30 de septiembre de 2013

Primero un nuevo acuerdo, después, la consulta.

A Cataluña, con respeto y con afecto.

Me sumo a las  terceras vías Me sumo a los que piensan que las dos estrategias que tenemos sobre la mesa, conducen al desastre: la consulta a la independencia y el rechazo al enconamiento y a la retroalimentación victimista de los extremos del péndulo antiespañol y anti catalán. Un horror. Pero digo, con intención, terceras vías, porque en ese espacio un poco ambiguo y poco conocido, se esconden fórmulas o estrategias diferentes, que conviene clarificar.

Vayamos por partes. ¿Por qué no es posible una consulta auto determinista en España? La respuesta tiene una lógica jurídica  aplastante: Porque no la reconoce nuestra Constitución; porque la soberanía es de la ciudadanía española, y esa decisión nos corresponde a todos, porque luego habría que extenderla a otros territorios y, porque ningún país serio introduce en su ordenamiento jurídico una disposición tan profundamente desestabilizadora, que le condene a su demolición. ¿Hace falta más? No,no es posible un proceso de esa naturaleza en la España europea de hoy. ¿Son posibles otro tipo de consultas? Sí, claramente, sí. El Parlamento español puede aprobar otro tipo de consultas, pero todos sabemos que, a estas alturas del camino, no se trata de trasladar al pueblo de Cataluña una o varias preguntas disimuladas o sugerentes de negociaciones futuras. Seamos serios, eso no lo aceptarían, ni lo demandarán así, las fuerzas políticas catalanas que apoyan el famoso Derecho a Decidir.

Partimos pues, de esta doble hipótesis. Primera: La consulta del Derecho a Decidir se plantea única y exclusivamente en términos de obtener un Sí o un No a la independencia de Cataluña, con intención, naturalmente, de que venza el Sí porque, incluso los que reivindican el Derecho a decidir sin ser independentistas tendrán que apoyarla, para no sumarse al No que defenderán las llamadas fuerzas españolistas. Segunda: Es más que probable que ni el Gobierno ni el Parlamento del Estado acepten, aprueben y permitan la celebración de esa consulta. Conclusión: No hay espacios intermedios ni terceras vías  ni en el debate, ni en las estrategias sobre el Derecho a Decidir.

¿Cuál es para mí la tercera vía? Es aquella que parte de reconocer que en Cataluña hay un conjunto de reivindicaciones ampliamente sentidas sobre su status económico, autonómico, cultural y político, que debemos atender en una negociación seria y profunda de su marco jurídico y político de relación con el Estado. Coincide que eso se suma a diferentes problemas de funcionamiento de nuestro modelo territorial autonómico que reclaman una solución urgente e integral de nuestro Título VIII: la conversión del Senado en una cámara federal, la clarificación federal de las competencias, la institucionalización de los hechos singulares (lengua, financiación, etc.), la participación federal en los asuntos europeos, etc. etc.

¿Cuál es en concreto nuestra propuesta? Abordemos de inmediato una negociación de todos estos problemas. Hagámoslo en una ponencia para la reforma de nuestra Constitución que aborde otros ajustes de tiempo y de contexto (Europa, la crisis, Internet, la regeneración democrática, etc.), en un texto que ha servido magníficamente en este período de nuestra democracia pero, que necesita una modernización, importante, y una renovación de su legitimación social sustentada en un hecho incontrovertible: los menores de 53 años no pudieron votarla. También para mejorar nuestro modelo territorial avanzando en claves federales, para mejorar el autogobierno y el funcionamiento del Estado.

Una reforma de nuestra Constitución nos ofrece una oportunidad única para abordar, de verdad, los problemas reales de Cataluña porque, a diferencia de la frustrada experiencia con la reforma del Estatut, estamos hablando de recoger en nuestra Carta Magna, la forma de ser y estar Cataluña en el Estado. De manera que, aquél Estatut que refrendó el pueblo de Cataluña en 2006, no podría ser declarado inconstitucional. Estamos hablando de una Nueva Constitución que debería ser pactada con las fuerzas mayoritarias de Cataluña, porque su refrendo posterior lo hace imprescindible. Estamos hablando de darnos una nueva oportunidad de seguir viviendo juntos en la solución previa de los contenciosos que ahora tenemos.

El final de esta Legislatura es un tiempo propicio para este proyecto, tan ambicioso como necesario. Quedan dos años hasta las próximas elecciones generales y la disolución de las Cámaras bien podría coincidir con la aprobación del nuevo texto constitucional.

El Derecho a Decidir cobra así y aquí, pleno fundamento. Los catalanes votarían a sus representantes en las Cortes. Votarían después la nueva Constitución en un Referéndum, junto a todos los españoles y decidirían, después, ellos solos, el marco jurídico-político estatutario, su propia Constitución, resultado de este marco singular negociado paralelamente.

¿Cuáles son las diferencias de estos Derechos de Decisión que se ofrecen en esta propuesta? Primero: que lo que votan los catalanes no es una opción extrema del problema (Independencia Cataluña-Sumisión a España), sino una formulación integral, medida, razonada que excluye los perfiles radicales del problema y responde a la centralidad identitaria de Cataluña. Segundo: Que ofrece al elector catalán los resultados de una negociación que la consulta autodeterminista omite. Por eso también nos oponemos a ella quienes creemos que la democracia exige dar al ciudadano una información veraz y objetiva de las consecuencias de sus decisiones. Una consulta aquí y ahora oculta los impredecibles efectos de una negociación con España y con Europa, de consecuencias incalculables para los ciudadanos de Cataluña. Tercero: Un proceso de decisión refrendataria Como el que propongo se asienta en la ley y en la estabilidad porque, ¿quién garantiza que en los meses siguientes de la consulta autodeterminista, una parte del electorado independentista, o del que se ha abstenido, no milite abiertamente en la tesis del pacto con España?

El llamado Derecho a Decidir, si Cataluña se va o se queda, esconde una grave distorsión democrática porque no permite decidir -de verdad- las enormes consecuencias de una decisión apriorística. Por eso, el Derecho a Decidir debe ser refrendatario de lo que la política, los partidos y las instituciones, negocien y acuerden. De lo contrario no es solo ilegal, es desestabilizador porque no acaba nunca, rompe la comunidad en extremos identitarios y oculta al ciudadano la complejidad de las opciones en juego y de sus consecuencias.

¿Quiere todo esto decir que un proyecto independentista no puede materializarse nunca? ¿Estamos negando, con este razonamiento, viabilidad jurídica a una aspiración democrática? Planteo en abierto estas preguntas porque quiero ser honrado con mis argumentos y porque me constan esas inquietantes preguntas en el interlocutor nacionalista de este debate. Mi respuesta -personalísima- es que, en todo caso, un proyecto independentista no puede materializarse de manera tan traumática, coyuntural y tramposa. De un día para otro, en plena crisis económica, que ha puesto el descontento de los recortes al servicio de una campaña sectaria, maniquea y antiespañola, sin explicar objetivamente las consecuencias de una ruptura tan grave, en un clima de exaltación sentimental, hábilmente manipulado en contra de nuestra historia común. No, así, no. Pero, siempre he creído, mayorías muy sólidas, ampliamente mayoritarias, socialmente muy vertebradas, instaladas en todo el territorio, reiteradas de manera sucesiva, pacíficamente expresadas y adecuadamente negociadas, deben tener siempre, acomodo y respaldo en el ordenamiento jurídico-político de un país. Eso es decidir. Eso es democracia y ley.

Publicado en La Vanguardia, 30/09/2013

                                                                    
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Foto: SANTOS CIRILO
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