22 de septiembre de 2017

Décima Asamblea Eurolat en El Salvador


  
El Salvador ha acogido del 18 al 22 de septiembre la Décima Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), un encuentro entre legisladores de Europa y América Latina, donde también ha participado la sociedad civil.

EuroLat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional y se está formada por 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano, incluidos los entes regionales como el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), el Parlamento Andino (PARLANDINO), el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el Parlamento del Mercosur (PARLASUR).

El miércoles 20 de septiembre se inauguró la Décima Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en el Salón Azul del Legislativo salvadoreño.

Desde el pasado lunes, han trabajado las comisiones permanentes del ente birregional sobre temas como la lucha contra el crimen organizado y terrorismo, derechos humanos, economía, medio ambiente, desarrollo sostenible, cooperación, derechos de las mujeres, entre otros.

Durante el acto solemne, intervinieron: el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador: el diputado Guillermo Gallegos, el copresidente de EuroLat por el componente europeo: diputado Ramón Jáuregui, el copresidente por el componente latinoamericano, senador Roberto Requião, la presidenta del Parlamento Centroamericano, Priscilla de Miró, y el secretario técnico de presidencia, Roberto Lorenzana, en representación del presidente de la República de El Salvador.
 


 
 






Posteriormente se realizó una rueda de prensa de los dos Copresidentes, Ramón Jáuregui y Roberto Requião.
 


La Décima Sesión Plenaria de EuroLat concluyó el jueves 22 coordinada por el copresidente de por el componente europeo Ramón Jáuregui.
Intervinieron en la clausura también: el copresidente por el componente latinoamericano, senador Roberto Requião y la Secretaria General de (SEGIB)  Rebeca Grynspan.
 


 
 
 




Fuente: Asamblea Legislativa

13 de septiembre de 2017

Buenos Propósitos.

 
Hace un año, en el debate sobre el estado de la Unión, Juncker dijo que Europa vivía una crisis existencial. Hasta ese punto llegaba el pesimismo europeo. La crisis económica, el brexit, el fracaso migratorio, la amenaza populista antieuropea de la extrema derecha en Francia y Holanda... Era un panorama aterrador que llevó a Juncker a expresar con una crudeza inusitada sus dudas sobre Europa.
 
 Hoy hemos escuchado el discurso antagónico. La Europa del futuro ha iniciado un nuevo rumbo. Ese podría ser su titular destacado. Quiere más Europa, con más democracia y mejor arquitectura institucional. Los vientos optimistas de una economía que crece han llevado a Juncker a proponer una Europa que fortalece su moneda y amplía su mercado interior, que se expande comercialmente al resto del mundo, que fortalece su defensa militar y coordina sus fuerzas policiales contra el terrorismo, que apuesta por la innovación en la industria europea, que lidera la lucha contra el cambio climático, que crea una Agenda Digital para la batalla del futuro... Mil planes, mil proyectos, cargados de un futuro dibujado sobre la vieja idea federalista de más y mejor Europa. ¡Bien!
 
Qué pena que ha faltado una mirada más introspectiva y crítica sobre la Europa social. Sobre el desempleo de los jóvenes, sobre su precariedad y bajos salarios. Qué pena que no se hayan producido anuncios para fortalecer el pilar social que reivindica un salario mínimo digno en la UE, una política de apoyo al empleo de los jóvenes, un seguro de desempleo europeo... Esa Europa también está por hacer y ese es nuestro compromiso. Queremos más y mejor Europa, pero queremos una Europa con alma social.

 
Publicado en 20 minutos.es
 

12 de septiembre de 2017

Intervención Sesión Plenaria 12/09/17.

Relaciones políticas de la Unión Europea con América Latina (debate)



Intervención Pleno 12/9/17 y Declaraciones Venezuela.

Latin America and the Caribbean is a crucial partner of the European Union, and this is why the European Parliament will vote tomorrow on a report which calls for further strengthening of our co-operation with the region.




 
 

Intervención Sesión Plenaria Estrasburgo. 12/09/2017.Debate sobre Situación de Venezuela.




 
 
 
Nota de Prensa.

7 de septiembre de 2017

Declaraciones sobre Cataluña. EuroEFE.

 Bruselas (EuroEFE) .- El eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui ha dicho este jueves sobre la situación en Cataluña que "en Europa todo el mundo entiende que es una cuestión interna y que la Constitución española no permite el referéndum".

En declaraciones a un grupo de periodistas, el exministro socialista afirmó que la posición oficial de las instituciones comunitarias y los grandes grupos políticos en la Eurocámara pasa por "aceptar que la Constitución no permite referéndum unilateral de independencia", así como por comprender que "lo que le corresponde decidir a todos, no lo pueden elegir solo algunos".

Según el eurodiputado, existe además "unanimidad" y "comprensión total" en "aceptar que España está aplicando la ley".

Asimismo, destacó que "no hay sostenibilidad en el proyecto" de los independentistas catalanes "y su pretensión de que un nuevo Estado pueda quedarse en la UE".

Jáuregui dijo demandar "un diálogo político para encauzar la situación", lo que bautizó como "un nuevo pacto de España con Cataluña".

Este miércoles tuvo lugar la aprobación en el Parlamento catalán de la ley del referéndum y la firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Cataluña y Europa.

 Ningún proyecto político puede concebirse sin tener a Europa como referencia. Tampoco el de la independencia para Cataluña. Por eso me parece interesante traer aquí los puntos de vista europeos, respecto al tema catalán, y las expectativas jurídicas y políticas que suscita aquí, en Bruselas, ese proyecto.
La primera consideración es la que sitúa el problema en el ámbito estrictamente interno de la política española. Las instituciones europeas se remiten a la legalidad española y a sus marcos políticos y están y estarán con el Estado en todo caso y en todo momento. El socio del club es España y todas las autoridades e instituciones europeas van a apoyar al Gobierno de España en el manejo de la crisis. A los hechos me remito. Cada vez que Barroso o Junker, Van Rompuy o Tusk, Macron o Merkel han hablado sobre el tema, han dejado bien claro su apoyo al Gobierno del Estado, a la legalidad y tribunales españoles y han ido incluso mucho más allá anunciando que no hay sitio en Europa para las regiones desmembradas.
Un segundo plano del debate es el que se refiere a la opinión política que suscita en Bruselas el referéndum anunciado por el Gobierno de la Generalitat. Ésta es una cuestión más controvertida porque hay numerosos círculos políticos tanto en los partidos europeos como entre dirigentes, diputados, think tanks, etc. que reclaman la aceptación y regulación pactada del referéndum como solución política al problema catalán. Influye, y mucho, la celebración del referéndum escocés y ciertas tentaciones de democracia directa, presentes en bastantes movimientos políticos de los últimos tiempos. Creo que en esa pregunta primaria y simple de: ¿por qué no les dejáis votar?, que escuchamos a veces, se esconde un desconocimiento serio de las implicaciones jurídicas y políticas de la realidad española. Pero lo cierto es que este es el punto más fuerte del nacionalismo catalán en su campaña europea que a menudo sobrepasa la racionalidad y la cordura pretendiendo situar a España fuera de la democracia y el Estado de derecho.
Frente a ellos, los círculos más institucionales, de cultura política más constitucionalista, más germánica, procedente de países muy sólidos: Francia, Alemania, Italia, etc. defienden ‘la superioridad democrática’ de la ley y de las normas que regulan la convivencia política. Argumentan para ello que si la Constitución española no permite el referéndum de una parte para decidir sobre el todo, este no puede celebrarse y les basta como argumento de referencia las sentencias de los tribunales constitucionales de Alemania e Italia, que en los dos últimos años, han dictado sendas y contundentes sentencias rechazando referéndums semejantes en Baviera y Véneto, respectivamente, con el simple razonamiento de que no caben en la Constitución.
Pero, más allá de la legalidad y del referéndum, la cuestión de fondo, es decir, la posibilidad de que regiones o naciones internas de los actuales estados pretendan nuevos estados europeos y se susciten movimientos independentistas rememorando la multinacionalidad europea anterior a la primera gran guerra, es algo que preocupa profundamente en esta Europa de hoy. Tanto en el Este como en el Oeste. Tanto en el Norte como en el Sur. Nadie quiere que el tema catalán, junto al escocés, sean precursores de un movimiento disgregador, despertando viejas querellas de pueblos vecinos, renovando agravios históricos irresolubles y confundiendo los grandes retos del futuro europeo con reivindicaciones localistas de corto recorrido.
Ninguna cancillería europea desea ni favorecerá la desmembración de unos de los estados de la Unión y la generación consecuente de un nuevo estado europeo llamando a la puerta del club para integrarse en la Unión. Ya somos muchos, quizás demasiados, y la gestión de esta Europa a 28 se está haciendo cada vez más compleja ante la heterogeneidad política que viene mostrando el Este frente al Oeste europeo, y la conflictividad de intereses que la crisis económica ha puesto de manifiesto entre el Norte y el Sur de Europa. Y no olvidemos que aunque Reino Unido se vaya, Ucrania y los países de las Balcanes están esperando entrar al único gran espacio político y económico en el que pueden progresar.
Ese escenario, altamente improbable, generaría además una conflictividad interna que nadie quiere, porque vendría acompañada del veto español a la entrada de un estado unilateralmente declarado e ilegalmente separado de un estado-miembro. No hace falta añadir que el veto de España, aunque suficiente por sí solo, estaría acompañado por el de la mayoría de los estados europeos, yo diría que por la totalidad de ellos, porque estas emulaciones serían peligrosas para todos.
De manera que no entra en mi cabeza la persistencia de un proyecto independentista sin futuro en Europa. La transición jurídica a la República Catalana será imposible en España, pero es inimaginable fuera de Europa. Sin moneda europea, sin presencia institucional en el mundo, sin participar de las grandes políticas europeas de comercio, investigación, etc.; sin coordinar los grandes servicios públicos en sanidad o seguridad, sin soporte financiero ni lugar en el mercado único... Es como flotar en el vacío, como una chatarra espacial, perdida en el infinito de la ingravidez, es decir, de la nada.
Condenado a perpetuidad a la exclusión del proyecto europeo, ningún país es sostenible.
Publicado para El Correo, 7 Septiembre 2017.

16 de agosto de 2017

Una revolución frustrada.

 
Conozco lo que está ocurriendo en Venezuela. He estado allí presidiendo una delegación del Parlamento Europeo. Mantengo contactos frecuentes con la oposición y también con el Gobierno y con representantes chavistas. Estoy informado de las mediaciones internacionales y de las gestiones de países de la región para encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis. Mi pronóstico es pesimista. Al enfrentamiento entre dos legitimidades democráticas producidas por las elecciones presidenciales que ganó Maduro en 2013 y por las legislativas de 2015 que ganó la MUD (la oposición unida en una plataforma antigubernamental) se ha sumado ahora un nuevo conflicto institucional entre la Asamblea Nacional (el poder legislativo natural) y la Asamblea Constituyente, elegida el pasado 30 de julio e instalada físicamente en el mismo edificio que el Parlamento.

Es un enfrentamiento a muerte y desgraciadamente no es un eufemismo. Es más, la crisis parece irrefrenable si hacemos caso a los que piensan que el chavismo no aceptará la alternancia democrática, basando tan grave acusación en que su nomenclatura, es decir, los miles de dirigentes de ese partido-movimiento temen la cárcel o el exilio si la oposición toma el poder. Es por eso que estamos asistiendo a un conjunto de argucias antidemocráticas como la convocatoria de una Asamblea Constituyente que viola en fondo y forma las reglas electorales y a una represión sistemática y masiva de la oposición y de las libertades. Con la bandera de su revolución bolivariana como estandarte, el chavismo va camino de negar la alternancia democrática y dejar el país a expensas de cualquier golpe mientras el pueblo se hunde en la miseria.

Pero, ¿de qué revolución hablamos? Hubo una revolución con Chávez cuando el barril del petróleo cotizaba a 140 dólares que permitió una política social expansiva en los barrios pobres y a la población desfavorecida. Quienes habían estado marginados por décadas en un país tan rico como desigual se hicieron chavistas de por vida. Pero fue una revolución de corto recorrido, bienintencionada, pero de cartón-piedra. No era sólida, era populista, como se dice ahora. La verdadera revolución debiera haber sido estructural para modernizar el país, para renovar su aparato productivo, para crear estructuras económicas diversificadas al petróleo, para consolidar su sistema fiscal y mejorar sus ingresos; para mejorar el nivel educativo de su población, para hacer más fuerte al Estado y a sus servicios básicos, la educación, la sanidad, etc. Siempre he creído que la revolución pendiente en América Latina era más democracia y más igualdad social, es decir, más socialdemocracia que comunismo.
Por eso, cuando el barril cayó a 40 dólares hace ya unos años, la revolución se hundió y el país entró en bancarrota con una inflación galopante y una serie de decisiones del Gobierno de Maduro cada vez más equivocadas hasta el punto de hacer necesario hoy un durísimo plan de estabilización de cerca de 100.000 millones de dólares de ayuda que solo se la prestarán organismos internacionales cuando se articule la salida política democrática.
¿Puede hablarse seriamente de revolución cuando la población malvive, faltan alimentos y medicinas y casi medio millón de venezolanos pasan la frontera colombiana todos los días para comprarlos? ¿Qué revolución es la que obliga a llevar bolsas de billetes a comprar el pan con una inflación de 4 dígitos al año, y que como bien sabemos afecta y empobrece a los más pobres?

El otro gran fracaso de esa revolución es su tentación antidemocrática y su recurso a la represión de las libertades. La izquierda no puede construir su proyecto en dictadura. Es un antagonismo insostenible, no hay socialismo sin libertad. Envolverse en la bandera de la patria y de la revolución para negar las libertades y evitar la alternancia democrática es un recurso inadmisible y falsario. Acusar a la oposición de «derecha traidora», cuando ente los 28 partidos que la componen hay un abanico ideológico que va desde la extrema izquierda a la derecha tradicional, es pura demagogia. Encarcelar a alcaldes, líderes de la oposición, y centenares de manifestantes, es abuso de poder e intolerancia a la libertad. Es negar la posibilidad de que un día el pueblo te eche.

Hoy el régimen está blindado por los militares. Hemos censurado las dictaduras militaristas de derechas en múltiples países y ocasiones. Pero cuando los militares sostienen un régimen supuestamente de izquierdas y ejercen la represión sobre el pueblo, no son menos censurables ni menos dictaduras.

Solo hay una salida para Venezuela. Se llama democracia. Es decir, que el pueblo hable. Eso supone que un pacto entre gobierno y oposición, facilitado y garantizado por una mediación internacional, probablemente de los países de América Latina, cuyo contenido principal sea un calendario electoral para celebrar las elecciones locales, regionales, y presidenciales en los próximos meses. Supone también que no haya procesos penales al pasado y que todos los partidos con todos sus líderes en libertad, puedan concurrir a elecciones con observación internacional. Además, Venezuela necesita ayuda humanitaria internacional y un urgente plan de estabilización económica que ponga en orden su macroeconomía. Mientras, nosotros debemos acoger y regularizar en España a los más de 5.000 jóvenes venezolanos que huyeron de aquel país sin futuro y que nos piden el mismo trato que Venezuela dio a cientos de miles de españoles a lo largo del siglo XX, especialmente después de la Guerra Civil del 36.
 
Publicado para El Correo, 15/08/2017.

31 de julio de 2017

Nota prensa. Elecciones Venezuela.

 Nota de Prensa, 31/07/2017

El copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Ramón Jáuregui, ha pedido a Nicolás Maduro que “suspenda el encargo de elaborar una nueva Constitución a una Asamblea ilegítima que representa solo a una parte del pueblo venezolano. Es ilegítima porque no había mandato popular para elaborar una nueva Constitución y porque su composición no respeta los principios democráticos de voto individual, libre, directo, secreto y universal. Además, una parte de los elegidos procede de unos sectores sociales cuyo censo es sospechoso de haber sido manipulado por el Gobierno”.

“No se puede elaborar una Constitución contra la mitad del pueblo, como mínimo, asegura Jáuregui. Una Constitución es un pacto de convivencia. Esas son las reglas básicas de la democracia y de las libertades de un país, y solo un amplio consenso, muy mayoritario, puede establecer ese marco fundamental de vida social”.

“Como copresidente de Eurolat pido al presidente Maduro que no encargue a la Asamblea elegida ayer la elaboración de una nueva Constitución, que mantenga los poderes de la Asamblea Nacional y que pacte con la oposición un calendario electoral para las elecciones locales, provinciales y generales”, ha manifestado.

Jáuregui ha recordado la declaración firmada el pasado 11 de julio por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David MacAllister; el presidente de la Delegación para las Relaciones con Mercosur, Francisco Assis; y él mismo: “Tal y como acordamos en nuestra declaración, pido a la UE y a su Alta Representante que no reconozca a esta Asamblea Constituyente, fruto de un proceso ilegitimo y no representativo, y fuente de un conflicto de poderes seguro y peligroso. Le pido igualmente que siga trabajando por un gran acuerdo nacional de Gobierno y oposición, que permita pactar un calendario electoral y dar salidas democráticas y pacíficas a la grave situación venezolana”.

16 de julio de 2017

Paz y Presos.

 Hubo un tiempo en que la sociedad y la política vascas creyeron que «paz por presos» era una ecuación razonable. Al mismo tiempo, se negaban tajantemente concesiones políticas a la violencia. Se decía: «La política no es negociable con las armas, pero si las abandonáis seremos generosos». Más o menos ese era el esquema filosófico de nuestra estrategia en los 80, bien reflejada en el propio pacto de Ajuria Enea.

Eran tiempos de desesperanza en que el final fuera posible. Durante muchos años, vivimos esos sentimientos de dificultad para salir de aquel túnel horrible. Estos días en que conmemoramos los treinta años de Hipercor y Zaragoza y los veinte de M. A. Blanco, recordaba este razonamiento para valorar, -nunca lo haremos suficientemente- la extraordinaria victoria de la democracia sobre el terror. Nadie puede cuestionar que el final de ETA ha sido limpio, democrático, irreversible, «para siempre» como rezaban las pancartas que tantas veces, tantos años, portábamos las fuerzas democráticas.

Pronto hará seis años que ETA asumió el fin del terrorismo y desde entonces nada ha puesto en duda esa decisión. Por el contrario, a lo largo de estos años han ido confirmando su voluntad de abandonar las armas, a través de una serie de anuncios y actos que hacen más creíble todavía la realidad de la paz en la que vivimos, al margen de la ampulosa liturgia en la que los han envuelto. La localización de sus zulos, los actos de reconocimiento del daño causado y de reconocimiento y petición de perdón a las víctimas y la disolución del Comité Internacional para la Verificación son los últimos gestos que acreditan esa decisión. Sin duda, queda algo muy importante por hacer: disolver la organización armada y encauzar a la política sus causas. Esta solemne decisión no la han tomado y en mi opinión, es condición necesaria para un tratamiento penitenciario diferente de sus presos.

«De ninguna manera», dijo el Ministro de Justicia hace unos días en Santander para cerrar el debate sobre la posibilidad de cambiar la política penitenciaria. No obstante, conviene recordar que la dispersión se basaba en la necesidad de desarticular a la banda también en las prisiones, porque estaba comprobada su influencia en la continuidad de las acciones terroristas, incluso a veces exigiendo desde ellas más asesinatos. Pero sin violencia y con la mayoría de los presos en fase de reinserción social, no hay razón para la dispersión en cárceles alejadas de sus familias. Esto no quiere decir que haya que traer y juntar a los presos de ETA en las cárceles del País Vasco. Seguirá habiendo fuertes razones para mantener aislados y alejados a presos con nulas intenciones de reinserción o con peligrosas actitudes en favor de la violencia. Pero una gran mayoría de presos de ETA puede y debe acercarse a cárceles vascas y evitar así sufrimientos paralelos a sus familias.

También puede flexibilizarse el régimen de cumplimiento de las condenas a aquellos presos cuya voluntad de reinserción social es evidente y por lo que sabemos, son mayoría. Cosa por otra parte muy comprensible y razonable cuando se arrastran decenas de años en la cárcel. Los permisos temporales, la prisión condicional y otras fórmulas de cumplimiento de las penas más favorables están pensadas para la reinserción precisamente. También se puede y se debe facilitar el cumplimiento de las penas en arresto domiciliario cuando la enfermedad grave del preso lo aconseje.

En septiembre, la mayoría de presos de ETA van a solicitar a los jueces de vigilancia penitenciaria la aplicación de este tipo de medidas. Esto significa que los presos, previamente aceptan la legalidad, renuncian a la militancia en la organización terrorista, rechazan los delitos cometidos y asumen compromisos para resarcir a sus víctimas. Me pregunto si vamos a reaccionar con escándalo informativo y protestas políticas a las medidas que adopten los jueces en aplicación de la ley.

Yo creo que hay que consensuar una estrategia de discreción y respeto a una aplicación flexible y generosa de nuestra ley penitenciaria para con todos aquellos presos de ETA cuya voluntad de reinserción social esté acreditada. Y el Estado, tiene medios y conocimientos para saberlo. No estamos hablando de indultos, ni de reducción de penas, ni de cuestionar las sentencias de los tribunales. Por el contrario, lo que procede es continuar con la política de reinserción que ya se practicó desde el momento mismo en que se inició la dispersión. Lo que procede es aplicarla a la mayoría porque ya no hay violencia, han renunciado a las armas y son la mayoría los que solicitan esta reinserción.

Yo creo que la generosidad es la virtud del ganador. La democracia derrotó a ETA. Lo hizo policialmente, socialmente, políticamente, internacionalmente. La derrotó en todos los frentes, hasta el punto de que fueron sus propios apoyos y defensores quienes le forzaron a diseñar un final con apariencias de pacto, convencidos de que su continuidad arruinaba su causa e impedía su futuro. Fue una victoria de la sociedad, de la ley, de las víctimas, del Estado, de la democracia en suma. Y es a esa victoria a la que le corresponde ahora ser inteligente, siendo generosa, al suavizar los sufrimientos humanos y los sentimientos antagónicos que generó esta tragedia. Leí hace unos días una encuesta que aseguraba que dos tercios de los vascos están de acuerdo con estas ideas. Creo que esta es una reflexión muy extendida en la sociedad vasca. Pero no solo. Conozco a muchas víctimas de ETA que pensamos así. Porque el relato de la verdad, que nadie mejor que ellas asegura, gana legitimidad y grandeza con esa actitud humanitaria y conciliadora del Estado, con esa generosidad inteligente de la democracia.
Publicado en El Correo, 16/07/2017

14 de julio de 2017

Cursos de Verano UCM y UMA 2017.


ENTREVISTA RAMÓN JÁUREGUI. CURSOS DE VERANO DEL ESCORIAL 2017.13/07/2017 Universidad Complutense de Madrid.

CURSO: LA CALIDAD DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA: COMUNICACIÓN, CIUDADANÍA Y CONSENSO.
El valor del otro: pluralismo y pacto en la política española.






CURSOS DE VERANO UNIVERSIDAD DE MALAGA 2017(MARBELLA). 14/07/2017.

EL POST-BREXIT: OPORTUNIDADES POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y CIUDADANAS

“El Brexit y el proceso de construcción europeo. ¿Quo vadis, UE?”



10 de julio de 2017

Comisión PANA. 10/07/2017 PANAMA PAPERS

Informe sobre la investigación en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales.



6 de julio de 2017

Vídeo Curso de verano Fundación Yuste. 28/06/2017


CURSO VERANO YUSTE: DEL TRATADO DE ROMA AL TRATADO DE MAASTRICHT Y LOS AVANCES PENDIENTES EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA.





 Via Fundación Yuste

4 de julio de 2017

Intervenciones Sesión Plenaria 4/07/2017

Intervención sobre la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales.

   



Celebración del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba.

 

27 de junio de 2017

Entrevista para La Vanguardia, 27/06/2017

"Europa es una superación de los nacionalismos”





Descubrimos las dependencias europarlamentarias de Bruselas de la mano de nuestro nuevo protagonista. Se trata de Ramón Jáuregui, un reconocido político vasco a quien le avala su extenso currículum: concejal y teniente de alcalde en el ayuntamiento de San Sebastián, delegado del gobierno, diputado, consejero y vicelehendakari hasta llegar a ministro de la Presidencia en el último gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero.

Para la grabación del espacio “Europa eres tú”, Jáuregui nos abre las puertas de su despacho en la capital belga para analizar los retos de futuro que debe aceptar la Unión y analizar los problemas que sufre en la actualidad. Para este representante del grupo parlamentario S&D, “la gestión de la política monetaria no ha sido un éxito desde la crisis de Lehman Brothers, por lo que hay que construir una unión monetaria más eficaz y una política económica y fiscal distinta, que evite la competencia desleal o los LuxLeaks ”, argumenta el socialista.

Tras la crisis de Lehman Brothers

“Hay que construir una unión monetaria más eficaz y una política económica y fiscal distinta, que evite la competencia desleal o los LuxLeaks”

En cuanto a política social, la Unión también necesita “un alma social para recuperar el afecto desde los sectores que ven devaluados sus condiciones sociolaborales, ya que Europa no puede ser contemplada sin ser el espacio de la protección social”, confiesa Jáuregui. Dentro de lo que el eurodiputado llama el “Horizonte 2020”, también debe resolverse la política migratoria europea para que “dé una respuesta humanitaria, moderna, nueva y solidaria al problema que nos acecha a todos”.

Cuestionado por el proceso independentista catalán, Jáuregui reconoce que una Catalunya fuera de España la dejaría al margen del espacio económico y político de la Unión, ya que “nadie en Europa quiere que los Estados se desmiembren y aparezcan de nuevos”. Para justificarlo, el eurodiputado vasco se remonta a los orígenes de la UE contemporánea y recuerda que “Europa es una superación de los nacionalismos como resultado del fin de la segunda guerra mundial”.
Sobre la cuestión catalana

“Nadie en Europa quiere que los Estados se desmiembren y aparezcan de nuevos”

En cuanto a la seguridad continental, a propósito de los atentados terroristas que Europa viene sufriendo, Jáuregui considera que no está debidamente coordinada. “Europa tiene la necesidad de mejorar su eficiencia y de combatir mejor una amenaza que, mucho me temo, va a convivir mucho tiempo entre nosotros”, lamenta el eurodiputado.
 
Publicado en La Vanguardia, 27/06/2017
 

23 de junio de 2017

La cuenca atlántica, un horizonte por explorar.

Uno de los ámbitos geográficos con los que la Administración Trump ha mostrado un comportamiento menos previsible es Latinoamérica. Algunas de las agrias declaraciones realizadas por el mandatario durante la campaña electoral se han diluido como un azucarillo en un vaso de agua: es el caso de la pretendida construcción del muro en la frontera con México, a pagar por los propios mexicanos, o la retirada de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que también parece haber quedado en el olvido.

Sin embargo, hay otros aspectos de la política exterior norteamericana en esa región que siguen siendo una incógnita. Por el momento, no sabemos con claridad cuál va a ser la posición de la Administración Trump con respecto a Cuba, aunque todo hace temer que el movimiento de aproximación iniciado por la Administración Obama no vaya mucho más lejos. Tampoco está clara la continuidad del apoyo al proceso de paz en Colombia, donde la contribución financiera, diplomática y técnica de Estados Unidos resultaba muy útil. Ni siquiera en el caso de Venezuela hay un posicionamiento neto de la Administración Trump en este momento.

Los europeos debemos hacer nuestras las oportunidades que el aislacionismo estadounidense abre para nosotros. Ha llegado el momento de que la Unión Europea (UE) asuma un rol más relevante en la gobernanza mundial. A estas alturas, solo el euroescepticismo más recalcitrante cuestiona la necesidad de que Europa avance en seguridad y defensa colectiva, fortalezca su política comercial y se haga cargo del liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Pero además, Europa debe aprovechar la coyuntura para reforzar su presencia en regiones donde su influencia puede ser bienvenida: es el caso de América Latina.

Pese a los indudables vínculos que unen a ambas regiones, la última década ha sido testigo de una falta de coincidencia. Mientras que Latinoamérica focalizaba sus esfuerzos de atracción de inversores y generación de alianzas en Asia (con China, Japón o Corea como actores preferenciales), la UE miraba hacia su vecindad, preocupada por el alto nivel de conflictividad de la misma. El Mediterráneo, Oriente Medio, las fronteras con Rusia o los conflictos en África reclamaban atención urgente, lo cual impedía dirigir una mirada más sosegada hacia América Latina.Europa y América Latina tienen muchos elementos en común. Comparten un legado histórico, cultural y de valores, dos lenguas oficiales de la UE lo son también en América Latina, tienen similares marcos políticos y jurídicos —especialmente en comparación con otras regiones, como Asia— y sus visiones respecto a la gobernanza global, desde el terrorismo al cambio climático, guardan también grandes semejanzas. Además, sus sociedades civiles están conectadas a través de lazos familiares y personales y continuos contactos académicos, empresariales, laborales y comerciales. En este último aspecto, el comercial, América Latina es una tierra de oportunidad para los inversores europeos, pero también lo es Europa para las empresas y productores latinoamericanos: se trata de dos grandes mercados, con millones de consumidores, que funcionarán más eficientemente cuanto más integrados estén. Al mismo tiempo, Europa puede proporcionar a Latinoamérica un enorme caudal de conocimiento muy útil en materias tan variadas como integración regional, cohesión social y territorial, cooperación transfronteriza, innovación empresarial y mejora de la fiscalidad.

Es hora de cambiar esa pauta y sacar partido a las oportunidades que ofrece una alianza estratégica con Latinoamérica, ahora que el giro nacionalista de Estados Unidos aleja a la gran potencia del norte del que fuera su “patio trasero”. Para ello deberíamos empezar a cultivar la idea de una Cuenca Atlántica que, si trabaja coordinadamente, posee un inmenso potencial.

Europa tiene ya una larga serie de acuerdos económicos y comerciales con países o grupos de países de la región (México, Chile, Colombia, Perú y Ecuador o Centroamérica). Además, está trabajando en la modernización de los acuerdos con México y Chile y en la firma de un acuerdo político y de cooperación con Cuba, que tendría sin duda carácter histórico. Por supuesto, la joya de la corona en términos económicos sería la culminación de las negociaciones para la firma de un acuerdo con Mercosur, que es el bloque económico y demográfico más grande de la región. Este entramado de acuerdos puede ser la simiente de la integración transregional de la Cuenca Atlántica, como en su día lo fue la CECA para la futura UE. Es evidente el enorme valor añadido que tendría tal integración, que además abriría a Europa las puertas del Pacífico.

Al potencial económico de la Cuenca Atlántica hay que sumar su doble potencial energético y medioambiental: si Latinoamérica es fuerte en energías fósiles, Europa lo es en energías limpias, y ambas regiones comparten una conciencia clara de la necesidad de luchar contra el cambio climático. América Latina tiene activos medioambientales claves para el futuro del planeta, desde la Amazonia a los territorios colindantes con la Antártida, pero al mismo tiempo es una de las regiones del mundo más vulnerables a los efectos del calentamiento global. Si la Cuenca Atlántica trabaja conjuntamente en este tema generará un consenso suficientemente grande como para atraer a otros actores claves, en particular a China. Y por supuesto, de cara al futuro, esperemos que un nuevo cambio en la Casa Blanca permita volver a sumar a Estados Unidos.

Desde el punto de vista demográfico, la Cuenca Atlántica aúna a más de 1.000 millones de personas, un porcentaje importante de los cuales mantienen vínculos familiares, personales, laborales o de otra índole. La imbricación de las sociedades civiles ya es un hecho, y cuenta incluso con iniciativas de integración tan interesantes como las cumbres en el ámbito académico y empresarial que se producen en los márgenes de las Cumbres UE-CELAC de jefes de Estado y de Gobierno.

Es más, dicha imbricación entre las sociedades civiles irá inexorablemente en aumento gracias a una serie de avances tecnológicos que empiezan a prosperar. Uno de ellos es el proyecto de unir Oporto y Salvador de Bahía a través de un cable de fibra óptica, que acelerará las comunicaciones de manera revolucionaria, facilitando la relación entre empresas, instituciones, universidades y ciudadanos. No menos importante será el impacto de los cambios en el transporte aéreo: ya estamos viendo compañías low cost que abaratan enormemente el precio de los billetes, lo cual pone al alcance de casi todos realizar viajes transatlánticos cada vez más frecuentes. Socialmente, este abaratamiento permitirá a las familias con miembros en las dos orillas verse con más frecuencia y favorecerá la movilidad de los estudiantes e investigadores. Económicamente, hará menos costosos los desplazamientos por razones profesionales y ayudará al florecimiento del turismo en muchos países de América Latina, un sector que —si se dirige de manera sostenible— puede apuntalar la recuperación de economías que a día de hoy se encuentran más débiles.

La Cuenca Atlántica es ya una realidad de hecho, solo falta institucionalizarla y explorarla de modo que saquemos de ella el máximo beneficio para todos. Si se animan a dar ese paso, Europa y América Latina pueden ser los actores del futuro en la gobernanza global.

Ramón Jauregui es eurodiputado del PSOE y copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana.

Publicado en El País, 23/06/2017

13 de junio de 2017

Los socialistas en el Parlamento Europeo acusan al PP y Ciudadanos de bloquear la transparencia fiscal

 Nota de Prensa, 13/06/2017


El grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo ha denunciado el bloqueo a las medidas para aumentar la transparencia en las declaraciones fiscales de las compañías multinacionales. El Partido Popular Europeo y los liberales de ALDE, grupo al que pertenece Ciudadanos, han vaciado de contenido la propuesta sobre los “Informes país por país” que se ha votado en la comisión de Asuntos Jurídicos y en la de Asuntos Económicos.

“Necesitamos leyes fuertes para asegurarnos de que las multinacionales pagan sus impuestos donde generan su actividad económica, asegura Ramón Jáuregui, jefe de la Delegación Socialista Española. El Partido Popular y los liberales han puesto tantas barreras contra la transparencia que han dejado la propuesta vacía de contenido. Cuando surgen escándalos como Luxleaks o los Papeles de Panamá dicen que hay que hacer algo, pero cuando realmente tenemos posibilidades de hacerlo, bloquean que haya medidas efectivas”.

La propuesta de “Informes país por país”, trata de obligar a las compañías con una facturación superior a 750 millones de euros a presentar sus resultados financieros y contables públicamente y desagregados en cada país en el que operan. De este modo, se intenta evitar que presenten los datos de su actividad de forma global, uno de los mecanismos más usados para eludir el pago de impuestos con la llamada ingeniería financiera.

“Si esto no cambia, el Partido Popular y los liberales habrán conseguido que las empresas no estén obligadas a hacer públicos sus datos de forma detallada, acusa Jáuregui. Además, habrán logrado bloquear el límite temporal a la llamada “cláusula de salvaguardia”, por lo que las empresas podrían esconder información confidencial de forma indefinida. Presentaremos enmiendas en el pleno y seguiremos trabajando para que la transparencia fiscal sea una realidad”. 

31 de mayo de 2017

Entrevista Foro Europa Ciudadana.

Foro Europa Ciudadana pone en marcha un espacio monográfico de entrevistas a los Eurodiputados españoles para que nos cuenten su experiencia en las instituciones europeas. Ramón Jáuregui, Presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, inaugura esta nueva sección que tiene como objetivo acercar el día a día de la actividad política en Bruselas.

Ramón Jáuregui (septiembre, 1948) es Eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialista y Demócratas en el Parlamento Europeo y es el responsable de la Delegación Socialista Española en Bruselas. A lo largo de su extensa trayectoria política ha ocupado distintos cargos de responsabilidad como Ministro de la Presidencia del Gobierno de España, Vicelehendakari del Gobierno Vasco, Delegado del Gobierno en el País Vasco y Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

Actualmente desarrolla su actividad política en el Parlamento Europeo y hemos querido conocer sus impresiones sobre el funcionamiento de las Instituciones europeas:
¿Cómo es el día a día en el Parlamento Europeo?


La actividad cotidiana del Parlamento Europeo es ante todo muy variada, porque nuestras rutinas cambian mucho en función del tipo de “semana” de que se trate. Hay semanas dedicadas a sesión plenaria, reuniones de grupo, de comisiones o las llamadas “semanas verdes”, que se reservan para hacer visitas oficiales de las Comisiones y Delegaciones o bien para que cada Diputado realice actividad en su circunscripción de origen. Las semanas de pleno, además, tienen la particularidad de que se celebran en Estrasburgo, a excepción de los llamados “miniplenos”, de día y medio, que tienen lugar en Bruselas. Esta peculiaridad de la doble sede obliga a desplazar a la práctica totalidad del Parlamento hasta Estrasburgo una vez al mes, lo cual es un cambio importante en nuestras rutinas.

En todo caso, nuestro día empieza entre las 8 y las 9 de la mañana y acaba cuando termina la última reunión (en las semanas de pleno eso puede significar que estamos al pie del cañón hasta las 12 de la noche o casi). Además de las reuniones de grupo parlamentario, de cada delegación nacional o de las Comisiones y Delegaciones de las que somos miembros, cada diputado recibe en su despacho a un sinfín de personas procedentes de todos los sectores, a quienes escuchamos y con quienes debatimos sobre los dosieres en los que estamos trabajando en cada momento. En mi caso, por las funciones que desempeño, yo recibo sobre todo a representantes diplomáticos y de gobiernos latinoamericanos, miembros de la sociedad civil y de ONGs y expertos del mundo del derecho, la economía y las relaciones internacionales. Por supuesto, cuando algún otro sector -empresas, universidades, sindicatos, etc- me solicitan un rato de mi tiempo, procuro recibirles, porque considero que como representante político tengo la obligación de escuchar el punto de vista del máximo de personas y sectores posible. Por eso este tipo de reuniones procuramos hacerlas breves, de 30 minutos como máximo, ya que de otro modo es imposible dar la oportunidad a todas las personas que piden tiempo de reunión.

A todo ello hay que añadir el trabajo de despacho: escribir artículos y preparar intervenciones, estudiar informes y redactar enmiendas… todo lo cual requiere tiempo para concentrarse, leer y pensar… El bien más escaso en el Parlamento Europeo es sin duda el tiempo: es un recurso que cuidamos al máximo porque nunca sobra.

¿Cuando tomó posesión de su acta como eurodiputado, ¿qué fue lo que más le llamó la atención?

La primera vez, en 2009, me llamó mucho la atención la falta de conocimiento que la ciudadanía europea tiene del trabajo que realiza el Parlamento y de la importancia que éste tiene sobre sus vidas. Cuando volví en 2014 volví a tener la misma percepción, y aunque ya no me sorprendió, me preocupó aún más, porque tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2010 el Parlamento Europeo ha ganado competencias legislativas y lo que se decide aquí afecta mucho más que antes a los ciudadanos.

Hay quien piensa que en el Parlamento Europeo se trabaja muy poco, y nada más lejos de la realidad. Es un trabajo muy intenso, a veces trepidante, y sin embargo es muy desconocido para la mayoría. Es una pena ese desconocimiento, o ese prejuicio sobre la labor de este Parlmento porque fomenta el euroescepticismo, a mi entender.
¿Qué diferencias hay entre el Parlamento Europeo y otros Parlamentos en los que haya estado (Congreso de los Diputados, Parlamentos autonómicos)?


La esencial es el tamaño y la diversidad. El Congreso de los Diputados español, con sus 350 miembros, se queda muy pequeño en comparación con los 751 eurodiputados de 28 países distintos. Este elemento de diversidad de lenguas, culturas, modos de hacer política e incluso de entender la vida, resulta a veces complejo pero siempre es enriquecedor. Visto desde fuera, parece una pequeña Babel, pero gracias a la labor de los intérpretes y el recurso al inglés, que es la nueva lingua franca, pero también al francés o incluso al español, somos capaces de entendernos y trabajar juntos sin que nadie tenga que renunciar a su identidad. Logramos entendernos sobre todo porque queremos entendernos, y porque a pesar del euroescepticismo seguimos siendo mayoría los que pensamos que proyecto europeo merece la pena. Este es un entorno cosmopolita y eso lo hace muy singular y muy interesante.

¿Cómo es la relación con otros diputados de otros países?

En general es muy buena. Aquí rige una norma implícita de cortesía parlamentaria, de respeto, por la cual las diferencias de opinión por grandes que sean se saldan discutiendo de la manera más civilizada posible. Eso no quiere decir que no haya debates tensos en ocasiones; los hay. Pero en general se procura mostrar la discrepancia dentro de los límites del respeto.
¿Qué destacaría de la actividad del Parlamento Europeo?

En cuanto al trabajo en sí, destacaría la intensidad del ritmo. Respecto a su repercusión hacia el exterior de la institución, lo más importante sin duda es la capacidad de colegislación, que convierte al Parlamento Europeo en un actor sumamente relevante en la construcción de las políticas comunitarias.

30/05/2017

25 de mayo de 2017

Un memorial en el Valle.

 Si queremos simbolizar el sellado del pacto reconciliatorio de la Transición en un lugar, en un acto, en la memoria colectiva de la España moderna, no habría mejor decisión ni mejor espacio que la transformación del Valle de los Caídos en un Memorial de las Víctimas de la Guerra Civil. Sí, esta es la perspectiva que debe prevalecer: la de las víctimas, la de todas ellas, como recuerdo imperativo de lo que nunca más debe suceder.

Ese y ningún otro era y es el espíritu de la Ley de la Memoria Histórica que el Partido Popular banalizó y ridiculizó en su agresiva política de oposición al presidente Zapatero.

Durante el último año de su mandato trabajamos en tres líneas que reclamaban continuidad y que el Partido Popular paralizó. Elaboramos un mapa de fosas en las que todavía, 80 años después, yacen restos de fusilados republicanos. Una tarea inacabada realizada a partir de testimonios e indicios de testigos aún vivos, por poco tiempo, para que los familiares que los reclamen puedan enterrarlos con dignidad y con la ayuda del Estado. Aprobamos igualmente el protocolo científico para las exhumaciones. Se trataba de superar las enormes obstrucciones administrativas con las que topaban y topan las exhumaciones, así como eventuales impericias. Y, por supuesto, completamos la ayuda económica para ellas.

En segundo lugar, preparamos un modelo de certificación oficial y dimos curso a declaraciones de ilegitimidad de los tribunales y de las sentencias franquistas. Es difícil describir la emoción que sentimos cuando entregábamos esas Declaraciones de Reparación y Reconocimiento a los familiares de los fusilados en los inicios del régimen. Era una reparación moral y política obligada del Gobierno de España por la que, a tenor de la Ley de Memoria Histórica, aquellas sentencias condenatorias quedan desprovistas de valor jurídico. El Tribunal Supremo confirmó que el sistema de la declaración general de ilegitimidad ope legis por la que había optado el legislador sustituía y excluía la vía de la eventual declaración individualizada de nulidad e invalidez de las sentencias afectadas por tal declaración (21 de febrero de 2011).

Por último, encargamos a una comisión de expertos, cuidadosamente elegida y pactada con todas las fuerzas políticas, la elaboración de un informe sobre el futuro del Valle con la idea de trasformar su vieja significación y convertirlo así en un lugar de memoria reconciliada.

El Valle no es un lugar cualquiera. Reclama un profundo respeto porque allí yacen los restos registrados de 33.847 personas, de los cuales aproximadamente 21.400 son de víctimas identificadas y unos 12.400 de no identificadas. Miles de ellas habían sido enterradas en fosas comunes cerca de las paredes de los cementerios, en descampados y cunetas. A partir de 1959, desde múltiples pueblos y ciudades de España, fueron trasladadas y depositadas en los columbarios del Valle. Su identificación ha devenido imposible hasta el presente por las malas condiciones en que se realizó el traslado, por la deficiente identificación en origen, en particular de las republicanas, y por los sucesivos derrumbes que han sufrido los columbarios citados.

El informe es conocido. Fue presentado públicamente después de celebradas las elecciones de octubre de 2011 y fue entregado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con los documentos de la transmisión de poderes al nuevo Gobierno. Los expertos recomendaban en esencia:

1. Construir un memorial civil en la explanada del Valle, con los nombres y apellidos de todos los enterrados allí. Un gran mausoleo en homenaje permanente a todas las víctimas. (Algo semejante al memorial por las víctimas de la Guerra de Vietnam en Washington).

2. Dignificar la situación de los restos, los columbarios y las criptas.

3. Construir un centro de interpretación del lugar con la historia de la construcción del Valle, la guerra y el recuerdo de los trabajadores penados, junto a un centro de documentación e investigación histórica.

4. Mantener el uso religioso del templo, pero con una presencia católica absolutamente comprometida con la democracia, el pluralismo político y la reconciliación, sin resabio alguno del espíritu nacional-católico franquista.

5. Y, por último, precisamente por ser un lugar de memoria de las víctimas, el informe reclamaba la exhumación de los restos de Franco del templo y la reubicación de los de José Antonio, víctima también, en lugar no preeminente. Tres de los expertos expresaron un voto particular. Suscribían todas las recomendaciones del informe salvo esta. No por razones de principio, sino de prudencia.
 
Esta no es una tarea partidista. La mayoría de los partidos, salvo uno, suscriben las propuestas del informe seis años después, como manifestó la votación en el Congreso del pasado 11 de mayo. Tampoco es anacrónico. Hacer un memorial en el Valle “no reabre viejas heridas”, como dijo el portavoz del Gobierno. Por el contrario, la cierra con la verdad del pasado y la dignidad para las víctimas. Hacer del Valle un lugar de memoria reconciliada es una gran asignatura pendiente de nuestra tortuosa memoria sobre la guerra y la represión franquista posterior. Es sencillamente inexplicable que no lo hayamos hecho ya. Si fuimos capaces de hacer la Transición y reconocernos, no como enemigos del pasado, sino como ciudadanos del futuro, ¿por qué no simbolizar ese abrazo en un lugar tan significativo?
 
No es razonable que ese lugar divida y enfrente virulentamente a los españoles 40 años después. O que los turistas que lo visitan confundan un memorial de víctimas con un mausoleo del dictador.
Esta es una operación delicada. De Estado. Incluye muchas gestiones sensibles. Pero son posibles. La familia Franco lo aceptará si es el Estado quien decide. La Iglesia española lo ve con buenos ojos. El Rey, de una España del siglo XXI, debería apoyarla. Es necesario. No en vano fue su padre quien encargó la custodia de la tumba de Franco a la comunidad benedictina, junto al altar. El Gobierno del Partido Popular debería liderarla para aunar y consensuar voluntades. Es una oportunidad para sellar el logro de una Transición que algunos menoscaban y menosprecian por desconocimiento o sectarismo. Es mejor que lo haga la derecha española. Es mejor incluso para ellos, pero sobre todo lo es para España.
 
Esta es una operación delicada. De Estado. Incluye muchas gestiones sensibles. Pero son posibles. La familia Franco lo aceptará si es el Estado quien decide. La Iglesia española lo ve con buenos ojos. El Rey, de una España del siglo XXI, debería apoyarla. Es necesario. No en vano fue su padre quien encargó la custodia de la tumba de Franco a la comunidad benedictina, junto al altar. El Gobierno del Partido Popular debería liderarla para aunar y consensuar voluntades. Es una oportunidad para sellar el logro de una Transición que algunos menoscaban y menosprecian por desconocimiento o sectarismo. Es mejor que lo haga la derecha española. Es mejor incluso para ellos, pero sobre todo lo es para España.
 
Ramón Jáuregui fue el ministro de la Presidencia que encargó el informe de los expertos y Carlos García de Andoin, su colaborador, el secretario de la comisión que lo elaboró.
 
Publicado para "El País" 25/05/2017
 

23 de mayo de 2017

Mucho por hacer.


Dos evidencias: Pedro Sánchez ha ganado con claridad y el proceso de primarias en el PSOE ha sido un ejemplo de democracia directa y orden democrático. El desenlace ha sido limpio y la participación muy alta. Quienes creímos que era necesario renovar la dirección del partido tras la gestión pasada, nos equivocamos.
El sentimiento de la militancia contra la abstención en la investidura de Rajoy era más fuerte de lo que pensábamos y el contexto de corrupción del PP de las últimas semanas hizo el resto. Sin duda, hubo y hay más razones en la victoria de Pedro que tienen que ver con el debate ideológico de la izquierda y con la estrategia política futura del PSOE que también han influido decisivamente en su triunfo y que configuran el futuro para nosotros y para el país.
La primera condición de ese futuro es que mantengamos la unidad interna. Eso requiere que todos, principalmente quienes apoyamos a Patxi o a Susana, nos pongamos a disposición y ‘a la orden’, y aceptemos colaborar con la dirección en los lugares y con las responsabilidades que esta decida. La unidad exige también que la nueva Ejecutiva integre a todos y evite sectarismos vengativos que prolongarían las heridas abiertas en este proceso.
La segunda tarea es hacer un buen congreso. Los delegados, esta vez en el ejercicio de un modelo de democracia representativa, deberían confirmar las coordenadas principales del programa del nuevo secretario general y aprobar unas resoluciones ideológicamente coherentes con él. A su vez, su Ejecutiva deberá ser de integración y así ser apoyada por una amplia mayoría del  Congreso.
Ahí empezará una nueva etapa. La definición de la estrategia política de oposición será el siguiente test. El origen de la investidura y los mensajes de la campaña de las primarias comprometen a la nueva dirección del PSOE a endurecer su discurso y a rechazar los pactos con el Gobierno.Esto es lo que a priori cabe suponer, teniendo en cuenta que el sentimiento contra la abstención ha sido determinante en la nueva mayoría del PSOE y por supuesto en el discurso del nuevo secretario general. Pero, ¿Cómo hacer esto compatible con la ‘oposición útil’ que también se ha prometido? Es sabido que la utilidad viene de los pactos que consigas y de las conquistas que obtengas en esos pactos. A veces, los pactos suman oposición para vencer al Gobierno impidiendo sus planes. Pero la mayoría de las veces, los pactos se hacen con el Gobierno para arrancarle políticas o decisiones que solo él puede adoptar. Una buena muestra de esa utilidad fueron, por ejemplo, los pactos sobre el salario mínimo, la retirada de la Lomce o la aplicación de las sentencias europeas sobre las cláusulas suelo que protagonizó el PSOE estos meses pasados. Más recientemente, el PNV, con su pacto de los Presupuestos y el Cupo, es otro buen ejemplo de ‘oposición útil’.
Pero, una oposición ‘sin concesiones’ nos llevará a una pugna con Podemos en la que, me temo, ellos siempre serán más llamativos y tendrán menos límites que nosotros. Esa estrategia tiene el riesgo de que la ingobernabilidad provoque un adelanto electoral cuyos resultados nadie conoce. En esa línea, los socialistas debemos tener en cuenta un análisis imprescindible. ¿Son los 180.000 electores del PSOE el mejor reflejo de los 10 millones de votos a los que debemos aspirar? La experiencia francesa demuestra que no es así, y estoy seguro que la dirección del PSOE lo sabe y evitará esa peligrosa confusión. 
El nuevo secretario general y probable candidato a la presidencia del Gobierno debe forjar una alternativa ganadora a la derecha. Tiene formas y formación para ello. Es moderno, urbano, cosmopolita.Tiene ambición y representa un cambio generacional interno evidente sobre el PSOE del pasado.Pero necesitará ganarse la confianza de millones de españoles que no votaron el domingo. Necesitará generar solvencia y fiabilidad en la gestión de una España compleja, con la crisis territorial más grave de su historia moderna. Necesitará ser percibido como un líder capaz de gobernar una economía globalizada que asegure el crecimiento económico como condición de creación de empleo y de redistribución social. A la salida de un colegio electoral en el Lander de Renania hace quince días preguntaron a un votante por qué había votado a Angela Merkel. «Me da seguridad y progreso», dijo. Ofrecer estas dos palabras mágicas en el siglo de la incertidumbre es la gran asignatura pendiente de la socialdemocracia.
Las otras ya las tenemos acreditadas.
Pedro Sánchez quiere ser –como es natural– presidente del Gobierno y lo logrará si convierte al PSOE en una izquierda útil, no testimonial. En el testimonio y en la protesta, hay otra izquierda. Somos la propuesta, la responsabilidad, el pacto. Somos un partido del país – el que más se parece a España, solíamos decir– y nos ofrecemos a la gente como un partido a su servicio, fiables, solventes, serios, responsables. Para ser más concreto, no ganaremos las elecciones prometiendo derogar la reforma laboral del PP, sino describiendo cómo queremos el empleo del futuro. No basta con decir que defenderemos la sanidad pública, sino que debemos explicar cómo y de dónde inyectamos un punto de PIB a la joya de la corona del estado de bienestar. No ganaremos la confianza de los pensionistas si no explicamos el origen fiscal de los 10.000 millones de euros que faltan cada año para cuadrar su presupuesto. Y así podríamos seguir con nuestra propuesta de reforma constitucional cuya única posibilidad de materialización exigirá pactos de estado con el resto de fuerzas. Son solo algunos ejemplos de un proyecto reformista y realista que debe caracterizar nuestra oferta política.
No se trata de ganar las batallas retóricas de la izquierda. Ya no bastan las proclamas sociales, sino las soluciones reales a un mundo nuevo, que nos plantea cada día nuevos retos ideológicos a las viejas coordenadas del siglo pasado entre izquierda y derecha.Por supuesto, hay izquierda, pero o es nueva o quedará superada por una sociedad y unos electores que poco tienen que ver con los que nos votaban el siglo pasado. Es una izquierda moderna, valiente, que tiene respuestas a la nueva sociedad laboral, a las migraciones masivas de este siglo, a la concentración urbana en las ciudades, al envejecimiento, a la seguridad social del futuro, a los nuevos retos bioéticos, al comercio internacional, a la seguridad  cibernética… a tantas cosas. Esa es mi visión un poco apresurada y muy preocupada para el nuevo PSOE.
Desde la distancia biológica y geográfica de quien solo quiere lo mejor para él y para mi país.
Publicado en El Correo, 23/05/2017

20 de mayo de 2017

Un partido necesario.


No habrá ruptura en el PSOE. Cualquiera que sea el resultado del domingo 21, permaneceremos unidos al servicio de quien sea elegido, cada uno en su puesto. Hay mucha épica histórica y mucha vida personal entregada a estas siglas en todos nosotros como para destruirlas.

Esa es la condición necesaria para el futuro. Pero el Congreso de junio debería definir las condiciones para asegurarlo. La primera es comprender el mundo en el que vivimos y la sociedad a la que nos dirigimos. Una economía globalizada y una sociedad digital en la que muy pronto el trabajo, las migraciones, las ciudades, la comunicación y tantas cosas más, no se parecerán casi nada a nuestras concepciones del siglo XX. El PSOE por ello debe ser un partido innovador, moderno, a la altura de la sociedad urbana y joven del siglo XXI. Eso implica valentía en las proposiciones. Ya no basta defender retóricamente el modelo de bienestar o el empleo seguro. Hay que mojarse y explicar cómo inyectar un punto más de PIB a la educación y otro a la sanidad española o cómo garantizar las pensiones si el déficit del sistema es de 15.000 millones de euros al año. Hay que reconocer que nuestros votantes clásicos desaparecen o que, por primera vez en la historia, se sienten tentados por opciones extremas en la izquierda y en la derecha.

Hay que tener la valentía de explicar que muchas de nuestras causas, las que siguen latiendo en nuestros corazones, tienen únicamente solución en una globalización demasiado injusta y desregulada todavía, con mesas de decisión demasiado débiles o inexistentes en la mundialización de la política.

Un partido socialista moderno debe exponer su agenda programática para regular una globalización inevitable y necesaria. La agenda global por el cambio climático; el combate a los paraísos fiscales y al fraude fiscal masivo; la extensión de los Derechos Humanos y la implicación de las empresas y de los países en su cumplimiento; los tratados de libre comercio que protejan a sectores económicos vulnerables y extiendan al mundo estándares laborales, medioambientales dignos; la cooperación internacional y los acuerdos internacionales en materia de migraciones; la regulación y la fiscalidad de los movimientos de capital y las finanzas globales. Entre otras muchas cosas.

El PSOE interviene y regula el mercado, pero cree en él como motor del crecimiento. Nos preocupa el incremento de la desigualdad y el empeoramiento de las condiciones de trabajo y de vida del precariado. Pero eso no nos lleva a formulaciones panfletarias o a retoricas antiguas sino a nuevas soluciones redistributivas y fiscales que influyen en el abanico salarial o que crean nuevas figuras impositivas a la riqueza y al patrimonio.

El PSOE nunca fue una izquierda testimonial sino reformista. Somos más un partido de propuestas que de protestas. Somos la izquierda útil, protagonista de las grandes conquistas sociales y democráticas en la historia de España y debe seguir siendo el partido de mayorías capaz de ganar la confianza de un centro izquierda social ampliamente mayoritario en nuestro país.

Aceptar que la izquierda española se ha fragmentado sociológicamente no quiere decir que tengamos que competir con Podemos, mucho menos en su territorio. Benoît Hamon lo hizo en Francia contra Jean-Luc Mélenchon y su Francia Insumisa y su electorado se fue al centro (Macron) y a la extrema izquierda. Los socialistas franceses pasaron del 28% al 6,4%.

La legislatura española acaba de empezar. El PSOE puede liderar la oposición y hacer una oposición útil. En muchísimas ocasiones seremos implacables con el PP y su gobierno. Obtendremos victorias parlamentarias liderando el No a un gobierno en minoría. Pero, solo, con el “No”, no construiremos una alternativa. Yo creo que el PSOE es un partido de pactos y de país. Ambas cosas son necesarias en una España que sufre serios problemas de pobreza y una desigualdad enorme por la devaluación social a la que nos ha sometido el Partido Popular y ante los problemas territoriales y democráticos más graves de nuestra historia democrática. Todas nuestras propuestas de solución al modelo político y territorial necesitan del consenso en el nuevo panorama partidario español. Las reformas constitucionales que defendemos reclaman una cultura del pacto semejante a la de la Transición. Solo un partido que tiende su mano para construir, para reformar y solucionar la crucial encrucijada española, podrá ser percibido como un partido necesario.

Un votante alemán de Renania explicaba el pasado domingo que él quería “seguridad y progreso”. Nuestro drama en España es que desde hace unos años, el paradigma del progreso ha sufrido una brusca ruptura. Escuchar ese sentimiento popular, no es populismo. Pero generar la confianza ciudadana en que el PSOE les proporcione fiabilidad, solvencia, capacidad para gobernar la complejidad del nuevo mundo “con seguridad y en progreso”, es nuestro reto.

Yo no creo que el futuro político de España o de Europa se construya sobre dos opciones políticas, una a la derecha y otra en los extremos de la izquierda o de la derecha. Creo que la opción socialdemócrata seguirá siendo la fuerza del centro izquierda que más se parece a los ciudadanos y que más quiere la mayoría. Por eso compañeros, no desistáis, somos necesarios.

Publicado para Voz Pópuli, 20-05-2017

17 de mayo de 2017

Ramón Jáuregui expresa su conmoción por el asesinato del periodista Javier Valdez.


Nota de prensa: 17/05/2017

El grupo socialista en el Parlamento Europeo promoverá una resolución de urgencia en la sesión plenaria del mes de junio sobre los crímenes contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en México.
“Pedimos al Gobierno mexicano que frene esta deriva criminal provocada por el narcotráfico y el crimen organizado, que amenazan con destruir su democracia”, ha manifestado Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista y copresidente de Eurolat.

Jáuregui, ha emitido un comunicado, suscrito también por el portavoz del grupo Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas (S&D) en Eurolat, Francisco de Asís, en el que manifiestan su conmoción por la última víctima de la violencia, el periodista Javier Valdez:
“El asesinato de Javier Valdez, que destacó toda su vida por denunciar los crímenes del narcotráfico en Sinaloa, nos ha conmovido a todos por lo terrible del crimen y por simbolizar un ataque brutal a la libertad de expresión. Por desgracia, Valdez es el sexto periodista asesinado en México en lo que va de año. Todos ellos eran profesionales valientes que se atrevían a denunciar y a mostrar la verdad al pueblo mexicano, y que han visto su osadía recompensada con la muerte. Cada profesional del periodismo asesinado es un golpe duro contra la democracia, y desde el Parlamento Europeo lo denunciamos con claridad y contundencia.

Al triste elenco de periodistas asesinados hay que añadir además otra lista no menos terrible, la de los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, agresiones de las que a veces tenemos noticia en Europa, pero que en otros casos quedan silenciadas bajo la losa de amenazas que padecen las víctimas y sus familias.
La violencia causada por el narco en México ha alcanzado unos niveles intolerables, y la sensación de impunidad no hace más que alimentar el terror y enriquecer a quienes lo causan. Esto tiene que cambiar.

Somos conscientes de que combatir al narcotráfico no es fácil, pero pedimos al Gobierno mexicano un esfuerzo mayor para extirpar de una vez por todas esa lacra, que causa un enorme dolor y desestabiliza las estructuras del Estado y de la democracia. Ese esfuerzo que pedimos a las autoridades mexicanas a todos los niveles tiene que ser más visible, estar mejor coordinado y resultar más fructífero para ser creíble”.

16 de mayo de 2017

Intervención Sesión Plenaria. 16/05/2017

Encauzar la globalización para 2025 (debate)



"España debe sumarse a Francia para cambiar la política económica de la UE"

Nota de Prensa: 16/05/2017

Esta mañana, la Delegación socialista española ha mantenido un encuentro con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en la que le han trasladado sus reivindicaciones y propuestas de cara a la reforma de la gobernanza económica.

Tras la reunión, en declaraciones a los medios, el presidente de los socialistas españoles, Ramón Jáuregui, ha insistido en la necesidad de que la gobernanza económica de un giro hacia los países del sur. "La flexibilización que hemos obtenido en el pacto de flexibilidad no es suficiente, son necesarias políticas más anticíclicas, con más margen para la inversión pública y que rebajen la preocupación por el déficit público", ha señalado Jáuregui.

"La gobernanza del euro debe producirse desde una perspectiva más inversora en infraestructuras tanto tecnológicas como físicas, desde la unión energética y hasta la agenda digital, para competir en la globalización, y para ello es imprescindible la mutualizarían de los bonos". A este respecto, Jáuregui ha pedido al comisario una Comisión Europea con capacidad de financiación a través del endeudamiento hacia los estados para que los fondos de inversión tengan más dimensión económica y generen mayor crecimiento y empleo".

A este respecto, Jáuregui ha hecho referencia a las aportaciones del gobierno de España al documento sobre el futuro de la UE publicadas esta semana, "afortunadamente el gobierno se hace eco de las propuestas que presentamos los socialistas hace un par de meses", ha apuntado Jáuregui. "Nos felicitamos de este giro, porque la posición de España en la UE debe ser la de combatir la rigidez alemana y nuestras propuestas caminan en este sentido". "Pero no es suficiente, los socialistas queremos que se mantenga la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, revitalizar la financiación no bancaria, la culminación de la Unión Bancaria Culminación de la Unión Bancaria, con la introducción de un Seguro Europeo de Depósitos con mutualización completa y una lucha sin cuartel contra el fraude fiscal, tal y como plasmamos en nuestro manifiesto.

En referencia al último documento presentado por la Comisión Europea sobre el futuro de la globalización, Jáuregui ha advertido de los riesgos de una globalización desregulada y ha exigido un pilar social mucho más sólido. "Es imperativo que Europa avance en la armonización de las condiciones sociolaborables como el salario mínimo o el subsidio por desempleo, entre otras.

Igualmente, Moscovici se ha mostrado positivo en los avances hacia la puesta en marcha de la tasa a las transacciones financieras antes de 2019 así como la reforma de la base del impuesto de sociedades. "Si este sistema de fiscalización entra en Europa daremos un gran salto hacia a transparencia y un gran golpe a la fiscalidad oculta", ha concluido Jáuregui.
 
 
 
Foto: @pierremoscovici

9 de mayo de 2017

Intervención Comisión PANA 9/05/2017


Audiencia pública sobre «Cooperación en materia fiscal con las jurisdicciones europeas» Gibraltar. Preguntas a James Tipping, Director Centro Financiero del Gobierno de Gibraltar.



8 de mayo de 2017

Venezuela al borde del abismo.

 Cuando se trata de condenar a Maduro, el PP es el primero de la fila. Si hay que apoyar a la oposición venezolana, el PP es el campeón. Todo sea dicho, ambas cosas son correctas y necesarias y más, en particular, para quienes nos sentimos de izquierdas y denunciamos con dolor que esa izquierda bolivariana sea la responsable de los desastres venezolanos.
Pero una cosa es expresar ese apoyo a la oposición y otra ayudar a los venezolanos. En concreto a los que han huido de Venezuela por la insufrible situación de su país. Muchos de ellos han acudido a España debido a los vínculos lingüísticos, culturales e incluso familiares que unen a nuestros dos países. De hecho, recientemente hemos sabido por la prensa que en 2016 solicitaron asilo en España casi 4.000 ciudadanos venezolanos, prácticamente siete veces más de los que lo hicieron en 2015, convirtiéndose en la nacionalidad con mayor número de peticionarios de asilo, por encima incluso de los sirios. Sin embargo, en 2016 sólo se resolvieron 40 expedientes -todos ellos tras largos periodos de espera- y únicamente cuatro resultaron positivos. La generosidad de las autoridades españolas hacia estas personas está resultando bastante magra, y contrasta vivamente con la retórica altisonante que emplean esas mismas autoridades cuando se trata de condenar al régimen de Maduro. Es cierto que ‘el visado de oro’ existe en otros países de nuestro entorno.

A ese contraste se añade otro que llama inevitablemente la atención. Frente a la parquedad de la acogida deparada a los venezolanos, vemos las cifras del llamado ‘visado de oro’, que el Gobierno de España concede desde 2013 a los inversores extranjeros (a partir de cierto umbral, bastante elevado, por cierto) y a los profesionales cualificados. Según cifras oficiales, a finales de 2016 el Gobierno había proporcionado este tipo de visados a más de 27.000 personas, destacando en este colectivo los millonarios chinos y rusos y sus correspondientes familias.

Es cierto que el ‘visado de oro’ existe en otros países de nuestro entorno, y es cierto también que por esta vía se ha atraído hacia España un volumen de capital extranjero que no estamos en condiciones de despreciar. No obstante, si tenemos capacidad para facilitar la estancia de todos estos inversores y profesionales extranjeros y sus familiares, resulta chocante que no podamos hacer nada por sacar a unas cuantas familias venezolanas del limbo legal en el que se encuentran. La coherencia manda que nuestras denuncias contra la arbitrariedad que se ha apoderado de Venezuela, vengan acompañadas de un gesto de generosidad tangible hacia quienes llegan a España huyendo de ese marasmo. Acoger y dar permisos de residencia a esos venezolanos en España es inteligente.

No es sólo coherencia y solidaridad. También es justicia con un pueblo que acogió a cientos de miles de emigrantes españoles el siglo pasado, que huían del hambre o de la represión franquista después de nuestra guerra civil. Por último, además de necesario y justo, acoger y dar permisos de residencia a esos venezolanos en España, es inteligente. Son personas preparadas, jóvenes, bien educadas, profesionalmente competentes, que enriquecen nuestra convivencia y nuestra economía. De manera que menos retórica y más solidaridad. Menos declaraciones y más acogida a los venezolanos.

Publicado para 20 minutos, 8/05/2017

4 de mayo de 2017

Rana Plaza, cuatro años después.

 La globalización financiera y la productiva se han desarrollado hasta los confines del mundo en los últimos veinte años, pero los derechos humanos y las normas internacionales del trabajo tienen que superar una fronda infinita para extenderse o simplemente para que sean respetados en los países en los que se instalan las empresas.

La velocidad es, sin duda, una de las características del nuevo mundo. La viruela tardó tres siglos en extenderse por el universo, el SIDA, tres décadas, pero un virus informático puede hacerlo en dos horas. A la velocidad se le añade la imprevisibilidad, la falta de control. Casi todos los grandes acontecimientos de los últimos años surgieron al margen de las cancillerías o de los centros de análisis geopolíticos o económicos del mundo. La caída del muro de Berlín, la Primavera Árabe, la crisis económico-financiera de los últimos diez años, impactaron en nuestras vidas –y todavía lo siguen haciendo -sin previsión ni planificación alguna de nadie.

La conclusión es dramática. Si dejamos al mercado y a la tecnología que configuren libremente el futuro, la sociedad resultante será un desastre. Necesitamos gobernar la globalización y necesitamos democratizarla, es decir, ponerla al servicio de la gente y no al revés. Se pueden poner mil ejemplos de esos peligros. ¿Quién está planificando la Seguridad Social del futuro si las carreras de cotización son cortas e interrumpidas? ¿Cuánto y cómo será el trabajo del futuro en la era de la robótica y el alargamiento de la vida? ¿Cómo evitar otra implosión financiera con regulación global? ¿Cómo se combaten los paraísos fiscales?

La extensión de los derechos laborales y el trabajo decente a los países sin leyes laborales o con instituciones primarias es otro de esos debates y hoy, cuatro años después del desastre de Rana Plaza, nos podemos preguntar si hemos hecho lo suficiente o si los avances en el trabajo textil en el mundo están protegidos y son decentes.

Diario Responsable se hacía eco la semana pasada del informe del Parlamento Europeo aprobado hace quince días solicitando a la Comisión Europea una propuesta legislativa para implantar un sistema de “diligencia debida” siguiendo directrices OCDE, parecido al diseñado para los minerales de zona de conflicto, que cubra toda la cadena de distribución.

Se han hecho cosas. Las han hecho los sindicatos, la OIT, las empresas. El gobierno de Bangladesh…Pero me temo que los trabajadores del textil en ese país y en los de la zona, siguen explotados y sin unas condiciones de trabajo dignas. Mi amigo Javier Chércoles, antiguo director del RSE de Inditex me contaba no hace mucho sus esfuerzos para establecer un compromiso de todas las empresas de ropa del mundo para imponer a sus subcontratas en Bangladesh la obligación de suscribir un seguro de accidentes laborales. Esto sería el embrión de una cotización obligatoria para una especie de Seguridad Social del futuro para millones de trabajadores en el sudeste asiático. Por supuesto, la cuota la pagarían las empresas y eso encarecería unos céntimos nuestras compras baratas. ¿Es eso posible? En el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra se discute desde hace dos años la posibilidad de una norma internacional que extienda los principios Ruggié, “proteger-respetar-remediar” a la aplicación obligatoria de la Convención de los Derechos Humanos en todo el mundo. ¿Es esto posible?

Debe serlo. El camino de la voluntariedad y del marketing social está bastante agotado. La “etiqueta social” se confunde o no se mira en el consumo. La vigilancia de los Estados a las importaciones es laxa. Una norma internacional de exigencia de Derechos Humanos y normas OIT-OCDE en el mundo, es un buen camino. Aunque sea largo.
 
Publicado para Diario Responsable. 4/05/2017

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Foto: SANTOS CIRILO
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