13 de diciembre de 2008

Disolución y oportunismo.

Decía Webber que la Biblia tenía la maldita costumbre de ponerse del lado de los pobres. Pues bien, hablando de malditas costumbres, en Euskadi, con el terrorismo, hemos desarrollado una que no puede calificarse de otra manera. Es la que nos lleva a especular sobre las intenciones de los terroristas y a buscar las razones que 'expliquen' sus atentados. Lo que nos ha llevado, de nuevo, a un debate tan inútil como peligroso tras el asesinato de Inaxio Uria. Dirigentes nacionalistas ven en el atentado de Azpeitia un ataque al PNV. Otros creen que es un ataque a los empresarios vascos, otros un ataque a la línea ferroviaria de Alta Velocidad, y otros, en fin, una clara y cruel advertencia a los extorsionados por la recaudación terrorista. Al hacerlo, sólo contribuimos a ampliar el radio de acción de los terroristas. Llevo años preguntándome si acertamos al amplificar, como lo hacemos en España, el tratamiento informativo e institucional de los atentados (a diferencia de los ingleses por ejemplo), al descubrir con tanta transparencia las estrategias y objetivos en la lucha antiterrorista y, sobre todo, al discrepar tan abiertamente y tan a menudo entre nosotros.
Este último es el caso de la iniciativa del PP de disolver los ayuntamientos gobernados por ANV. De nuevo el oportunismo partidista para poner en evidencia al Gobierno y para parecer más firme en la lucha contra ETA ha llevado al primer partido de la oposición a hacer una propuesta legalmente dudosa y políticamente discutible, sin contar con el consenso de las fuerzas políticas y del Gobierno.
Legalmente dudosa
No está claro que el Artículo 61 de la Ley de Régimen Local autorice a disolver todos los ayuntamientos con alcalde de ANV. Primero porque en la mayoría de ellos no se han producido acontecimientos que den lugar a acuerdos o actuaciones municipales que «de forma reiterada y grave supongan cobertura, apoyo o enaltecimiento del terrorismo». Segundo, porque en los que ha habido atentados (Mondragón y Azpeitia, por ejemplo), está por ver que la no condena equivalga jurídicamente a esa calificación antes citada. Y por último, ¿se imaginan que se ejecute la disolución y una sentencia posterior determine su nulidad? Probablemente, pues, sea necesaria alguna reforma legal previa para proceder con esa política, en caso de que así lo decidiéramos desde la unidad democrática contra el terrorismo.
Políticamente discutible
Se presenta esta propuesta como pócima milagrosa contra ETA, pero no está escrito que esto sea así. Comparto plenamente el objetivo de la invalidación política del entorno de ETA y he argumentado muchas veces la legitimidad democrática de esa decisión. Pero eso debe hacerse siempre en el respeto máximo a los principios del Estado de Derecho y el de participación política es uno de ellos, si no el principal. Por eso, en su día, las listas de ANV -un partido legal entonces, aunque ilegal hoy- no pudieron ser impugnadas en todos los sitios, y los elegidos en 2007 no pueden ser privados de su acta de diputados, aunque su partido haya sido ilegalizado. Reiterada doctrina del Tribunal Constitucional así lo ha establecido. Para superar esta dificultad disolvemos toda la corporación, castigando así a los electores que eligieron a los representantes de todos los demás partidos, al privarles de sus concejales electos. Es un efecto indeseado demasiado grave para una decisión demasiado dudosa, desde todos los puntos de vista.
La disolución legal de los ayuntamientos altera el juego de responsabilidades contra la violencia. Somos los partidos vascos los que tenemos la obligación de construir mayorías alternativas a ANV y en prácticamente todos los municipios importantes en los que gobierna hay una mayoría democrática alternativa. En Mondragón, Pasajes, Azpeitia, etcétera, la moción de censura es posible y democráticamente exigible. Son los ciudadanos vascos quienes deben juzgar a los partidos y a los responsables políticos que no las hacen posibles. La disolución de esos municipios por ley estatal traslada a Madrid la responsabilidad de esa decisión y permite a los partidos nacionalistas eludir las suyas en la sustitución de los alcaldes de ANV.
Sin consenso
Hay una última razón para discrepar de esta propuesta: el consenso parlamentario para su ejecución es mínimo. Primero, por la forma en que se ha planteado. Cinco minutos antes de la reunión de los partidos convocada para expresar la unidad democrática, tras el asesinato de Inaxio Uria, el PP registró una propuesta sin hablarla antes con nadie. Segundo, por su reiterado interés en que sea debatida y votada en la Cámara, sin acuerdo previo y con la seguridad de que se producirá una sonora división con los partidos nacionalistas y de izquierda de la Cámara. Estas cosas no se hacen así. Para una iniciativa tan grave debe obtenerse primero el acuerdo del Gobierno, no se olvide, principal rector de la lucha antiterrorista. Pero, además, ¿puede hacerse eso contra la voluntad expresa de los partidos mayoritarios en esos municipios? ¿Debe o no contar su opinión antes de tomar esa decisión? ¿Hace falta recordar que la Diputación Foral de Guipúzcoa, en caso de que fuera ella la encargada de la gestión municipal, está gobernada por PNV y EA, y que son esos los partidos mayoritarios en la mayoría de estos municipios? Me pregunto si no sería más lógico y prudente que las formaciones democráticas valoremos esta cuestión y acordemos una estrategia común.
Es verdad que el País Vasco está dando muestras evidentes de incapacidad política y social para enfrentarse a la reaparición de ETA después de la tregua, pero eso no debe llevarnos a equivocaciones estratégicas en este delicado proceso de fin de la violencia. La fractura partidaria es lamentable y procede -conviene no olvidarlo- de aquel pacto divisionista y excluyente que se firmó en Estella. La tensión entre los partidos nacionalistas es esperpéntica y, para muestra, Azpeitia es más que un botón. Las acusaciones y reproches del PNV y del PP contra el PSE reflejan la triste pérdida de la unidad democrática contra ETA que data desde la desaparición de Ajuria Enea. Y la gente, la ciudadanía, deambula entre el hartazgo y el desistimiento, falta de liderazgo y tentada por el miedo que infunde el terrorismo.
Creo que fue Schopenhauer el que dijo que no hay ningún viento favorable para el barco que no sabe adónde va. Afortunadamente, hay un Ministerio de Interior que supo lo que hacía en el proceso de paz, bien resumido en una frase con la que tituló EL CORREO su entrevista al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho: «A ETA se le ofreció acabar como el IRA pero eligió terminar como los GRAPO». Un Ministerio que está aplicando una inteligente y eficaz estrategia contra el aparato de ETA. Las detenciones de su cúpula militar en el breve plazo de tres semanas marcan un camino inexorable. Hay además unas elecciones vascas a la vuelta de Navidad que pueden y deberían ser un punto de inflexión a estos últimos años de política vasca. Esos son los vientos que nos dan esperanza.

El Correo 13/12/2008
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Foto: SANTOS CIRILO
Videos: PARLAMENTO EUROPEO.