3 de abril de 2014

Decidir, sí, pero todos los días.

Mi oposición al Derecho a decidir no tiene solo fundamentos de legalidad. Por supuesto estos son importantes porque, en Democracia, las formas son el fondo. Quienes desprecian el valor de las leyes y las exigencias de su cumplimiento en todo proceso político (por muy transformador o rupturista que sea), es que no conocen el sentido básico de la democracia.
¿Cuáles son esos requisitos legales? Primero, debemos aclarar una peligrosa confusión. La consulta no es solo una consulta. En la práctica es el inicio de la secesión. Porque, aunque la consulta no sea vinculante jurídicamente –como proclaman sus promotores-, nadie negará que es políticamente determinante. Es decir, su resultado constituiría un mandato democrático inapelable que define un único camino de acción: la materialización de un deseo colectivo, en el supuesto de que esa fuera la respuesta.
¿Por qué no es posible una consulta auto determinista en España? La respuesta tiene una lógica jurídica aplastante: Porque no la reconoce nuestra Constitución; porque la soberanía es de la ciudadanía española, y esa decisión nos corresponde a todos, porque luego habría que extenderla a otros territorios y, porque ningún país serio introduce en su ordenamiento jurídico una disposición tan profundamente desestabilizadora, que le condene a su demolición.
Pero, mi argumentación principal frente a esa reivindicación es que ésa no es la forma de decidir una cosa tan importante.
1º) Porque un pueblo no decide su destino de manera tan traumática, tan coyuntural, de un día para otro, obligado a optar entre los extremos de un péndulo identitario lleno de soluciones intermedias, mayoritariamente compuesto de sentimientos compartidos.
La consulta del Derecho a Decidir se plantea única y exclusivamente en términos de obtener un Sí o un No a la independencia de Cataluña, con intención, naturalmente, de que venza el Sí porque, incluso los que reivindican el Derecho a decidir sin ser independentistas tendrán que apoyarla, para no sumarse al No que defenderán las llamadas fuerzas españolistas.
2º) Porque el elector, no decide realmente, es decir, el ciudadano desconoce en sus verdaderas dimensiones, las consecuencias de una opción extrema y antagónica. Porque, si vence el No, ¿Quiere eso decir que los problemas que expresan los ciudadanos catalanes a favor del autogobierno deben quedar postergados y merecen el castigo de su desprecio por haber votado no a la independencia? Y si vence el Sí, resultará imprescindible empezar después a negociar las consecuencias de esa decisión extrema y las formas de materializar ese deseo. ¿No sería necesario volver a preguntar después, una vez conocidas esas circunstancias (peso de la deuda, reparto del patrimonio, marco comercial, entramado europeo en su caso, etc.), para saber si de verdad los catalanes desean y deciden ese marco de independencia?
3º) Porque una consulta autodeterminista interna, siempre conlleva una fractura social. El Sí y el No, es como un cuchillo que divide a la población en bandos antagónicos. Obligados a decidir, los ciudadanos y sus instituciones cívicas y sociales (familia, amigos, colegios profesionales, centros de trabajo, etc.), sufren una tensión ontológica sobre su ser o no ser, sin olvidar que la pretensión nacionalista favorable a la independencia, por naturaleza, ambiciona la homologación nacionalista de su población. Desconocer el carácter impositivo de ese movimiento, es cerrar los ojos para negar el sol. ¿Haremos extranjeros en nuestro propio país a nuestros vecinos de ayer?
4º) Porque las consultas autodeterministas, son, en sí mismas, profundamente desestabilizadoras. ¿Cuánto duran sus efectos? ¿Cuántas veces se pueden repetir o revocar estas decisiones? El hecho de que la aspiración a la secesión sea legítima, no nos impide calificarla como moralmente mala. Al margen del soporte social que obtenga, la secesión produce objetivamente efectos sociales muy perjudiciales para una amplísima ciudadanía, dentro y fuera de Cataluña. Dentro, ya está dicho. Fuera, en la ruptura con una historia española común, con unas familias únicas, con unas relaciones económicas y comerciales, culturales y sociales, de enormes sinergias recíprocas. Mala para un proyecto europeo común posible.
Por eso, creo que en el tema catalán hay que buscar otras salidas, otras soluciones. Para mí, lo primero es reconocer que en Cataluña hay un conjunto de reivindicaciones ampliamente sentidas sobre su status económico, autonómico, cultural y político, que debemos atender en una negociación seria y profunda de su marco jurídico y político de relación con el Estado. Coincide que eso se suma a diferentes problemas de funcionamiento de nuestro modelo territorial autonómico que reclaman una solución urgente e integral de nuestro Título VIII: la conversión del Senado en una cámara federal, la clarificación federal de las competencias, la institucionalización de los hechos singulares (lengua, financiación, etc.), la participación federal en los asuntos europeos, etc. etc.
En segundo lugar, lo que procede es que abordemos una negociación de todos estos problemas. Hagámoslo en una ponencia para la reforma de nuestra Constitución que aborde otros ajustes de tiempo y de contexto (Europa, la crisis, Internet, la regeneración democrática, etc.), en un texto que ha servido magníficamente en este período de nuestra democracia pero, que necesita una modernización, importante, y una renovación de su legitimación social.
Una reforma de nuestra Constitución nos ofrece una oportunidad única para abordar, de verdad, los problemas reales de Cataluña porque, a diferencia de la frustrada experiencia con la reforma del Estatut, estamos hablando de recoger en nuestra Carta Magna, la forma de ser y estar Cataluña en el Estado. De manera que, aquél Estatut que refrendó el pueblo de Cataluña en 2006, no podría ser declarado inconstitucional. Estamos hablando de una Nueva Constitución que debería ser pactada con las fuerzas mayoritarias de Cataluña, porque su refrendo posterior lo hace imprescindible. Estamos hablando de darnos una nueva oportunidad de seguir viviendo juntos en la solución previa de los contenciosos que ahora tenemos.
El final de esta Legislatura es un tiempo propicio para este proyecto, tan ambicioso como necesario. Quedan dos años hasta las próximas elecciones generales y la disolución de las Cámaras bien podría coincidir con la aprobación del nuevo texto constitucional.
El Derecho a Decidir cobra así y aquí, pleno fundamento. Los catalanes votarían a sus representantes en las Cortes. Votarían después la nueva Constitución en un Referéndum, junto a todos los españoles y decidirían, después, ellos solos, el marco jurídico-político estatutario, su propia Constitución, resultado de este marco singular negociado paralelamente.
Para mí, eso es decidir. Eso es decisión razonada y legal.

Publicado el 3/04/2014 Espacio Público, Catalunya y el derecho a decidir.
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Foto: SANTOS CIRILO
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