18 de abril de 2012

La Tormenta Europea


La metáfora marinera -tan fácil como contradictoria para su uso por la política- es particularmente evocada en estos tiempos de crisis europea. La tormenta europea tiene preocupantes manifestaciones y causas. La primera de ellas se llama euroescepticismo. Como si de una gripe maligna se tratara, esta especie de decepción y desesperanza que se ha ido instalando en gran parte de las poblaciones de los países europeos, tiene causas muy diversas y responsabilidades que nos afectan a todos. El fracaso constitucional de 2004en los Referéndums para aprobar la Constitución Europea en Francia y Holanda fue el origen. Más tarde vino la pesada digestión de la ampliación de la UE al Este, que incorporó a diez nuevos Estados, lo que, por otra parte, resultó obligado desde que cayera el Muro de Berlín. Pero, la actitud con la que se incorporaron a Europa las poblaciones de los antiguos países comunistas, fue mucho más tibia que el euroentusiasmo que tuvimos, por ejemplo, los españoles años antes. En todo caso, el gobierno europeo a 27 está resultando complejo y laborioso, además de crecientemente contradictorio. Por último, la peligrosa costumbre de casi todos los gobiernos nacionales, de culpar a Bruselas de todas las decisiones impopulares y, algunas otras razones de parecido tenor, son parte de la explicación de este fenómeno.

Pero quizás, lo peor de lo que está ocurriendo, es el creciente soberanismo nacionalista que impera en muchos de los países europeos, que ha cristalizado en doctrina jurídica con la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de Karlsruhe, que niega legitimidad democrática directa a las instituciones europeas y que exige la conformidad del Parlamento Alemán a las decisiones de la Unión, para que la soberanía nacional alemana sea siempre respetada.

A todo ello se ha añadido la angustiosa gestión económicade la crisis europea y del euro.Más en particular las insuficiencias y contradicciones nacionales de que venimos haciendo gala desde las diferentes instituciones europeas, que añaden una sensación de crisis irresuelta en un horizonte de creciente incertidumbre.

Pues bien, en este contexto de pesimismo objetivo, ha nacido un nuevo Derecho Europeo que refuerza la ciudadanía europea y mejora objetivamente la calidad de nuestra Democracia supranacional. Efectivamente, el primero de abril de este año ha entrado en vigor el Reglamento de la UE nº 24/2011, que regula la Iniciativa Ciudadana Europea.

Este derecho que consiste en la formalización de la iniciativa legislativa popular (existente en sólo 12 de los 27 países de la Unión, incluido España), permite que un millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros firmen una petición que inste a la Comisión Europea a presentar un proyecto de ley. El nuevo derecho refuerza el carácter ciudadano y europeísta de la Unión y ofrece una oportunidad estupenda para mejorar las difíciles relaciones entre ciudadanos-electores e instituciones europeas (más del 50% de abstenciones en las pasadas elecciones de junio de 2009) y la posibilidad de vertebrar objetivos ciudadanos supranacionales.

Lo cierto es que, con la crisis y la presión mediática que siguen ejerciendo lo local y lo inmediato, la entrada en vigor de esta ley y de esta importante herramienta democrática, ha tenido un bajísimo nivel informativo a pesar de que no debiera resultar despreciable al debate político y público, la puesta en marcha del más reconocible instrumento de democracia directa -junto al referéndum- en la alejada y tantas veces incomprensible política europea.

Conviene decir que no todas las propuestas ciudadanas serán tramitadas. Solo serán admisibles las iniciativas legislativas que no sean manifiestamente contrarias a los Tratados Europeos o a las competencias de la UE. Pero, fuera de esos límites, siete ciudadanos que residan al menos en siete Estados de la Unión podrán formar un Comité organizador y registrar la iniciativa en la Comisión, informando de las organizaciones que apoyan la iniciativa y de las vías de financiación de ésta. Se ha renunciado a la exigencia de un número mínimo de firmas para registrar la iniciativa, haciendo así más fácil el inicio del procedimiento. No obstante, la comisión tiene la facultad de notificar al Comité Promotor, si la iniciativa puede o no abordar la recogida de firmas, desechando aquellas que sean frívolas, abusivas, vejatorias o, extremistas, además de las que se opongan a los principios constitucionales europeos.

A partir de ahí, harán falta más de un millón de firmas de ciudadanos de más de siete países y con un mínimo de firmas para cada país (en España son necesarias 37.500 como mínimo) y, una vez acreditados estos apoyos, el Parlamento deberá tramitar esa iniciativa.

Como ven, no se trata de la solución al Euro, ni de una reforma de los Tratados sobre la gobernanza económica europea, pero es una de las novedades del Tratado de Lisboa y pretende reforzar las señas políticas de la ciudadanía europea, reforzando así los sentimientos de unidad y de pertenencia a la Unión. Por eso merece ser destacada, porque, en el fondo, es un paso más en esta larga marcha o, si seguimos con la metáfora, en esta tormentosa andadura de la Unión

Publicado en El Correo, 14/4/12.