25 de abril de 2007

RSE: Balance y perspectivas

Hace ahora cinco años (en mayo de 2002) que presenté en nombre del Grupo Parlamentario Socialista una proposición de ley regulando la RSE en España. Era plenamente consciente que el proyecto no tenía posibilidad alguna de prosperar, no sólo porque el PP tenía entonces mayoría absoluta y no iba a asumir un proyecto de la oposición, sino también porque el proyecto era, por decirlo suavemente, manifiestamente mejorable. Estábamos al comienzo de un tema del que sólo conocíamos rasgos muy básicos: el Libro Verde de la UE del verano de 2001 y algunas tímidas experiencias empresariales.

Pero sigo sintiéndome orgulloso de aquella iniciativa que fue como lanzar una piedra al estanque de las aguas tranquilas en las que se movían las relaciones entre empresa y sociedad. Siempre dije que la proposición de ley era provocadora y pretendía suscitar el tema en el debate público y agitar aquellas aguas en las que se dilucidaban intereses sociales muy importantes.

Han pasado cinco años y el debate sobre la RSE no ha parado de crecer en cantidad y calidad. No sólo el debate. Afortunadamente, el conjunto de iniciativas, experiencias y actividades en este campo abarca ya todos los planos de reflexión y de acción: el propio de las empresas, el universitario, el mediático, el político, el sociológico. La RSE afecta a todo y a todos y España es un buen ejemplo de este 'boom' extraordinario. Cerca de un centenar de libros, decenas de nuevas cátedras universitarias, centenares de tesis doctorales, cursos postgrado en casi todas las universidades y escuelas de negocios e innumerables jornadas de estudio, son una buena muestra de la inversión en RSE que está realizando la universidad española.

¿Qué decir de las empresas? Hace cinco años, este tema era inexistente en la práctica empresarial. Hoy la triple memoria se ha extendido a casi todas las empresas que cotizan en Bolsa, se han creado numerosas agrupaciones empresariales que pilotan las prácticas de RSE y no hay empresa renombrada del país que no hay creado un poderoso equipo interior de RSE. Numerosas consultoras, fundaciones y organizaciones técnicas están desarrollando una importante labor en el asesoramiento y en la puesta en marcha de prácticas de RSE.

La fuerza de la RSE en los medios de comunicación no es menor. La prensa económica dedica espacios crecientes a esta información y se han creado numerosas revistas especializadas que hacen un seguimiento muy pormenorizado de las numerosas informaciones que genera este tema. Muestra de ello, son las agencias de prensa y los servicios virtuales de Internet que nos transmiten diariamente miles de noticias de todo el mundo relacionadas con la RSE.

En el campo institucional, la actividad no ha sido menor. El Libro Blanco del Congreso de los Diputados, presentado en diciembre de 2006, ha sido quizás la iniciativa más importante pero, en pocos meses, se publicará el Informe de los Expertos, que dirige el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El diálogo social de CEOE con CCOO y UGT establecerá pronto sus recomendaciones al Gobierno y numerosas Comunidades Autónomas están realizando ya interesantes políticas de fomento a las prácticas de RSE, bien a través de estímulos a la contratación de compras públicas o a la adjudicación de obras y servicios, bien con herramientas de aplicación de la RSE a las pymes, bien con políticas de formación y fomento.

El propio Gobierno del Estado está realizando gestos de referencia RSE a los mercados, cargados de interés: el 'Plan Concilia' de las Administraciones Públicas, las cláusulas sociales y medioambientales en la Ley de Contratos del Estado o próximamente, la naturaleza de Inversión Socialmente Responsable de los Fondos de Reserva de la Seguridad Social en el mercado financiero, son una buena muestra de este compromiso.

No nos hacemos ilusiones. Sabemos que estamos empezando y que el camino de la RSE será largo y las coyunturas económicas depresivas pueden provocar dientes de sierra en esta curva hacia la excelencia sostenible. Sabemos que sigue habiendo mucha confusión conceptual y que demasiadas empresas confunden la RSE con la acción social de la empresa y lo que es peor, que muchas empresas creen que el departamento de RSE es una unidad de marketing social o de divulgación corporativa.

Sabemos que hay problemas con la homologación y la unificación de sistemas de reporte y de verificación de la RSE y que una peligrosa profusión de etiquetas sociales y medioambientales se mueven en los círculos mediáticos, diluyendo o confundiendo a los consumidores e inversionistas sobre la verdadera responsabilidad social de las empresas. Sabemos que el gran reto de la RSE es que se instale en las pymes y que para ello, en la economía de la externalización, es imprescindible que las grandes la demanden a sus proveedores. Sabemos que el futuro de la RSE dependerá, en todo caso, de una sociedad civil vertebrada y articulada por numerosas organizaciones que eduquen, informen y organicen a los ciudadanos consumidores e inversores para que demanden responsabilidad social a las marcas y a las empresas que inciden en nuestras vidas.

Será largo pero estamos avanzando. Quizás la más importante decisión pendiente en el ámbito político sea la creación de un 'Consejo multi-stakeholders' a escala nacional que sirva de observatorio y de asesoramiento a las políticas de RSE y al desarrollo empresarial de esta práctica voluntaria en el tejido empresarial español. Si el diálogo social lo aconseja y el foro de expertos lo recomienda, podría ser el último acto de este Gobierno en esta legislatura, algo que tampoco resulta aventurado porque el PSOE lo incluyó en su programa electoral.

También será interesante ver las iniciativas y organigramas de los gobiernos autonómicos que surjan de estas elecciones pasadas el 27 de mayo. El grado de desarrollo de las políticas autonómicas en RSE permitirían a varias Comunidades Autónomas oficializar algún organismo o estructura administrativa encargada de la gestión de la RSE, preferentemente con carácter transversal.

Por último, en el terreno político y aunque todavía es pronto, resultará de interés observar los programas políticos de los partidos que hemos confeccionado y suscrito el Libro Blanco del Congreso de los Diputados, para ver hasta qué punto somos coherentes con las recomendaciones aprobadas entre todos por unanimidad.

Pero, paralelamente, la sociedad, la universidad, las ONG, los sindicatos, los consumidores, los ecologistas, los expertos e investigadores, pero sobre todo las empresas seguirán trabajando la RSE. Como dijera el poeta, seguirán "haciendo camino al andar".

El Correo, 25/04/2007

21 de abril de 2007

Recapitulando

A diferencia de aquel Viernes Santo irlandés de 1998, el Domingo de Pascua vasco de 2007 no ha traído la buena nueva de paz. Aunque la complejidad histórica, política, social y religiosa del caso norirlandés era y es infinitamente mayor que la del vasco, Irlanda del Norte continúa firme su apuesta democrática, mientras aquí casi todos dábamos por finiquitado nuestro particular proceso, al leer el contradictorio y esotérico mensaje de los portavoces de ETA el pasado día 8.

No tengo ninguna envidia por la sociedad norirlandesa, atrapada en un mundo de pasiones religiosas e identitarias y atravesada por sentimientos antagónicos nacidos de una violencia cruzada y cruel que afectó a la casi totalidad de las dos comunidades. Pero admiro el esfuerzo de concordia y de paz que están realizando desde hace más de una década. El inicio de la andadura autonómica de un gobierno de coalición entre las dos expresiones que representan a las comunidades enfrentadas, probritánica y protestante la una y proirlandesa y católica la otra, es sin duda una gran noticia.

Pues bien, en estos mismos días en los que se producen estos acontecimientos que culminan los acuerdos de hace nueve años en Stormont, nosotros hemos certificado, una vez más, la contumacia y el fanatismo de nuestros encapuchados, protagonistas inexcusables de nuestro particular calvario. Porque si alguna esperanza quedaba en el inagotable depósito de los ingenuos, la entrevista de 'Gara' ha confirmado la dramática ruptura del proceso que produjo el atentado de Barajas.

Es tiempo de recapitular. Quizás una primera conclusión de nuestro análisis deba reafirmarnos en algo que hemos dicho y visto muchas veces. ETA no acepta el final que la democracia puede ofrecerle. ETA no comprende que es imposible alcanzar un acuerdo político previo al final de su violencia y que no hay ni habrá gobierno alguno en España que pueda comprometer una reforma política de su entramado institucional o constitucional como precio o como premio al abandono de las armas. Pero es que, además, los acontecimientos producidos desde la comparecencia del presidente en junio de 2006 anunciando el inicio de contactos con ETA han dejado claras dos cosas: la primera, que ETA no admite su autoexclusión del diálogo político, arruinando así de raíz la teoría de las dos mesas; y la segunda, que sus ofertas de tregua o alto el fuego han perdido toda credibilidad. Efectivamente, desde el verano pasado hasta hoy, ETA ha puesto en evidencia a Batasuna, reafirmando con sus escritos y con los hechos que son ellos quienes pilotan el proceso y lo acompañan, por si no estuviera claro, de un nivel de violencia o de amenaza de la misma ajustado y paralelo a las coyunturas y coherente con las exigencias políticas de su ideario.

El Gobierno ha manejado el proceso razonablemente. En mi opinión, la gestión del alto el fuego hasta marzo de 2006 fue notable, por la discreción y la solidez de todo lo realizado durante casi dos años sin atentados. No diré que todo ha sido perfecto, porque hay daños colaterales evidentes. El peor, la ruptura de la unidad democrática con el PP, materia sobre la que el lector tiene opinión formada y de la que hemos hablado suficientemente. Tampoco es despreciable, en el balance de daños, la confusión producida en los meses anteriores al atentado de Barajas por el mantenimiento del diálogo mientras los signos de la violencia se hacían presentes, actitud comprensible en la lógica de perpetuar y hacer irreversible el alto el fuego permanente de marzo de 2006, pero objetivamente peligrosa por la legitimación que ese mundo obtiene del llamado diálogo político. Un diálogo que, conviene precisar, nunca sobrepasó los límites de nuestro marco jurídico, algo que los propios portavoces de la banda se han encargado de repetir, tanto en el comunicado de enero como en la entrevista de Semana Santa, para intentar justificar el atentado en la «firme negativa del Gobierno a traspasar la Ley y la Constitución».

Yo no creo que este intento haya sido un fracaso para el Estado y que de él salga una ETA fortalecida o más protagonista que hace tres años. Ese balance me parece malintencionado y erróneo. De entrada, porque nunca, en los cuarenta años de terrorismo, habíamos tenido un espacio temporal tan prolongado sin atentados mortales. En segundo lugar, porque indefectiblemente, lo ocurrido consolida una tendencia irreversible hacia el fin de la violencia y se inscribe en un contexto de treguas e intentos de paz que claramente hay que situar en el estadio del fin de ETA y, por último, porque es falso que sean más fuertes que antes. Lenta pero irreversiblemente, el aparato terrorista se resiente de una colaboración francesa y una acción policial cada vez más certeras, y son ellos quienes tienen que superar las enormes contradicciones y frustraciones que sufre todo su entorno -político y humano- por una ruptura que sólo ellos han producido.

Tampoco puede decirse que su causa política se haya fortalecido. Más bien, la historia demuestra que la intransigencia totalitaria de ETA queda una vez más en evidencia y en esta ocasión más que nunca. El grado de deslegitimación social de ETA y la izquierda abertzale en Euskadi es tal que bien podríamos hablar, sin demagogia, de grupo marginal. Quienes creían ser llamados a protagonizar la liberación vasca y a disputar su hegemonía al nacionalismo tradicional van camino de la automarginación y del aislamiento de la mayoría de los partidos y de la ciudadanía vasca. Basta como prueba de todo ello la inédita unanimidad política vasca en culparles a ellos y sólo a ellos de la frustración producida en Euskadi estos días.

En esta misma línea argumental, es importante destacar el cambio producido a lo largo de estos años por parte del PNV. Siempre hemos dicho que cuando el nacionalismo vasco deslegitime la lucha y los objetivos de ETA estaríamos en el final de la violencia. Pues bien, eso ha ocurrido y está ocurriendo de manera meridiana y aunque a todos nos constan las miradas nostálgicas a Lizarra de algunos de sus dirigentes, o los inventos políticos de un lehendakari sin guión en esta obra, nada mejor que comparar el marco político de esta ruptura con el que se produjo en diciembre-enero de 2000 para constatar que estamos ante el día y la noche.

ETA y Batasuna están en los periódicos y en las tertulias, pero se equivocan quienes piensan que eso les hace más fuertes. Por el contrario, hoy podemos decir que su representación social está reduciéndose a sus irreductibles. Están más aislados que nunca. Ningún partido hará causa con ellos de nada y se enfrentan a unas elecciones en las que gran parte de su voto irá a partidos rivales que aceptan de hecho su ilegalización. Nafarroa Bai, Ezker Batua y Aralar, EA, PNV serán receptores de un votante cansado y frustrado por su intransigencia y por su falta de realismo. Y ni siquiera les queda el victimismo de la ilegalización, porque hasta los más contrarios a la Ley de Partidos y a esta medida van comprendiendo que con violencia no se puede hacer política y todos entienden que, si en estas elecciones no están, es porque ETA ha vuelto a imponer la dinámica del terror, haciendo inviable el camino de la política que la propia Batasuna había diseñado.

De manera que no seamos pesimistas. Pueden matar, es cierto y probablemente lo harán, pero junto a sus víctimas enterrarán su propia derrota histórica, política y personal.
El Correo, 21/04/2007

11 de abril de 2007

El Tribunal Constitucional en la diana

Se ha dicho, con razón, que el Tribunal Constitucional es la piedra angular en nuestra estructura constitucional, que dota de equilibrio y estabilidad a la vida jurídica y política española, arbitrando los conflictos de nuestro sistema de poderes separados, tanto funcional como territorialmente.

Se ha dicho, y no con menos razón, que el Tribunal Constitucional ha preservado la Constitución en su letra y en su espíritu, fiel a los valores constitucionales, resumidos por el propio Tribunal en tres hermosas palabras que forman su divisa: libertad, justicia y concordia. Lo ha hecho jugando incluso un papel "cuasiconstituyente", particularmente en el desarrollo del Título VIII de la Constitución, concretando múltiples aspectos sustanciales del Estado de las Autonomías y creando así una especie de Constitución Territorial a través de una jurisprudencia que unas veces ha delimitado las competencias territoriales de las Comunidades Autónomas, otras ha anulado leyes del Estado cuando invadían espacios autonómicos, otras ha creado nuevas categorías conceptuales y siempre ha equilibrado razonablemente el sistema autonómico.

El Tribunal Constitucional lleva 25 años prestando un servicio impoluto e impagable a la compleja maquinaria de nuestro sistema democrático. Especialmente, si añadimos a lo anterior, la insustituible tarea del Tribunal en la depuración del ordenamiento jurídico franquista y en el extraordinario impulso que ha dado a nuestra democracia en la defensa de los derechos y libertades fundamentales. En muchas ocasiones, el Tribunal Constitucional ha adoptado decisiones delicadas y sus resoluciones no han gozado de unanimidad. Recuerdo la despenalización del aborto, determinados conflictos lingüísticos o el derecho a la intimidad y a la propia imagen, como temas de especial polémica pública con sentencias acompañadas de votos particulares. Pero nunca, repito nunca, el Tribunal ha sido puesto en cuestión. Es más, creo poder afirmar con total objetividad que el Tribunal Constitucional goza de un amplísimo reconocimiento social y de un consenso legitimador casi unánime de todos los operadores jurídicos y políticos de nuestro país.

Pues bien, unos elogios tan merecidos como necesarios, son el preámbulo de una denuncia. El PP ha puesto al Tribunal Constitucional en su punto de mira. El objetivo es claro: obtener una sentencia contra el Estatuto de Cataluña que anule sus artículos más importantes o si se prefiere, más simbólicos, para que salte por los aires ese delicado puzzle que hubo que arbitrar en su laboriosa y compleja elaboración. Se trata también de desautorizar la política autonómica de Rodríguez Zapatero con una sonora derrota de uno de sus principales exponentes y se trata además, de que tenga lugar antes de las próximas elecciones generales de 2008, para que el discurso deslegitimador y catastrofista del PP sobre España cobre sus mejores dividendos.

No estoy cuestionando, faltaría más, el derecho del PP a recurrir ese Estatuto ante el Tribunal Constitucional, por más que resulte evidente que ha aprobado con general satisfacción, otro muy parecido, idéntico incluso, en muchos artículos, como es el Estatuto andaluz. No, no censuro el recurso, sino las artimañas y las presiones para ganarlo. De entrada porque al recurso le han seguido sendas recusaciones del PP contra dos magistrados a los que se consideraba más favorables a una visión más autonomista de nuestro modelo territorial, dividiendo así al Tribunal en dos bloques políticos que nada favorece el tratamiento sereno e independiente de un pleito tan importante. Lograda la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps con una resolución censurada por toda la doctrina constitucional y cuyas críticas comparto plenamente, el siguiente paso es acelerar la tramitación del recurso e imponer por seis a cinco una sentencia ejemplar contra el Estatuto. Ése es mi pronóstico y así lo digo abiertamente.

Confieso que tengo interés en el resultado final de este asunto. Fui ponente del Estatuto y creo en la constitucionalidad de un texto, naturalmente imperfecto por la ingente tarea negociadora que exigió la aprobación por las Cortes del texto original del Parlament de Cataluña. Mucho me temo, sin embargo, que en este caso, además de legítimos intereses o aspiraciones respecto al fallo de la sentencia, nos estamos jugando el prestigio del Tribunal con toda su enorme trascendencia en nuestra arquitectura política e institucional.

En primer lugar, porque la situación política y partidaria española es más tensa y está más crispada que nunca. No hace falta describirla ni enjuiciarla como para que resulte "indescriptible" el impacto de esta sentencia en este clima. Por eso, tengo plena confianza en que el Tribunal, ajeno a las presiones de la coyuntura, situará la sentencia en un momento político más tranquilo. Sea cual sea su contenido, todos estaremos en otra situación para que nuestra lectura, valoraciones y aplicación en su caso, resulten mesuradas y constructivas.

En segundo lugar, porque, vistos los antecedentes, una sentencia en la que un mismo bloque de magistrados se impone a otro en todos los temas recurridos, sería incuestionablemente una sentencia divisoria. En la historia judicial norteamericana, es conocida la sentencia de un presidente conservador del Tribunal Supremo, nombrado por el presidente Eisenhower, que declaró la inconstitucionalidad de las prácticas discriminatorias racistas en los EE UU, argumentando que una sentencia no debe servir para acentuar la división de un país dividido. Viene a cuento esta cita para reflexionar sobre una tendencia demasiado frecuente en estos tiempos, que nos arrastra a catalogar a nuestros jueces con etiquetas ideológicas que, en general, no hacen justicia a su rigor y a su independencia profesional. Hay miles de jueces que imparten justicia todos los días al margen del asfixiante clima político partidario y mediático que a veces creamos en torno a ellos. A muchos nos produce orgullo y autoestima el Tribunal del 11-M que está dando ejemplo al mundo de justicia penal garantista y eficaz, o la Sala Segunda del Tribunal Supremo que dicta sentencias difíciles como la del caso De Juana, aplicando el Código Penal y no las penas ad hóminem.

Estoy seguro de que nuestro máximo tribunal buscará el consenso interno en este fallo. Una sentencia fraguada y modulada por la búsqueda de la unanimidad y por la superación de supuestos bloques ideológicos, será una sentencia más ecuánime, y gozará de una mayor legitimación política en su aplicación. Será una sentencia impecable, imposible de censurar desde la predisposición partidaria que tenemos en la actualidad. Estoy seguro de que con ello, el prestigio del Tribunal saldrá más fortalecido todavía y el reconocimiento social y jurídico de esa importantísima institución, crecerá todavía más.

El Pais, 11/04/2007.

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