25 de febrero de 2007

Manipulación Masiva

La primera vez que el abogado de la AVT tomó la palabra para interrogar a uno de los acusados de organizar el atentado del 11-M, lo hizo para preguntar si tenían relación con ETA. ¿Desde cuándo utilizan temporizadores de ETA? ¿Han coincidido con miembros de ETA en los campos de entrenamiento de Afganistán? ¿Alguien les suministró dinamita Tytadine? Más o menos, ése fue el tenor de las preguntas de una acusación no respondida.

Ese abogado ejerce la acusación popular en nombre de una asociación de víctimas, pero bien podría decirse que no busca la condena de los acusados sino la del PSOE como presunto inductor de ese atentado, en supuesta complicidad con ETA. Porque, al incorporar obsesivamente al sumario esa fantasmagórica conexión, siembran de dudas la narración jurídica de la Fiscalía y otorgan objetivamente una línea argumental a las defensas de los acusados. Rápidamente se comprobó que el abogado de uno de los acusados intentó engañar al tribunal aportando una foto de un temporizador que usa ETA, que resultó ser un cuadro electrónico de lavadora.

Realmente no he visto en la vida tanto desprecio a las víctimas del terrorismo. No sé cómo es posible seguir ostentando esa representación cuando se trabaja objetivamente en beneficio de los verdugos. Porque, ¿qué cabe decir y pensar de quienes, en nombre de las víctimas, pretenden condenar a otros y favorecer la absolución de los culpables?

Hasta ahora sabíamos que se había utilizado a las víctimas del terrorismo en defensa de una estrategia política de partido y en articulada ofensiva contra el PSOE, el Gobierno y especialmente contra su presidente. Ahora sabemos también que las víctimas del 11-M les importan un bledo si no contribuyen a su verdadero objetivo. Parece como si las víctimas del 11-M no hubieran sufrido como las víctimas de ETA. Y si sufren y quieren ver en la cárcel para siempre a los terroristas que volaron cuatro trenes matando a 192 personas e hiriendo a centenares o miles, se desprecian esos sentimientos marginándolos del debate mediático.

Ha sido vergonzoso, por ejemplo, ver cómo determinados medios de comunicación, tertulias y demás foros mediáticos seguían hablando de De Juana como el más sanguinario de los seres humanos, sin decir una palabra sobre el odioso crimen del 11-M y sobre la horrible condición asesina de los acusados, fanáticos de la yihad y del asesinato en masa.

Es vergonzoso que el Partido Popular todavía alimente las dudas y las sospechas sobre la autoría y la causa criminal del 11-M. La contundencia de las pruebas está desmontando, desde los inicios del juicio, la debilidad argumental de la conspiración Al-Qaida/ETA del 11-M, convirtiendo precisamente ese intento, en una verdadera conspiración contra la Justicia y el Estado de Derecho. ¿Qué hace el PP en ese charco? ¿Es admisible en nuestro juego democrático que el antiguo portavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, declarara, hace tan sólo unos días, que «España no sólo tiene que saber quién puso las bombas, sino qué grupo terrorista puso a Zapatero en La Moncloa»?

La Policía española ha dado un ejemplo al mundo en la eficacia de su investigación. La Justicia española está mostrando a todo el mundo jurídico la escrupulosa instrucción de este sumario y el ejemplar desarrollo de la vista, impregnadas ambas de garantismo penal y de rigor jurídico. ¿Por qué se empeñan tantos españoles y tan poderosos medios en desprestigiar a policías, fiscales y jueces? ¿Cómo es posible que el partidismo sectario nos lleve a cuestionar tan abiertamente nuestras principales instituciones?

En el mismo terreno de la manipulación se sitúa la reacción del PP al atentado de Barajas. Durante meses hemos visto y oído a sus dirigentes acusar al Gobierno de haberse 'rendido' ante la organización terrorista o de negociar concesiones políticas. Después del comunicado de ETA de primeros de enero 'explicando' el atentado en base a la firme decisión del Gobierno de situar el diálogo para la paz en los límites de la ley, la Constitución y el Estado de Derecho, el PP se las ha arreglado para no acudir a la manifestación de los sindicatos y los ecuatorianos contra ETA, para acabar organizando y protagonizando otra nueva manifestación (y van seis en poco más de una año) no contra ETA, sino contra el Gobierno y su presidente, a quienes poco menos que se les acabó acusando de ser los únicos responsables del atentado. Para muestra, la frase fatídica de Rajoy en el debate del 15 de enero en el Congreso sobre el atentado: «Si usted no cumple, ETA le pondrá bombas, y si no hay bombas, es que habrá cedido».

Manipulación masiva es rastrear la trayectoria personal y profesional de un ministro, recién anunciado su próximo nombramiento y someterle a un acoso inédito en democracia. No es que se haya violado un plazo mínimo de cortesía hacia quien llega a un alto cargo. Es que a las pocas horas de conocerse su futuro nombramiento, los teletipos rebosaban de insultos y descalificaciones contra él.

Manipulación masiva es volver a la calle, en otra manifestación junto a la AVT, contra la sentencia del Supremo en el 'caso De Juana'. Mucho más que manipulación, es gravísima irresponsabilidad de un partido tan importante para la democracia española encabezar manifestaciones contra la sentencia del máximo tribunal penal del país. Es un salto cualitativo en los ataques a la independencia judicial y una falta absoluta de respeto a una de las instituciones mas importantes del país. Viene bien recordar una declaración de Mariano Rajoy en enero pasado que ha sido muy mal entendida por su 'aparato': «Al juez, que tiene la función de aplicar la ley porque alguien tiene que hacerlo en democracia, hay que respetarlo, no se puede ni presionarlo ni chantajearlo». Ocurre sin embargo que esas declaraciones se referían a las manifestaciones del PNV en el 'caso Ibarretxe' y ya se sabe, en política, demasiadas veces, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio.

No acostumbro a utilizar estas páginas para hacer crítica política, aunque esto resulte inevitable en la exposición subjetiva de opiniones y en el análisis de la actualidad. Pero desde el atentado de ETA en la T-4 y ante un horizonte electoral como el que se avecina, el volumen de la oposición nos está llevando a un penoso escenario de conflicto creciente. No es justo que la opinión pública reparta culpas por igual. Denunciar estas manipulaciones masivas me parece obligado, lo mismo que recordar que los máximos dirigentes del PSE-EE están imputados ante los tribunales a instancias de una denuncia del PP, algo que jamás había ocurrido en la experiencia democrática desde la Transición.
El Correo, 25/02/2007

11 de febrero de 2007

Sísifo y la Justicia

En los prolegómenos de una sentencia importante, conviene reiterar la petición de respeto a la Justicia. Es demasiado importante ese poder, en cualquier democracia, pero quizás más todavía en la nuestra, como para que sigamos desprestigiándola con nuestra agresiva y tensa política partidaria. Los jueces y su organización judicial no son ajenos a los problemas de la Justicia y a su percepción ciudadana, pero la política está judicializando muchas materias que deberíamos resolver en nuestro ámbito y, sobre todo, está impregnando de partidismo a los jueces y a sus resoluciones

Así, por ejemplo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo que dictará sentencia en el 'caso De Juana' sabe de antemano que la opinión política y mediática ya está posicionada con actitudes antagónicas, cualquiera que sea su fallo y al margen de sus consideraciones jurídicas. Todos tenemos opinión sobre este caso, más o menos fundada en Derecho, y nadie oculta la trascendencia política de un asunto envenenado por las pasiones que suscita y por las consecuencias que se le suponen.

Hay que empezar por afirmar que De Juana cumplió condena por sus numerosos y horrendos crímenes. Pero ya no cabe argumentar que la pena cumplida fue corta. Simplemente la cumplió con arreglo a la ley y ese hecho no puede influir en buscarle ahora otros delitos o en castigar éstos -si los hubiese- con penas compensatorias de aquellos. Cuando se supo que quedaba en libertad, hace ahora casi dos años, una ola de alarma social empujó a la Fiscalía a barajar peticiones de pena inauditas por sus agresivos artículos en un periódico.

Su condena a doce años por la Audiencia Nacional, por amenazas con agravante de reincidencia, es discutible jurídicamente. A muchos penalistas les parece que el Supremo corregirá esa condena porque no se dan los elementos objetivos y subjetivos de ese tipo penal. Comparto ese criterio y, es más, deseo abiertamente que se enmiende esa sentencia hacia una sanción penal claramente más leve. Si así fuera, cabe pensar que se altere la condición personal de este preso, por simple aplicación del reglamento penitenciario.

Una parte de la opinión pública, estimulada por el PP y sus aliados mediáticos, quiere que De Juana se pudra o se muera en la cárcel. Hace tiempo que sabemos su apuesta a favor del 'cuanto peor, mejor'. Abiertamente, quiero manifestarme contra esta actitud vengativa que anima esos sentimientos, poco congruentes con el Estado de Derecho que, tan reiterada como retóricamente, proclaman.

Espero la sentencia con expectación y esperanza y, con toda franqueza lo digo, deseo una solución razonable y jurídicamente más ajustada a este caso. No es sólo por las convicciones jurídicas que he expresado. Es también porque tengo derecho a decir que no quiero volver a tiempos pasados en los que acontecimientos indeseados o incontrolados realimentaban el victimismo y la épica violenta de muchos jóvenes. Hemos avanzado mucho desde entonces como para que volvamos a rodar por la montaña y tener que empezar otra vez a subir, como Sísifo, la piedra de la paz a la cima de nuestro particular calvario.

5 de febrero de 2007

Kosovo: ¿qué hacer?

En el desconcierto internacional que nos rodea, destaca con particular oscuridad el conflicto de Kosovo en el hervidero balcánico. La implosión de la ex Yugoslavia ha convertido la vieja república de la cogestión en una especie de matriohska (muñeca rusa) de la que surgen nuevos Estados, cada vez más pequeños, sin que sepamos muy bien cuántos quedan por aflorar.

Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Bosnia? quizás Kosovo. Y por supuesto, Serbia. Quizás por ello, en Belgrado, los resignados serbios hacen chistes sobre su país, comparándolo con un teléfono móvil, que compite cada día por hacerse más pequeño.

Escuché en Estrasburgo, en el Consejo de Europa, hace unos días, a M. Martti Ahtisaari, el ex primer ministro finlandés, enviado especial de la ONU para negociar una solución a este enclave albanés en el corazón de Europa. Debo confesar que su intervención me dejó frío, aunque era previsible que sus anuncios los haga a los países que tutelan el proceso, el grupo de contacto (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Rusia) en los primeros días de febrero, tal como estaba previsto. Los próximos días, el negociador internacional presentará a serbios y kosovares su propuesta. En los siguientes meses intentará un acuerdo con ellos que pueda ser avalado por la Comunidad Internacional. No parece tarea fácil.

Kosovo es territorio serbio, sin ningún género de dudas. Es más, guarda para Serbia importantes referencias simbólicas, religiosas e históricas, que proceden de hechos históricos muy significativos y monumentos religiosos muy venerados. Desde principios del siglo XX, una marea humana de inmigración albanesa se ha ido haciendo mayoritaria en la población de esa región, hasta llegar al 90% actual frente a una minoría Serbia del 10%. Es sabido que la locura de Milosevic provocó un genocidio expulsando a más de 600.000 kosovares a Albania, en una guerra que generó 10.000 muertos del lado kosovar y mil en el lado serbio.

La intervención de la OTAN y los bombardeos aliados contra el ejército de Milosevic y Belgrado pusieron fin al éxodo. Una fuerza militar de la OTAN asegura la paz y la convivencia en Kosovo. Pero, ¿qué convivencia es posible? El odio interétnico y la venganza recíproca han provocado que más de cien mil serbios que vivían en Kosovo hayan abandonado la región y rehecho su vida en Serbia. Otros cien mil serbios permanecen en Kosovo, pero viven asediados por una mayoría kosovar que no les quiere, mientras la comunidad internacional busca una solución a una región que nunca en la historia fue un Estado, cuyo territorio pertenece indiscutiblemente a otro y cuya población quiere independizarse, muy mayoritariamente, por no decir casi unánimemente.

Mala situación económica
Las condiciones socioeconómicas son penosas, Kosovo es una de las regiones más pobres de Europa, con una renta per cápita de 1.560 dólares, el 37% de la población en niveles de pobreza y el 15% en pobreza extrema. Una tasa de paro del 40% y del 70% entre las minorías. La mayor parte de la población demandante de empleo tiene entre 25 y 39 años. Desde los años 90, los servicios de educación y sanidad yugoslavos abandonaron a la población albanesa.

La comunidad internacional está dividida y perpleja. Obligada a buscar una solución que devuelva la estabilidad a los Balcanes, pero agobiada por las enormes consecuencias de todo orden que se derivan de cualquiera de las soluciones.

Una autonomía política para Kosovo dentro de Serbia sería la mejor solución, pero todo el mundo sabe que no será solución. “Kosovo no es un problema de territorio o de fronteras ?decía un diputado británico, durante el debate del Consejo de Europa?, es un problema de gente, de ciudadanos, que ocupan un territorio serbio, pero no son y no quieren ser serbios”. La independencia de Kosovo, obtenida, pongamos a través de un referéndum, desencadenaría enormes problemas sucesivos. En un artículo publicado en julio pasado en el Washington Post por el primer ministro serbio Kostunica, señalaba cuatro reflexiones imprescindibles:
· Privar a un Estado soberano de una parte de su territorio para satisfacer las aspiraciones de independencia de un “grupo étnico que amenaza con recurrir a la violencia” no tiene ningún fundamento en Derecho Internacional y es “moralmente e históricamente inaceptable.”

· La independencia de Kosovo “sería considerada como un precedente que haría nacer reivindicaciones análogas en otros lados”.

· Un Kosovo independiente podría ser foco de tensiones crónicas en la región, ya que se podrían formular nuevas reivindicaciones territoriales. La provincia no es viable económicamente y además abrigaría un reducto de criminalidad organizada.

· Y sobre todo, la independencia de Kosovo pondría en peligro la democracia en Serbia. Cito: “Recordemos que Serbia se ha liberado de su régimen comunista a un precio de gran esfuerzo y considerables riesgos. El país que a todos los efectos es democrático, ¿podría sobrevivir a la amputación forzosa del 15% de su territorio?”.

Las elecciones, democráticas, de Serbia, del pasado día 20 de enero, han producido un nuevo y delicado equilibrio. Las fuerzas ultranacionalistas y antieuropeas han vuelto a obtener un 25% de los votos, aunque no podrán impedir un gobierno de coalición pro europea. Pero la independencia de Kosovo provocará sin duda graves desequilibrios en Serbia y el enorme esfuerzo que estamos haciendo para incorporar a los Balcanes a Europa y para estabilizar definitivamente esa zona tumultuosa pueden ir al fracaso.

Por último, no debemos olvidar que la independencia de Kosovo generará alteraciones en las soluciones nacionales de la zona. Me explico. Los serbios de la República Srpska (Bosnia-Herzegovina) pedirán su marcha y su incorporación a Serbia. La minoría albanesa del sur de Serbia, en el Valle de Presevo, se complicará notablemente y podrá producir otro movimiento migratorio masivo.

Como se ve y como ocurre en política muchas veces, no hay soluciones buenas. Todas son malas. ¿Qué hará Martti Ahtisaari? Yo creo que acabará proponiendo un estatus especial para Kosovo, especie de autonomía cuasi independiente bajo soberanía internacional (incluyendo Serbia) como tránsito a un modelo abierto al futuro. Durante este tránsito, las fuerzas internacionales garantizarán el orden y la UE arbitrará los conflictos internos. La autonomía de Kosovo será total respecto a Serbia, pero se garantizarán los derechos de la comunidad serbia agrupados en siete municipios-región interna y se protegerá el legado histórico, religioso y cultural serbio. En definitiva, una especie de protectorado internacional.

En el comienzo del siglo XXI, en plena globalización económica, es el siglo de las migraciones masivas, de las sociedades multiétnicas, del melting pot urbano, seguimos prisioneros de nuestras raíces. Envenenados por los dioses de la etnia y por los odios de la historia. Me pregunto con frecuencia si seremos capaces de organizar el mundo sobre otras bases y valores. Reivindico de la política una organización más racional, más adecuada a los problemas, más capaz de construir sociedades libres, tolerantes, capaces de la convivencia en la diversidad. Mirando a los Balcanes, observando el desastre del Cáucaso y sufriendo a algunos de nuestros nacionalismos, ¿podemos ser optimistas?


4 de febrero de 2007

Con ninguno

Ni con el lehendakari, ni con los jueces. Ésa es mi posición. No estoy de acuerdo con la sala del Tribunal Superior que ha imputado al lehendakari, pero tampoco con la forma con que su partido ha decidido apoyarle y reprochar la actuación judicial.

Empecemos juzgando los hechos: una reunión del lehendakari con unos ciudadanos, sujetos de plenos derechos individuales, difícilmente puede ser un delito. ¿Que Batasuna es ilegal? De acuerdo, pero Otegi y sus amigos son ciudadanos que ejercen derechos inviolables, salvo que ejerzan la representación de una organización ilegalizada. ¿Que es ése el caso? Es imposible probarlo, porque bastaría que negaran tal representación y porque podrían alegar que de representar a alguien lo hacían a la izquierda abertzale. El propio juez Garzón acaba de dictar un auto, muy clarificador, aceptando el ejercicio de esa representación en los actos públicos de los dirigentes de la ex Batasuna, siempre que no lo hagan en nombre de la organización ilegalizada. Garzón ha rizado el rizo, pero lo cierto es que también es juez, de la Audiencia Nacional para más señas y encargado además de establecer doctrina a este respecto porque es el juez que lleva todo el proceso de la ilegalización de Batasuna, de lo que se desprende una jerarquía jurisdiccional incuestionable.

Pero, incluso, voy más allá. Suponiendo que los jueces no hubieran tenido en cuenta estas consideraciones, ¿qué responsabilidad penal puede tener el lehendakari por reunirse con ellos? Los dirigentes de Batasuna serán ilegales pero no delincuentes. El lehendakari, por reunirse con ellos, no viola ninguna ley, ni es cómplice de ningún delito. Pero es más. Supongamos que, con todo, los jueces estiman la necesidad de tramitar la querella presentada -conviene no olvidarlo- por algunas personas y organizaciones más que sospechosas de animadversión y ensañamiento con el querellado y claramente posicionadas con la estrategia partidaria de un partido político concreto. Lo que ya no se entiende es que la mantengan después del auto del Tribunal Supremo, para un caso idéntico. La doctrina del Tribunal Supremo es impecable y de aplicación inmediata al caso, no sólo porque se trata del mismo e idéntico supuesto, sino porque es doctrina superior, jerárquicamente inapelable.

El Tribunal Supremo, como se sabe, ha dicho que no corresponde a los tribunales controlar la acción del Ejecutivo, que dicho control corresponde prioritariamente al Parlamento (artículo 66.2 de la Constitución Española), de manera que «vendría a ser un fraude constitucional que alguien pretendiese, mediante el ejercicio de la acción penal ( ) corregir la dirección de la política ( ) que el art. 97 de la CE encomienda al Gobierno democráticamente elegido».

De manera que hay razones más que sobradas para discrepar abiertamente de esa actuación judicial y no es suficiente la argumentación de los presidentes de las audiencias provinciales señalando las generales de la ley, en el sentido de que no hay nadie inmune y que hay que esperar al pronunciamiento judicial en el momento procesal oportuno. En mi opinión, ha habido muchos momentos procesales oportunos para archivar la querella y no lo han hecho por razones que no comprendo y sobre las que no quiero ni debo especular.

Se trata de una actuación judicial muy delicada. Imputar al presidente del Gobierno por una actuación estrictamente política, guste más o menos, requiere un análisis más cuidadoso y menos instrumental. No se trata de aplicar la ley con criterios más favorables a un responsable político que a un ciudadano, sino de lo contrario, de exigir a los jueces una actuación para con el lehendakari más coherente y por tanto menos agresiva para con un acto estrictamente político del más alto representante en Eukadi de los ciudadanos. Se trata de aplicar justicia teniendo en cuenta la jurisprudencia procedente del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, y hacerlo sin olvidar la legitimidad política que presiden sus actos.

Respecto a la respuesta dada por los partidos del Gobierno, me parece sencillamente una sobreactuación victimista, al límite de la injusticia. Los jueces del País Vasco no merecen ese trato. Ya sé que las críticas se han dirigido a una sala, pero son inevitables las generalizaciones contra un conjunto de hombres y mujeres que bastante han sufrido y sufren como para que se les coloque en tan peligroso punto de mira. No es correcto, ni política ni institucionalmente, que un consejero de Justicia lea un comunicado tan abiertamente contrario a las actuaciones judiciales de prácticamente todo el entramado judicial del Estado. Por otra parte, todos sabemos, los partidos del Gobierno también, que esas diligencias judiciales se van a archivar más pronto que tarde y admitiendo que la pena de banquillo (en este caso, la pena es una declaración ante el juez) es injusta e innecesaria, como ya he explicado, lo cierto es que no merece semejante ruido institucional y movilizador.

Tampoco comparto la descalificación jurídica y política que el Gobierno vasco ha hecho, con este motivo, de todo el entramado legal del que se desprenden estas actuaciones. En mi opinión, la Ley de Partidos nada tiene que ver con este asunto, salvo que se censure la ilegalización misma de Batasuna. Entonces sí, la discrepancia es política y punto. Pero de aquella ley no se desprende, como ya he razonado, argumento alguno para ir contra el lehendakari.

Respecto a otras actuaciones judiciales, merece la pena hacer dos puntualizaciones. Los sumarios abiertos buscan ilegalizar o penar organizaciones y actividades relacionadas con ETA, en una orientación que comparto: la violencia no puede encontrar soporte, enaltecimiento y apoyo en la legalidad. Durante más de veinte años hemos aceptado y soportado ese entramado con la esperanza de que sirviera para transitar desde la violencia a la política. Pero hace tiempo que sabemos que ha sido al revés, y que han sido los terroristas quienes han utilizado y controlado la política y la democracia para fortalecerse. Desde 2002 la democracia española dijo basta y dijo bien. Acertamos de pleno. Pero dicho esto, también debo reconocer que algunos sumarios abiertos en ese contexto parecen construidos con más informes policiales que pruebas. El 'caso Egunkaria' es uno de ellos. Cerrar un periódico y encarcelar a sus dirigentes, para que dos años después el propio fiscal nos indique que no hay causa de acusación, no es de recibo para el Estado de Derecho que defendemos. En este sentido y en algún otro, es en los que echo en falta al Consejo General del Poder Judicial para devolver confianza y objetividad a sus actuaciones. Me gustaría, por ejemplo, que una nota tan rotunda y tan unitaria como la que emitieron esta semana para amparar a la sala del Tribunal Superior del País Vasco se acordara para amparar al juez del Olmo en el caso del 11-M de las presiones mediáticas que sufre todos los días en las primeras páginas de algún periódico y en las tertulias matutinas de alguna radio.

En fin, una semana para olvidar. Espero que seamos capaces de emitir señales más positivas a una ciudadanía desesperanzada, además, por el atentado de Barajas y sus más que probables graves consecuencias. A la penosa imagen de ruptura partidaria que siguió al atentado se acompaña ahora esta grave tensión institucional entre poderes del Estado que pretende aprovechar un lehendakari en busca protagonismo y con él la ilegal Batasuna, abanderados y unidos ambos, por esta torpe jugada, en una nueva y equívoca defensa del diálogo como panacea de todos nuestros males. Honradamente, parece que seguimos el camino que nos marca el enemigo.

El Correo, 4/02/2007

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Foto: SANTOS CIRILO
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