28 de octubre de 2012

Gobernar es elegir

Se dice, con razón, que gobernar es decidir y elegir entre opciones imperfectas. Urkullu, el ganador de las elecciones vascas del pasado domingo, tiene tres. La primera, probablemente la que acarician los burukides, es gobernar en solitario, sin acuerdos y, buscar las mayorías correspondientes para cada ocasión y para cada tema. La segunda, es fijar una alianza con EH Bildu, el único partido con el que puede gestar un proceso soberanista. La tercera, es buscar una alianza con el Partido Socialista de Euskadi y renovar los pactos de transversalidad con los que gobernamos hace ya muchos años.
 
Gobernar es decidir y, decidir es elegir. Si el PNV opta por gobernar sin apoyos, su gobierno será débil, toda la oposición endurecerá sus posiciones y la inestabilidad política impedirá afrontar los grandes retos del momento. Si optan por una alianza nacionalista, se equivocarán de objetivos y meterán al país en un camino hacia la nada. Julio Caro Baroja solía decir que Euskadi equivocaba con frecuencia sus coordenadas de tiempo y de espacio. Nuestras coordenadas del tiempo son claras, un siglo XXI cargado de transformaciones y de incertidumbres. Nuestro espacio es España y Europa. Navegamos en ese barco y, juntos nos salvamos o embarrancamos. Los pueblos viven en contextos concretos que reclaman respuestas concretas a sus coordenadas y la opción soberanista con Bildu, la pagará el país y desgastará al conjunto del nacionalismo.
 
Euskadi vive tiempos de cambio y de crisis sistémica, como el mundo entero. La globalización, no solo financiera, sino especialmente la globalización productiva que ha llevado a que mil millones de personas que no producían hace 20 años, hoy sean capaces de fabricar y construir desde un coche hasta un avión, ha situado a Europa en un marco de competencia desconocido. La revolución tecnológica e internet, cambian nuestro mundo, incluso, nuestra forma de vida. El mundo se desplaza hacia Asia y la geopolítica internacional nos plantea nuevos retos, en un mundo en el que la velocidad de los acontecimientos y la concatenación internacional de todo lo que ocurre, colocan a las naciones pequeñas en la marginalidad. Incluso Europa sufre ese fenómeno.
 
En este nuevo marco, no valen las viejas categorías políticas ni económicas que hemos manejado durante decenios. Es como si nos hubieran cambiado la baraja o, incluso, el tapete sobre el que se libraba la partida de nuestras aspiraciones. Bien podemos decir así que "el futuro ya no es lo que era".
 
Europa está en crisis y todavía no sabemos si salvará el Euro y la propia Unión. España está peor todavía, en una triple crisis económica, territorial y social, y una ola de desafecto a la política y a los partidos, nos invade a todos. Sobre este suelo de enorme preocupación, los retos vascos tienen perfiles propios. Mejorar la fiscalidad, sostener los servicios públicos, aumentar las exportaciones, ajustar las cuentas públicas, crear empresas y empleo, son tareas primordiales para una crisis larga, profunda e incierta. Gestionar el país, reconstruir nuestra convivencia, resolver los innumerables problemas de heridas tan profundas, como las que nos han producido treinta largos años de violencia, también requieren política fina y grande.
 
¿Con quién hará todo esto Urkullu? ¿Qué hará el PSE si nos piden ayuda? No tengo respuestas para estas preguntas, solo recomiendo que el pasado reciente, las heridas abiertas entre nosotros, no nos impidan mirar al futuro. O, que si miramos al pasado, miremos a un pasado que hicimos juntos, mejor que nadie y mejor que nunca.
 
Publicado en Deia. 28/10/12

27 de octubre de 2012

El entierro de la Ley de Memoria Histórica: ni siquiera una digna sepultura..

Entre las razones que justificaron la ley de memoria histórica, había una que parecía gozar de unanimidad: dar entierro digno a los restos de víctimas que todavía yacen en el anonimato en montes y cunetas. Convertir las fosas en sepulturas era un deber ético de toda la sociedad. Un mínimo de respeto y honra in memoriam a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo parecía imponerse, más allá de discrepancias ideológicas. La ley 52/2007, de 26 de diciembre, convirtió la colaboración con este deber de memoria en una obligación del Estado para con las víctimas, sus familiares y conciudadanos. Esa era la razón de la dotación presupuestaria (hasta unos 8 millones de euros) que, en el período 2006-2011, dispuso el Ministerio de la Presidencia, dando un impulso fundamental a una ingente tarea que ha alcanzado en la última década a la exhumación de 348 fosas y al hallazgo de 6.420 esqueletos, en su mayor parte como resultado de ejecuciones extrajudiciales. Pues bien, esta dotación se ha reducido a "0 euros", en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2013, simplemente ha sido eliminada. El subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Pérez Renovales, argumentó el 8 de octubre en su comparecencia que "hay que prescindir de ella [la partida presupuestaria] pero que permanece viva para un futuro". Un futuro absolutamente indeterminado, nada creíble.
 
No era la de las fosas un empeño fácil. Había que localizar fosas, previa investigación oral y documental, también de geo-radar. Con la colaboración de muchos, llegamos a elaborar un mapa dinámico de fosas. Había que determinar autorizaciones y requisitos para garantizar unas exhumaciones con rigor científico y respeto a las leyes. Confeccionamos un protocolo para la exhumación de fosas con antropólogos y forenses. Hubieron de desarrollarse técnicas de indagación y de identificación. Las agrupaciones de familiares tuvieron que sortear no pocos requisitos administrativos para la obtención de permisos y subvenciones. Entre unos y otros, en un gran empeño colectivo, hemos aprendido cómo dignificar los restos, habiéndose llevado a cabo las exhumaciones de los restos de más de 5.000 víctimas. Todo ello ha ayudado a suturar heridas que aún supuran. Abrir fosas para cerrar heridas. Ha sido un acto de país, de país democrático y civilizado.
 
Toda esta enorme tarea va a verse gravemente afectada por una decisión del Gobierno que, de hecho, ya ha puesto en práctica anticipadamente en 2012. Los PGE 2012 ya habían reducido las subvenciones para actividades de memoria histórica un 60% (de 6.25M€ en 2011 a 2.5M€ en 2012) pero, el Ministerio de la Presidencia, por un acuerdo de no disponibilidad, ya ha renunciado a esos 2.5 M€. A punto de cerrar el ejercicio, una consecuencia es clara: no habrá convocatoria de subvenciones en este año que ya concluye, a pesar de su consignación presupuestaria en los PGE 2012. Las noticias de exhumaciones recientes en Aranda de Duero, en Montenegro de Cameros, etc. no pueden llevar a engaño. Proceden de las subvenciones que el Gobierno socialista distribuyó en 2011.
El Tribunal Supremo en sentencia de 28 de marzo de 2012, estableció que es "inobjetable desde cualquier punto de vista --por imperativo del respeto debido a la dignidad de todas las personas (art. 10,1º CE) y, hasta por razones de policía sanitaria mortuoria (D. 2263/1974, de 20 de julio)-- que los restos de quienes hubieran sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares propios de Enterramiento". Asimismo concluyó que "tampoco cabe imponer a sus familiares el gravamen representado por tal clase de situaciones, moral y jurídicamente insostenibles" por lo que citando la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, ésta "establece deberes para las administraciones". La Administración General del Estado no puede lavarse las manos respecto de sus deberes normativos para ayudar y facilitar la identificación y el digno enterramiento de toda muerte violenta.
 
Estamos convencidos de que la tarea emprendida es imparable mientras haya una sola familia que viva en estado de duelo abierto. El imperativo de la memoria ha prendido y no cejará hasta la identificación y la dignificación de los restos de aquellos que murieron en las circunstancias más oscuras y sórdidas, cuyo recuerdo ha permanecido en el silencio de una represión colectiva de décadas. Asociaciones, algunos Ayuntamientos y alguna Comunidad Autónoma seguirán apoyando.
Sin embargo la orfandad pública, administrativa e institucional del Estado a la que se ven condenados estos ciudadanos por una decisión de la Vicepresidenta de Gobierno y del Ministro de Justicia puede devenir en iniciativas fuera de procedimiento y lo que es peor, puede dar al traste con lo que representa una oportunidad para proseguir en la senda de la reconciliación de los españoles. La dimisión por parte del Estado de un deber de memoria asignado por la ley será interpretado como un agravio más, 75 años después, de la dialéctica vencedores/vencidos de la Guerra.
 
Tras la eliminación de la partida presupuestaria para la localización y exhumación de fosas y, tras el rechazo a la creación de una Comisión parlamentaria para el estudio y la aplicación del Informe de Expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, el único vestigio de la política de memoria histórica es una diminuta ventana con el icono del Portal de la Memoria Histórica en la web del Ministerio de Justicia. El Gobierno del PP se está aprovechando del argumento de la crisis para legitimar una política sectaria, ostentosamente ideológica. Exigimos a la Vicepresidenta la convocatoria inmediata de las subvenciones para 2012 y la consignación de una cuantía suficiente en los PGE 2013.
 
Publicado en Huffington Post 27/10/12

26 de octubre de 2012

Entrevista Los desayunos TVE 26/10/2012


Entrevista realiza por Maria Casado para el programa Los Desayunos de TVE, hoy viernes 26 de Octubre 2012.


25 de octubre de 2012

¿El Futuro?: Pluralismo y Pacto.

Presentación del Monográfico en la Delegación del Gobierno Vasco de Madrid. 25/10/12

Casi en dos palabras podría resumir mi visión del futuro vasco. La tesis es tan sencilla de explicar como compleja en su materialización. Euskadi es un país con una fuerte y diversa pulsión identitaria. Ser o sentirse vasco, dominar o no la lengua vasca, mirar el pasado con mitológica reverencia, o, simplemente pasar de él, querer ser sólo vasco o tan vasco como español, sentirse oprimido por España o, al contrario, sentirse harto de un nacionalismo irredento y manipulador que a su vez oprime a quienes no lo son, son todas ellas categorías identitarias que dibujan un abanico de pluralidad sentimental, tan amplio como las tablillas de ese instrumento manual del aire. En Euskadi nadie es indiferente a estas categorías que explican nuestra trágica historia reciente y que siguen atravesando la sociología política de la ciudadanía vasca.
La única solución a tan intensa pluralidad, es el pacto de convivencia. A esta regla elemental de la democracia, respondió, en su momento, el Estatuto de Autonomía de 1979. Un autogobierno profundo, con alto contenido competencial e institucional y una cuasi soberanía fiscal, derivada del histórico Concierto Económico, proporcionaban las dos bases del pacto: Atender las demandas de autonomía política y de recuperación cultural del País Vasco, al tiempo que se fortalecían y modernizaban los lazos de pertenencia y de unidad en un nuevo marco estatal de una España democrática y federal (aunque la llamemos autonómica). Todas las corrientes políticas de la transición y todas las fuerzas representativas aceptaron ese esquema, a excepción de quienes despreciaron la democracia y el autogobierno y escogieron la violencia para defender un proyecto sectario, inviable y totalitario. Treinta años después, ese modelo ha proporcionado el grado de autogobierno más avanzado que Euskadi ha tenido en su historia (en términos de historia contemporánea) y que supera, con mucho, cualquier modelo de autonomía política y económica de cualquier entidad sub-estatal del mundo.
Hablar pues del futuro de Euskadi y hacerlo ahora, en los luminosos días de julio de 2012, exige partir de esas dos premisas, desarrollar después la evolución de la sociedad vasca en estos últimos treinta años, analizando especialmente el desenlace de lo que parece el final de la violencia y dibujar los espacios en los que puede dilucidarse el futuro del país.
El espacio político. 
Desde un punto de vista estrictamente partidario, todo parece indicar que el espacio político parece definitivamente perfilado entre cuatro grandes fuerzas políticas, dos nacionalistas: PNV y Batasuna y dos de organización estatal: PSE y PP. El otro eje que configura la estructura partidaria de Euskadi, el ideológico derecha-izquierda, es menos lineal que el anterior, porque nadie sabe bien la ubicación ideológica en la que se situará la llamada Izquierda Abertzale y porque los perfiles social-cristianos y centristas del PNV no tienen una correspondencia exacta con la derecha cultural y neoliberal del PP. 
Con más o menos alteraciones el espectro nacionalista ocupará entre el  50 y el 60% del electorado vasco, según se trate de elecciones generales o autonómicas respectivamente. La fuerza mayoritaria del nacionalismo seguirá siendo el PNV, aún a pesar del voto-premio a SORTU, por el fin de la violencia. Pero, ese soufleé se irá desinflando en los próximos años, cuando ETA sea sólo un recuerdo y cuando el filtro de la realidad y las contradicciones de gobernar hayan convertido a ese conglomerado radical independentista, en un partido más.
Esta configuración política responde bastante bien a la sociología identitaria del país, que, a lo largo de los últimos treinta años, ha permanecido bastante anclada en tres grandes categorías respecto a su proyecto político. Efectivamente, analizando las tablas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) desde el año 1984 hasta finales de 2006, sobre la base de los cinco grados de identidad en los que la ciencia sociológica divide las actitudes personales, se observa, en primer lugar, que la característica fundamental de la sociedad vasca, es su pluralidad identitaria y, en segundo, la estabilidad de esos sentimientos a lo largo de tantos años. El CIS nos dice que excluyendo a quienes sólo se sientes vascos (± 26%) o, sólo españoles (±7%), la suma de las tres categorías identitarias centrales: “tan vasco como español” (±35%) o, “más vasco que español” (±20%) o, “más español que vasco” (±6%) es, reiteradamente, una categoría muy mayoritaria que supera el 60% de los vascos.
La permanencia de este gradiente identitario durante tanto tiempo y, a pesar de las dramáticas circunstancias en las que hemos vivido los vascos desde la transición democrática española, acredita que los espacios políticos de la población son bastante estancos y que pase lo que pase, son bastante impermeables a las pretensiones partidarias de configurar mayorías resolutivas. A diferencia de Cataluña donde, una serie de circunstancias están produciendo un efecto acumulativo independentista (la Sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Estatut, la crisis financiera de la Generalitat y, sobre todo, la demanda de un Sistema Fiscal propio), cuyos efectos políticos concretos no conocemos todavía, en Euskadi, las pretensiones rupturistas con el statu-quo   autonómico, no han avanzado ni retrocedido. Y eso, a pesar de que durante treinta años hemos sufrido la tragedia terrorista, cuya base ideológica era precisamente la causa independentista y aunque durante casi diez años de poder institucional (1999-2008), el PNV abrazó un modelo “de independencia a plazos” basado en principios auto deterministas. 
Pero resaltar la estabilidad identitaria de los vascos no debiera llevarnos a una conclusión equivocada. Dar por zanjada o resuelta la convivencia vasca en torno a un solo y único proyecto es, en el fondo, pretender imponer a los otros, nuestro modelo de la Euskadi del futuro. Quienes pretenden imponer a los nacionalistas un marco político único, invariable, forzosamente integrado en una realidad política estatal, en la que el nacionalismo vasco podrá ser influyente pero nunca determinante, están cerrando las posibilidades del cambio, están negando en la práctica, la existencia de proyectos alternativos y están alimentando así el victimismo nacionalista. Pero, a su vez, quienes quieren hacernos a todos nacionalistas a la fuerza, como en gran parte lo pretendía el llamado Plan Ibarretxe, imponiéndonos un modelo de país, basado en un ideario histórico, cultural, lingüístico y político, nítidamente nacionalista, con el objetivo único de construir un Estado propio, olvidan que, en tal caso, la división interna de la comunidad será inevitable y la fractura territorial, irreversible. Hablar del futuro de Euskadi exige pues, partir de esta exigencia de pacto entre dispares para “conllevar” la pluri-identidad. Como España, con sus nacionalismos, siguiendo la sentencia de Azaña, hemos de “conllevar” nuestra pluralidad identitaria hacia un destino que, ni podemos ni debemos prefijar impositivamente.
Fin de la violencia, crisis económica. 
Hay dos circunstancias que definen el momento. El fin de la violencia y la crisis económica en España y en Europa ¿De qué manera influirán ambas circunstancias en el corto plazo? Políticamente viviremos una cierta exaltación nacionalista por la suma mayoritaria de los nacionalistas. Al fin y al cabo, el único precio que hemos pagado por la paz es la aceptación de su proyecto en la democracia. Un precio ineludible, coherente con lo que siempre les decíamos para que dejaran la violencia y, un precio, en suma, plenamente democrático. Pero será un tiempo transitorio. Quienes temen que la suma de los nacionalistas prefiguren un camino a la independencia de Euskadi, atribuyen al PNV una identificación de proyecto con Batasuna, absolutamente imposible hoy.
Por otra parte, la situación económica de Euskadi, de España y de Europa, no permite aventuras. Es verdad que la economía vasca no se ha visto tan afectada como el conjunto de la española por esta crisis sistémica y especialmente por la burbuja inmobiliaria. Es verdad que  los sectores productivos de Euskadi (más de un treinta por ciento de industria) y las entidades financieras (BBVA y las Cajas Vascas), están fuera de toda sospecha. Es verdad, en fin, que las finanzas públicas vascas gozan de la incomparable ventaja de un sistema fiscal propio que proporciona un importante plus de financiación sobre el resto de las CCAA. Pero, siendo cierto todo ello, la economía vasca navega en el mismo barco que el conjunto de las economías españolas y europeas y no puede proyectarse al futuro, si no es sobre la salida conjunta a la crisis. Hay quienes piensan que la dramática situación económica que vivimos en España, hace crecer sentimientos separatistas en Cataluña y en Euskadi. Quizás. Habrá gente, sin duda, que pensará -en el más ortodoxo nacionalismo-  que, “mejor solos, que mal acompañados”. La tentación victimista y la clásica culpabilización al vecino de todos nuestros males, tan querida por la ideología nacionalista, animará esa pretensión radical en algunos. Pero, no creo que sea la consecuencia política de la mayoría. Más bien, la contraria. 
Euskadi es una comunidad rica. En 2008, éramos la tercera región europea en PIB per cápita (en paridad de capacidad de compra). Es una de las 25 regiones más desarrolladas de Europa. No por casualidad, tiene los sueldos y las pensiones más elevados de España y su industria es la más internacionalizada. Un tercio de los empleados son profesionales, técnicos y directivos, siendo uno de los países de Europa con mayor proporción de licenciados universitarios en ciencia y tecnología entre la población laboral de Europa. El desarrollo de la I+D+i y de las infraestructuras físicas e inteligentes de la sociedad de la información, alcanzan niveles plenamente europeos. Una sociedad así, no arriesga su bienestar. No se vuelve al pasado. No apuesta por la aventura. En Euskadi se trabaja, pero se vive. El consumo, la cultura del buen vivir, la inversión en segunda vivienda, en viajes, son notables. El cálculo económico y la seguridad material estarán pues, en la primera línea de las decisiones políticas. Pero, es que, además, la pretensión independentista en Euskadi, se enfrenta a obstáculos insalvables.
Primero.
No hay un país con densidad suficiente para ello. La mitología nacionalista y el fundamento político del proyecto independentista de hoy, concibe Euskal-Herria, como una patria para todos los vascos integrados en un territorio que abarca la actual Comunidad Autónoma, Navarra y las tres provincias vascas del Sur de Francia. En total, tres millones de personas. Navarra no quiere ser Euskadi y ni la propia Batasuna navarra aceptaría que lo fuera, en contra de la voluntad de los navarros. Por su parte, en el país vasco-francés, las fuerzas nacionalistas vascas (no necesariamente separatistas) no llegan al 10% de la población en las elecciones locales y no pasan del 5% en las generales francesas.

Segundo.
Planteado un proyecto así, únicamente para la Comunidad Autónoma Vasca, debe advertirse que Álava abandonaría ese marco político. El llamado Derecho a decidir se utiliza como argumento victimista  contra el ordenamiento jurídico constitucional, aunque, llevado a sus últimas consecuencias dialécticas, resulta imposible negarlo para los territorios históricos o, incluso, para ciudades o espacios territotiales inferiores.

Tercero.
La pluralidad expuesta a lo largo de este artículo, es la mejor prueba de que una consulta o referéndum favorable a la independencia, supondría una fractura social enorme en el interior mismo de la Comunidad. En cada pueblo, en las escuelas, en las asociaciones cívicas, en los clubes deportivos, entre los vecinos de una casa, hay personas y familias con sentimientos patrióticos antagónicos. Una consulta de ruptura, es una herida social profunda. Un país que tiene pendiente la sutura de las enormes heridas que nos ha producido la violencia se desangrará irremisiblemente, si en el proceso generacional de reconstrucción de la convivencia, incorporamos semejante disparatada disyuntiva. 

Cuarto.
Ninguna decisión sería definitiva. Por el contrario, la ausencia de mayorías rotundas, convierte a las decisiones de ruptura en reversibles, lo que somete al país a una inestabilidad insoportable ¿Quién puede negar a los perdedores de un referéndum, su derecho a convocar otro para revocar una decisión que, quizás la misma noche electoral del primero, ya está cambiando? 

Quinto
No hay ninguna tradición histórica de ruptura con España. Al contrario, nuestros lazos culturales, económicos y políticos, han sido siempre intensos. Y lo siguen siendo. Por citar sólo uno, a veces nos olvidamos que entre 1960 y 1980, llegaron a Euskadi quinientos mil ciudadanos de otras tierras de España. Euskadi no puede entenderse sin España y viceversa.

Sexto
El mantenimiento del concierto económico configura una relación económica-fiscal con España, muy favorable para el País Vasco. Bien podría decirse que los costes económicos de un nuevo Statu-quo para Euskadi, podrían resultar muy gravosos para los vascos, incluso sencillamente inviable. Sin olvidar que no hay sitio en Europa para nuevos Estados surgidos de los actuales Estados-Miembros de la UE.
Se me dirá que la pretensión independentista no es tan brusca. Que se busca convencer, no imponer. Que se plasma en mayorías democráticas logradas progresivamente… Pero, entonces ¿Para qué se exige el derecho a decidir? O bien, si no se desea la independencia, ¿Cuál es el nuevo status que se reclama para Euskadi? 
Durante los años 2006 y 2007, en mi calidad de portavoz socialista en la Comisión constitucional del Congreso de los Diputados, negocié y redacté los nuevos Estatutos de Autonomía para Cataluña, Andalucía y otras seis Comunidades Autónomas que renovaron sus Estatutos. El País Vasco nos trajo el Plan Ibarretxe y el Congreso lo rechazó. Pero, durante aquellos meses pensé con frecuencia en la oportunidad que perdía Euskadi al no renovar su Estatuto y renunciar así al impulso de autogobierno que representaban esas reformas. Pensaba entonces -y ahora- que nuestro Estatuto, hecho hace más de treinta años, podía renovarse y mejorar: 

·         Con una amplia regulación de derechos y libertades, en el ámbito autonómico, confirmada ya como tal posibilidad por el Tribunal Constitucional.

·         Con una definición más precisa de los aspectos identitarios, lengua, historia, etc.)

·         Con la mejora del autogobierno a través de la incorporación de nuevas competencias y la clarificación jurídica de los ámbitos competenciales.

·         Con una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad.

·         Con una organización de la administración de la Justicia y del Poder Judicial, con una visión más autonómica y más eficiente.

·         Con una nueva regulación de la participación en los asuntos de la UE, así como nuevas facultades de Acción Exterior.
¿Qué puede y qué quiere ser Euskadi?

Ahora que ha llegado la paz en el marco de una crisis económica sistémica, en la incertidumbre europea y en medio de unos cambios tecnológicos, sociales y geoestratégicos desconocidos por su intensidad y por su velocidad, ¿Qué puede y qué quiere ser Euskadi?. Euskadi sólo puede ser una nación que pacta. Que pacta internamente su convivencia identitaria, reconociendo su propia pluralidad, su bilingüismo imperfecto, sus aspiraciones nacionales diversas y, hasta antagónicas, su diversidad ideológica interna… y que pacta también su marco de relaciones externas con el Estado en el que se inserta y al que pertenece.
Ese doble pacto surge de su propia voluntad. De su propia composición. Es un marco de convivencia interior y externo, que se abre al futuro sin limitaciones. Nadie sabe qué seremos mañana y cómo viviremos. Es imposible y antidemocrático además, configurar un horizonte cerrado en el que no quepan proyectos políticos democráticamente posibles. Por eso, el diálogo vasco, el doble pacto vasco fruto de nuestra propia pluralidad, debería responder a tres principios básicos:
      El Estatuto y la Constitución son el marco político democrático que nos dimos libremente. Responde a nuestra voluntad democrática. No arrastra ningún déficit ni de origen ni de contenido y tiene en su seno las reglas y los procedimientos para su evolución y perfeccionamiento. Esas reglas siempre deben ser respetadas.

      Euskadi es una sociedad de pluralidad cultural y política. Sólo desde el reconocimiento del pluralismo y la integración es posible  construir su futuro. Todos combatiremos cualquier proyecto o iniciativa de carácter excluyente, impositivo o etnicista, que vulnere los derechos humanos individuales y los derechos políticos iguales de todos los ciudadanos.

           Todos los proyectos políticos democráticos pueden y debe tener libre expresión en la democracia vasca, en nuestro pluralismo constitucional y estatutario. La voluntad democrática de los ciudadanos vascos respecto a su estatus jurídico-político, expresada en paz y en libertad, consecuencia de amplios consensos y con sujeción a las reglas que establece nuestra Constitución, debe encontrar su acomodo en nuestro ordenamiento jurídico. El bloque de constitucionalidad y Autonomía no es un corsé, sino un orden democrático, vivo, dinámico y potencial. 

Cuando he soñado (despierto) -muchas veces- que me tocaba resolver en un texto, toda esta complejidad, siempre pensé en un Nuevo Estatuto de Autonomía para Euskadi que renovase el de Gernika de 1979, que ampliara su autogobierno en la línea de los Estatutos Reformados en 2006 y 2007 y que tuviera una amplia exposición de motivos, explicando la tragedia sufrida con la violencia de ETA, el fin del terrorismo, la incorporación de la Izquierda abertzale a la política, la repercusión de la convivencia…, el comienzo de un nuevo tiempo.
Publicado para el monográfico "La Paz llega por fin a Euskadi"de la revista Política Exterior. Octubre 2012.

Foto: Irekia.

18 de octubre de 2012

Rueda de prensa.Vitoria (18/10/12)



Nota de Prensa.Europa Press.


 El diputado socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, ha considerado"muy previsible" que la petición del rescate por parte del Gobierno central se produzca tras las elecciones que se celebrarán este próximo domingo en Euskadi y Galicia, y ha advertido de que, tras la solicitud, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), "probablemente, sufrirá más recortes".

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, en la que ha estado acompañado por el diputado socialista por Gipuzkoa, Odón Elorza, y por la vicepresidenta segunda del Senado, Yolanda Vicente, Jáuregui ha estimado que el rescate "no es la solución" porque "no es más que la constatación del fracaso en la politica económica".

Preguntado sobre si la posible petición de un rescate por parte del Ejecutivo central podría modificar el proyecto de PGE presentado, ha estimado"muy previsible" que la solicitud del rescate "vendrá después de las elecciones" de Euskadi y Galicia, tras lo que las Cuentas, "probablemente, sufrirán más recortes".  
 Asimismo, ha afirmado que el rescate "va a conllevar un conjunto de condiciones que Alemania va a definir de manera muy severa y que España va a tener que cumplir".

Ramón Jáuregui ha considerado "ignorantes" las críticas de la candidata a lehendakari de EH Bildu, Laura Mintegi, al dinero adelantado por el Gobierno vasco para financiar las infraestructuras del Tren de Alta Velocidad (TAV), ya que, "lo que se ha adelantado va a ser pagado" a través del Cupo.
  
   En su discurso,ha acusado a Mintegi de "confundir de una manera bastante ignorante el adelanto de las inversiones por parte del Gobierno vasco".

   "No hay ninguna inseguridad en que lo que adelantamos va a ser pagado, pero la ignorancia mostrada por la portavoz de Bildu deja bien a las claras cuál es el concepto que tiene del momento que vive el país y de lo que hay que hacer", ha señalado, para considerar  "patético" que "la representante de un partido que aspira a dirigir este país piense de esa manera".

5 de octubre de 2012

¿Qué federalismo?


Somos un país pendular. De pronto, treinta años de éxito autonómico, los tiramos por la borda como si fueran un fardo lleno de fracasos. De pronto, lo que creíamos un modelo para el mundo de organización territorial, por su capacidad para hacer compatible autogobierno y singularidad con cohesión y unidad, salta por los aires, dinamitado por los extremismos pendulares que, demasiado a menudo, emergen en esta España atribulada.

            Dos pulsiones anti autonómicas recorren nuestro pesimista diagnóstico sobre la crisis. En Cataluña, a la vuelta del verano, los nacionalistas han dicho que esto se acabó y han iniciado un camino independentista, impensable hace solo unos meses. Pero, en el resto de España, especialmente en Madrid, se extiende una opinión que culpa al modelo territorial de ser una de las causas de nuestra crisis: exceso de gasto, descontrol, duplicidades, ineficacias, son citados día sí, día también, en tertulias, artículos, declaraciones políticas y no digamos en conversaciones de todo tipo, como uno de los principales problemas del país. Sin olvidar a quienes, desde hace tiempo vienen reclamando abiertamente una recentralización en toda regla: Devolución de competencias al Estado, eliminación de los sistemas forales, etc.

            Sometido a esta tensión extrema y antagónica, el debate autonómico no tiene remedio.  Las  pulsiones centrífugas de los nacionalismos vasco y catalán, acabarán rompiendo el país si les enfrentamos a pulsiones centrípetas de la misma intensidad.  Es lo mismo que incentivar en Cataluña el “España no nos quiere” con un irritado sentimiento español basado en los tópicos anticatalanes y el “que se vayan”. No puede haber una situación peor que la que se ha creado desde el pasado 11 de septiembre en la Diada.  Cuando un país se le va de las manos al gobierno, pasan cosas como ésta.

            ¿Qué hacer? Sólo hay una respuesta. Avanzar en nuestro modelo autonómico en un sentido federal.  Perfeccionar nuestro modelo territorial con los mecanismos propios de los Estados Federales. Más o menos, y salvando distancias y peculiaridades, como Alemania.  Un modelo Federal sustentado en esta cultura tiene ventajas incuestionables.  Permite, en primer lugar, abordar la superación de disfunciones y duplicidades y mejorar cosas que no funcionan bien en nuestro modelo actual.  Permite fortalecer el autogobierno y clarificar el marco en el que se desenvuelven los repartos competenciales.  Permite abordar la necesaria renegociación de la financiación del Estado, las Comunidades y los Ayuntamientos y los niveles de solidaridad interterritorial.  Un federalismo de esta naturaleza nos permitiría, por último, reformar nuestro sistema legislativo cambiando el Senado por una Cámara territorial con presencia de los representantes de los gobiernos autonómicos y amplias capacidades legislativas en los temas autonómicos.

            ¿Implica este impulso federal cambios en nuestra Constitución? Por supuesto, si.  Algunos, importantes, pero retocar la constitución se ha convertido en urgencia nacional, si recordamos que sólo la aprobamos los mayores de 55 años, y que desde 1978 se han producido cambios que no podemos seguir ocultando. Desde la igualdad de sexos, hasta la supresión de la mili. Desde nuestra pertenencia a la Unión Europea y la necesaria incorporación del Derecho comunitario a nuestro ordenamiento jurídico, a lo que representa Internet en nuestro marco normativo. Desde las exigencias de adecuar nuestro sistema público a la globalización, hasta las nuevas exigencias que nos impone la crisis. Desde una sociedad de emigración que todavía éramos en los setenta del siglo pasado, a una de inmigración, como somos hoy. Es en ese marco global de reformas de nuestra Carta Magna en el que podemos y debemos renovar nuestro pacto territorial.

  Nuestra propuesta federal no cuestiona los artículos fundamentales de nuestra Constitución y, desde luego, no pretende refundar España sobre la base de una agregación voluntaria de reinos, regiones o naciones anteriores.  Eso sería algo parecido a un régimen confederal más propio del comienzo de la constitución de las naciones en el Siglo XIX, algo que España superó hace ya cientos de años.

            ¿Qué esto no les vale a los nacionalismos y a los independentistas? Ya lo sé y todos sabemos que sólo les interesa irse. Pero el federalismo no busca satisfacer a los nacionalistas, sino ganar la batalla al independentismo desde la racionalidad en la organización territorial del Poder, desde la compatibilidad de sentimientos de pertenencia, desde las lógicas exigencias de Europa y de la globalización y desde la defensa del autogobierno que ellos abandonaron.

            Esta es la batalla que viene. Estamos en democracia y el peso de las voluntades ciudadanas determina el futuro. Los que pensamos que el nacionalismo independentista no es la solución, sino el problema.  Los que creemos que solos vamos a peor y que son falsas las promesas de progreso y de justicia social de los independentistas.  Los que no queremos romper nuestras múltiples identidades para quedarnos solo con una.  Los que no nos fiamos del sectarismo excluyente y del chauvinismo asfixiante que late en los nacionalismos.  Los que miramos al mundo globalizado desde España y desde Europa. En definitiva, los que nos sentimos federalistas, tenemos que convencer a nuestros conciudadanos de la idoneidad de nuestras propuestas y de los riesgos y falacias que se esconden en la ruptura.

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Foto: SANTOS CIRILO
Videos: PARLAMENTO EUROPEO.