7 de noviembre de 2006

La responsabilidad social y el Congreso

Hace ya algunas semanas, en estas mismas páginas, Joaquín Tri-go, director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional de Cataluña, comentaba el informe aprobado por el Congreso de los Diputados para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas (RSE). Ha pasado demasiado tiempo desde entonces y probablemente ninguno de los lectores recordará los comentarios, bastante despectivos, todo hay que decirlo, que el señor Trigo hacía sobre el desarrollo de las subcomisión parlamentaria y sobre sus conclusiones.

No pretendo, pues, contestarlas ni puntualizarlas porque resultaría anacrónico hacerlo y porque, sinceramente, tampoco merecen una respuesta. Pero no quiero que las páginas de opinión de Cinco Días se queden con una sensación tan pobre y tan crítica del trabajo que durante casi dos años hemos venido realizando los grupos parlamentarios de la Cámara, en una Comisión creada ad hoc para este tema y ante la que han comparecido exactamente 58 representantes de todo el mundo sociolaboral y socioeconómico español: empresas, sindicatos, ecologistas, ONG, consumidores, medios de comunicación, expertos universitarios y, por supuesto, Administraciones autonómicas y del Gobierno del Estado.

El conjunto de sus aportaciones ha sido ordenado en torno a los grandes planos en los que se estructura el debate de la RSE: la definición y los principios que la inspiran; la gestión en los distintos planos, interno y externo, incluyendo los aspectos relacionados con el gobierno corporativo; los ámbitos de actuación; los actores involucrados, y las políticas públicas.

Pero quizás lo más notable de este trabajo es que en el capítulo de las conclusiones se han aprobado 30 grandes constataciones y 60 recomendaciones a las Administraciones públicas, a las empresas y a los distintos agentes relacionados con la responsabilidad social empresarial.

Antes de destacar algunas de ellas, me gustaría recordar que este informe ha sido aprobado por unanimidad de la Cámara, lo que constituye por sí misma una notable noticia en estos tiempos de desacuerdo político general.

Los principales grupos que hemos trabajado en esta materia: PP, CiU, PNV y PSOE, nos hemos puesto de acuerdo y renunciado a los matices ideológicos de cada parte, para trasladar a la opinión pública un mensaje unitario, convencidos de que en esta cuestión era conveniente exponer una posición común y consensuada sobre un tema complejo y transversal.

Es la primera vez que un Parlamento europeo aprueba una resolución integral sobre la RSE y de hecho distintas instituciones legislativas y políticas europeas están solicitando este documento para su estudio. Hace sólo unos días, el jefe ejecutivo de Global Reporting Initiative, Ernst Ligteringen, nos felicitó expresamente a Eugenio Azpiroz, representante del PP, y a mí mismo sobre la oportunidad y calidad de este trabajo.

El informe no da recetas ni marca objetivos. Parte de considerar que la RSE es un camino que las empresas deben recorrer en su afán por integrar en su estrategia los intereses de sus grupos afines, especialmente trabajadores y comunidad. Se afirma que se trata de una cuestión estructural y que se inscribe en una renovación cultural de la naturaleza y de los fines de la empresa para con la sociedad. Se reitera la voluntariedad de la RSE, aunque se insiste en la necesidad de que se instrumenten políticas públicas de apoyo y fomento. El informe recomienda la autorregulación sectorial de la RSE para los diferentes sectores de actividad de ámbito supranacional. También exige que se mejore el reporte y la verificación de las memorias de sostenibilidad y pide al Gobierno que regule o fomente la inversión socialmente responsable.

Sesenta recomendaciones no caben en tan pocas líneas. En breve plazo el foro de expertos creado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales elaborará también su informe. Me consta que CEOE va a publicar una aportación interesante sobre este tema y el diálogo social de CC OO, UGT y CEOE ha comenzado también a abordar su importante punto de vista sobre esta cuestión.

Lo lógico y deseable sería que el Gobierno aborde esta cuestión, en cumplimiento de su propio programa electoral, y a la vista de las conclusiones y de los informes antes citados adopte decisiones a favor de una política que promocione y potencie la responsabilidad social de las empresas españolas.

No se trata de hacer una ley sino de establecer una intervención pública, en diálogo con las empresas y stakeholders, para recorrer un camino hacia la excelencia en la gestión responsable y sostenible de las empresas que favorecerá su competitividad en la economía global y que favorecerá la extensión de los derechos humanos y la cohesión social en el mundo.
Cinco Días.
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Foto: SANTOS CIRILO
Videos: PARLAMENTO EUROPEO.