26 de abril de 1999

España y sus nacionalismos.

Los últimos 20 años han conducido a la solución de viejos problemas que caracterizaron nuestra historia contemporánea. La cuestión religiosa, la militar, el modelo educativo, la democracia moderna en fin. Hasta hace unos meses cabía decir que también el espinoso problema territorial había encontrado en el Estado de las Autonomías su encaje y el marco razonable de su solución. Pero, honradamente, debemos reconocer que las cosas en este delicado campo de la política española se están agravando. De la tregua de ETA y del Pacto de Estella cada vez está más claro que, más que ante un proceso de paz, estamos ante un proceso para la autodeterminación y la independencia del País Vasco. Las bases del acuerdo nacionalista lo dicen claramente: se trata de un conflicto político, previo a la violencia, cuya naturaleza es la territorialidad y la soberanía y su solución será el respeto por los Gobiernos de Madrid y París de la libre decisión de los vascos. Seamos claros, la tregua parece seria, incluso irreversible, pero ETA y la subcultura de la violencia no desaparecerán hasta que logren sus propósitos, hasta que hallen la razón que justifique su propia historia y se explique su disolución.

De cómo resolvamos este problema dependerá una cuestión capital para nuestro modelo territorial, porque a nadie se le oculta que la autodeterminación afecta de lleno a un principio constitucional incuestionable: la soberanía reside en el pueblo español.

Tampoco se le oculta que otros nacionalismos miran de reojo, o indisimuladamente, este proceso. La elaboración de una plataforma reivindicativa desde un nuevo GALEUSCA que aglutina los nacionalismos vascos, catalán y gallego, en demanda de un modelo confederal, no es ajena al documento de Estella ni en el tiempo ni en los contenidos.

Tampoco parece banal la reclamación de Convergència de un nuevo modelo de financiación para Cataluña que bien podríamos llamar Concierto Económico atenuado porque pretende la recaudación fiscal con amplia capacidad normativa.

Todo ello se produce en un país en el que los agravios territoriales crecen como consecuencia del bilateralismo nacionalista en el que se basa la gobernabilidad española. Es paradójico que, habiendo sido CiU y PNV los principales beneficiarios de la política territorial, se hayan extremado a tal punto sus planteamientos y reivindicaciones. Parece bastante evidente que Aznar no ha sabido defender, en las relaciones con sus socios, un Estado ordenado y armónico ni ha sido capaz de moderar sus pretensiones. Mucho menos ha sabido mantener con el PSOE un clima de consenso básico en materia tan suprapartidaria como es la política autonómica, aunque en este caso no se trata tanto de capacidad como de voluntad, porque su Gobierno ha rechazado sistemáticamente todas nuestras ofertas de pacto sobre este tema.

Éste no es un diagnóstico alarmista. La cuestión territorial se nos presenta atenazada por viejos errores. La exaltación y el frentismo de algunos nacionalistas vascos, propio de la concepción etnicista de su proyecto, está provocando la reaparición de los nacionalismos de signo contrario, negadores de la diversidad y del autonomismo. La alteración básica del modelo de financiación puede quebrar la solidaridad en un país muy necesitado del reequilibrio económico territorial. Reabrir la discusión constitucional sobre el modelo, los derechos históricos o nuevos repartos competenciales pondrá en evidencia las dificultades de encontrar nuevos consensos, con el riesgo de la inestabilidad y la incertidumbre que ello provoca en materias tan delicadas. Por eso, en momentos y materias como éstos, la claridad y la precisión debieran alumbrar nuestras políticas.

1. Del proceso de paz en Euskadi no puede desprenderse una alteración del Bloque de Constitucionalidad. La solución vasca es democracia, tolerancia y diálogo, y no más nacionalismo, frentismo e imposición. Nada se ha negado al pueblo vasco en veinte años de libertad y todo es posible en democracia por mayoría y con las reglas del orden democrático.

2. El autonomismo constitucional sigue siendo el único y mejor punto de encuentro para hacer posible un país respetuoso con la diversidad, pero cohesionado en su unidad. El Estado de las Autonomías fue un acierto de generosidad en el reparto territorial del poder político y una ingeniosa forma de resolver, desde la flexibilidad, el autogobierno de nacionalidades y regiones. Hoy sigue siendo el único marco para desarrollar y avanzar un proyecto común para el conjunto de los pueblos de España.

3. Es preciso recuperar el consenso político en materia territorial. Los pactos de gobierno con los nacionalistas no deben excluir al primer partido de la oposición. Éste es un compromiso electoral del PSOE y nos gustaría escuchar recíproca afirmación del PP. No se trata de un pacto entre los dos grandes partidos contra los nacionalistas, sino de un compromiso recíproco de no exclusión en una política autonómica abierta a todos, también a los nacionalismos históricos.

4. Es urgente concretar dónde están los problemas de la política territorial y cuáles debieran ser las soluciones, porque es sabido que no puede haber buenos remedios a diagnósticos equivocados. Manteniendo el marco constitucional, hemos de avanzar resolviendo en primer lugar un nuevo modelo de financiación de las CCAA buscando ese equilibrio difícil entre autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, de una parte, y solidaridad interterritorial e igualdad personal, por otra. Reiniciar la discusión para la reforma del Senado, fortalecer las competencias de las ciudades, mejorar la cooperación y asegurar la presencia de las CCAA en la UE son, en nuestra opinión, las asignaturas pendientes de la agenda autonómica. Todo, sin olvidar los traspasos pendientes de los Estatutos y la finalización consecuente del desarrollo autonómico. Para resolver estas cuestiones, las fórmulas de inspiración federal pueden y, en nuestra opinión, deben aplicarse como las más idóneas.

5. Junto a todo ello, seguirá acompañándonos cierta dialéctica en torno a otras reclamaciones competenciales eventuales, aplicaciones del Art. 150.2 de la Constitución (delegación de competencias del Estado a las CCAA), tensiones inevitables entre hechos diferenciales e igualdad, así como propuestas uniformizadoras o exigencias de cierres del modelo. No hay una solución unívoca ni mágica a estas controversias que resultan consecuencia natural de nuestra complejidad. Sólo hay tres recetas de método: 1) recuperar el máximo consenso en política territorial; 2) respetar las reglas de funcionamiento del modelo, incluso para cualquier eventual cambio; 3) aplicarse a la construcción de un país abierto y orgulloso de su pluralidad, en el que todos quepan, presididos por la idea de la integración y la tolerancia en nuestra convivencia.


El País,26/04/1999
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Foto: SANTOS CIRILO
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