cifras inéditas. Hace veinte años un abanico de uno a diez o a veinte era relativamente normal. Hoy, sin embargo, es frecuente que los máximos directivos cobren hasta cien o doscientas veces más que el salario más bajo de la empresa. Y si añadimos salarios en especie, pólizas de seguro, fondos de pensiones y similares, ese abanico puede llegar a ser de uno a mil. Sólo el año pasado las retribuciones de los consejeros de las empresas cotizadas crecieron un 28% y la de los directivos, un 20%. Cuando se publicó hace unos meses la retribución del presidente de uno de los dos grandes bancos españoles (9'78 millones de euros, unas 500 veces el sueldo medio español, más 10 millones anuales para su fondo de pensiones) respondí a una pregunta de un periodista afirmando que tales cantidades rozaban el límite de lo moralmente aceptable. Más allá de valoraciones morales, Peter Drucker decía que un directivo que cobra veinte veces más que el trabajador de más baja categoría, sobrevalora su contribución al éxito de la empresa en oposición a la labor del más humilde de sus empleados.

Por último, interesa destacar la progresiva reducción del peso de los salarios en la renta nacional. Es un fenómeno bastante generalizado en Europa, como consecuencia de las políticas de moderación salarial y altos crecimientos de los beneficios empresariales. En España se calcula que el peso de los salarios sobre la renta total ha descendido del 54'9% en 2000 al 52'75% en 2005. Pero además debe recordarse que el peso de los salarios en Europa ronda el 64% del total de la renta, es decir, diez puntos más que en España. Por cierto, también la UE ha visto descender esa cifra estos últimos años desde el 68% al 64% citado. Dice la CEOE que los salarios no han disminuido poder adquisitivo estos últimos diez años si computamos el salario por hora trabajada. Pero aunque ese parámetro equipare IPC y evolución salarial, no ocurre así con la evolución de los beneficios, que entre 1999 y 2006 han tenido un crecimiento neto del 73% más del doble de la media de la UE (33%) y el dividendo repartido se ha incrementado en un 47%.

Hablemos de salarios y pasemos ahora de las musas al teatro. ¿Qué hacemos? Una primera medida debe ser el incremento progresivo del SMI. Este Gobierno tomó dos decisiones importantes. Desindiciar el SMI de toda una serie de referencias extrasalariales: pensiones, vivienda, becas, etc., y subirlo a 600 euros. Habrá que asumir, que el empleo de baja cualificación es más dependiente de esta medida gubernamental que de la negociación colectiva y por tanto habrá que incluir en él una mayor población laboral. Acercar el SMI al 60% de la media salarial española debe ser el objetivo de la próxima legislatura, es decir, 750 euros al mes. A su vez la negociación colectiva debe plantearse el objetivo de los 1.000 euros como salario mínimo en todos los sectores de actividad.

Sería también muy recomendable una congelación de los salarios directivos y una rebaja de los ingresos de consejeros y altos ejecutivos en general. Las autoridades económicas y los expertos de todo tipo y condición, no dejan de reiterar la necesidad de moderar los aumentos salariales y ajustarlos a los incrementos de productividad. No puedo estar más de acuerdo con esta recomendación, pero ¿no deberían ser los máximos directivos de las compañías quienes dieran ese ejemplo en vez de hacer todo lo contrario?

Por último, ¿para cuándo la progresiva participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas? En los tiempos de la flexibilidad laboral y de la moderación salarial, una nueva bandera de los trabajadores deberá ser la participación progresiva en los resultados económicos de las empresas. Una vez más, esa participación no puede corresponder sólo a los ejecutivos de las empresas. Hay que generalizarla y democratizarla en beneficio de todos.

2 de julio de 2007

El relato

No hay proyecto político que pueda ser percibido por una mayoría de ciudadanos sin un relato que lo describa, que lo sitúe en un tiempo concreto, en un universo conocido y lo haga así accesible y comprensible. No hay política sin una crónica de los hechos que la construyen, sin una memoria que sistematiza e informa los acontecimientos y, sobre todo, los explica en un contexto de circunstancias y razones. A los gobiernos los juzga una opinión pública que acaba seleccionando unos determinados hechos -desgraciadamente muy pocos- que, aislados entre sí, pueden resultar inexplicables o hasta contradictorios. Pero si se inscriben en una narración coherente, articulada, armoniosa para con un proyecto o programa o ideario, entonces sí, entonces configuran un relato político que se percibe como una obra global, como un proyecto ideológico, al margen, naturalmente, de su mayor o menor aceptación ciudadana.

Una mirada a nuestro reciente pasado nos permite identificar claramente el relato de finales de los setenta, cuyos perfiles fueron, inequívocamente, los que describieron la arquitectura democrática de nuestra Transición. Desde el pacto reconciliatorio después de la dictadura, hasta la Constitución. Desde los Pactos de La Moncloa para salvar la economía, hasta los nuevos estatutos de autonomía que iniciaban la andadura de la España autonómica. Tampoco es difícil identificar el relato de los gobiernos de Felipe González. La consolidación democrática después del golpe del 81, la valiente y costosa reconversión industrial que inició la modernización de un obsoleto aparato productivo, la incorporación a la UE en 1986 y la formalización legal y económica de un Estado del Bienestar sustentado en la universalización de la sanidad y la educación y en la consolidación del sistema de Seguridad Social. También los ocho años de gobierno del PP puedan describirse -bajo esta visión intencionadamente constructiva- desde el prisma del éxito económico de nuestro país. El crecimiento sostenido de nuestra economía y la reducción del desempleo, la entrada en el euro y el saneamiento de las cuentas públicas permitieron aquel famoso «España va bien» que gustaba decir al presidente Aznar.

Comprendo que muchos pensarán que tales relatos son una simplificación exagerada de tiempos muchísimo más prolijos y complejos, pero para eso ya están los libros de Historia o la memoria de ustedes. Porque lo que motiva tan exhaustiva referencia al pasado y al relato político como concepto es que me gustaría trasladarles en estas pocas líneas el relato político de este Gobierno. Ah, pero ¿hay relato?, se preguntarán muchos. ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Cuáles sus características? Quizás aquí radique uno de los principales defectos de estos primeros años del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Porque, aunque es verdad que son necesarios los años para que se asienten los perfiles del relato, como ocurrió, por ejemplo, con los gobiernos de Felipe González, porque sólo a finales de los ochenta cuajó su idea modernizadora y europeísta de España, en esta ocasión se echa en falta un discurso contextualizador y motivador de sus iniciativas y de sus decisiones más importantes. Sin él, no hay relato, no hay memoria colectiva de sus logros.

Sin duda, dos de los grandes parámetros del relato de este Gobierno vienen marcados por dos temas poliédricos y polémicos, como son la política autonómica y la búsqueda del final de ETA. Son dos temas inacabados desde nuestra transición democrática y me temo que no estamos todavía en condiciones de evaluar plenamente su gestión, porque sobre ambos penden incógnitas y decisiones que todavía no se han producido. La brevedad de estas líneas no me permite un análisis más profundo de dos cuestiones que han sido y son ampliamente tratadas y sobre las que el lector tiene opinión formada. Me limitaré a recordar que los desastres anunciados por la oposición ('España se rompe y España se rinde') han quedado reducidos a meros anuncios, tan catastrofistas como infundados. Me interesa más destacar un gran número de iniciativas, significativas en sí mismas pero devaluadas por la ausencia de un eje ideológico que las vertebre en un discurso político del Gobierno y del partido que lo sustenta.

Y, sin embargo, hay argumentos para construir el relato. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la actitud política a favor del diálogo. Ya sea con los presidentes de las comunidades autónomas, con los sindicatos, con los empresarios, con la Iglesia y hasta con los manifestantes. O la propuesta de Alianza de Civilizaciones y el discurso de la solidaridad con el subdesarrollo, especialmente volcado a la cooperación, hasta el punto de denominar así a nuestro tradicional Ministerio de Asuntos Exteriores. O el mensaje de rabioso europeísmo, cargado de ambición y compromiso, con una convocatoria de referéndum constitucional, tan atrevida como frustrada luego por los fracasos francés y holandés. O las muestras evidentes de un compromiso feminista, volcado en la igualdad de géneros y en la lucha contra la violencia machista. O quizás el más importante: la retirada de las tropas de Irak para cumplir un mandato electoral y hacer útil el voto ciudadano. Iniciativas todas ellas muy estimables, aunque desprovistas de una percha ideológica común.

Otro de sus parámetros es el éxito económico y la política social. Zapatero (y Solbes, todo hay que decirlo) han roto el mito de que la derecha gobierna mejor la economía y que la izquierda sólo sabe repartir (y mal, añaden los más conspicuos antisocialistas). Más allá de la influencia de las políticas públicas en la marcha de la economía real, todos los cuadros comparativos que se quieran hacer con los mejores años de los gobiernos anteriores muestran que el crecimiento es mejor, con más creación de empleo y menos temporalidad, con mejoras, todavía incipientes, en la productividad y con unas cuentas públicas realmente envidiables. Con este cuadro macroeconómico tan favorable, los presupuestos públicos están mostrando una orientación social incuestionable: mejora de la financiación de la sanidad pública, establecimiento de un nuevo servicio público universal para las personas dependientes, mejora de un 25% a los tres millones de pensiones mínimas, elevación a 600 euros del salario mínimo y otras muchas políticas sociales en vivienda, becas educativas, etcétera.

Por último, otro gran pilar de ese relato es la extensión de derechos de ciudadanía. Realmente aquí pueden englobarse un buen número de reformas legales de singular y notable importancia, que afectan a millones de españoles y que configuran una concepción moderna y liberal de nuestra sociedad. Se ha reformado el divorcio para hacerlo más ágil y sin causa. Se ha regulado el matrimonio de los homosexuales. Se ha ampliado la condición de españoles a los nietos de nuestros viejos emigrantes. Se ha regularizado a los inmigrantes por su condición laboral. Se ha establecido un nuevo derecho a nuestros mayores dependientes y a quienes carecen de autonomía personal. Se ha avanzado notablemente en los derechos de las mujeres a través de la Ley de Igualdad (derechos de participación política y de carrera profesional especialmente). Se han establecido nuevos derechos para los trabajadores autónomos y se ha fijado un marco de protección cuasilaboral para los autónomos dependientes (autónomos que trabajan mayoritariamente para una sola empresa). Así podríamos seguir. Nuevos derechos para los consumidores, para los investigadores, para los mayores que suscriben una 'hipoteca inversa', etcétera. No ha habido en los treinta años de democracia española un periodo tan fecundo de leyes y con tan profundo sentido social.

Hay, pues, una política de fondo en todas esas acciones. Hay una búsqueda de justicia y de progreso en esas iniciativas. Hay una gestión honrada de la confianza popular y una aspiración expresa de pacto con una ciudadanía en gran parte nueva, como consecuencia de los grandes cambios sociológicos y económicos del cambio de siglo. Quizás debiéramos concluir diciendo que el perfil más acusado de este Gobierno sea precisamente eso que el propio Zapatero llamó «socialismo de los ciudadanos» y que definió en su día como una «profundización de la democracia».

2/07/2007

1 de julio de 2007

La Responsabilidad Social: una nueva dimensión de las empresas.

Ya nadie discute que las empresas deben ser socialmente responsables. Las teorías neoliberales que excluyen esta dimensión empresarial han quedado superadas por la realidad. Hasta la compañía más orgullosa de sus componentes antisociales, volcada al beneficio y a la pelea feroz por los costes, como Wal-Mart, ha aprendido la lección.

Hoy lo que se discute es el contenido de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE),su traslación a los proveedores –cada vez más numerosos en la economía de la externalización–,la forma de reporte o de información transparente y veraz de la triple memoria de las compañías, los sistemas de verificación de esa información,etcétera. Hoy se discute cuál debe ser el papel de las políticas públicas para el fomento de esta nueva cultura empresarial. Hoy se discute cómo se multiplica la eficacia de la acción social empresarial en países en desarrollo, a través de nuevas alianzas públicoprivadas de las empresas, las ONG y los gobiernos locales.

Hoy se discute sobre las exigencias internas y externas de la RSE, concebida como una línea estratégica de la empresa.
La RSE ha venido para quedarse. Obedece a poderosas y sólidas razones que impulsan una renovación conceptual profunda del ser de la empresa en la nueva sociedad, de sus funciones y de sus responsabilidades para con ella.
Nadie pretende que sustituyan al Estado, pero tampoco aceptamos que el libre mercado y la competencia sean las únicas fuerzas que modelen la sociedad resultante. Queremos que la empresa contribuya a un modelo de desarrollo y crecimiento sostenibles y por eso queremos que cumpla un papel de creciente responsabilidad en el hábitat social,laboral y medioambiental generado por sus actividades.


Revista:RSC de LibertySeguros
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Foto: SANTOS CIRILO
Videos: PARLAMENTO EUROPEO.