26 de octubre de 2008

El acuerdo y sus derivadas


El contexto
El Gobierno socialista necesitaba aprobar los Presupuestos de 2009 de manera imperiosa. No era posible que el primer año de legislatura en una situación económica y financiera tan crítica como la que vive España y todo el mundo occidental viera rechazado su Presupuesto, la herramienta más importante de política económica frente a la crisis y la ley de leyes del año legislativo. Si el Gobierno hubiera visto rechazadas las Cuentas, a la crisis económica que vivimos se habría añadido una crisis política de dimensiones incalculables. Como se ha dicho reiteradamente, la crisis financiera es, en gran parte, una crisis de confianza, y la crisis económica es también, aunque no sólo, una crisis de confianza de los consumidores, emprendedores, etcétera. A los mercados financieros les estamos inyectando confianza a través de leyes urgentes y de recursos ingentes que aseguren los depósitos del ahorro de los ciudadanos y que permitan la recuperación del crédito y la fluidez del dinero. A la política económica local, es decir, nacional, tenemos que ofrecerle la misma dosis de confianza y de convicción sobre lo que se puede y se debe hacer con las cuentas públicas.

La mayor parte de los partidos del arco parlamentario español se han negado a pactar el Presupuesto con el Gobierno de Rodríguez Zapatero por diferentes razones. El PP porque ha construido una política de oposición centrada casi exclusivamente en el fracaso económico del Ejecutivo socialista. CiU ha condicionado su apoyo a los Presupuestos a la obtención de una financiación económica para Cataluña y se ha negado a discutirlos si no tiene garantías previas del resultado de una negociación que hay que hacer con todas las comunidades autónomas después de la aprobación presupuestaria, lo que ha hecho imposible el acuerdo con ese grupo. Esquerra Republicana mantiene una posición semejante, más o menos edulcorada, con reivindicaciones de política social de dimensión catalana especialmente. E Izquierda Unida, después de los resultados electorales de marzo de este año, ha asentado sus perfiles izquierdistas y se desmarca de la política económica del Gobierno de Zapatero en ingresos y gastos, es decir, en todo y para todo.

El acuerdo
Con el Partido Nacionalista Vasco se ha discutido sobre el desarrollo del autogobierno y el apoyo al desarrollo económico de Euskadi. La búsqueda de un acuerdo para la transferencia de políticas de empleo no ha prosperado, porque seguimos hipotecados por la pretensión maximalista del PNV de producir este traspaso con la filosofía del Concierto Económico. Una vez más, hemos chocado con una divergencia insalvable, si tenemos en cuenta que la financiación de estas políticas se produce mediante cotizaciones a la Seguridad Social y no mediante tributos generales. La peculiaridad de la entidad recaudadora, la Tesorería de la Seguridad Social, la complejidad de algunas de las políticas activas de empleo -bonificaciones directas a las empresas en las cotizaciones- y la solidaridad interterritorial de unas políticas de gasto en función no de la población sino del número de parados de cada territorio, han hecho imposible, una vez más, alcanzar un acuerdo con el Gobierno vasco, empeñado en aplicar criterios de Concierto Económico vía Cupo a unas políticas que, repito, no están financiadas por tributos generales, sino con un especialísimo sistema de cotizaciones en las nóminas de los trabajadores.
La otra gran materia de negociación ha sido la famosa competencia de I+D+i. La esencia del acuerdo consiste en aplicar el Concierto Económico, es decir, un descuento en el Cupo vasco por importe de 86 millones de euros, en una parte de los conceptos que integran la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología en los Presupuestos del Estado. Esto permitirá a la Comunidad Autónoma Vasca incrementar su presupuesto de I+D+i en esta cantidad para desarrollar su propia política con carácter exclusivo, sin perjuicio de que el Gobierno de España siga desarrollando el resto de sus iniciativas, también con carácter exclusivo, coordinando con el Gobierno vasco sus acciones en la CAV. Nadie puede vivir de espaldas ni pretender aislarse en el desarrollo de estas competencias. Al País Vasco le irá muy mal si pretende desconectarse de España y de la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque perderá magníficas oportunidades nacionales y europeas. El Gobierno de España, a su vez, necesita desarrollar en el País Vasco muchos de sus proyectos tecnológicos e investigadores, porque es aquí donde se encuentran los cimientos tecnológicos o los núcleos de investigación correspondientes. Por eso y con todo, Cristina Garmendia tenía y tiene razón.
La negociación ha abarcado también una decisión de importancia para el futuro de nuestras infraestructuras. La decisión de hacer un puerto exterior en Pasajes y dar un aprovechamiento urbanístico a todo el deteriorado entorno de Herrera, Pasaia, Rentería y Lezo, se parece un poco -salvando las distancias- a lo que fue en su día la transformación de Bilbao sacando las instalaciones portuarias del centro de la ciudad al exterior de Santurtzi. Dos capítulos puntuales sobre la prejubilación en la Ertzaintza y licencias de telefonía móvil han completado este acuerdo.

Las derivadas
El PNV, con esta decisión, se ha convertido en el partido de referencia para la mayoría en el arco parlamentario español. Cada uno puede darle a este hecho el significado que quiera, pero, en mi opinión, el Partido Nacionalista Vasco ha jugado bien sus bazas. De entrada, porque de no haber hecho esta negociación en estos términos es muy probable que se hubiera producido una mayoría alternativa y, en ese caso, su papel habría sido irrelevante. Durante la campaña electoral me cansé de decir que si el PNV venía a Madrid a hacer de punta de lanza del plan Ibarretxe y sus planteamientos soberanistas, su juego sería irrelevante en la política española. No ha sido así, y me alegro. En segundo lugar, el PNV ha ejercido el papel de la corresponsabilidad ante la crisis económica. Fuertes sectores económicos y empresariales presionaban en Euskadi y en toda España para aprobar los Presupuestos y para que el sistema político español mandara una señal de confianza a los mercados, a las empresas y a los ciudadanos, en un momento crucial como es el de la aprobación de las Cuentas públicas. Conviene recordar que todos los Presupuestos Generales del Estado en los treinta años de democracia se han aprobado a partir de mayorías con partidos nacionalistas, por lo que resultan bastante cínicos quienes se llaman a escándalo por supuestas cesiones a los mismos. El PNV ha ejercido ese papel y ha emitido a la ciudadanía vasca y de toda España esa señal de responsabilidad ante la crisis, que no han querido asumir otros.

¿Hay más compromisos en el pacto PSOE-PNV? Algunos quieren ver en este acuerdo una señal para un hipotético entendimiento electoral en el País Vasco. Se ha llegado a decir, o por lo menos muchos lo piensan, que en el apoyo del PNV a Rodríguez Zapatero hay un pago a cuenta a un futuro apoyo del PSE a un gobierno nacionalista en Euskadi. Es mentira. El Gobierno del País Vasco lo decidiremos los vascos en las próximas elecciones y, aunque especular es libre, ningún compromiso de semejante naturaleza está detrás del acuerdo de los Presupuestos del Estado. Es verdad que los socialistas vascos aseguraremos las cuentas públicas de las diputaciones y del Gobierno vasco, pero eso no es correspondencia ninguna al apoyo del PNV a los Presupuestos del Gobierno de España. Es decisión unilateral del PSE, que, semanas antes de este acuerdo, anunció su voluntad de aprobar los Presupuestos por sentido de la responsabilidad y del momento económico que vivimos. Pero no es verdad que la formación del Gobierno vasco después de las elecciones autonómicas del año que viene esté condicionada, ni siquiera de manera colateral, por el acuerdo con el PNV en los Presupuestos Generales del Estado. Sólo los vascos con sus votos y los socialistas vascos con sus escaños decidiremos el nuevo Gobierno de Euskadi.

El Correo, 26/10/2008

24 de octubre de 2008

¿Es socialmente responsable prejubilarse a los 48 años?

Hace muchos años, en la Reconversión Industrial de los años ochenta, los enormes excedentes de plantilla de las viejas industrias fueron objeto de jubilaciones anticipadas, llegando incluso a los 52 años para absorber al máximo de población laboral.

No había otra fórmula de acordar con los sindicatos las reducciones de plantilla que llamábamos “no traumáticas”, es decir, para no aceptar despidos. Ya entonces resultaba escandaloso jubilar a gente tan joven. Además de injusto respecto a pequeñas empresas que no podían despedir en tan buenas condiciones.

Acabamos de saber que Telefónica va a prejubilar a 700 empleados mayores de 48 años. Me cuesta entender que resulte rentable pagar el 70% del salario hasta los sesenta y un años por no trabajar. Pero aunque lo sea –que lo será-, ¿Es socialmente responsable? ¿Cuál es la lógica social de considerar laboralmente acabados a trabajadores con 48 años?

¿Por qué, si los sistemas de Seguridad Social y la prolongación de la vida aconsejan en todo el mundo alargar la vida laboral, las empresas y el mercado nos imponen lo contrario? ¿No sería mejor pagar a empresas de inserción laboral para reubicar los excedentes laborales? ¿Realmente son los más experimentados lo que sobran?

Telefónica hace grandes cosas en su política de responsabilidad corporativa. Su informe anual de 2007 es interesante en la búsqueda del compromiso responsable y sostenible en todas sus actividades. Me pregunto: ¿Podrá incluir esta política de prejubilación en su memoria social en el 2008?

(Con afecto a mis amigos de Telefónica).

Diario Responsable 24/10/2008

21 de octubre de 2008

Recuperación de nuestra memoria


¿Es posible o no, que la sociedad española de hoy ajuste deudas con su historia, sin romper por ello las bases de su convivencia actual y los principios de reconciliación y perdón que presidieron la transición a la democracia a finales de los setenta? Ésta es para mí, la cuestión nuclear del debate producido sobre la mal llamada “Memoria Histórica.” La abrumadora presencia de la guerra civil y de la represión franquista en la memoria de la sociedad española de hoy, tiende a despertar las pasiones de las dos Españas machadianas con demasiada frecuencia. La guerra de esquelas de la guerra, publicadas este verano, es una buena muestra de las peligrosas derivas que puede tener este asunto si no lo enfocamos con prudencia y consenso.

Comencemos pues por responder al primer interrogante ¿Hay deudas pendientes? ¿Y aunque las hubiere, debemos abrir la caja de Pandora de tan delicados y apasionados recuerdos? No son pocos ni despreciables los argumentos que recomiendan cubrir estas cuestiones bajo un discreto manto, destacando como único recuerdo histórico el punto y aparte que acordamos en los pactos de la transición. Pero no es menos cierto que han pasado treinta años desde entonces y que todavía golpean a las puertas de nuestras instituciones reivindicaciones justas y razonables. Primero, porque, sin cuestionar la generosidad que impregnó la transición política, la democracia de los ochenta y de los noventa confundió en exceso perdón con olvido, y aunque sucesivos gobiernos democráticos establecieron medidas para restañar las heridas del bando republicano, lo cierto es que millones de españoles, perdedores y sufridores de la contienda y de la represión posterior, lloraron en silencio su imborrable recuerdo, tras el telón de una convivencia reconciliada, a la que perturbaba su simple presencia. Y segundo, porque quedan pendientes muchas causas de justicia para quienes defendieron el gobierno legítimo del treinta y seis. Desde la identificación y localización de fosas comunes, a la exhumación de sus restos. Desde la apertura total de archivos para la investigación y la documentación particular, hasta el reconocimiento de las enormes injusticias cometidas en juicios sumarios. Incluso golpea también nuestra conciencia democrática, la ausencia de indemnización alguna para quienes, encontraron la muerte en los años del tardofranquismo, ejercitando derechos que luego reconoció nuestra Constitución (como por ejemplo los seis obreros muertos por la policía en Vitoria y Basauri en 1976).

La segunda cuestión es capital ¿Cómo debemos abordar este tema de nuestra agenda política y hasta dónde, será posible atender estas reivindicaciones? El Gobierno ha decidido hacerlo mediante un proyecto de ley que, intencionadamente rechaza implantar una determinada “memoria histórica colectiva”, que no corresponde a norma alguna y encarga al legislador la protección del derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática. En ese propósito el anteproyecto busca un equilibrio difícil y polémico. Si se declara “el derecho de todos los ciudadanos a la reparación de su memoria personal y familiar”, ¿deben incluirse todos los que sufrieron condenas, sanciones o cualquier forma de violencia por razones políticas? Si tal reconocimiento se refiere a la represión franquista, es obvio que afecta sólo a quienes defendieron la legalidad institucional anterior al 18 de julio de 1936 y pretendieron después de la guerra el restablecimiento en España de un régimen democrático. Pero si ese derecho se quiere extender a la Guerra Civil –y en mi opinión así debe ser- resulta obligado reconocerlo también a quienes sufrieron esas mismas circunstancias en el otro bando. ¿Es eso una injusta equidistancia? Más bien creo que sólo así respondemos al espíritu de reconciliación pactada en el que se fundó nuestra transición democrática.

Una reflexión semejante surge de otro de los aspectos polémicos de esta Ley. ¿Debemos anular cuantas resoluciones judiciales fueron dictadas en aplicación de legislaciones y de tribunales de excepción? Admito que sería de justicia. Pero, ¿podemos hacerlo sin cuestionar todo el entramado de seguridad jurídica de cuarenta años de franquismo? ¿Cómo se revisan individualmente miles de sumarios sobre hechos acaecidos en tiempos tan lejanos? Conozco la existencia de opiniones jurídicas fundadas en esa dirección, pero yo creo que eso no es posible a la luz de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y en todo caso, creo que antes de abrir la vía jurídica para la revisión de miles de esos casos, nos lo deberíamos pensar serenamente. ¿Qué consecuencias tendrían las anulaciones? ¿Quién impediría que muchos reclamaran conocimiento de los juzgadores y quizás responsabilidades? Yo creo que el legislador español de 2006 tiene derecho a examinar esta cuestión también desde un punto de vista de oportunidad política y aquí vuelvo a esgrimir ese patrimonio común que es el espíritu de reencuentro y de concordia de la transición.

La Ley pretende la justicia compensando a las víctimas de la guerra y de la represión de un régimen cruel que duró cuarenta años. ¿Lo consigue? Abiertamente no. Reconocerlo con humildad es necesario, porque esas victimas merecen el respeto de la verdad. Pero, ¿alguien cree posible hacer justicia plena con las enormes e inmensas consecuencias de aquella tragedia? La Ley llega adonde es posible llegar sin menoscabar las bases de nuestra convivencia y ajusta las últimas deudas con nuestra historia sin reabrir la herida que atravesó las entrañas de nuestro pueblo.

La Ley es perfectible. Abriremos una ponencia parlamentaria para escuchar. Negociaremos enmiendas y buscaremos el consenso con todos los grupos. Por cierto, última cuestión: ¿será posible un acuerdo también con el PP en este tema? Lo deseamos. Pero les escucho decir, con demasiada frecuencia, que esto es pasado y ya está pagado. Quizás se opongan a la totalidad de la Ley acusando al Gobierno y a su presidente de “radicalidad guerracivilista.” Me pregunto por qué no es posible una recuperación consensuada de nuestro pasado. ¿No equivale esto a identificarse con una de las dos partes de nuestra historia incivil?

La reconciliación de la transición no nos obliga al olvido. La memoria sin ira, sin afanes vengativos no abre, sino cierra las heridas de la historia. La recuperación personal de nuestra memoria histórica familiar y la compensación consensuada de nuestras deudas con la historia, nos hace más fuertes en los fundamentos de nuestra convivencia.

17 de octubre de 2008

Un perdón asimétrico que no significa olvido


El perdón mutuo fue el principio sobre el que se basó el espíritu de la transición, un perdón quizá asimétrico e imperfecto porque fue la izquierda quien perdonó a cambio de la desaparición del franquismo. Un perdón que no debe confundirse con olvido, pero que en ningún caso debe reabrir heridas ya cerradas en una sociedad española moderna que se fundamentó en la reconciliación.

Hago esta reflexión tras conocerse la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar los crímenes cometidos por el franquismo durante la Guerra civil y la dictadura. En mi opinión, es una resolución judicial de enorme importancia, que merece todo el respeto y que por tanto debe ser contemplada sin frivolidad y sin sectarismo alguno ya que son miles los españoles a los que afecta de la manera más íntima.

Ahora bien, es cierto y lo señalo, que su recorrido en los tribunales es dudoso por dos cuestiones: por un lado, porque los presuntos responsables han fallecido y además por la posible prescripción de los delitos debido a la Ley de Amnistía de 1977, lo que hace que esta cuestión genere una discusión jurídica profunda.

Sin embargo, la actitud del juez Garzón va a permitir acelerar algunas acciones que la Ley de Memoria Histórica contempló, como la exhumación de fosas de la Guerra Civil y ello aportará aún más eficacia a ciertos aspectos de la norma aprobada por las Cortes. Hay que recordar que la Ley de Memoria Histórica recoge además muchas otras actuaciones que suponen una mejora de determinadas prestaciones económicas a las víctimas del franquismo, de la Guerra Civil y del llamado tardofranquismo.

Como os decía al principio el perdón no significa olvido. Por tanto espero y deseo que el auto del juez Garzón sirva para dar respuesta a todas las deudas aún pendientes con tantos y tantos que sufrieron la cruel represión del franquismo.

7 de octubre de 2008

ETA y compañía


La coincidencia entre la sentencia de ilegalización de ANV y EHAK y las bombas de Vitoria, Ondarroa y Santoña hizo especular a muchos sobre una relación causa-efecto policialmente demostrada como falsa. ETA tenía proyectados los atentados, más que para combatir al Tribunal Supremo, para mostrar su propia existencia y para acallar las críticas internas de la cárcel, el exilio y su entorno político, que cuestionan la continuidad de la violencia no tanto por su inmoralidad como por su eficacia cuando falta la capacidad operativa suficiente.
ETA parece dispuesta a prolongar su violencia como única forma de ser y existir. Los coches bomba de hace dos fines de semana, el atentado de ayer contra los juzgados de Tolosa y las informaciones policiales confirman que la dirección de la banda se prepara para un largo periodo de supervivencia. Yo no creo que su capacidad operativa le dé para mucho, pero sí para hacerse presente, como una organización terrorista capaz de producir temor y daño, y perpetuarse así como un problema irresoluble. Esos parecen ser sus objetivos. Harán atentados esporádicos, cuidarán su financiación con el impuesto terrorista, mantendrán unido a su mundo, aunque con crecientes dificultades, y seguirán esperando una oportunidad -ya perdida- de negociar su final a cambio de pretensiones imposibles. Utilizarán, cada vez más, una técnica con pocos riesgos para sus activistas: colocar un coche cargado de explosivos y huir, pero con crecientes riesgos para producir una catástrofe. ¿Será ése su fin?
El Estado también está preparado para afrontar este trágico pulso. No hay otro remedio. Hemos intentando la paz creyendo que la querían y la ruptura del alto el fuego va a ser contestada, lo está siendo ya, con una articulación represiva en el ámbito policial y político que busca neutralizar el entramado que dirige ETA y provocar el desistimiento de la violencia y la aceptación de la democracia. Esa estrategia combate cada día mejor, con más eficacia y conocimiento, con creciente colaboración internacional, con mejor información y tecnología, la estructura operativa de la banda. Junto a ella, se aplicará el principio de que con violencia no habrá política posible, y se impedirá legal y judicialmente cualquier organización paralela y toda actividad pública de su entramado. La estrategia represiva tiene además un creciente apoyo social, por razones obvias en época de atentados terroristas y porque el marco de unidad política con el PP se ha recuperado sólidamente en este nuevo escenario.
Sin embargo, la unidad democrática en Euskadi brilla por su ausencia. Es preciso reconocer que hay una línea divisoria profunda y preocupante con los partidos nacionalistas y con el Gobierno vasco en torno a la ilegalización de las organizaciones políticas y sociales de ETA. Hemos discutido hasta la saciedad los argumentos jurídicos, incluso morales, de esta medida incuestionablemente democrática con quienes utilizan la política al servicio y a las órdenes de la violencia. Hasta el falso y tramposo argumento de que en Francia no les ilegalizan, se está viniendo abajo, cuando también allí pretenden combinar, como aquí, violencia y política.
Las sentencias de la Sala 61 del Tribunal Supremo sobre ANV y EHAK han concluido en la ilegalización, no tanto porque sean instrumentos de la banda terrorista, como porque proporcionan «un apoyo a los fines y a las acciones de una organización terrorista en forma directa o indirecta». El eje argumental de las sentencias es que mediante su apoyo a Batasuna, EHAK y ANV se han convertido en el equivalente funcional de este partido, en su momento declarado ilegal, y han pasado a ser también la expresión de la estrategia terrorista de ETA, de la que no se han distanciado.
Este apoyo se funda en argumentos fácticos fundamentales que, según dispone el propio TS, han de valorarse de forma conjunta, conforme a la jurisprudencia del Tribunal. Cuatro son esos argumentos: Que han proporcionado infraestructuras a un partido ilegalizado. Que han mantenido un análogo discurso respecto de la legitimación activa u omisiva de la violencia. Que han colaborado económicamente y de forma directa con un partido ilegalizado. Que han incorporado a la actividad política a un número importante de personas pertenecientes a un partido ilegalizado.
Pero más allá del debate jurídico, esencial y suficiente por sí solo, en términos democráticos, sigue latiendo en este tema el debate sobre la utilidad o la eficiencia de esta medida. Es frecuente escuchar estos días el repetido argumento de que 'esto no nos acerca a la paz', o 'la ilegalización los victimiza', etcétera. Al respecto conviene recordar algunos datos que son incuestionables: Batasuna y toda una constelación de organizaciones sociales han vivido en plena legalidad desde 1978 hasta 2003 y en veinticinco años jamás han servido para que la violencia fuera diluyéndose en la política. Por lo tanto es falsa la creencia -en la que hemos estado todos, ésa es la verdad- de que hace falta un partido de la izquierda abertzale que sirva de receptor al abandono de la violencia. Al contrario, lo que ha ocurrido es que ETA ha utilizado esa estructura sociopolítica que le brindaba la democracia para nutrir y reforzar su estrategia armada. La Justicia ha probado que más de quinientas personas procesadas o investigadas por acciones terroristas procedían de diversas listas electorales de Batasuna. El trasiego de militantes comunes ha sido incesante -tal como Atutxa denunciaba en los noventa- y si quedase alguna duda, ahí tienen al último detenido en Francia con una pistola, robando coches, recién venido de la cúpula de Batasuna. Tampoco puede especularse con la posibilidad de que Batasuna alumbre algún liderazgo que arrastre a ETA a la política o que pueda pilotar el fin de la violencia. Es una esperanza vana. Sabemos hasta la saciedad que es ETA la que decide y lo hemos comprobado en todos los episodios dialogados, el último en Loyola. Es una constatación empírica que quienes tienen comandos y armas acaban imponiendo sus estrategias, dentro de ETA y no digamos fuera, es decir, sobre el entramado político de su causa y de su historia.
Dicho lo cual, cabe preguntar a quienes rechazan la ilegalización: ¿Es moralmente aceptable que convivan en nuestro sistema de partidos quienes utilizan la violencia para eliminar al adversario? ¿Puede y debe la democracia protegerse de esta práctica tramposa y mafiosa? ¿A qué conduce sostener una estrategia tan injusta que el tiempo ha demostrado fracasada?
A los partidos nacionalistas, al PNV especialmente, y al próximo Gobierno vasco, les corresponde una seria y profunda reflexión sobre su actitud para deslegitimar la violencia y llevar a ese mundo al desistimiento. Tenemos que responder con sinceridad a los interrogantes antes citados y agotar las virtualidades de una nueva estrategia que sólo acaba de iniciarse. Todo el mundo sabe que los queremos dentro del sistema y que la manida normalización llegará cuando abandonen las armas y se integren en el juego político en igualdad de condiciones que los demás; es decir, con la voz y la palabra, con los votos y la democracia. Todo el mundo sabe que podrán defender la independencia de Euskadi, la reunificación vasca, la euskaldunización de todos los vascos o lo que sea. Nada impedirá que sus sueños puedan ser realidad si convencen a la mayoría de los vascos. Eso lo sabe todo el mundo. Pero también sabemos y lo hemos comprobado que la democracia puede vivir sin ellos si persisten en el uso del terror. ¿Podrán ellos vivir sin presencia política? Agotemos esa vía.
El Correo 5/10/2008

2 de octubre de 2008

CONCILIACIÓN: Una directiva contra el tiempo de vivir

Otros muchos y grandes temas están pendientes de encontrar el equilibrio entre las exigencias de un mercado competitivo y feroz en la globalidad y las múltiples demandas de una sociedad que aspira a valores humanos intrínsecos a su ser: la dignidad laboral, la justicia social, la eliminación de la pobreza y las grandes desigualdades, la sostenibilidad ecológica y otras muchas causas todavía pendientes.

La jornada laboral es uno de esos conflictos irresueltos. Una directiva de la UE pretende facilitar una jornada laboral más extensa, frente a las limitaciones legales o a las concertaciones sociales que establecen jornadas máximas por debajo de las 48 h. semanales en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, la sociedad, me atrevo a decir que sin distinción de ideologías o de países, aspira a trabajar menos horas para vivir más y mejor y para conciliar la vida personal y familiar con el trabajo.

Es evidente que hay razones sobradas desde la perspectiva del mercado y de la competencia para alargar las jornadas laborales en Europa. Leí hace unos días un artículo de un experto –socio de una firma de abogados- en el que se explicaba la creciente necesidad de que las empresas europeas "flexibilicen" (curioso eufemismo que se han inventado para decir alarguen, prolongue o amplíen) el tiempo de trabajo. Los argumentos son conocidos: atraer más inversores, competir con países con salarios más bajos y jornadas laborales más altas, respetar el derecho individual de quienes quieran trabajar más, etc. etc. Pero hay poderosas reflexiones sociales que Europa no debería olvidar.

A finales del Siglo XVIII, cuando el escocés Watt descubrió la máquina de vapor y la máquina se introdujo en la producción, la Jornada laboral se redujo de 80 a 60 horas de trabajo semanales. A finales del Siglo XIX, con el descubrimiento del motor eléctrico, la jornada se redujo a 48 horas semanales. Con el fordismo y la producción en cadena a 40 horas, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En España, fue Joaquín Almunia, entonces Ministro de Trabajo del primer gabinete de Felipe González y hoy Comisario Europeo de Economía, el que elaboró y propuso la Ley de las 40 horas semanales en 1983, es decir, hace ahora veinticinco años.

Hay pues una constante histórica en la reducción de la jornada laboral junto a los avances tecnológicos. La mejora de productividad que nos proporcionan los descubrimientos técnicos, la hemos empleado en mejorar la calidad de vida de la humanidad en general y de la población laboral en particular. A finales del Siglo XX se ha quebrado esta constante. La revolución tecnológica actual: microelectrónica, informática, telecomunicaciones, biogenética, etc. que constituyen una combinación exponencial de innovaciones técnicas, muy superior a cualesquiera otras de nuestra historia, está siendo acompañada de una prolongación y extensión de la jornada laboral en una triple paradoja.

La primera nos señala una progresiva ampliación de la Jornada Laboral en el mundo, incluso en aquellos países en los que la Ley ha fijado máximos horarios de jornada. Es una prolongación absurda, ilógica, contraria al sentido del tiempo y de la vida. Pero es también una prolongación paulatina, silenciosa, inexorable. No está amparada por la Ley, ni por el convenio, pero se hace patente en las oficinas de los bancos, auditoras, despachos de abogados o de arquitectos, en las que nuestros hijos, trabajan casi de sol a sol, en jornadas de 12 horas diarias muy frecuentemente.

La segunda paradoja es menos conocida pero no despreciable. Las tecnologías que permiten más flexibilidad y las comunicaciones que permiten más movilidad, están produciendo una invasión laboral de los tiempos y de la vida privada. Hoy nos llevamos el teléfono y el ordenador y con ello nos llevamos la oficina a casa, al fin de semana y a los viajes por el mundo de la economía globalizada. Muchas jornadas laborales se prolongan además por este método invasivo en la vida personal.

Por último, esta prolongación de la Jornada Laboral real en el mundo, se está produciendo paralelamente al gran fenómeno social que ha traído la gran revolución feminista de los últimos cincuenta años, la que, entre otras grandes conquistas, ha llevado a la mujer al trabajo formal, es decir, al trabajo fuera del hogar, lo que a su vez ha abierto un debate social sobre la necesidad de incorporar la conciliación familiar/personal a la jornada de trabajo de mujeres y hombres, es decir, de madres y padres que trabajan fuera.

Pues bien, cuando la tecnología nos lo facilita y cuando la sociedad lo demanda, el mercado lo niega y nos impone una conducta social inhumana. Una vida dedicada al trabajo en vez de un trabajo que dignifique la vida. ¿A qué lógica responde que la tecnología vaya en contra de las aspiraciones humanas?

Vivimos un tiempo injusta e ineficazmente organizado. Unos se drogan con el trabajo y otros porque no lo tienen. Unos viven angustiados porque no tienen tiempo para nada y otros porque no tienen nada que hacer con su tiempo. Pero además es un tiempo mal vivido. La liberación de tiempo es una de las claves para rehacer el entramado social, comunicativo y afectivo de nuestros mundos vitales. Incluso para el reequilibrio de relaciones entre hombres y mujeres. La familia, la educación de nuestros hijos, las redes sociales de la convivencia ciudadana, etc. Ni el robot, ni el chip tienen porqué condenarnos al paro ni a la esclavitud laboral. Al contrario, nos dan los medios para reequilibrar necesidad y libertad, para crear una utopía concreta y cotidiana que nos permita recuperar el tiempo en que vivimos.

Sí, ya sé que la jornada se prolonga porque la globalización nos impone una competencia feroz, pero ¿dónde está escrito que ello exija globalizar la explotación o extender la devaluación de las condiciones laborales? ¿No será el momento de decir que queremos globalizar la dignidad laboral y extender al mundo las conquistas laborales de los sindicatos y la socialdemocracia de la 2º mitad del Siglo XX? ¿No será el momento de reclamar a la política, que se imponga al mercado, en la regulación de la sociedad?

En 1980 Wassily Leontief, Premio Nobel de Economía 1973, escribió: "Antes de ser expulsados del paraíso, Adán y Eva gozaban sin trabajar, de un alto nivel de vida. Después de su expulsión, tuvieron que vivir miserablemente mientras trabajaban desde la mañana hasta el anochecer. La historia del progreso técnico de los últimos 200 años es la del tenaz esfuerzo para encontrar de nuevo el camino al paraíso". Pues bien, parafraseando a Leontief, permítanme que termine diciendo que esta directiva no camina precisamente hacia el paraíso, sino más bien hacia el infierno social.

Diario Responsable,2/10/2008

1 de octubre de 2008

Una directiva contra el tiempo de vivir


Ahora que se discute, de nuevo, sobre mercado y Estado a propósito de la necesidad de reforzar las funciones regulatorias e inspectoras de las autoridades económicas sobre los agentes financieros, viene a cuento recordar que no es ésa la única manifestación de esa dialéctica compleja. Otros muchos y grandes temas están pendientes de encontrar el equilibrio entre las exigencias de un mercado competitivo y feroz en la globalidad y las múltiples demandas de una sociedad que aspira a valores humanos intrínsecos a su ser: la dignidad laboral, la justicia social, la eliminación de la pobreza y las grandes desigualdades, la sostenibilidad ecológica y otras muchas causas todavía pendientes.
La jornada laboral es uno de esos conflictos irresueltos. Una directiva de la UE pretende facilitar una jornada laboral más extensa, frente a las limitaciones legales o a las concertaciones sociales que establecen jornadas máximas por debajo de las 48 h. semanales en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, la sociedad, me atrevo a decir que sin distinción de ideologías o de países, aspira a trabajar menos horas para vivir más y mejor y para conciliar la vida personal y familiar con el trabajo. Es evidente que hay razones sobradas desde la perspectiva del mercado y de la competencia para alargar las jornadas laborales en Europa. Leí hace unos días un artículo de un experto –socio de una firma de abogados- en el que se explicaba la creciente necesidad de que las empresas europeas “flexibilicen” (curioso eufemismo que se han inventado para decir alarguen, prolongue o amplíen) el tiempo de trabajo. Los argumentos son conocidos: atraer más inversores, competir con países con salarios más bajos y jornadas laborales más altas, respetar el derecho individual de quienes quieran trabajar más, etc. etc. Pero hay poderosas reflexiones sociales que Europa no debería olvidar.
A finales del Siglo XVIII, cuando el escocés Watt descubrió la máquina de vapor y la máquina se introdujo en la producción, la Jornada laboral se redujo de 80 a 60 horas de trabajo semanales. A finales del Siglo XIX, con el descubrimiento del motor eléctrico, la jornada se redujo a 48 horas semanales. Con el fordismo y la producción en cadena a 40 horas, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En España, fue Joaquín Almunia, entonces Ministro de Trabajo del primer gabinete de Felipe González y hoy Comisario Europeo de Economía, el que elaboró y propuso la Ley de las 40 horas semanales en 1983, es decir, hace ahora veinticinco años.
Hay pues una constante histórica en la reducción de la jornada laboral junto a los avances tecnológicos. La mejora de productividad que nos proporcionan los descubrimientos técnicos, la hemos empleado en mejorar la calidad de vida de la humanidad en general y de la población laboral en particular. A finales del Siglo XX se ha quebrado esta constante. La revolución tecnológica actual: microelectrónica, informática, telecomunicaciones, biogenética, etc. que constituyen una combinación exponencial de innovaciones técnicas, muy superior a cualesquiera otras de nuestra historia, está siendo acompañada de una prolongación y extensión de la jornada laboral en una triple paradoja.
La primera nos señala una progresiva ampliación de la Jornada Laboral en el mundo, incluso en aquellos países en los que la Ley ha fijado máximos horarios de jornada. Es una prolongación absurda, ilógica, contraria al sentido del tiempo y de la vida. Pero es también una prolongación paulatina, silenciosa, inexorable. No está amparada por la Ley, ni por el convenio, pero se hace patente en las oficinas de los bancos, auditoras, despachos de abogados o de arquitectos, en las que nuestros hijos, trabajan casi de sol a sol, en jornadas de 12 horas diarias muy frecuentemente.
La segunda paradoja es menos conocida pero no despreciable. Las tecnologías que permiten más flexibilidad y las comunicaciones que permiten más movilidad, están produciendo una invasión laboral de los tiempos y de la vida privada. Hoy nos llevamos el teléfono y el ordenador y con ello nos llevamos la oficina a casa, al fin de semana y a los viajes por el mundo de la economía globalizada. Muchas jornadas laborales se prolongan además por este método invasivo en la vida personal.
Por último, esta prolongación de la Jornada Laboral real en el mundo, se está produciendo paralelamente al gran fenómeno social que ha traído la gran revolución feminista de los últimos cincuenta años, la que, entre otras grandes conquistas, ha llevado a la mujer al trabajo formal, es decir, al trabajo fuera del hogar, lo que a su vez ha abierto un debate social sobre la necesidad de incorporar la conciliación familiar/personal a la jornada de trabajo de mujeres y hombres, es decir, de madres y padres que trabajan fuera.
Pues bien, cuando la tecnología nos lo facilita y cuando la sociedad lo demanda, el mercado lo niega y nos impone una conducta social inhumana. Una vida dedicada al trabajo en vez de un trabajo que dignifique la vida. ¿A qué lógica responde que la tecnología vaya en contra de las aspiraciones humanas?
Vivimos un tiempo injusta e ineficazmente organizado. Unos se drogan con el trabajo y otros porque no lo tienen. Unos viven angustiados porque no tienen tiempo para nada y otros porque no tienen nada que hacer con su tiempo. Pero además es un tiempo mal vivido. La liberación de tiempo es una de las claves para rehacer el entramado social, comunicativo y afectivo de nuestros mundos vitales. Incluso para el reequilibrio de relaciones entre hombres y mujeres. La familia, la educación de nuestros hijos, las redes sociales de la convivencia ciudadana, etc. Ni el robot, ni el chip tienen porqué condenarnos al paro ni a la esclavitud laboral. Al contrario, nos dan los medios para reequilibrar necesidad y libertad, para crear una utopía concreta y cotidiana que nos permita recuperar el tiempo en que vivimos.
Sí, ya sé que la jornada se prolonga porque la globalización nos impone una competencia feroz, pero ¿dónde está escrito que ello exija globalizar la explotación o extender la devaluación de las condiciones laborales? ¿No será el momento de decir que queremos globalizar la dignidad laboral y extender al mundo las conquistas laborales de los sindicatos y la socialdemocracia de la 2º mitad del Siglo XX? ¿No será el momento de reclamar a la política, que se imponga al mercado, en la regulación de la sociedad?

En 1980 Wassily Leontief, Premio Nobel de Economía 1973, escribió: “Antes de ser expulsados del paraíso, Adán y Eva gozaban sin trabajar, de un alto nivel de vida. Después de su expulsión, tuvieron que vivir miserablemente mientras trabajaban desde la mañana hasta el anochecer. La historia del progreso técnico de los últimos 200 años es la del tenaz esfuerzo para encontrar de nuevo el camino al paraíso”. Pues bien, parafraseando a Leontief, permítanme que termine diciendo que esta directiva no camina precisamente hacia el paraíso, sino más bien hacia el infierno social.

Artículo publicado el 1 de octubre en el diario Expansión

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Foto: SANTOS CIRILO
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