17 de diciembre de 2008

Ni Lemóniz ni Leizarán

No especulan quienes dicen que el asesinato de Ignacio Uria pretende aterrorizar al entramado humano relacionado con la construcción de la Y vasca de alta velocidad. Todo hace pensar que ETA busca dar batalla para parar esa obra, alimentando así su mitología ecologista (Lemóniz, 1981- Leizarán, 1992) y ofreciendo a su mundo una nueva bandera que aglutine fuerzas y ánimos en momentos difíciles.

He dudado sobre la conveniencia de plantear así de crudamente la situación y alimentar con ello la estrategia de los terroristas. Pero hay dos razones que me han convencido de hacerlo.

La primera es que, querámoslo o no, el debate ya está ahí. En las tertulias, editoriales y en las especulaciones periodísticas de un país afortunadamente libre, y en la experiencia de un pueblo que conoce muy bien la lógica militarista de estos fanáticos. Para certificarlo, bastan las imágenes de una manifestación dominical en Durango contra el TAV [Tren de Alta Velocidad], en la que abiertamente se hacía orquestación popular de la estrategia violenta con una pancarta en la que significativamente se leía: Geldituko dugu (Lo pararemos).

La segunda es que debemos argumentar nuestra respuesta y asegurar la victoria de la democracia. Para ello, hagamos primero algunas precisiones. Lemóniz era una central nuclear, construida contra viento y marea, a finales de los setenta, por una empresa energética privada. Fue Iberduero, y no el Estado, quien renunció finalmente a su construcción. Por la presión terrorista, sí, pero también porque una inmensa mayoría de la población se oponía a ella. En aquellos años, ETA era una organización terrorista desgraciadamente demasiado poderosa (casi 100 asesinatos por año en los años 79 y 80) y el Estado y sus Fuerzas de Seguridad luchaban solos, sin legitimación política y social en el País Vasco y sin colaboración internacional de Francia. ¿Tiene eso algo que ver con la actualidad?

El Tren de Alta Velocidad es la obra más importante de Euskadi para este siglo y nueve de cada diez vascos lo desea y lo necesita. Lo apoya el Gobierno Vasco y las instituciones forales y lo realizan conjuntamente el Gobierno de España y el de Euskadi.

De la banda terrorista en 2008, después de su ruptura de la tregua de 2006 y de la detención consecutiva de su cúpula en un plazo de tres semanas, no hace falta decir más. Su derrota política es incuestionable e inexorable.

En cuanto a Leizarán, ETA no ganó. Sus corifeos de Batasuna brindaron con cava y vendieron una foto como un triunfo que no fue. Las instituciones pactaron un trazado ligeramente alternativo al mencionado valle, pero eso ocurre todos los días en todas las obras públicas de impacto ecológico. La obra se hizo y la autopista funciona maravillosamente desde su inauguración.

La conexión ferroviaria vasca ha pasado todos los filtros medioambientales, la quiere el pueblo vasco, la financia el Estado, la necesitan España y Francia, la legitima la democracia institucional vasca, española y europea y nada ni nadie puede quebrar esa voluntad soberana y ese ejercicio de autoridad política de un sistema político ordenado y de un Estado serio.

¿Cómo vencer la presión terrorista? El único modo es desarticular a la banda y detener a sus comandos, como se está haciendo. En el camino, el Gobierno Vasco y el Estado no van a fallar y las empresas y los trabajadores afectados tampoco. A todos nos toca asumir un ejercicio de valor y de militancia democrática, y al pueblo vasco en particular, una tarea de imposición democrática a una minoría totalitaria que ahoga su libertad y su progreso.

No es posible dar un paso atrás. A quienes les toque el riesgo, deben asumirlo, y la sociedad vasca, apoyarlos y defenderlos. Y si no lo hacen, también la sociedad y sus instituciones deben ejercer su legítimo reproche y sanción.

Este reto llama a la puerta de todos: empresas, ayuntamientos, partidos, medios de comunicación, asociaciones de empresarios, sindicatos... y ciudadanos.

Los vascos, todos y cada uno de nosotros, nos jugamos el ser o no ser como país digno, como sociedad libre, como ciudadanos con derechos. El Gobierno Vasco también se la juega. Y los partidos vascos, desunidos y en abierta tensión, tenemos la responsabilidad de la unidad y del liderazgo sobre esta sociedad vasca harta y con evidentes riesgos de desistimiento.

También a quienes se oponen sin violencia a esta obra les corresponderá tomar partido porque, quieran o no, deberán asumir que otros matan en su nombre.

Todos estamos concernidos, porque si el terror impone su voluntad, la mafia impone su ley. Al fin y al cabo, hace ya demasiado tiempo que en Euskadi la lucha contra ETA es la lucha por la democracia y el derecho, por la ciudadanía y la libertad. Como dijo Cicerón: "Cedant arma togae (Que las armas se sometan a las togas)".
El País.

13 de diciembre de 2008

Disolución y oportunismo.

Decía Webber que la Biblia tenía la maldita costumbre de ponerse del lado de los pobres. Pues bien, hablando de malditas costumbres, en Euskadi, con el terrorismo, hemos desarrollado una que no puede calificarse de otra manera. Es la que nos lleva a especular sobre las intenciones de los terroristas y a buscar las razones que 'expliquen' sus atentados. Lo que nos ha llevado, de nuevo, a un debate tan inútil como peligroso tras el asesinato de Inaxio Uria. Dirigentes nacionalistas ven en el atentado de Azpeitia un ataque al PNV. Otros creen que es un ataque a los empresarios vascos, otros un ataque a la línea ferroviaria de Alta Velocidad, y otros, en fin, una clara y cruel advertencia a los extorsionados por la recaudación terrorista. Al hacerlo, sólo contribuimos a ampliar el radio de acción de los terroristas. Llevo años preguntándome si acertamos al amplificar, como lo hacemos en España, el tratamiento informativo e institucional de los atentados (a diferencia de los ingleses por ejemplo), al descubrir con tanta transparencia las estrategias y objetivos en la lucha antiterrorista y, sobre todo, al discrepar tan abiertamente y tan a menudo entre nosotros.
Este último es el caso de la iniciativa del PP de disolver los ayuntamientos gobernados por ANV. De nuevo el oportunismo partidista para poner en evidencia al Gobierno y para parecer más firme en la lucha contra ETA ha llevado al primer partido de la oposición a hacer una propuesta legalmente dudosa y políticamente discutible, sin contar con el consenso de las fuerzas políticas y del Gobierno.
Legalmente dudosa
No está claro que el Artículo 61 de la Ley de Régimen Local autorice a disolver todos los ayuntamientos con alcalde de ANV. Primero porque en la mayoría de ellos no se han producido acontecimientos que den lugar a acuerdos o actuaciones municipales que «de forma reiterada y grave supongan cobertura, apoyo o enaltecimiento del terrorismo». Segundo, porque en los que ha habido atentados (Mondragón y Azpeitia, por ejemplo), está por ver que la no condena equivalga jurídicamente a esa calificación antes citada. Y por último, ¿se imaginan que se ejecute la disolución y una sentencia posterior determine su nulidad? Probablemente, pues, sea necesaria alguna reforma legal previa para proceder con esa política, en caso de que así lo decidiéramos desde la unidad democrática contra el terrorismo.
Políticamente discutible
Se presenta esta propuesta como pócima milagrosa contra ETA, pero no está escrito que esto sea así. Comparto plenamente el objetivo de la invalidación política del entorno de ETA y he argumentado muchas veces la legitimidad democrática de esa decisión. Pero eso debe hacerse siempre en el respeto máximo a los principios del Estado de Derecho y el de participación política es uno de ellos, si no el principal. Por eso, en su día, las listas de ANV -un partido legal entonces, aunque ilegal hoy- no pudieron ser impugnadas en todos los sitios, y los elegidos en 2007 no pueden ser privados de su acta de diputados, aunque su partido haya sido ilegalizado. Reiterada doctrina del Tribunal Constitucional así lo ha establecido. Para superar esta dificultad disolvemos toda la corporación, castigando así a los electores que eligieron a los representantes de todos los demás partidos, al privarles de sus concejales electos. Es un efecto indeseado demasiado grave para una decisión demasiado dudosa, desde todos los puntos de vista.
La disolución legal de los ayuntamientos altera el juego de responsabilidades contra la violencia. Somos los partidos vascos los que tenemos la obligación de construir mayorías alternativas a ANV y en prácticamente todos los municipios importantes en los que gobierna hay una mayoría democrática alternativa. En Mondragón, Pasajes, Azpeitia, etcétera, la moción de censura es posible y democráticamente exigible. Son los ciudadanos vascos quienes deben juzgar a los partidos y a los responsables políticos que no las hacen posibles. La disolución de esos municipios por ley estatal traslada a Madrid la responsabilidad de esa decisión y permite a los partidos nacionalistas eludir las suyas en la sustitución de los alcaldes de ANV.
Sin consenso
Hay una última razón para discrepar de esta propuesta: el consenso parlamentario para su ejecución es mínimo. Primero, por la forma en que se ha planteado. Cinco minutos antes de la reunión de los partidos convocada para expresar la unidad democrática, tras el asesinato de Inaxio Uria, el PP registró una propuesta sin hablarla antes con nadie. Segundo, por su reiterado interés en que sea debatida y votada en la Cámara, sin acuerdo previo y con la seguridad de que se producirá una sonora división con los partidos nacionalistas y de izquierda de la Cámara. Estas cosas no se hacen así. Para una iniciativa tan grave debe obtenerse primero el acuerdo del Gobierno, no se olvide, principal rector de la lucha antiterrorista. Pero, además, ¿puede hacerse eso contra la voluntad expresa de los partidos mayoritarios en esos municipios? ¿Debe o no contar su opinión antes de tomar esa decisión? ¿Hace falta recordar que la Diputación Foral de Guipúzcoa, en caso de que fuera ella la encargada de la gestión municipal, está gobernada por PNV y EA, y que son esos los partidos mayoritarios en la mayoría de estos municipios? Me pregunto si no sería más lógico y prudente que las formaciones democráticas valoremos esta cuestión y acordemos una estrategia común.
Es verdad que el País Vasco está dando muestras evidentes de incapacidad política y social para enfrentarse a la reaparición de ETA después de la tregua, pero eso no debe llevarnos a equivocaciones estratégicas en este delicado proceso de fin de la violencia. La fractura partidaria es lamentable y procede -conviene no olvidarlo- de aquel pacto divisionista y excluyente que se firmó en Estella. La tensión entre los partidos nacionalistas es esperpéntica y, para muestra, Azpeitia es más que un botón. Las acusaciones y reproches del PNV y del PP contra el PSE reflejan la triste pérdida de la unidad democrática contra ETA que data desde la desaparición de Ajuria Enea. Y la gente, la ciudadanía, deambula entre el hartazgo y el desistimiento, falta de liderazgo y tentada por el miedo que infunde el terrorismo.
Creo que fue Schopenhauer el que dijo que no hay ningún viento favorable para el barco que no sabe adónde va. Afortunadamente, hay un Ministerio de Interior que supo lo que hacía en el proceso de paz, bien resumido en una frase con la que tituló EL CORREO su entrevista al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho: «A ETA se le ofreció acabar como el IRA pero eligió terminar como los GRAPO». Un Ministerio que está aplicando una inteligente y eficaz estrategia contra el aparato de ETA. Las detenciones de su cúpula militar en el breve plazo de tres semanas marcan un camino inexorable. Hay además unas elecciones vascas a la vuelta de Navidad que pueden y deberían ser un punto de inflexión a estos últimos años de política vasca. Esos son los vientos que nos dan esperanza.

El Correo 13/12/2008

5 de diciembre de 2008

La Responsabilidad Social en España. Evolución y Perspectivas

Presentación de la Conferencia Inaugural de la Jornada sobre Responsabilidad Social Corporativa: "Empresas comprometidas, países con futuro, celebradas en Santiago de Chile el 5 de Diciembre del 2008.

1 de diciembre de 2008

Caja Navarra aporta liquidez a la RSE.

¡Bien por Caja Navarra!

He visto el vídeo de la CAN en el que dos directivos de esta Caja de Ahorros explican su participación en la primera subasta pública para trasladar al Estado créditos anteriores de la Caja y dedicar ese importe a conceder créditos a la economía productiva, especialmente de las PYME.

Caja Navarra anuncia que los noventa millones de Euros “liberados” en la subasta, los ponen en el mercado al servicio de los emprendedores, a un interés sorprendente e inédito en estos tiempos: ¡al 3,37% de interés!

Eso es lo que el Gobierno propuso. Eso es lo que la economía productiva necesita. Ésa es la razón de que el Estado ponga una cantidad ingente de recursos públicos en esta operación. Por eso vuelvo a felicitar a la CAN por su política responsable. Eso es la responsabilidad en el núcleo del negocio, en la actividad crediticia, que es esencial en una entidad financiera y más en una caja de ahorros. Eso es sentido de servicio público y de acción social, en su máxima y mejor expresión.

Por cierto, aquí hemos discutido sobre la conveniencia o no de denunciar malas prácticas en materia de RSE. A veces no hace falta, porque las buenas, dejan en evidencia a las malas. ¿Ustedes me entienden, verdad? Por si acaso, lo diré claramente: ¡Todas las entidades financieras que liberan créditos con dinero público y luego lo ponen en el mercado a un interés que duplica o triplica el Euribor, son malas prácticas! Denunciarlas es imprescindible para que todos lo sepamos y actuemos en consecuencia.


Diario Responsable 1/12/2008
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Foto: SANTOS CIRILO
Videos: PARLAMENTO EUROPEO.