Al pensar en la complejidad de la cadena de producción por la que pasa cada prenda hasta llegar a los escaparates, parece difícil creer que hoy compremos un 60% más de artículos que hace tan sólo 15 años. Este aumento del consumo tan solo puede explicarse por un descenso vertiginoso de los precios de las prendas, pero ¿son esos sus precios reales? y, si no lo son ¿quién está pagando el precio real de la ropa con que nos vestimos?
Hoy conmemoramos el aniversario de la catástrofe de Rana Plaza, en la que hace cinco años murieron 1134 personas en el derrumbe de un edificio de talleres textiles en Bangladesh. En la fábrica se producían prendas que serían más tarde vendidas por marcas internacionales en todo el mundo; entre ellas el Corte Inglés, Mango, o Inditex. El desastre supuso para muchos un despertar: sólo ajustando cada céntimo se consiguen los precios -y los beneficios- de una industria como la de la “fast fashion”; y ajustar cada céntimo es un eufemismo que enmascara más horas extra, aguantar unos meses más antes de cambiar una escalera de incendios oxidada, o ahorrar unos días en las jornadas de formación sobre el trabajo con productos químicos peligrosos.
En efecto, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta tras la del petróleo y la que mayor número de niños trabajadores explota. ¿Son todas las empresas de la industria textil culpables de ello? Evidentemente no, pero datos agregados tan escalofriantes no pueden esconder sino verdades incómodas. Y es la responsabilidad de los poderes públicos atajar un problema de cuya solución depende la vida de millones de personas y la confianza de los consumidores europeos que quieren poder comprar artículos con la tranquilidad de que ninguno de ellos ha sido cosido con trabajo esclavo o pagado con sangre.
El año pasado el Parlamento Europeo dio un paso adelante decisivo con la aprobación de una Resolución sobre el sector de la confección (2016/2140(INI)) en que pedía a la Comisión Europea una propuesta legislativa. El Parlamento expresó una posición clara: las iniciativas de empresas que, voluntariamente, deciden actuar de forma más responsable son loables, pero insuficientes. Deben ser complementadas con una iniciativa legislativa que exija a las empresas procedimientos de obligado cumplimiento y que tenga capacidad de establecer responsabilidades para las que no los respeten en una justicia extraterritorial. La comunidad internacional está negociando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra la elaboración de una Norma internacional obligatoria que asegure el cumplimiento de los derechos humanos a través de su protección, su respeto y su reparación en todo el mundo. Esa es también nuestra exigencia.
Ha pasado un año y la Comisión no ha avanzado aún hacia la elaboración de esta legislación, pero muchos eurodiputados seguimos insistiendo en la urgencia de ello. No podemos seguir de brazos cruzados lamentándonos de que “estas sean las reglas del juego en el mundo globalizado”. La globalización es un hecho y es nuestra responsabilidad adaptar la legislación europea e internacional a este nuevo contexto. Es un derecho para los consumidores, que merecen que nadie les haga cómplices de estos hechos; para las pequeñas empresas que quieren reglas claras y una justa competencia para todos; y, sobre todo, para las víctimas, porque otro Rana Plaza no debe repetirse. Porque entre todos tenemos que evitar la explotación y la esclavitud laboral y la vulneración de las normas internaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los derechos humanos.
Lola Sánchez Caldentey y Ramón Jáuregui son eurodiputados y coanfitriones de una exposición de las fotografías de la bangladesí Taslima Akhter que se inaugura este martes, 24 de abril, en el Parlamento Europeo. En ellas se muestra la urgencia de atajar las violaciones de derechos humanos en el sector textil.
Escrito conjuntamente para eldiario.es , 24/04/2018
Hoy conmemoramos el aniversario de la catástrofe de Rana Plaza, en la que hace cinco años murieron 1134 personas en el derrumbe de un edificio de talleres textiles en Bangladesh. En la fábrica se producían prendas que serían más tarde vendidas por marcas internacionales en todo el mundo; entre ellas el Corte Inglés, Mango, o Inditex. El desastre supuso para muchos un despertar: sólo ajustando cada céntimo se consiguen los precios -y los beneficios- de una industria como la de la “fast fashion”; y ajustar cada céntimo es un eufemismo que enmascara más horas extra, aguantar unos meses más antes de cambiar una escalera de incendios oxidada, o ahorrar unos días en las jornadas de formación sobre el trabajo con productos químicos peligrosos.
En efecto, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta tras la del petróleo y la que mayor número de niños trabajadores explota. ¿Son todas las empresas de la industria textil culpables de ello? Evidentemente no, pero datos agregados tan escalofriantes no pueden esconder sino verdades incómodas. Y es la responsabilidad de los poderes públicos atajar un problema de cuya solución depende la vida de millones de personas y la confianza de los consumidores europeos que quieren poder comprar artículos con la tranquilidad de que ninguno de ellos ha sido cosido con trabajo esclavo o pagado con sangre.
El año pasado el Parlamento Europeo dio un paso adelante decisivo con la aprobación de una Resolución sobre el sector de la confección (2016/2140(INI)) en que pedía a la Comisión Europea una propuesta legislativa. El Parlamento expresó una posición clara: las iniciativas de empresas que, voluntariamente, deciden actuar de forma más responsable son loables, pero insuficientes. Deben ser complementadas con una iniciativa legislativa que exija a las empresas procedimientos de obligado cumplimiento y que tenga capacidad de establecer responsabilidades para las que no los respeten en una justicia extraterritorial. La comunidad internacional está negociando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra la elaboración de una Norma internacional obligatoria que asegure el cumplimiento de los derechos humanos a través de su protección, su respeto y su reparación en todo el mundo. Esa es también nuestra exigencia.
Ha pasado un año y la Comisión no ha avanzado aún hacia la elaboración de esta legislación, pero muchos eurodiputados seguimos insistiendo en la urgencia de ello. No podemos seguir de brazos cruzados lamentándonos de que “estas sean las reglas del juego en el mundo globalizado”. La globalización es un hecho y es nuestra responsabilidad adaptar la legislación europea e internacional a este nuevo contexto. Es un derecho para los consumidores, que merecen que nadie les haga cómplices de estos hechos; para las pequeñas empresas que quieren reglas claras y una justa competencia para todos; y, sobre todo, para las víctimas, porque otro Rana Plaza no debe repetirse. Porque entre todos tenemos que evitar la explotación y la esclavitud laboral y la vulneración de las normas internaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los derechos humanos.
Lola Sánchez Caldentey y Ramón Jáuregui son eurodiputados y coanfitriones de una exposición de las fotografías de la bangladesí Taslima Akhter que se inaugura este martes, 24 de abril, en el Parlamento Europeo. En ellas se muestra la urgencia de atajar las violaciones de derechos humanos en el sector textil.
Escrito conjuntamente para eldiario.es , 24/04/2018