30 de septiembre de 2015

Un nuevo tiempo.

Puede sostenerse un proceso independentista para Cataluña con 1,9 millones de votos sobre una población de más de 7 millones y sobre un censo electoral de 5,5 millones de votantes? ¿Puede llevarse a cabo una ruptura unilateral de este calado con un apoyo social que no llega al 50% de los censados en el apogeo de su clímax? Porque, conviene recordarlo, en el famoso referéndum de noviembre de 2014, fueron 1,7 millones los que avalaron el sí a la independencia. Ninguna comunidad nacional en el mundo se ha convertido en Estado en estas condiciones. Ni siquiera por acuerdo interno e internacional. Si Cataluña se lanza a un proceso unilateral de separación de España sobre las bases democráticas y sociales del pasado domingo, el fracaso está asegurado. Ningún organismo internacional dará legitimidad democrática a ese intento. No solo porque España vetaría cualquier reconocimiento, sino porque en la comunidad internacional se considera que no hay base democrática para ese proyecto. Y, créanme, esa es la opinión hoy en Europa. 

Digámoslo claramente. Tan evidente es que el proceso independentista hacia la República Catalana está bloqueado, como que España tiene la imperiosa necesidad de ofrecer a Cataluña una negociación de su status jurídico, político y económico en el Estado constitucional. Son verdad ambas cosas y por eso la puerta que se ha abierto este domingo en Cataluña es hacia un nuevo camino con parada en las elecciones generales de diciembre cuyo desenlace ya podemos predecir. Ni PP ni PSOE, ganadores seguros, uno u otro, tendrán mayoría de gobierno y una nueva etapa política se inaugurará en el país, con pactos transversales, que reclamarán probablemente una reforma constitucional consensuada, no solo entre varios partidos, sino también en el seno de la España autonómica territorial. 

Que nadie me entienda mal. Los consensos políticos no equivalen a gobiernos de coalición. Se trata de un nuevo tiempo en el que deberemos ser capaces de recuperar el espíritu del pacto, en parte impulsado por la necesidad pero, más todavía, exigido por la ciudadanía y los medios de comunicación, que interpretarán el resultado electoral como un mandato popular ineludible. 
La tarea será ingente, pero formidable en cuanto a retos y objetivos. Se trata de darle al pacto de convivencia constitucional de 1978 un nuevo horizonte generacional. No se trata de demoler el edificio agrietado, sino de reformular algunas de las vigas que lo sustentan: incorporar a la Constitución la Unión Europea como marco jurídico y político superior de un modelo federal; los nuevos derechos sociales de un Estado del Bienestar moderno; una actualización de derechos, deberes y libertades en el siglo XXI… y, por supuesto, el pacto territorial. Porque la singularidad catalana o vasca reclamará su actualización constitucional, pero exigirá por ello la aceptación del resto de las comunidades, lo que, a priori, no resulta cosa sencilla. 

Lo que parece evidente es que permanecer impasible como si nada ocurriera ya no va a ser posible. Ni siquiera para Rajoy si ganara las elecciones generales, porque la llamada ‘línea dura’ ha sido también derrotada en Cataluña (el PP ha perdido casi la mitad de sus diputados) y amenazar con la ley o con sanciones, o con el Tribunal Constitucional, puede ser, por el contrario, la espoleta de una mayoría independentista que hoy no existe en Cataluña. Nunca sabremos si la pasividad de Rajoy ha sido también causa del crecimiento nacionalista en Cataluña estos años. Pero es fácil prever el riesgo de una crecida imparable del independentismo si el Gobierno de España respondiera con la misma estrategia a la situación política que ha surgido el domingo pasado en Cataluña, endurecida quizás con sanciones institucionales. 

Para el nuevo tiempo que viene, bueno será que todos extraigamos las lecciones adecuadas de lo ocurrido el domingo en Cataluña. El sistema político español también, porque una lectura inteligente nos obliga a interpretar que la insuficiencia del ‘sí’ el 27-S es una inmensa mayoría que demanda mucho más que el simple ‘no’. Hace años que sostengo que la gran mayoría catalana es aquella que reclama una renovación de su estatus en España. A esa mayoría hay que darle respuestas y propuestas y hacerla más mayoría todavía con un nuevo acuerdo. 

A su vez, también será preciso que los protagonistas del proceso independentista se quiten la venda de su insuficiente victoria y hagan una lectura sosegada de sus resultados. Empezando por reconocer que han ganado las autonómicas pero han perdido el plebiscito que ellos mismos propusieron. Siguiendo por reconocer también que CDC y Esquerra han obtenido juntos 9 diputados menos que los que sumaron hace tres años. Siguiendo por asumir que necesitan sumar a las CUP para tener un gobierno… ¿estable? ¿Cabe alguna estabilidad con una fuerza que proclama la desobediencia civil, el anticapitalismo fuera del euro y las asambleas como base democrática? ¿Puede Convergència y su burgués electorado compartir proyecto con ellos? 

La trayectoria de Mas ha sido extraordinaria. Rompe la sólida alianza de Convergència con Unió arruinando a esta última, expulsando del sistema político catalán al nacionalismo moderado. Entrega su partido a Esquerra y a un conjunto de movimientos sociales de muy variada composición ideológica y de difícil ubicación política. Arrastra a Cataluña a una aventura independentista sin horizonte. Fractura al pueblo catalán al 50% y lo enfrenta a España quizás irreversiblemente. Yo no sé si será elegido presidente de la para estos próximos años pero, francamente, si lo es en estas circunstancias, con esos apoyos y empeñado en sus derrotados propósitos, perderemos todos.

Publicado en El Correo, 30/09/2015

27 de septiembre de 2015

¡Bravo, Santos!

Sé muy bien lo que es llegar a la paz después de décadas de terrorismo. Sé lo que se siente. Sé lo que se sufrió. Gran parte de mi vida ha estado marcada por esa tragedia y por la épica de esa lucha. No olvidaré el 20 de octubre de 2011, cuando ETA anunció el abandono definitivo de la violencia. Ojalá que el 23 de marzo de 2016 sea el día clave para la paz definitiva en Colombia.

Por eso, el anuncio de La Habana del 23 de septiembre merece un ¡bravo! para todos. Para el Gobierno, inteligente y atrevido, que se metió en el túnel de la negociación sin ver la luz y hoy aparece al otro lado de la montaña y despliega la bandera blanca de la paz. Para los que durante años y años, casi una vida entera, creyeron que el uso de la violencia era legítimo y útil, y hoy cambian armas por votos y abrazan la democracia. Pero sobre todo, para el pueblo colombiano que tanto sufrió, que vivió esta tragedia de muerte y dolor durante sesenta años, la mayoría de ellos sin esperanza. A ese pueblo dolorido y esperanzado hoy, nuestra felicitación más emocionada.

Las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC comenzaron hace ahora tres años. Ha sido un camino arduo y no exento de escollos, como no podía ser menos en un país fracturado, donde el conflicto ha dejado miles de víctimas mortales, y son millones quienes lo han sufrido de un modo u otro. Hasta ahora, se habían firmado pactos parciales -sobre reforma rural integral, participación política y apertura democrática, y lucha contra el narcotráfico-, se habían declarado varias treguas -con algunos incidentes que añadieron tensión al proceso- y se había ido progresando con el apoyo de buena parte de la comunidad internacional, empezando por Cuba. Y también, es preciso decirlo, con el rechazo de la parte de la oposición encabezada por el expresidente Uribe.

Lo que acaba de acordarse en La Habana tiene, no obstante, una importancia singular, tanto simbólica como práctica, porque se trataba del elemento más espinoso: la llamada "justicia transicional".

Es necesario que la oposición política ayude al Gobierno. Utilizar este tema como arma partidista sería irresponsable y desleal con el pais

El concepto comprende la reparación a las víctimas y también el establecimiento de un sistema equilibrado que evite la impunidad, castigando los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y otros delitos graves, y que al mismo tiempo facilite la amnistía más amplia posible por delitos políticos. No será fácil compensar suficientemente a quienes han sufrido la violencia, restituir sus tierras a los desplazados, facilitar el retorno de los exiliados; hacer todo lo posible por lograrlo de la mejor forma posible es de justicia, aunque requerirá tiempo, voluntad y no poco dinero. Tampoco será fácil que una parte de la población colombiana acepte ver reintegrados a la vida civil, e incluso a la política, a antiguos guerrilleros; sin embargo, es el precio a pagar por la paz. Como dijo el Presidente Santos, "nadie negocia para acabar entre rejas".

Para lograr ese difícil equilibrio, Colombia había decidido ya poner en marcha un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. Dentro de ese marco, uno de los puntos más importantes del acuerdo alcanzado esta semana es la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá competencia sobre todos aquellos que hayan participado en el conflicto de manera directa o indirecta, incluyendo no sólo a las FARC, sino también -y esto es importante- a los agentes del Estado. El procedimiento concreto para cada uno de los delitos es complejo, y está vinculado a la voluntad de colaborar con la justicia, reconociendo responsabilidades y mostrando disponibilidad para reparar a las víctimas. Quedan, desde luego, ciertos elementos por concretar, algunos de ellos importantes, pero se ha fijado un periodo de seis meses para resolverlos. Las partes se han dado un plazo para la firma definitiva de la paz, que debe producirse no más tarde del 23 de marzo de 2016.

En realidad, ese momento, que podría entenderse como un final, será sólo un principio. Tocará entonces reconstruir la convivencia. En estas encrucijadas históricas resulta clave que los negociadores hagan gala de un pragmatismo con altura de miras, que combine hábilmente la ambición en los objetivos y el sentido de la realidad en la manera de lograrlos. Y además, tienen que ser capaces de explicar a su pueblo que ese y no otro es el camino, que requerirá generosidad y paciencia, que la justicia completa es inalcanzable a corto plazo, pero que sin paz no puede haber justicia alguna. Nadie debe caer en el error de pensar que la paz es ya un hecho descontado, porque un proceso como este siempre tiene sus fragilidades. Son muchas las heridas. Y tampoco conviene creer que la paz por sí sola resolverá todos los problemas, creando en Colombia una especie de Arcadia feliz de la noche a la mañana. Nada de eso. La paz es la primera puerta que hay que franquear para construir un país normal, una democracia sin el peso del conflicto a sus espaldas, donde sea posible afrontar los problemas desde esa normalidad democrática que sólo puede existir si no hay violencia. La paz no lo resuelve todo, pero sin ella no hay modo de resolver nada.

Los meses próximos serán decisivos. Primero, habrá que implementar el reciente acuerdo de La Habana. Esta es la próxima y última ronda de negociaciones pendientes, que debe acabar antes de la primavera. Sería bueno que en un proceso paralelo y similar, la segunda gran guerrilla, el ELN, se sumara a la paz final.

Para todos estos meses hace falta que la oposición política en Colombia ayude al Gobierno. Utilizar este tema como arma partidista sería irresponsable y desleal con Colombia. Pueden y deben debatirse los términos de la paz. Es necesario compartir con los partidos el protagonismo de la paz. Pero nadie puede torpedear el final de la violencia por intereses partidistas, aunque haya desacuerdos puntuales. Colombia va a necesitar un liderazgo institucional muy grande para transitar desde más de medio siglo de conflicto a una paz duradera y a una democracia integradora de los violentos. Eso requiere generosidad, altura de miras, sentido de Estado. En definitiva, grandeza política, algo tan difícil de encontrar y tan necesario de tener.

24 de septiembre de 2015

Valoración del principio de acuerdo entre Colombia y las FARC.


"La historia nos demuestra que los votos son mucho más importantes, y mucho más útiles y mucho más legítimos que las balas, que las armas"


 

"Con la paz en Colombia llega la enorme tarea de reconstruir la convivencia"


Notas de prensa 
Jueves, 24 Septiembre 2015

Tras el anuncio de principio de acuerdo de paz entre Colombia y las Farc, el eurodiputado y presidente de la Asamblea parlamentaria UE-América Latina (Eurolat), Ramón Jáuregui, celebra el el paso crucial que pondrá fin al mayor conflicto armado en Latinoamérica, que ha causado más de 220.000 muertes y millones de desplazamientos.

Jáuregui ha trasladado su felicitación al gobierno de Juan Manuel Santos y al pueblo colombiano, y ha agradecido el papel desempeñado por Cuba y el resto de países mediadores durante todo el proceso de negociaciones, iniciadas hace casi tres años.

El presidente de Eurolat ha puesto en valor la decisión de aquellos que durante años y años, casi una vida entera, creyeron que el uso de la violencia era legítimo y útil, y que hoy abandonan la violencia y abrazan a la democracia. “La historia demuestra que los votos siempre ganan a las armas. Con la paz llega la enorme tarea de reconstruir la convivencia". Asimismo, ha transmitido todo su apoyo al pueblo colombiano "que tanto ha sufrido, que ha vivido esta tragedia de muerta y dolor durante cincuenta años.

El dirigente socialista ha pedido a todas las fuerzas políticas colombianas "altura de miras y generosidad porque la implementación de los acuerdos de La Habana exigirá todos mucha comprensión mutua y la recuperación de la convivencia, seriamente deteriorada por tantos años de conflicto". A este respecto, ha destacado el papel clave que desempeñarça la sociedad colombiana en esta reconstrucción y que deberá emprender desde la tolerancia, recordando a las víctimas y sin olvidar la verdad de lo ocurrido", ha manifestado.

Ramón Jáuregui ha animado a las partes a hacer todo lo posible por lograr cuanto antes la firma del acuerdo definitivo, “que acabará con un conflicto que ha causado demasiadas desgracias".

Por último, Jáuregui ha recordado que además de las víctimas mortales alrededor de 55.000 personas han resultado afectadas por algún acto terrorista y otras 11.000 han sido víctimas de las minas antipersona. Además, 130.000 han sufrido amenazas, cerca de 75.000 han perdido algún bien y más de 21.000 han sido secuestradas, sin olvidar que se contabilizan 25.000 personas desaparecidas y 1.754 víctimas de la violencia sexual.


19 de septiembre de 2015

Convención Federalista.Barcelona 18-09-2015








El 18/9/2015 se ha celebrado, en Barcelona, la Convención Federalista organizada por la Fundación Rafael Campalans en la que han participado entre otros: el exprimer ministro italiano Massimo D'Alema, el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, el eurodiputado Ramón Jáuregui, el expresidente del Grupo S&D Enrique Barón y el expresidente catalán José Montilla, clausurando el acto Miquel Iceta.





Video completo de la Convencion.

13 de septiembre de 2015

Así no.

Pase lo que pase el 27-S en Cataluña, un gravísimo y largo proceso de fracturas sociales, será inevitable. La primera en el seno de la propia sociedad catalana, porque, al margen del concreto reparto de escaños, el sí y el no a la independencia ocupan y, ocuparán, parecido porcentaje electoral: entre el 40 y 45%. La gravedad de una fractura social en dos mitades se acentúa por la dimensión territorial de ese enfrentamiento interno (muy desigual en según provincias, ciudades y territorios), por la creciente radicalidad en el antagonismo de cada bloque para con el otro y, por supuesto, por la inevitable traslación de esa disyuntiva con todas sus tensiones a los ámbitos sociales de la vida ciudadana: familia, amigos, centros de trabajo, etc. 

Este proceso no ha hecho más que empezar. Los sucesivos acontecimientos que les/nos esperan en los próximos años, no irán sino acentuando los perfiles de esa fractura cuando unos y otros se culpen de las gravísimas consecuencias que en todos los órdenes se van a producir. Todo parece presagiar una cascada de decisiones políticas y jurídicas de enorme gravedad entre las que todo cabe imaginar. Desde la declaración unilateral de independencia hasta sucesivas reacciones sancionadoras del Estado. Es fácil imaginar entonces, el ‘in crescendo’ de la radicalidad social en Cataluña, entre promotores y detractores de un proceso independentista tan oportunista como enloquecido. 

¿Y en España? La fractura con Cataluña hará cada vez más difícil la recuperación del diálogo y la búsqueda de una solución negociada sobre su singularidad. Valga como síntoma, por banal que sea, y lo es, las pitadas a Piqué en Oviedo. Mucho antes, algunos ya utilizaron la reforma del Estatuto catalán para hacer una campaña partidista y soez contra Cataluña, que en poco nos ayudará ahora para encontrar acomodo a la nación catalana en el Estado español, que en mi opinión será la única terapia a este enconamiento social y la más que probable solución a este contencioso cuando tengamos que encontrar salida a este camino a ninguna parte. El cansancio y el rechazo social español a Cataluña se ve acelerado estos meses por el discurso nacionalista pro-independencia, basado, como siempre en estos casos, en un agravio exagerado, construido sobre una historia falseada y un victimismo tan manipulado como oportunista. Es imposible que los espa- ñoles no perciban que, en el fondo, los independentistas buscan egoístamente un futuro solos para ahorrarse las solidaridades a las que obligan la pertenencia a un Estado. 
Llegados a este punto, es legítimo que quienes aspiran a construir un Estado independiente en Cataluña, nos pregunten: ¿cuándo y cómo podemos materializar nuestro legítimo deseo? ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo posible en el marco legal y constitucional de España? Personalmente creo que negar la viabilidad jurídica a esas pretensiones no es democráticamente aceptable, pero también creo que el conjunto de exigencias para su realización es todo lo contrario a lo que estamos viendo en Cataluña. En primer lugar, no puede ser la consecuencia de unas elecciones tan confusas: ¿son plebiscitarias, son autonómicas…? La gente debe saber realmente qué vota y para qué. No puede ser la consecuencia puntual de una coyuntura tan oportunista como la que ha atravesado España estos últimos seis años, hábilmente manipulada para culpar a Madrid de todos los sufrimientos de los catalanes. No puede ser decidido con una mayoría de escaños aunque estos no correspondan a la mayoría absoluta de los votantes, o mucho menos, de los habitantes. La libertad de opinar, sin miedo, en un sistema de medios de comunicación abierto y plural, debe estar garantizada y ese no es el caso de la Cataluña oficial y gubernamental, volcada al independentismo. 

Un proceso independentista exige un acuerdo previo. Para que sea real y posible es necesario un acuerdo entre Cataluña y España. De lo contrario, esperar que España negocie de buena fe su amputación es más que de ingenuos. Peor aún, ocultar que una vía unilateral a la independencia tendrá consecuencias seguras y graves en aspectos tan importantes de la vida de los catalanes como es su salida de Europa y la imposibilidad de su reingreso sin unanimidad de los Veintiocho, o el futuro de sus pensiones, o el reparto del Patrimonio común o la carga de la deuda pública española, o tantas cosas más, es un engaño masivo del independentismo a los votantes que producirá frustraciones de muy difícil compensación. 
Ahora bien, ¿es posible un acuerdo para la independencia? En mi opinión, el acuerdo solo puede ser la consecuencia de una voluntad política muy mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña, reiteradamente expresada, plenamente democrá- tica en todas sus manifestaciones y vertebrada en su territorio. Se trata de un proceso, no de un acto puntual ni de una consulta coyuntural, que debería abarcar sucesivas consultas electorales con mayorías sólidas, amplias, inequívocas, fruto de una ciudadanía articulada, voluntariamente unida en torno a ese destino. Esa voluntad democrática es insoslayable y acabaría dando lugar a una conformación jurídico-política que exigirá una negociación previa con el Estado y con Europa y que podría ser, entonces sí, sometida a ratificación por el pueblo de Cataluña (y por el de España). 
Pero nada de esto está ocurriendo en Cataluña. Todo es fruto de un aprovechamiento de circunstancias coyunturales (desde el descontento social con la crisis económica, a la no menos importante crisis de Convergència), en un proceso acelerado y unilateral (como me dijo un dirigente de Esquerra, «o ahora, o nunca»), bajo una fuerte influencia mediática gubernamental en esa dirección, y con unas mayorías muy mínimas (¿no contaron ya en el famoso referéndum y fueron 1,7 millones frente a 7 de población?) 

No, así no. Yo no le niego a Cataluña su derecho a construir un nuevo Estado, pero semejante tarea hoy y aquí (en España y en Europa) requiere de unas mayorías muy sólidas, reiteradamente expresadas, como prueba de una voluntad colectiva asentada en el tiempo, vertebrada en el territorio y por todo ello políticamente indubitada. Eso requiere años –no prisas–, libertad plena en todas las opiniones, igualdad de oportunidades, serenidad colectiva, negociaciones y acuerdos previos para su posterior concreción jurídica y política. Así, sí.

Publicado en El Correo, 13/9/2015

10 de septiembre de 2015

Fronteras vivas.

Mientras Europa se debate buscando una solución a sus propios problemas fronterizos, a miles de kilómetros de aquí otra frontera viva, la que separa Venezuela y Colombia, se encuentra inmersa en un conflicto especialmente doloroso para las poblaciones que viven a uno y otro lado de la misma.

En las últimas semanas, varios miles de ciudadanos colombianos y colombo-venezolanos han abandonado el territorio de Venezuela para volver a Colombia. Una parte de ellos lo han hecho por la fuerza, obligados por el Gobierno de Nicolás Maduro bajo la acusación de practicar el contrabando, el narcotráfico o incluso de formar parte de bandas armadas. El resto ha retornado a Colombia por miedo a una deportación, con todas las consecuencias que la misma traería consigo, entre otras la prohibición de volver a Venezuela en los próximos años.

Al margen del carácter fundado o no de las acusaciones contra este colectivo, de consideraciones políticas sobre los objetivos perseguidos con este desplazamiento de población, o de las razones socioeconómicas que laten detrás del conflicto, existe en él un aspecto básico que no podemos perder de vista: el de los Derechos Humanos.

Los representantes de ACNUR en Colombia y los delegados de Naciones Unidas enviados a la zona han informado de numerosos casos de uso abusivo de la fuerza contra deportados y retornados. Se trata a menudo de personas muy pobres que abandonan Venezuela sin tener tiempo de recoger los pocos bienes que poseen, perdiendo sus medios de vida y arriesgándose a un penoso viaje a pie campo a través. Con el fin de dificultar su retorno, las autoridades venezolanas ordenan la demolición de las viviendas y destrucción de los documentos de identidad de los deportados.

En una zona en la que abundan los matrimonios mixtos, muchas de esas expulsiones están trayendo consigo la separación de las familias. A todo ello se añade el hecho de que, según denuncias recibidas por ACNUR, especialmente en los primeros días se dieron casos de refugiados y solicitantes de asilo de origen colombiano que habían sido deportados sin tener en cuenta la especial protección a la que su status les da derecho. Y por si fuera poco, en el lado colombiano de la frontera ese flujo repentino de población genera necesidades de refugio y abastecimiento de productos básicos que, tal como la propia ONU ha señalado, pueden convertirse en un problema humanitario.

Como decía, la que separa Venezuela y Colombia es una frontera viva. Viva porque es porosa para las personas y las mercancías, y extremadamente difícil de controlar para las fuerzas de seguridad en toda su extensión. Y viva también porque las poblaciones de uno y otro lado coexisten en una vecindad muy estrecha, que mezcla familias y comunidades, y que mezcla también sus economías, para bien y para mal. La solución de este conflicto es compleja y debe ser abordada con serenidad, evitando en la medida de lo posible la pulsión emocional que las cuestiones transfronterizas suscitan entre los nacionales de los estados implicados. Pero sobre todo, debe plantearse sobre la base del respeto a los Derechos Humanos, que son el único suelo universal con el que contamos para definir lo que entendemos como dignidad humana.

Publicado en El Huffington Post. 10/09/2015 
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Foto: SANTOS CIRILO
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