Hemos escuchado y leído críticas a la política gubernamental contra la crisis, hasta el hartazgo. Sufrimos la exageración y los excesos de una estrategia de comunicación, en la que participan desde expresidentes de gobierno hasta un ejército de columnistas y opinadores, que tratan de desprestigiar hasta la caricatura al Presidente del Gobierno. Voces más templadas y más sensatas vienen reclamando al Gobierno una política más rigurosa con las cuentas públicas y más atrevida con las reformas estructurales que necesita nuestro país. Es evidente, sin embargo, que de un tiempo a esta parte, estas medidas se toman y todo hace pensar que la apuesta del Presidente por la reducción del déficit y por la recuperación de la productividad del sistema económico español, es irreversible. Pero, curiosamente, las críticas siguen ahora igual o más acentuadas que antes, aunque sea por razones contrarias y abiertamente antagónicas a las que se esgrimían contra el gobierno del PSOE. Más curioso aún, el PP, que le reclamaba ese sentido de marcha a la política económica de Zapatero, hoy censura, con la misma radicalidad, exactamente lo que reclamaba ayer.
Hay bastante de impostura en todo esto. Sin cuestionar la capacidad crítica de los medios de comunicación de la oposición política y de los ciudadanos en general ¡faltaría más!, el relato de la política económica de Zapatero ante la crisis ha seguido un guión bastante lógico y normalizado en los países de nuestro entorno. En el comienzo de la crisis financiera, lo primero fue restablecer la solvencia de los sistemas bancarios. Recordemos las medidas de garantía a los depósitos y las de reestructuración del sistema bancario en las que todavía estamos. Luego fue inyectar liquidez a la economía y facilitar el crédito a las actividades productivas del país. Más tarde sostener la demanda agregada mediante estímulos fiscales, ayudas al consumo y a sectores productivos estratégicos y fuerte impulso a la inversión pública para animar la gravísima atonía de nuestra economía. Junto a todo ello, nuestro país entró en el G-20 impulsando una nueva regulación de los mercados financieros y sucesivas normas de supervisión supranacional, así como nuevos controles a determinados agentes y productos financieros. En eso estábamos y estamos.
Cada país, con sus variantes, ha seguido sendas y caminos parecidos. En España, es verdad, Zapatero animado por una deuda pública acumulada más baja que la media, mantuvo su política social e incluso aumentó ese gasto, con una prolongación del subsidio a la gravísima situación que vive un país con un paro estructural muy alto (casi dos millones de personas en el período más alto del crecimiento: 2007) y un impacto brutal en términos de desempleo en los dos años de implosión del sector inmobiliario (dos millones de parados más, entre directos e indirectos).
Pero, desde comienzos de este año, el guión ha cambiado. La lentitud de la recuperación económica asusta. La desconfianza en la volatilidad de la bolsa retrae. Los mercados financieros dudan de los países en un contexto de fuerte endeudamiento público y una sensación de insostenibilidad de las políticas expansivas ha impregnado Europa, y al Euro especialmente agredidos por la situación más grave de algunos de los países de la Eurozona. Pero, no podemos olvidar que sólo hace semanas se seguía discutiendo sobre la inconveniencia de retirar demasiado pronto los estímulos fiscales y la inversión pública al consumo interno y a la actividad económica. De pronto, todo eso es pasado y una nueva y única consigna se impone en la política económica europea: ¡Reducción de déficit a toda máquina!.
Al volver de Davos, en enero, Zapatero inició su dolorosa travesía hacia la ortodoxia de las finanzas públicas y hacia las exigencias de ajustes que muchos le venían reclamando. Anunció reformas en la Seguridad Social, redujo en 10.000 millones de Euros el presupuesto, emplazó en temario y tiempo el diálogo social para la reforma laboral y ordenó diversas medidas de carácter reformista en la acción del gobierno, entre las que el pacto educativo me parece especialmente destacable. Más tarde, es verdad, acuciado por la histeria de los mercados y en el marco de la respuesta europea a los ataques al Euro, ha anunciado un durísimo paquete de ajustes en el gasto afectando a los funcionarios, ayudas sociales, etc.
Mis preguntas vienen ahora ¿Qué hizo el PP cuando se propuso la prolongación de la edad de jubilación? Oponerse a ella en el seno del Pacto de Toledo y exigir su retirada para empezar a hablar ¿Qué ha hecho el PP ante el ajuste en el sueldo de los funcionarios? Oponerse con discursos vagos sobre la concreción de la medida para que todo el peso de la impopularidad de las medidas lo sufra el PSOE ¿Qué ha hecho el PP respecto a la mínima subida del IVA a partir de julio? Organizar manifestaciones y campañas tan demagógicas como injustas respecto a una medida imprescindible para reducir el déficit ¿Qué dice el PP respecto a más impuestos a los más ricos? Que se oponen porque eso perjudica la recuperación de la economía. Así podríamos seguir hasta hacer un libro en vez de un artículo.
Me quedo con dos preguntas finales: ¿Qué hará el PP con el Decreto de ajuste del Déficit Público? ¿Qué hará el PP con los presupuestos de 2011? Me temo las respuestas, pero déjenme que les exprese mis quejas por la incoherencia y la irresponsabilidad de un partido tan importante para el país, en un momento tan grave y por la ausencia de una línea crítica más amplia en la opinión publicada, contra esa actitud.
Expansión, 27/mayo/2010