30 de marzo de 2015

Un nuevo estatuto de autonomías

"La reforma estatutaria, que aconsejan los cambios habidos en nuestra sociedad, no es tarea fácil ni urgente. Y requerirá la recuperación de consensos internos"

A diferencia del proceso catalán, lleno de ruido y de rupturas y me temo que de frustraciones futuras, los partidos vascos decidieron constituir una ponencia sobre el futuro de la autonomía vasca, llamar a expertos, escuchar a todos y hablar entre ellos para escoger el mejor camino en la definición de nuestro marco jurídico y político para los próximos decenios.

A decir verdad, no es esta una urgencia social hoy en día. Todas las encuestas muestran que este tema ocupa los últimos lugares de las preocupaciones de los vascos. Pero no es menos cierto que dos partidos, actualmente mayoritarios, el PNV y Bildu, cuestionan el actual marco, los segundos abiertamente y los primeros hacia un ‘nuevo status’ cutos perfiles no están precisamente claros.

El principal mérito del proceso abierto en el Parlamento vasco es que se busca un nuevo consenso interno. Es decir, se ha renunciado a imponer un proyecto, aunque pudiera parecer mayoritario, a costa de una fractura social interna del país, y se demanda un nuevo esfuerzo de adaptación a las opciones ajenas en la búsqueda de un mínimo común, aceptable para todos.

La pregunta que debemos hacernos en ese razonamiento es: ¿cuáles debieran ser las reformas de nuestro Estatuto y cómo llevarlas a cabo? Para empezar, conviene recordar que el Estatuto de Gernika no se ha actualizado en sus 35 años de vida, a pesar de los enormes cambios producidos en este tiempo, en todos los órdenes. Es un texto breve, de pocos artículos, en los que nos limitamos a señalar las instituciones de la autonomía, competencias y poco más, sin olvidar la calculada ambigüedad de algunas de sus disposiciones, redactadas con clara intencionalidad de admitir interpretaciones diversas y que han dado lugar a una conflictividad jurídica y política, de todos conocida.

A su vez, la Constitución Española pide a gritos una reforma puntual pero importante, tanto de su Título VIII (el Estado de las Autonomías) como de otros importantes elementos de nuestras instituciones. En mi opinión, la reforma de la Constitución es también una demanda democrática y social. Es necesaria para adecuarla a las nuevas demandas de la sociedad española y a las nuevas realidades del siglo XXI. Hace treinta y cinco años no estábamos en la UE, ni había internet, ni éramos una sociedad de inmigración, ni nuestra economía estaba globalizada, ni había una crisis financiera como la que hay ahora, ni había desarrollado servicios sociales básicos como la educación, la sanidad o las pensiones. La Constitución Española tiene que adaptarse también por la grave crisis política que sufre nuestro país para reforzar y relegitimar sus instituciones y sus reglas básicas de convivencia democrática.

De una reforma constitucional que configure un verdadero Senado federal, un nuevo –y clarificador– reparto competencial, incluso un reconocimiento más explícito de los hechos diferenciales, se va a deducir la oportunidad y la necesidad de renovar nuestro Estatuto de Autonomía, que bien podría obtener avances significativos en temas como los siguientes:

1º) Una nueva y amplia regulación de derechos y deberes de los vascos que, en concordancia con los Derechos Fundamentales de la Constitución, establezca y regule una carta de relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos de la Comunidad.

2º) Una nueva definición competencial, con incorporación, en su caso, de nuevas competencias, así como la clarificación jurídica de sus ámbitos y funciones.

3º) La específica competencia exclusiva en materia de organización territorial del País Vasco y en su régimen administrativo local. Un nuevo estatuto vasco deberá definir su marco institucional para clarificar la distribución competencial interna entre territorios históricos y Comunidad, evitando duplicidades, reduciendo el entramado administrativo público y resolviendo las múltiples disfunciones en la gestión pública vasca.

4º) Una determinada organización territorial de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma y de las competencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como última instancia judicial.

5º) Una definición mejor de los mecanismos de intervención en la política comunitaria de la UE, especialmente en las materias de competencia exclusiva del País Vasco y, una mayor flexibilidad de acción exterior de la Comunidad en los nuevos parámetros de la política supranacional.

6º) Garantizar la bilateralidad de las relaciones con el Gobierno del Estado en las materias propias, así como una participación común en las competencias concurrentes a través de mecanismos federales de cooperación (en el Senado principalmente).

El nuevo Estatuto deberá abordar además una importante exposición de motivos en la que cabe una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales y políticos de Euskadi. Y, por supuesto, un relato consensuado de nuestra historia reciente, que nos permita una descripción real y consensuada de la violencia sufrida y que nos proyecte a un futuro común en base a nuestros deberes para con las víctimas, a la memoria y a la verdad, a la paz para siempre y al pluralismo democrático de una convivencia renovada.

No es tarea fácil ni urgente. Estamos hablando de la próxima legislatura, unos años que coincidirán con cambios generacionales y del sistema de partidos y con un proceso de superación de las heridas que la violencia de cincuenta años nos ha dejado. Pero esa recuperación de consensos internos y de estabilidad institucional es condición necesaria para abordar los grandes retos socioeconómicos del país.

Publicado en El Correo.

18 de marzo de 2015

"A Europa le preocupa el avance económico de China en Latinoamérica"



Panamá. 17 mar (EFE).- Uno de los copresidentes de la Asamblea Euro-Latinoamericana (Eurolat), el eurodiputado socialista Ramón Jaúregui dijo hoy en Panamá que a Europa le preocupa la pérdida de influencia en Latinoamérica y el avance de China en la región.

"Nos preocupa que dejemos de ser el gran aliado económico que Europa ha sido para muchos países latinoamericanos y que otra potencia económica, China, por ejemplo, nos sustituya", apuntó el copresidente del Eurolat en el discurso de inauguración de la reunión que el organismo birregional celebra hasta mañana en Panamá.

Diputados europeos y latinoamericanos se reúnen desde hoy en el país centroamericano para redefinir sus relaciones comerciales y buscar estrategias que enfrenten problemas comunes como la corrupción, la evasión fiscal, la migración, el tráfico de drogas, la impunidad del crimen organizado y la violencia machista.

"Hemos vivido demasiado tiempo sin hacer lo que teníamos que hacer juntos (...) Nos preocupa que América Latina mire cada vez al Pacífico y que Europa mire cada vez más al Este, al norte de África y al Mediterráneo", dijo Jaúregui.

El otro copresidente del Eurolat, el salvadoreño Leonel Vásquez Búcaro, reconoció a Efe que América Latina está buscando nuevos mercados y que la presencia de China en el continente en los próximos diez años va a ser "mayor".

Según datos del Parlamento Europeo, en el año 2000, China ocupó el lugar 16 entre los destinos de las exportaciones latinoamericanas y del Caribe, y el puesto 9 como fuente de importaciones.

En la actualidad, el gigante asiático es el segundo socio comercial de América Latina y la segunda fuente de inversión extranjera directa, tan solo detrás de Estados Unidos.

"Europa hasta hace poco miraba a Latinoamérica como una productora de materias primas (...) Europa debería en estos momentos tener una estrategia distinta de cara Latinoamérica, una ofensiva mayor, un dialogo mas permanente, una conversación horizontal", añadió Vásquez Búcaro.

Eurolat fue creada en 2006 como una institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional establecida en junio de 1999 entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe.

El organismo, que está copresidido por el eurodiputado español Ramón Jaúregui y por el diputado latinoamericano José Leonel Vásquez, lo forman 150 diputados, 75 del Parlamento Europeo y 75 del Parlatino.

13 de marzo de 2015

¿Suben los salarios?

Una buena muestra de las divergencias económicas de la zona euro son las diferencias en los salarios entre algunos de los países de la misma zona monetaria. En Alemania y España, por ejemplo, tenemos salarios muy divergentes y quizás más a partir de las últimas noticias. Es verdad que hay millones de empleos de bajos salarios en Alemania (minijobs, por ejemplo), pero la media salarial entre nuestros dos países dista más de un 25%. La crisis en España ha reducido los salarios –sobre todo del empleo joven– en más de un 20% en estos últimos cinco años y hoy tenemos un verdadero problema de subempleo en la cuarta parte de nuestra población laboral.

Desde que la globalización productiva, impulsada por el libre comercio y la financiarización internacional, presiona a la baja las condiciones laborales del mundo occidental, el sindicalismo europeo sufre un desgaste enorme. Su lucha ha sido durante los últimos años casi resistencialista. Defender lo conseguido, no perder protagonismo sociolaboral, mantener afiliación, sostener la negociación colectiva, etc han sido y desgraciadamente son todavía sus principales objetivos. Los sindicatos son, sin embargo, organizaciones imprescindibles en un mundo laboral en constante devaluación y con evidentes dualismos internos y desigualdades crecientes. Otra cosa es que ese sindicalismo necesario se actualice y adapte a un mundo laboral nuevo, y que sea capaz de reformular sus viejas aspiraciones de dignidad y justicia a las nuevas realidades laborales de este siglo.

Pero lo cierto es que mientras todo eso ocurre, se siguen negociando las condiciones laborales y salariales de millones de personas. Mirando a España, estamos a punto de saber si nuestros sindicatos y patronal acuerdan las negociaciones retributivas para los próximos tres años, que girarán en torno al 1% anual, por lo que se va sabiendo.

Sin embargo, y paralelamente, acaba de producirse una importantísima noticia y una gran victoria sindical en Alemania como consecuencia de la negociación de la subida salarial en el sector del automóvil, entre el sindicato IG Metal y la patronal del sector metalúrgico en Baden-Würtemberg. Efectivamente, el acuerdo contempla una subida del 3,4% del salario de los trabajadores a partir del próximo 1 de abril, además de una prima única de 150 euros a cada trabajador. El acuerdo sólo afecta al Estado en el que se encuentra la gran industria automovilística, pero se aplicará también en el resto del país.

Hacía mucho tiempo que una negociación colectiva salarial no terminaba con una victoria sindical tan importante. Dos consecuencias positivas pueden extraerse de esta información. Por una parte, que mejoren los salarios en Alemania es importante porque eso aumentará el consumo en la principal economía europea, permitirá converger con las economías del sur en materia de balanzas comerciales y ofrecerá un horizonte de imitación en el resto de sectores y de países, poniendo fin a los años de devaluación salarial que estamos sufriendo.

Por otro lado, estimula la organización sindical de los trabajadores y fortalece la negociación colectiva como instrumento de fijación de las relaciones laborales.

Que los sindicatos serios –como lo es el IG Metal alemán– y la negociación colectiva recuperen prestigio y presencia no puede sino calificarse como una buena nueva en este clima de deterioro laboral y de derrotas sindicales que llevábamos sufriendo desde hace muchos años.

La estructura salarial en España merece, a la vista de todos estos precedentes, una reflexión un poco más profunda. Empecemos por los salarios bajos. Hay demasiados salarios bajos y son demasiado bajos. Seiscientos cincuenta euros de salario mínimo (junto a Portugal, el más bajo de la Eurozona) para cerca de un millón de empleados es la primera de nuestras anomalías. Una diferencia del 30% de retribución salarial entre temporales y fijos para la misma función, con cerca de cinco millones de trabajadores eventuales, es la segunda. Una diferencia de hasta el 25% de salarios entre hombres y mujeres, la tercera. Y una brecha salarial de uno a cien entre el salario más bajo y el más alto es un abanico salarial inaceptable, además de injustificado.

Por eso se está planteando en toda Europa –y el PSOE lo llevará en su programa electoral– la limitación de los salarios de los directivos, la subida del salario mínimo y una ley para asegurar las retribuciones iguales más allá del género y la edad. Hablando de edad, concretamente de jóvenes, permítanme una línea para denunciar la explotación laboral a la que se ven sometidos miles de jóvenes españoles, licenciados; trabajando en consultoría, despachos, oficinas centrales, etc., con horarios que superan las diez o doce horas diarias, ganando durante años salarios que son la mitad o la tercera parte de los que perciben sus coetáneos en París, Londres o Múnich.

En el marco de una revisión profunda de nuestro Estatuto de los Trabajadores –no lo olvidemos, una ley de hace casi cincuenta años– tiene que adaptarse a un mundo laboral y productivo totalmente distinto al de la España de finales de los años setenta del siglo pasado, los salarios y las condiciones laborales de nuestro país deberán modernizarse, y sobre todo, alcanzar más equilibrio y justicia.

Publicado en Cinco Días, marzo 2015.

10 de marzo de 2015

"La elusión fiscal es un robo a la sociedad"

NOTA DE PRENSA. Martes, 10 marzo 2015.

El eurodiputado socialista y miembro de la comisión especial contra el fraude y la evasión fiscal (Tax-Leaks) Ramón Jáuregui asegura que lo ilegítimo debe convertirse en ilegal”.

Tras la primera reunión de la comisión especial contra la evasión y el fraude fiscal, (Tax-Leaks) celebrada esta semana en Estrasburgo, el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha censurado la existencia de modelos organizados por los Estados miembros que fomentan la evasión fiscal. “Prácticas que son claramente ilegítimas y deberían ser ilegales”, ha señalado.

“Investigaremos las prácticas fiscales fraudulentas y desleales de los países de la Unión así como a los auditores que se han especializado en una ingeniería fiscal antisocial. También examinaremos a los Bancos que trasiegan el dinero privado a paraísos fiscales y facilitan la evasión fiscal, además de las actuaciones fiscales de las grandes compañías que no pagan impuestos de sociedades”, ha explicado el eurodiputado socialista.

“Mejorar y aumentar la recaudación fiscal para sostener los servicios públicos y para incentivar el crecimiento económico y el empleo es una urgencia social”, ha asegurado Ramón Jáuregui, que ha calificado de “robo a la sociedad, que bancos y empresas, muchos de ellos ayudados con dinero público durante la crisis, eludan pagar impuestos a expensas de los contribuyentes honestos. No puede haber lugar para esto en Europa”.

"Igualmente, inspeccionaremos el papel de las consultorías internacionales. Determinaremos si las que asesoran a la Comisión Europea y a los Estados miembros sobre cómo mejorar los sistemas de impuestos, son las mismas que desarrollan modelos de evasión fiscal para empresas. Este tipo de relación infame es claramente inaceptable", ha declarado Jáuregui.

La comisión temporal preparará un informe que proporcionará un amplio paquete de medidas para una justicia fiscal más fuerte en Europa. Es una prioridad para los socialdemócratas poner fin a la evasión fiscal. A este respecto, Jáuregui ha reiterado el compromiso de los socialistas en “establecer orientaciones políticas y propuestas concretas para asegurar que las empresas coticen allá donde operan, cesar la competencia fiscal a la baja en los impuestos, mejorar la coordinación informativa entre los servicios fiscales nacionales, abortando el secreto bancario y la opacidad fiscal. Además de armonizar los impuestos en toda la zona euro y avanzar en una nueva fiscalidad, más rigurosa y en gravar los movimientos financieros”.

El mandato de la comisión especial expira en seis meses, con la posibilidad de una prórroga de medio año. La próxima reunión se celebrará el 30 de marzo.

Una iniciativa ciudadana europea más accesible.

Hace unos días celebramos en el Parlamento Europeo un interesante debate en torno a la Iniciativa Ciudadana Europea cuando están a punto de cumplirse tres años desde su entrada en vigor. Este instrumento, consagrado por el Tratado de Lisboa para reforzar la participación democrática ciudadana y acercar las instituciones europeas a los ciudadanos, permite que un millón de ciudadanos de, al menos, siete de los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea (UE) soliciten la creación de un texto legislativo en alguno de los ámbitos de competencia de la UE.

Sin embargo, y tal como expresaron los participantes, las dificultades que plantea el cumplimiento de los requisitos fijados por el Reglamento que regula este instrumento entorpecen la consecución de su objetivo principal: la participación en la vida democrática de la Unión. Buena prueba de la complejidad de las exigencias es que de las 49 iniciativas que se han puesto en marcha desde 2012, solo tres han cumplido todos los requisitos y han alcanzado el número de firmantes requerido.

¿De qué sirve crear un instrumento innovador pero con tantos requisitos burocráticos que socavan el nivel de participación ciudadana y desalientan a los más de seis millones de ciudadanos que han apoyado con su firma una Iniciativa Ciudadana Europea? 

La Comisión Europea presentará en abril un informe sobre la aplicación del Reglamento y previsiblemente introducirá algunas propuestas para reducir las barreras administrativas y dar un empuje a este instrumento que, lamentablemente, es muy poco conocido por la ciudadanía europea.

En mi opinión estas propuestas no deberían limitarse a las cuestiones más técnicas y burocráticas (facilitar los sistemas de recogida de firmas a través de páginas web; ampliar el plazo para la recogida de las firmas; facilitar la traducción de las iniciativas ciudadanas propuestas a otras lenguas oficiales de la Unión; simplificar los requisitos que se piden a los firmantes, etc.), sino que también deberían incluirse fórmulas para mejorar el seguimiento de las iniciativas que hayan conseguido el número de firmas requerido o, en su defecto, un amplio número de firmas. Quizás no todas las iniciativas puedan desarrollarse como propuestas legislativas, pero convendría reconducirlas en otros instrumentos políticos como Recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros y Dictámenes; Comunicaciones y Libros Blancos de la Comisión, etc.

Debemos ser ambiciosos si queremos reconciliar a los ciudadanos con la Unión Europea y atajar el incremento del voto antieuropeo y de la tasa de abstención de las pasadas elecciones europeas. Solo si actuamos de forma más política y menos legalista y solo si abrimos vías de participación democrática, los ciudadanos sentirán que su voz cuenta en Europa.

8 de marzo de 2015

Tareas pendientes de Europa en América Latina.

Es bueno que la Unión Europea exija diligencia a sus socios en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, siempre y cuando sea igual de exigente consigo misma. Con respecto a América Latina, Europa no siempre es tan diligente como debiera a la hora de cumplir sus tareas pendientes, con el consiguiente deterioro de su imagen.

Un primer ejemplo de esa falta de diligencia es el retraso de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación con Centroamérica. Dicho retraso se debe a que el texto del Acuerdo está aún pendiente de ratificación en diecinueve parlamentos nacionales, todos ellos de Estados miembros de la UE. Los socios latinoamericanos han hecho en este caso sus deberes antes que los europeos.

Hay otro ejemplo más preocupante por sus consecuencias sobre las personas y sobre el medio ambiente. Es el caso de las industrias extractivas europeas con presencia en América Latina, cuyos proyectos presentan a menudo una doble cara. Por un lado, generan riqueza y empleo, y ambas cosas son imprescindibles para el crecimiento y la mejora del bienestar de los países que los albergan. Por otro lado, esas industrias utilizan intensivamente recursos como el agua y la tierra, y su impacto directo sobre las comunidades -normalmente comunidades indígenas- de las zonas donde se desarrollan no es siempre tan positivo. A lo largo de los últimos meses he recibido a representantes de comunidades afectadas en distintos países latinoamericanos, que narran situaciones de desplazamientos forzosos, deterioro de los recursos naturales y otros tipos de abuso.

La UE debe ser exigente con las empresas europeas que desempeñan sus actividades en el exterior, en primer lugar porque es lo justo, y en segundo lugar, porque la buena o mala imagen que dan de sí mismas influye decisivamente en la imagen que los latinoamericanos tienen de Europa. Debemos pedirles que respeten la normativa de los países en los que se implantan, que no rebajen sus estándares laborales o medioambientales cuando salen de nuestras fronteras. Pedirles, en definitiva, que sean socialmente responsables.

A nuestros socios latinoamericanos, debemos invitarles a que nos informen de los casos en los que empresas europeas vulneren ese principio de responsabilidad. Así se lo expresé hace unos días en la Delegación para los Países Andinos del Parlamento Europeo a los embajadores de Colombia y Perú, dos de los países en los que tienen más presencia las industrias extractivas europeas. Que esa presencia se aproveche para bien será fruto de la colaboración de todos.

6 de marzo de 2015

#DeCerca: micro entrevista con Ramón Jáuregui.



¿Quién es Ramón Jáuregui?

Ramón Jáuregui: Es un socialista de siempre. Un joven luchador contra la dictadura de Franco en los años setenta, un abogado laboralista/sindicalista en los comienzos de la democracia y un político que ha representado a su partido (el PSOE) en múltiples sitios y puestos institucionales.

Ser socialista en tiempos difíciles debe de marcar mucho el carácter. ¿Cómo era ser socialista vasco en los 70 y 80?

Ramón Jáuregui: Sin duda mi vida ha estado marcada por la tragedia del terrorismo. Vivíamos pendientes de la violencia porque la fuerza del drama colapsaba la política, el debate, la ideología. Todo estaba supeditado a la noticia brusca, intempestiva y sin embargo repetida del atentado y todo era liturgia rutinaria y dolorosa tras cada uno de ellos. Sí, fue duro. Especialmente para quienes tuvimos que vivir cerca de las víctimas y tuvimos que protagonizar esos años. Pero fueron también años de una épica democrática muy hermosa. Luchábamos por la paz y ganamos la batalla. La gente nos apoyaba. Nos sentíamos pequeños héroes. Gozábamos de una emocionada simpatía en toda España. Fue duro y trágico, claro, pero la conquista de la paz ha dado sentido a todo aquel sufrimiento.


Debe de tener una vida muy agitada ¿Cómo es un día en la vida de Ramón Jáuregui?

R.Jáuregui: He vivido más agitadamente en épocas anteriores a mi actual destino en el Parlamento Europeo. Siempre he dicho que las tareas del gobierno son mucho más exigentes que las de diputado. Hoy vivo cuatro días muy intensos (de lunes a jueves) con jornadas de 10-12 horas al día en Bruselas o Estrasburgo y afortunadamente, mi fin de semana es relativamente tranquilo. No estar en primera línea de responsabilidades orgánicas y fuera del círculo mediático es muy relajante para quien ha estado toda la vida en esas responsabilidades.


Ahora es miembro de la comisión especial del Parlamento europeo contra la evasión, el fraude, y la competencia fiscal en la UE. El tema Luxleaks y la lista Falciani hacen que sea un tema que preocupa e indigna a la ciudadanía ¿Qué medidas tiene que tomar la UE al respecto?

R.Jáuregui: Yo espero que la comisión especial sea el primer paso en favor de un múltiple objetivo:

– Asegurar que las empresas coticen allá donde operan.
– Cesar la competencia fiscal a la baja en los impuestos.
– Mejorar la coordinación informativa entre los servicios fiscales nacionales, abortando el secreto bancario y la opacidad fiscal.
– Armonizar los impuestos en toda la zona euro.
– Avanzar en la fiscalidad nueva (rigurosa) y en gravar los movimientos financieros (Financial Taxes).


Para acabar un breve cuestionario:

Un lugar de tu tierra: El Palacio de Miramar sobre la Concha en San Sebastián

Un amigo en política: Fernando Buesa (que lo fue)

Un referente político: Felipe González

Una película española que nos recomendarías: Todo sobre mi madre (Almodóvar)

Una canción que nos recomendarías: Los colores del otoño (Benito Lertxundi)

Un libro: Los mejores poemas de Antonio Machado

4 de marzo de 2015

El poder de las multinacionales con la publicidad.

Para los seguidores del debate sobre RSC, viene bien conocer una noticia que han publicado solo algunos diarios europeos a propósito de cómo se las gastan algunas grandes compañías con los medios de comunicación que no se pliegan a sus intereses.

Efectivamente, a lo largo de la presentación de los resultados del Banco HSBC el pasado 23 de febrero, su director general, Stuart Guillver, admitió que su Banco no invierte en publicidad en los medios que le habían dado una "cobertura hostil" a sus cuentas en Suiza, porque ese gasto publicitario no reporta beneficios a la empresa. Añadió, sin embargo, cínicamente en mi opinión, que con ello no pretendía “influir en la cobertura editorial de nadie".

Lo cierto es que, muy al contrario, el pasado 17 de abril Peter Oborne, editorialista del Daily Telegraph dimitió de su cargo acusando al periódico británico de ocultar las informaciones en torno al "SwissLeaks" y el escándalo de HSBC y doblegarse a los deseos de sus anunciantes.

Conviene recordar que HSBC viene siendo acusado en toda la prensa internacional de participación activa en la evasión fiscal de cientos de miles de contribuyentes desde la publicación de la famosa lista Falciani y por las revelaciones de "SwissLeaks". La evasión fiscal es un problema gravísimo para las haciendas nacionales. Mucho más en tiempos de crisis y de sacrificios sociales como los que vivimos.

A estos escándalos se ha unido otro nuevo, conocido bajo el término de "LuxLeaks", y que alude al gran escándalo político que atraviesa Europa con la "fuga fiscal" que produjo Luxemburgo haciendo acuerdos con las grandes empresas internacionales para eludir al fisco de los países europeos en los que operaban y cotizar a tipo mínimos (en torno al 2%) el impuesto de sociedades, a cambio de instalar sus sedes contables en dicho país.

Los actuales dirigentes de HSBC reconocen con "vergüenza" la conducta y los fallos de su filial suiza de banca privada y responsabilizan de los mismos a los antiguos ejecutivos. Sin embargo, tanto el actual director ejecutivo del grupo bancario, Douglas Flint, como el director general, Stuart Guillver, desempeñaban puestos de responsabilidad en la institución financiera cuando se aprobaron las prácticas que hoy están siendo investigadas. 

Desde la década de los noventa, la institución financiera basada en sus orígenes en Hong-Kong y nacida del comercio del opio, ha experimentado una expansión masiva con la compra de decenas de bancos en todos los continentes, lo que le ha permitido convertirse en el primer grupo financiero europeo.

Su crecimiento -rodeado desde sus inicios de escándalos como la manipulación del mercado de tipos de cambio y el blanqueamiento del dinero de los carteles mexicanos- ha sufrido en 2014 un importante retroceso del 15,5% con respecto al año anterior. Pese a ello obtuvo un beneficio neto atribuido de 12.007 millones de euros.

HSBC defiende que las prácticas descubiertas por el robo de datos del informático Hervé Falciani han sido corregidas. Afirman que los ejecutivos responsables de las mismas no forman parte de la actual dirección y que están trabajando en la implementación de los estándares informativos de la OCDE y otras medidas para fomentar un mayor control. 

No cabe duda de que este conglomerado de bancos tiene ante sí dos importantes retos si no quiere seguir sufriendo una caída de sus beneficios por las sanciones regulatorias. En primer lugar, garantizar el cumplimiento de un código ético y en segundo lugar, implantar una mayor transparencia como reclama la RSE.

En mi opinión la RSE es trasparencia, entre otras muchas cosas. Y transparencia es información porque de la información viene la opinión libre y la conducta ciudadana que premia o castiga a las compañías. Algunos estamos hartos de que nos inunden de propaganda y de marketing social, compañías o bancos que no cumplen lo más elemental de las obligaciones sociales: la responsabilidad fiscal con nuestros conciudadanos.



Publicado en Diario Responsable.


¿Hay una nueva izquierda en Europa?

El desenlace del primer gran combate entre Syriza y la Unión Europea ha puesto de manifiesto los límites que establece la economía de mercado para una política económica alternativa cuando dependes de los propios mercados para tu financiación. No sólo eso. El choque brutal de realismo que ha impuesto Europa al Gobierno de Tsipras, ha puesto sobre el tapete algo que muchos ya conocíamos: que en el seno de una moneda común, tienes que adaptarte a las decisiones colectivas de 19 gobiernos, y a los requerimientos de las instituciones financieras que te prestan dinero o dirigen la política monetaria.

¿Podía hacer algo diferente a lo que ha hecho la nueva izquierda griega? Yo creo que no. Por eso me resultan vacías y falsas las alternativas que se nos presentan desde la izquierda de la izquierda a quienes hemos gestionado crisis parecidas en circunstancias semejantes. Por eso, al escuchar sus críticas a lo que tuvimos que hacer en los años 2010 y 2011 en España, me resultan cínicas e ignorantes. ¿Qué hubieran hecho ellos?

Más allá de los debates simplificadores sobre pueblo y casta, jóvenes y viejos, nuevos y antiguos, la llamada nueva izquierda en Grecia, España, Francia o Alemania, o en Ecuador o en Bolivia, mi impresión es que no hay una izquierda económica alternativa a la socialdemocracia. No tiene ninguna credibilidad. No es verosímil. En el mundo no hay ningún modelo conocido y que funcione de esa alternativa.

Hay, por supuesto, una agenda de cambios en política económica desde la izquierda. En fiscalidad, en regulación de mercados, en mercado laboral, en intervención pública, en predistribución de ingresos, en redistribución social, en servicios públicos y en igualdad. Claro que la izquierda tiene que afinar esas propuestas y claro que tenemos que hacer más y mejor en esa larga marcha. Pero eso es lo que viene haciendo la izquierda socialdemócrata desde hace setenta años, y ahí están las muestras, en decenas de países socialmente cohesionados y competitivos.

2 de marzo de 2015

La tarea de Tsipras.

Mucho me temo que el éxito de Tsipras y de Syriza no será llevar a cabo su programa irrealizable, sino modernizar Grecia y construir un Estado robusto y eficaz. Esa es su tarea histórica con el enorme caudal de confianza que tiene sobre sus espaldas.

Me recuerda un poco a lo que nos pasó en 1983 a los socialistas españoles cuando recibimos un apoyo abrumador para consolidar la democracia, modernizar su economía, entrar en Europa, construir el Estado de las Autonomías, etc. La diferencia es que Felipe González en campaña electoral resumió su proyecto de España en una frase: “que España funcione”. Pues eso, que Grecia funcione.

Es decir, que pongan en marcha un sistema fiscal eficaz. Que haya un censo como es debido. Que se acabe el contrabando de gasolina y de tabaco. Que se eliminen los privilegios inaceptables de la Iglesia ortodoxa, que se acaben los monopolios y oligopolios, que se introduzca la competencia, que se estimule el emprendimiento, que se fomente la economía industrial. Que combatan la corrupción, que pongan fin a la economía clientelar. Esas y otras muchas son las tareas preferentes de Syriza. Hacer país desde la izquierda, saneando las finanzas públicas poco a poco, sobre la base del crecimiento económico y la creación de empleo como únicos fundamentos del progreso social.

Esa es la verdadera izquierda para Grecia. ¿Es nueva? No, es la izquierda de siempre, aunque algunos quieran inventarla de nuevo.
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Foto: SANTOS CIRILO
Videos: PARLAMENTO EUROPEO.