26 de noviembre de 2007

Administraciones Responsables

No es casualidad que nuestro país esté a la cabeza de Europa y del mundo en experiencias, iniciativas y cultura empresarial sostenible. Las políticas de impulso a la RSE surgidas de las Comunidades Autónomas, del diálogo social entre los sindicatos y empresarios, del foro de expertos del Ministerio de Trabajo y el libro blanco del Congreso de los diputados son, en gran parte, los causantes de la rápida e intensa expansión de esta cultura empresarial en nuestro país. Ha habido un impulso político amplio y no partidista, un discurso moderno y consensuado, una moderación inteligente y todo ello ha ido generando una enorme aceptación de las exigencias de la Responsabilidad Social corporativa como una consecuencia ineludible de la competitividad en el mercado global del siglo XXI.

Sin embargo, no se puede reclamar desde el Gobierno que las empresas se comprometan con la RSE mientras las administraciones públicas y las empresas públicas miran para otro lado. “Predicar y no dar trigo”, parafraseando el viejo refrán, está muy mal. La pregunta que procede, por ello, es: ¿Han estado las Administraciones y las empresas públicas a la altura de estos avances? Ni sí, ni no. Lo han estado algunas iniciativas y prácticas importantes y otras muchas entidades públicas siguen sin enterarse de esta importantísima reflexión. Destaquemos las primeras y dejemos a las segundas en evidencia por su mera ausencia.

Se están implantando buenas prácticas en la gestión de lo público en la Administración Central. Varias Comunidades y Ayuntamientos y desde luego, en el Ministerio de Medio Ambiente, que vienen valorando en cláusulas sociales y en criterios medioambientales las prácticas de las empresas en RSE y primándolas en las adjudicaciones públicas. La nueva Ley de Contratos del Estado incorpora también esta filosofía. El Ministerio de Administraciones Públicas puso en marcha el plan “Concilia”, favorecedor de la conciliación personal y laboral. Grandes empresas públicas como ADIF, RENFE, Puertos del Estado, etc., están incorporando la RSE a sus órganos directivos. Algunas empresas de la SEPI se están aproximando a esta idea, todavía en fase divulgativa interna. La Universidad de Santiago elabora, desde hace algunos años, una buena memoria de RSE y el hospital público de Granada hace lo mismo en el sector sanitario público.

Como verán, faltan muchas corporaciones públicas. Quizás por ello sea bueno recordar los compromisos que incorpora el programa electoral del PSOE en esta materia.

-Las Administraciones Públicas presentarán una Memoria Anual de RSE, donde se establecerán pautas y recomendaciones de sostenibilidad y responsabilidad para el sector público.
-Potenciar el Punto Nacional de Contacto (PNC), para que desempeñe eficazmente la función de difundir las Líneas de la OCDE entre el tejido empresarial español, proporcionando un foro de discusión y de conciliación a la aplicación de dichas Líneas Directrices.
-Integrar los enfoques de RSE y de los principios del desarrollo sostenible en los sistemas de gestión pública. Se establecerán requisitos en términos de Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público, en la ejecución de los contratos con la Administración.
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Foto: SANTOS CIRILO
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