19 de diciembre de 2013

“Los desafíos para España en un mundo en cambio” Foro Nueva Murcia

Galeria Fotográfica. 










Video de la intervención completa de la Conferencia con la presentación de María González Veracruz.





Fuentes: Diario La Verdad. Región de Murcia. 
                Popular TV Región de Murcia


La reforma de nuestra Constitución: necesidad y oportunidad.

Que la Constitución española ha sido la mejor, la más estable, la más justa y la más adecuada de nuestros dos últimos siglos, no lo cuestiona nadie. Hemos tenido y tenemos una buena Constitución. Ha sido y es, un marco de derechos y libertades de los más progresistas del Derecho comparado, correspondiente a una democracia representativa moderna, con un reparto equilibrado de poderes, una organización territorial original y fuertemente descentralizada y un estado social equiparable, a lo largo de su desarrollo, a los modelos de bienestar europeos.

Nuestra Constitución es consecuencia de una decisión de una enorme significación histórica. Su aprobación materializó la ruptura con el franquismo. Bueno será recordar que de las primeras elecciones democráticas en España, en junio de 1977, surgió un compromiso que resultó ineludible para la derecha que gestionaba la herencia del franquismo. Ruptura frente a reforma. Aquellas primeras Cortes de la democracia española debían ser constituyentes y lo fueron. Hicieron una Constitución que cristalizó el pacto de convivencia entre los españoles, la reconciliación y el inicio de una democracia plena. La Constitución representó el punto y aparte histórico con cuarenta años de dictadura y, al mismo tiempo, estableció un suelo común de convivencia desde la constancia de que todas las opciones políticas cabían en su marco democrático, siempre que se respeten las reglas esenciales de la Constitución.

Ninguna Constitución duró tanto y ninguna dio tan buenos resultados. De la Constitución se derivó la consolidación de nuestra democracia, nuestra incorporación a Europa, el Estado de las Autonomías y el Estado del Bienestar, como desarrollo del Estado social y un marco de respeto y tolerancia en el ejercicio de los derechos y de la libertad, como nunca tuvimos.

Pero han pasado 35 años y se han descosido muchas costuras, en un tiempo de crisis varias y graves, en un mundo en cambio, en una sociedad española muy distinta de aquella que protagonizó una transición ejemplar y una progresión inédita de España. Hoy la sociedad española se merece una nueva oportunidad de pactos para revitalizar la democracia y para relegitimar nuestra Carta Magna. Al fin y al cabo, los españoles menores de 53 años no pudieron votarla. Hoy los problemas de nuestro modelo territorial nos piden a gritos revisar el Título VIII.

La situación política de España, atravesada por una crisis económica y social, territorial y democrática, reclama reformas de nuestra Constitución. Así ocurre principalmente con nuestra propuesta de reforma del Título VIII, para avanzar hacia una estructura federal de nuestra organización territorial. Lo mismo puede decirse del reforzamiento de la autonomía local de nuestros ayuntamientos. Pero no solo. Los avances producidos en el terreno de la igualdad entre hombres y mujeres a los largo de los últimos treinta años aconsejan constitucionalizar algunos de ellos y el desarrollo del Estado de Bienestar, reclama constitucionalizar el Derecho a la Salud y a la asistencia sanitaria como un Derecho Fundamental y no como un principio rector.

También se propone en el modelo financiero para las CCAA, la incorporación a la Constitución de un nuevo principio de "Estabilidad Social" del gasto público. Lo mismo ocurre con nuestros derechos y libertades que pueden y deben adaptarse a la irrupción de nuevos riesgos, nuevas tecnologías y actualizarse con el acervo común europeo derivado del Tribunal Europeo de DDHH y a la Carta de los DDFF del Tratado de Lisboa. Estas propuestas se añadirían a las que planteó en su día el gobierno de Rodríguez Zapatero y que fueron informadas por el Consejo de Estado (eliminar la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona, incorporar el derecho de la Unión Europea a nuestra jerarquía de fuentes del Derecho y eliminar las normas constitucionales transitorias de nuestro modelo autonómico).

Nuestra propuesta de abordar estas reformas está abierta al consenso del resto de partidos políticos e instituciones, porque queremos tratarla con la prudencia y el respeto que merece una tarea tan importante como es la renovación y actualización de nuestra Carta Magna y porque ésta solo puede producirse si conseguimos un apoyo político y un respaldo social semejante a la que obtuvo la de 1978. Los socialistas creemos, además, que tan ambicioso propósito puede ofrecerle a la política española, una ocasión única de hacer política grande para España, de obtener lo mejor de nosotros, de impulsar un tiempo de reacción y renovación a la parálisis, a las inercias, a los desgastes, a los conflictos que hoy parecen irresolubles.

Pero la necesidad de abordar estos cambios, es también una triple oportunidad que España debe darse a sí misma. Primero, para evitar un envejecimiento deslegitimador de nuestra Carta Magna, corrigiendo los aspectos más llamativos que reclaman de manera más urgente cambios, sin perjudicar los valores constitucionales fundamentales. En segundo lugar, es una oportunidad que nos debemos para con una gran parte de la población que no se siente concernida por las razones históricas que dieron lugar a la Carta Magna y, por tanto, es la manera de volver a asentar territorialmente, pero también sociológicamente con las nuevas generaciones, la Constitución entre los españoles. Y, por último, abordar un proceso de reforma constitucional, es la oportunidad para que en España la política vuelva a la senda del diálogo y de los acuerdos, a una nueva forma de abordar las enormes diferencias que están surgiendo entre nosotros y de resolver, con formulaciones renovadas de política del Siglo XXI, los graves problemas que tenemos en la España de hoy.

Hay muchas maneras de abordar estas reformas. Puede hacerse iniciando un proceso para una reforma agravada de nuestra Constitución, con arreglo al Artículo 168. Es el proceso más largo, pero también el más profundo porque incluirá una revisión acotada pero importante, de nuestra Carta Magna. Me apresuro a decir que en nuestra propuesta de reforma constitucional no se contempla la apertura de un nuevo proceso constituyente a modo de segunda transición para España. Nosotros creemos que no es preciso cambiar las bases de nuestro modelo político democrático y de nuestro Estado Social y de Derecho. Tampoco de alterar la forma del Estado y su actual configuración en una monarquía parlamentaria. Somos partidarios de una reforma acotada, si se quiere puntual, sobre los aspectos ya citados más arriba, para resolver los problemas citados pero, repito, manteniendo las paredes maestras del edificio y su sólida cimentación.

La otra forma de abordar este proceso puede ser a través de acuerdos parciales de reformas que, sucesivamente pueden irse incorporando a nuestro marco constitucional, sin abordar las reformas agravadas del Artículo 168. Este método ofrece límites, pero no es descartable.

Lo que no parece razonable es no hacer nada. Lo que resulta políticamente indefendible ya es que, estando como están las cosas en España, el gobierno y su presidente, sigan pensando que lo mejor es no hacer nada, sin comprender que fumarse un puro en la gasolinera, puede resultar fatal.


Publicado en Diario Crítico, 19/12/2013
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Foto: SANTOS CIRILO
Videos: PARLAMENTO EUROPEO.