13 de septiembre de 2010

Supervisión europea.

Las convulsiones económicas de los últimos tres años han impulsado una transformación de la gobernanza económica y financiera en Europa inimaginable hace sólo unos meses.

El anuncio del fin de las negociaciones del “trílogo” –Comisión Europea, Consejo y Parlamento Europeo– el pasado 2 de septiembre, tras varios meses de tensas reuniones, sobre el “Paquete de Regulación Financiera” es, probablemente, el paso más importante que se ha tomado hasta ahora en Europa como respuesta a la crisis en el plano regulatorio.
El resultado no se aleja demasiado de las propuestas que hace un año y medio presentaba el informe del equipo de expertos liderado por el ex ministro francés de Finanzas, el “Grupo de Larosière”, y supone una apuesta clara por un sistema integrado de supervisión financiera europea, en la línea de las reformas acordadas en el G-20, que permitirá monitorear los riesgos macroeconómicos y supervisar los mercados financieros, la banca y las compañías de seguros que, desde mucho antes de la crisis, han venido operando a sus anchas por el espacio económico europeo en un marco costoso e ineficiente de múltiples normativas nacionales.
Con el acuerdo alcanzado, el Sistema Financiero Europeo será menos vulnerable y estará mejor equipado para lidiar con las cambiantes corrientes económicas globales. Por un lado, se propone la creación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), encargada de vigilar y evaluar las amenazas potenciales (macro) para la estabilidad financiera. Por otro lado, y mediante la transformación de una serie de instituciones ya existentes, se propone la creación de unas nuevas autoridades europeas de supervisión (micro): la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ).

Estas nuevas instituciones formarán, junto a la red de supervisores financieros nacionales el Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF), que trabajará en estrecha relación con el JERS, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Mercado interior y proteger a los depositantes e inversores. Este marco será complementado por un grupo adjuntado al Banco Central Europeo, que se encargará de la vigilancia de otros riesgos económicos como burbujas inmobiliarias, etc. Como declaraba Michel Barnier, comisario de Mercado Interior, “hemos construido la torre de control y las pantallas con radares necesarias para identificar los riesgos”.
Las autoridades regulatorias nacionales siguen existiendo y conservan sus competencias, pero el nuevo acuerdo da a los “vigilantes europeos” poderes sobre ellas en el marco de tres escenarios acordados:
a) cuando el supervisor nacional incumpla la legislación de la UE;
b) cuando haya desacuerdo entre dos o más supervisores nacionales y
c) cuando los Estados Miembros decidan que la economía europea se encuentra en estado de emergencia.

 Digo Estados Miembros, porque el Consejo ha bloqueado una de las demandas del Parlamento Europeo, la de dar los poderes a la Comisión –y no a los Estados– para decidir cuándo se considera o no una situación de emergencia, y así activar los poderes de las Agencias de Supervisión. No obstante, es necesario destacar los importantes logros alcanzados en las negociaciones por el Parlamento Europeo, que siempre mantuvo la actitud más europeísta y ambiciosa del trío. Particularmente, la posibilidad de prohibir o restringir el acceso a ciertos productos financieros que se consideren peligrosos para la estabilidad del sistema, como las ventas al descubierto o los CDS (Credit Default Swaps) –¡que tan caros nos han salido a los países mediterráneos!–, el compromiso para que el presidente del Banco Central Europeo presida también la Junta Europea de Riesgo Sistémico –una personalidad europea que aporte independencia y autoridad moral al cargo, y que disponga de una clara identificación de responsabilidad respecto a los ciudadanos– y, finalmente, las cláusulas de defensa del consumidor y de las pequeñas y medianas empresas, las figuras a la vez más importantes y desprotegidas de nuestras economías.
En esta cruzada por recuperar las riendas de los mercados, el objetivo de las reformas debe ser el de dar coherencia y devolver la racionalidad a nuestro complejo sistema económico, para que los ciudadanos puedan tener garantías de que no tendrán que ser ellos los que respondan de la irresponsabilidad de los grandes ricos del mundo. Por eso, es importante el acuerdo logrado para coordinar la aplicación, en los estados miembros de la UE, de unos fondos de garantía y resolución –ámbito en el que España es un referente– que supondrán el establecimiento de una tasa común sobre los pasivos de las entidades financieras para constituir un fondo que asegure el dinero de los depositantes. Se ha acordado también otra tasa sobre los activos, que permitirá constituir un fondo de resolución para ayudar a la recuperación o liquidación de entidades en crisis. Pero sobre estos mecanismos las ideas son todavía muy primarias y lo que parece evidente es que, si se implantan, lo harán los Estados miembros a escala nacional, impidiendo así la creación de un embrión de fiscalidad europea que alimente directamente el presupuesto europeo.

 Es bastante incongruente que los organismos de supervisión europea recién creados no administren los fondos para combatir los riesgos que las motivan. Éste es tan solo el esqueleto de una reforma de la gobernanza económica que irá avanzando lentamente. Todavía queda mucho camino por recorrer.
Es para celebrar que Europa haya logrado superar sus diferencias en una de las negociaciones más difíciles –con particular resistencia de importantes países, como Reino Unido o la República Checa– y recortar distancias con Estados Unidos, que aprobó sus planes de reforma financiera antes de este verano. Además, este septiembre vendrá cargado de nuevas propuestas que contribuirán a delinear de forma más concreta el mapa de la nueva arquitectura económica europea: los planes de la Task Force sobre gobernanza económica, liderada por H. Van Rompuy, que especificarán las nuevas medidas de coordinación de políticas macroeconómicas y el contenido del refuerzo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o la aprobación de la Directiva de Fondos Alternativos de Inversión –Hedge Funds y Private Equities– son buenos ejemplos de ello. Para principios de 2011, el “Paquete Financiero”, que pretende superar el decalage entre un marco jurídico regulador atascado en los Estados y unos mercados financieros que no entienden de fronteras, estará en funcionamiento y, sin duda, contribuirá a ordenar los movimientos de un sector financiero que se emborrachó de sus propios excesos, llevando al sistema al borde del colapso.

 Las primeras reacciones alarmistas provenientes de “la milla cuadrada” de la City londinense, que acusan a Cameron de permitir una cesión de soberanía a los “burócratas” europeos, solo pueden interpretarse en clave positiva. Tras casi tres años de derrumbe económico internacional y con las finanzas públicas al borde del colapso, la política empieza a recuperar su terreno perdido a través de nuevas e inevitables fórmulas de gobernanza transnacional.

Expansión, 12/09/2010
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Foto: SANTOS CIRILO
Videos: PARLAMENTO EUROPEO.